Título: El fogonazo venezolano: la crisis de abril del 2002. Una explicación de la violencia política en Venezuela


Fecha: 27/10/2003
Idioma: español

EL FOGONAZO VENEZOLANO: LA CRISIS DE ABRIL DEL 2002. UNA EXPLICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN VENEZUELA^[*]

Giannina Olivieri e Inés Guardia^[**]
Universidad Católica Andrés Bello
Caracas-Venezuela

Resumen

El propósito del siguiente ensayo es ofrecer una visión de los acontecimientos ocurridos en Venezuela en abril del 2002 desde la perspectiva de las relaciones civiles militares; consideramos que este enfoque ayuda a completar el panorama descrito hasta ahora por otros investigadores y pretende ser una contribución teórica a los estudios acerca del pretorianismo y control civil en medios académicos nacionales e internacionales.

El análisis que presentamos se inscribe en la corriente historiográfica denominada "historia de los hechos recientes" y combina la metodología propia de la disciplina histórica con categorías de las ciencias sociales y politológicas.

El artículo está organizado en cuatro apartados: en el primero, se presenta una breve revisión de la presencia e influencia de los militares en la política nacional; luego, desde una perspectiva teórica, revisaremos la importancia del control civil y los peligros del pretorianismo; en el tercer apartado elaboramos una bitácora de los hechos de abril y por último mostramos nuestra visión de los hechos, que esperamos pueda contribuir a que en ambientes académicos se dé la debida importancia a las relaciones civiles militares para que éstas lleguen a formar parte del debate público. Finalmente, se ofrecen las conclusiones y las fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo.


Introducción

A un año de los acontecimientos de abril del 2002 y a pesar de los esfuerzos realizados por los integrantes de la Mesa de Negociación y Acuerdos, conducida por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Cesar Gaviria, parecen persistir los mismos problemas que ocasionaron los hechos. Sin embargo, en recientes declaraciones a corresponsales extranjeros, el Secretario General señaló el sorprendente comportamiento civilista del venezolano puesto que, a pesar de la crisis económica evidenciada en desabastecimiento, carestía de la vida, y altos índices de desempleo y ante el lenguaje agresivo y desafiante de los principales líderes políticos, los venezolanos no han recurrido a la violencia como mecanismo de conducción del debate público y de participación política.

El propósito de este ensayo es ofrecer una visión panorámica de esta coyuntura desde la perspectiva de las relaciones civiles-militares con la finalidad de trasmitir la importancia del control civil y reforzar actitudes que tiendan a favorecer la civilidad^[1]. Consideramos que estas posturas deben formar parte integral de la cultura política del venezolano actual y del porvenir, puesto que es sólo a partir del ejercicio de la ciudadanía como podrá el país transitar de nuevo hacia una verdadera democracia.

El análisis que presentamos a continuación se inscribe en la corriente historiográfica autocalificada "historia reciente o inmediata"; enfoque con el que los historiadores pretenden volverse "recordadores profesionales" de los fracasos del pasado; asumen el riesgo de que los largos procesos no hayan concluido todavía y, con una perspectiva interdisciplinaria, tratan de explicar las coyunturas de los momentos vividos; en otras palabras, se trata de escribir la historia del tiempo reciente, de los hechos que estamos viviendo y por lo tanto es necesario tomar el riesgo de elaborar una historia polémica.

Vale la pena destacar que esta corriente historiográfica genera desconfianza en muchos profesionales de la historia, quienes cuestionan y critican la tarea de los colegas que estudian la "historia reciente" por considerar que este acercamiento es propio de los medios de comunicación social. A pesar de estos señalamientos, hay quienes se comprometen a estudiar la historia inmediata; tal es el caso de la historiadora gala Frédérique Langue quien defiende la validez de esta corriente historiográfica con la siguiente argumentación:


Ahora, la historia inmediata trae también ventajas que a menudo se pasan por alto, a diferencia de los ´riesgos´ que conlleva: el mismo historiador puede ser testigo de los hechos estudiados, sin mediación alguna y por lo tanto con una idea clara del ´ambiente´ en el cual se está desarrollando ésta, en cuanto historia de lo vivido. A pesar de la imposibilidad de acceder a fuentes que ya son parte de la memoria, o sea fuentes de archivo (suerte de atavismo del historiador, quien siempre empieza su recorrido por los llamados acervos históricos), en realidad es la abundancia de fuentes de todo tipo lo que domina. (…) de ahí la necesidad de profundizar la reflexión acerca de la categorización de los testigos y testimonios, y consiguientemente, de los usos sociales y públicos de la memoria^[2].


En tal sentido, Langue sostiene que la historia inmediata implica una forma de escribir cuya proximidad con la fuente siempre deberá ser examinada y debatida^[3].

Otra advertencia que consideramos importante señalar, es que el presente ensayo es un avance de investigación que se inscribe en un proyecto macro sobre las relaciones civiles militares en Venezuela entre 1992-2002.

Las fuentes bibliográficas utilizadas fueron complementadas con la información que arrojó la revisión de páginas web de distintos medios de comunicación (El Universal, El Nacional, Globovisión, Rebelión) y páginas de nuevos actores políticos tanto de opositores (libertad plena, urbansa001, escuálidos) como de adeptos al gobierno (antiescuálidos, alianzapopularbolivariana).

Con relación al tratamiento metodológico de los datos, se combinaron técnicas de análisis de la documentación propias de la disciplina histórica (crítica interna y externa), así como las categorías del análisis del discurso, en especial las señaladas por Van Dijk, utilizadas en distintos ámbitos de las ciencias sociales; esto en función de poder explicar los sucesos ocurridos en Venezuela entre el 11 y 14 de abril del 2002.

A fin de cumplir con el objetivo propuesto, el ensayo lo organizaremos siguiendo los siguientes aspectos: en primer lugar, haremos una breve revisión de la presencia e influencia de los militares en la política nacional; luego desde una perspectiva teórica, revisaremos la importancia del control civil y los peligros del pretorianismo; en el tercer apartado presentaremos una bitácora de los hechos de abril y por último mostraremos nuestra visión de los hechos, que esperamos pueda contribuir a que en ambientes escolares y académicos se dé la debida importancia a las relaciones civiles militares para que éstas lleguen a formar parte del debate público. Finalmente, se presentan las conclusiones y las fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo.

Luce pertinente advertir que la coyuntura aquí analizada forma parte de un proceso todavía no concluido, con salidas aún no conocidas y con desenlace incierto hasta el presente (marzo de 2003). Asimismo, vale la pena destacar que la postura que aquí se presenta no se identifica con partidos políticos, sino que rechaza al régimen actual por considerarlo que tiende a formas pretorianas en el ejercicio del poder político.


1. Breve revisión de la presencia e influencia de los militares en la política nacional

A fin de comprender el por qué de la llegada de Hugo Chávez Frías al poder^[4], pasaremos a revisar cómo la falta de un control civil consolidado y la presencia de un imaginario colectivo heredado que resalta las acciones militares del siglo XIX, jugaron un papel fundamental en el afianzamiento de este liderazgo carismático que con un discurso maniqueo logró el apoyo de un vasto sector de la población.

Sin caer en exageraciones, podemos afirmar que durante el siglo XIX el Ejército Nacional era prácticamente inexistente, sólo existía en el papel; en la realidad, lo que se observaba eran grupos de caudillos luchando por el control del poder político nacional. Durante el gobierno de Cipriano Castro (1899-1908) fue cuando se logra organizar un eficiente Ejército Nacional, que dio al traste con los caudillos y obtuvo el control del monopolio legítimo de la violencia. Este proceso se consolidó durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, cuando la oficialidad pasó a formar parte de la guardia pretoriana del dictador. A la muerte del dictador, siguieron dos gobiernos liderados por dos generales: Eleazar López Contreras^[5], Ministro de Guerra y Marina de Gómez, e Isaías Medina Angarita^[6], quien había ocupado la cartera de Guerra y Marina en el gobierno anteriormente mencionado.

A través de un golpe de estado se inauguró el llamado "trienio adeco"^[7], el cual sancionó una nueva Constitución que dotó al país de los principios fundamentales de la democracia al introducir el voto universal, directo y secreto. En las elecciones de 1947, resultó electo presidente de la República Rómulo Gallegos^[8], quien fue derrocado nuevamente por un golpe militar que instaura una Junta Militar de Gobierno (1948-1952)^[9], presidida por Carlos Delgado Chalbaud, hasta ese momento Ministro de la Defensa de Gallegos. Pronto emergió el primer gobierno burocrático-corporativo de la historia venezolana^[10], conducido por el General Marcos Pérez Jiménez (1952-1958)^[11].

Una vez derrocada la dictadura, en 1959 se instauró en Venezuela una democracia representativa, fundamentada en una alianza entre las élites del sector económico, de los partidos políticos no comunistas, la cúpula de la Fuerza Armada y la jerarquía de la Iglesia Católica. Por medio de la utilización de los valores de libertad, igualdad y justicia para todos, el pueblo participaba sólo mediante sus representantes, a quienes elegía cada cinco años, se agotaba así su participación dentro del sistema. Este pacto se materializó en la Constitución de 1961, tal como lo presenta Robert Dahl cuando señala:


En 1958, los líderes de los tres partidos mayoritarios, arredrados por su fracaso en el establecimiento de una democracia duradera en el «trienio», firmaron un acuerdo (el Pacto de Punto Fijo) por el cual se comprometían a atenerse a los resultados de las próximas elecciones y a procurar apoyar un programa legislativo mínimo que fuera aceptable a todos^[12].


Según Dahl, en el Pacto de Punto Fijo se estableció el marco de referencia para la vida política del venezolano durante los siguientes 30 años. Los líderes se comprometían a tres cuestiones fundamentales: defensa de la constitucionalidad y el derecho a gobernar conforme a los resultados electorales; gobierno de unidad nacional y presentación al electorado de un programa mínimo.

A pesar de que a partir de este período se estableció un gobierno democrático, a la Fuerza Armada se le cedió tácitamente una influencia desmedida en la política nacional, lo cual nos hace pensar que durante los 40 años de democracia hemos tenido un pretorianismo actuante de influencia media^[13]. Los dirigentes políticos no comprendieron que el papel y significado de la Fuerza Armada en la democracia debía estar sujeto al control de los civiles, y tampoco los ciudadanos percibieron la influencia del sector militar como una amenaza latente para la democracia.

Se puede afirmar que el período democrático se había desarrollado con relativa tranquilidad, sobre todo a partir de la pacificación guerrillera en la década de los setenta. Desde este momento hasta 1989, no habían sucedido brotes de violencia significativos; la paz social había sido financiada por gobiernos paternalistas que mantenían el Estado mediante los ingresos petroleros; en efecto, el descontento popular había sido apaciguado por medio del clientelismo y el populismo.

Por su parte, la sociedad civil se limitaba a participar sólo en los procesos electorales, lo cual desvirtuó el papel de los partidos políticos en una democracia y los llevó a monopolizar el poder. Esta situación contribuyó para que no se formara una conciencia política en el ciudadano común que le permitiera expresarse dentro del sistema de un modo efectivo y organizado.

Así en febrero de 1989 la violencia se hizo presente de nuevo en el escenario nacional cuando, a raíz del alza de pasajes en el transporte colectivo, la protesta popular se convirtió en una situación de anomia y desorden, lo cual ameritó la suspensión de las garantías constitucionales y la militarización del país^[14].

A partir de esta fecha se manifestó un progresivo deterioro de la imagen y capacidad de convocatoria de los partidos, líderes políticos e instituciones del Estado, como uno de los signos de la pérdida de legitimidad del sistema político conocido como de conciliación de élites^[15].

Según Andrew Templeton desde inicios de los ochenta, el descontento popular había conducido a una erosión del sistema institucional que hacía improbable su sobrevivencia sin modificaciones sustanciales ^[16]. Las tendencias de ciertos indicadores tales como la desconfianza en las instituciones democráticas y el desempeño económico habían afectado el sistema institucional.

Es en este contexto como podemos observar que en 1992, en medio de una crisis político institucional sin precedentes, se produjeron dos intentos de golpe de Estado por parte de algunos miembros de la Fuerza Armada, quienes pretendieron a través de la instauración de un gobierno de facto, hacerse del poder para superar la crisis que atravesaba el país.

Estos dos intentos de golpe de Estado pusieron en evidencia que el sistema político venezolano atravesaba una crisis, que en ocasiones se identificó como de legitimidad (1992) y en otras como de gobernabilidad (1993) ^[17]. Los argumentos que ambos grupos golpistas manejaron fueron varios: la pérdida de credibilidad del sistema de partidos, el malestar social causado por las medidas económicas adoptadas durante el período 1989-1992 ^[18], la corrupción tanto en el sector público como en el privado, la injusticia, la inseguridad y la pérdida del poder adquisitivo de las clases medias, que repercutió en la baja de los niveles de vida y que habían trascendido también a la Fuerza Armada. De esta forma, emergieron grupos ideológicos del sector castrense que se aliaron a civiles para plantearse una salida por la vía del "cuartelazo", utilizando métodos que se creían superados como forma de hacer la política en Venezuela ^[19].

Es de hacer notar que estos fueron los argumentos esgrimidos por los golpistas, pero hoy en día, una vez que este grupo ha llegado mediante el voto al poder, nos damos cuenta de que esas consideraciones sólo ocultaban el carácter ideológico del grupo, propio de la izquierda latinoamericana de los años sesenta.

Si bien en estos golpes participaron varios militares, emergió como líder del nuevo proyecto el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, quien al aparecer en los medios el 4 de febrero de 1992 en el acto de rendición del fracasado golpe, pasó a ser la imagen de este nuevo grupo. Tras esta rendición fue juzgado junto con los otros líderes del golpe llevado a prisión y posteriormente indultado por el Presidente Rafael Caldera (1994-1999), lo que le permitió incursionar en la política.

Así, en el año 1998 durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Hugo Chávez propuso un cambio radical mediante el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República con la participación de todos los sectores de la sociedad venezolana ^[20].

En esta refundación del Estado se desestimaron algunos mecanismos que había utilizado el sistema democrático venezolano desde sus inicios, como lo eran la conciliación, el diálogo, el consenso y la negociación, y las nuevas reglas de juego fueron: la imposición, la amenaza, el descrédito y la violencia, tanto en el discurso como en la acción política, así como la manifestación de formas pretorianas de ejercicio del poder político ^[21].

A partir de ese momento, cada vez más se notó la influencia del sector militar en la vida política nacional ^[22]. En la conformación del gabinete del nuevo Presidente se observaron desde un principio y hoy en día se ha profundizado aún más militares activos o dados de baja, y militares retirados ocupando cargos en la administración pública ^[23]. Existe suficiente evidencia estadística que podría sustentar estas afirmaciones, ya que podemos observar cómo a nivel del gobierno central una gran cantidad de cargos de director sectorial y de línea son ocupados por funcionarios de procedencia militar. También en los gobiernos regionales y municipales, sea con cargos de representación o no, los militares ejercen diversas funciones en los cuerpos ejecutivos y legislativos.

Aunado a esto, el gobierno aplicó políticas de corte populista que buscaban afianzar el apoyo de las clases menos favorecidas y que fueron llevados a cabo por los militares; baste para ello mencionar el papel ejercido por los militares en el Plan Bolívar 2000 ^[24], durante los años 1999 y 2000, y los mega mercados llevados a cabo en el reciente paro cívico entre diciembre del 2002 y febrero del 2003 ^[25]. Estas acciones han conllevado a un desplazamiento del sector civil por el sector militar, el cual pareciera que la sociedad aún no percibe.


2. La importancia del control civil y los peligros del pretorianismo desde una perspectiva teórica

En este apartado centraremos nuestra atención en el tratamiento teórico del problema; en tal sentido, expondremos los principales aportes de la literatura, especialmente la presentada en Norteamérica por Amos Perlmutter, en relación a la problemática del control civil y el pretorianismo, pues consideramos que su planteamiento es uno de los que mejor responde a la realidad venezolana y nos sirve para explicar los acontecimientos de abril del 2002

Un aspecto teórico de gran relevancia para la existencia del Estado moderno y la democracia, lo constituye el llamado control civil, el cual no es más que la subordinación del sector militar a las autoridades civiles legítimamente constituidas. Sin un control civil consolidado no puede existir una realidad democrática consolidada, ya que se hace latente la amenaza de formas pretorianas en la acción política.

El pretorianismo es la influencia abusiva y política que ejerce el sector militar sobre el sector civil en una sociedad dada. En tal sentido, tenemos que Amos Perlmutter ha identificado dos formas de expresión de dicho fenómeno: el histórico, que se ubica antes de la creación de los ejércitos nacionales, y el moderno ^[26].

Para el caso venezolano el pretorianismo histórico tuvo su expresión más clara durante el siglo XIX durante las luchas caudillistas, cuando la política se vinculaba con formas de violencia que se expresaban en enfrentamientos, rebeliones, revoluciones o movimientos armados entre caudillos rivales ante la ausencia de un efectivo Ejército Nacional. Si bien es cierto que esta forma de hacer política desapareció a partir de 1903, no podemos dejar de señalar la honda huella que ha dejado el caudillismo en las estructuras políticas y en la cultura política del pueblo venezolano.

En este sentido, como afirma Gonzalo Barrios Ferrer, sería ingenuo considerarlo como un hecho estrictamente perteneciente al pasado, porque las huellas del fenómeno han quedado profundamente marcadas en las estructuras socioculturales contemporáneas y, aún en la actualidad, se discute acerca de la presencia activa del caudillismo en la actividad política cotidiana. Entonces, no resulta extraño que ciertos autores nacionales como Manuel Caballero vinculen algunas de las acciones del actual Presidente de la República con el caudillismo decinomonónico del siglo XIX ^[27].

En contraposición a esta perspectiva, el pretorianismo moderno aparece cuando ya están formados los ejércitos nacionales y en este sentido, Permultter distingue dos tipos: el potencial o latente y el actuante o manifiesto. En nuestro caso particular, es posible explicar la realidad de los primeros 40 años de la democracia venezolana a partir de la categoría de pretorianismo latente; asimismo, es posible identificar formas de pretorianismo manifiesto después de los dos intentos de golpe de estado de 1992.

Siguiendo el esquema de análisis propuesto por Permultter, tendríamos que el pretorianismo manifiesto puede ser gobernante o árbitro, este último resulta de gran importancia a la hora de explicar la coyuntura que nos atañe. A su vez el pretorianismo tipo árbitro se expresa en dos modalidades: el actuante, que serviría para explicar los intentos de golpe de estado de 1992, y el potencial, que se expresaría en forma de tutoría militar, bien amparado por normas constitucionales ^[28], o a través de una influencia de hecho del sector militar en la dirigencia política de la sociedad, como es el caso de los funcionaros públicos provenientes de los diversos componentes de la Fuerza Armada.

A pesar de lo reciente que puedan parecer los sucesos de abril del 2002, existe literatura que pretende explicar lo sucedido. En la revisión de estos textos encontramos por lo menos dos posiciones claramente identificadas: unos pretenden describir lo acontecido como una consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Hugo Chávez, claro está que en esta postura se identifican autores que públicamente se han opuesto al gobierno; los otros, defensores del régimen y quienes se reconocen oficialistas, explican los sucesos como un intento desesperado de los sectores desplazados de la estructura de poder por recuperar los espacios perdidos; en este sentido, consideran que el desenlace de los acontecimientos fue producto de una conspiración orquestada por sectores de la ultraderecha o "golpistas", que buscaban el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido y con amplio respaldo popular ^[29].

Sin embargo, un aspecto que sorprende en estos análisis es la muy escasa elaboración teórica presentada; se nota descuido en el vocabulario analítico utilizado, no se precisa el uso de los términos como régimen político, golpe de estado, pretorianismo, caudillismo, intervención militar o control civil. Al mismo tiempo, se enfoca la problemática en su aspecto eminentemente político y se descuida lo relacionado con el conflicto y consenso entre el sector militar y la sociedad en general.

Si bien es cierto que existen dos posiciones desde las cuales se ha abordado el estudio de los acontecimientos de abril, en la revisión de la literatura pudimos apreciar que del lado de la oposición, los autores utilizan distintas posturas teóricas para intentar explicar esta coyuntura. En tal sentido encontramos en primer lugar a quienes opinan que las acciones políticas del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela evidencian formas de personalismo político parecido o comparado con las formas autocráticas del siglo XIX venezolano; entre estos autores destacan los artículos de prensa que el historiador Manuel Caballero ofrece en su columna dominical en El Universal. Por otro lado tenemos a quienes estudian el problema desde la perspectiva de las relaciones civiles militares e identifican el actual régimen con alguna forma de ejercicio del pretorianismo y evalúan el gobierno con algún tipo inédito de dictadura militar; en esta tendencia encontramos los aportes de Domingo Irwin.

Otros aportes, como en el caso de Arturo Sosa, sugieren que el desenlace de los acontecimientos se debate entre dos formas políticas excluyentes entre sí: la que tiende a la democracia, que apuesta al triunfo de la Mesa de Negociación y Acuerdo, y otra que apunta hacia formas dictatoriales de ejercicio del poder, tiendan éstas a la derecha o a la izquierda ^[30].

Se puede hablar también de otra postura, representada principalmente por José Toro Hardy, quien plantea que lo sucedido es consecuencia del triunfo de una fórmula política denominada "Castro-comunista". Consideramos que más que un aporte teórico para el estudio de los acontecimientos, este planteamiento promueve una posición política definida que enturbia el análisis de los procesos.

Finalmente, hay quienes sostienen que es posible analizar los sucesos sobre la base de que el actual gobierno representa el triunfo final de las logias militares venezolanas surgidas en el siglo XX y que el desenlace inevitable de este proceso, nos conducirá irremediablemente a un control civil consolidado, es decir, al imperio de la civilidad. Un defensor de esta postura es el historiador Domingo Irwin.

Hay otros acercamientos más ponderados, dada la distancia entre los autores y los protagonistas y hechos de abril; tal es el caso de la historiadora francesa Frederique Langue, quien pareciera considerar a la Fuerza Armada Nacional como un actor político relevante que forma parte de las representaciones sociales de la mayoría de los ciudadanos.

Por todo lo anteriormente planteado, creemos necesario reconocer la complejidad de la coyuntura política y de los actores involucrados; la velocidad con que se desarrollaron los acontecimientos y las negociaciones entre las partes involucradas. En tal sentido, consideramos que cada una de estas posturas podría contribuir a ampliar el panorama descrito hasta los momentos en relación al tema estudiado.


3. Bitácora de los hechos

Antes de comenzar con los hechos del 11 de abril, vayamos a algunos sucesos anteriores: el primer paro cívico en contra del gobierno de Chávez se realizó el 10 de diciembre del 2001 para manifestar el rechazo a la promulgación de la Ley Habilitante ^[31], la cual fue objeto de críticas por variados sectores de la sociedad, principalmente diversas organizaciones agrupadas en torno a Fedecámaras ^[32]; sus voceros solicitaban la rectificación y modificación de estas leyes, pero el presidente Chávez aseguró que el gobierno no tenía nada que rectificar.

Desde entonces la idea de convocar un paro cívico se afianzó. El Presidente de Fedecámaras para ese entonces, Pedro Carmona, aclaró que esta acción sería para enrumbar al país, mientras que José Vicente Rangel, Ministro de la Defensa para esos días, dijo que los empresarios estaban empeñados en echarle a perder la navidad a la gente. Ante esta controversia se intentó el diálogo y para ello el Ministro Rangel fue nombrado mediador por el gobierno para impedir el paro anunciado; pero esta medida no resultó.

En efecto, el primer paro cívico se inició a las 6 de la mañana del 10 de diciembre del 2001 y duró 12 horas. Aunque el balance de Fedecámaras con relación al paro fue positivo, el gobierno rechazó tal éxito y el primer mandatario nacional calificó de inmoral a la directiva de Fedecámaras y planteó que no dialogaría con ellos. Asimismo, el presidente Chávez aseguró que con más razón promulgaría las leyes de la Habilitante.

Al día siguiente del paro cívico, tanto la oposición como el gobierno volvieron al diálogo. Pero mientras el gobierno hablaba de los avances del mismo, sus adversarios no veían los resultados de ese proceso, que además se veía fracturado con la promulgación de la Ley de Tierras, ese 11 de diciembre, acompañado de un discurso emitido por el Presidente en la Plaza Caracas en un tono amenazante, provocador y violento.

Las tensiones continuaron durante los meses subsiguientes y ante el temor de una escalada de violencia y de ingobernabilidad creciente, el 5 de marzo diversos grupos de la sociedad firmaron el Primer Pacto de Gobernabilidad, el cual buscaba llevar al país hacia un proceso de transitoriedad, claro está sin la participación de representantes gubernamentales.

En este contexto, militares opositores al gobierno comenzaron a manifestar su descontento ^[33] apareciendo públicamente ante los medios de comunicación social. Este hecho inédito en la historia venezolana llamó la atención a la sociedad, pues aparte de demostrar el rechazo de algunos militares hacia el gobierno, evidenciaba una fractura en la Fuerza Armada. De manera general, es posible señalar que al principio aparecieron militares de rangos medios, para finalmente concluir con los pronunciamientos de Generales y Contralmirantes de los distintos componentes ^[34].

Paralelamente se había generado un gran descontento en Petróleos de Venezuela (PDVSA), pues la alta gerencia de la empresa protestaba la designación de nuevos directores que ^[35], según ellos, no cumplían con los requisitos de la meritocracia ^[36]. Esto hizo que la nómina mayor radicalizara sus acciones, luego de mantener por más de un mes actividades de protesta. El 4 de marzo los gerentes y ejecutivos inconformes con el nombramiento de la nueva junta directiva de la estatal, iniciaron la denominada "hora 0", la cual se tradujo en la paralización de actividades y en protestas públicas. La problemática en PDVSA se hizo aún más evidente ante la opinión pública cuando el 7 de abril en el programa radial y televisivo "Aló Presidente" conducido por el Jefe de Estado, se destituyó a parte de la directiva de la Industria y se nombró en su lugar una compuesta principalmente por personas que habían expresado simpatías por su gobierno.

En abril, por primera vez en la historia de la empresa ^[37], los empleados de nómina mayor fueron a paro. Las tensiones aumentaron en la industria petrolera y mientras algunos sectores informaban que el paro se cumplía en todo el país, otros sectores y el Ejecutivo afirmaban que todo estaba funcionando con normalidad.

Por otra parte, tenemos que desde el 2 de abril el Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela estudiaba la posibilidad de convocar a un paro, el cual podría durar 24 ó 48 horas. No obstante, la central obrera no descartaba la posibilidad de convertirlo en huelga general si las condiciones lo ameritaban. Este hecho profundizó aún más el conflicto que sostenía el gobierno nacional con la estatal petrolera, por cuanto los empleados de nómina mayor de PDVSA también se sumaron al paro nacional.

En síntesis, tenemos que el 9 de abril de 2002 comenzó el segundo paro general en Venezuela, convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras Empresariales (FEDECAMARAS) ^[38]; a él se sumaron los directivos y trabajadores de PDVSA y además fue respaldado por organizaciones de la sociedad civil Nulidad 1011, Queremos Elegir, Mujeres por Venezuela, entre otras así como por partidos y grupos de la oposición de tendencias ideológicas diversas: Primero Justicia, Alianza al Bravo Pueblo, Partido Socialcristiano (COPEI), Acción Democrática (AD), Bandera Roja (BR), por sólo nombrar algunos.

En este contexto, el presidente Chávez reaccionó y aseguró que el paro sería un fracaso: "Con qué moral llaman a un paro por los trabajadores, a pedirle qué al Gobierno, si el ejecutivo está con los trabajadores" ^[39], preguntó el jefe de Estado venezolano a la directiva de la CTV y de Fedecámaras. Así, mientras el presidente de Fedecámaras aseguraba que el paro había sido un éxito, el gobierno indicaba por medio de cadenas televisivas y radiales que todo funcionada con normalidad. Sin embargo, la paralización de actividades se extendió por 24 horas más y posteriormente se convirtió en una huelga indefinida que se vio interrumpida por los hechos del 11 de abril ^[40].

En efecto, el jueves 11 de abril, en medio de una huelga general por tiempo indefinido, alrededor de medio millón de personas entre los que cabe mencionar gran cantidad de trabajadores y empresarios, además de miembros de la sociedad civil organizada-participaron en una concentración que posteriormente se convirtió en una marcha ^[41], que se dirigió a Miraflores. En medio de estas protestas, el Presidente de la República se vio obligado a cancelar su viaje a la Cumbre del Grupo de Río que se celebraba en Costa Rica.

Aproximadamente a las tres y media de la tarde de ese día, los medios de comunicación transmitieron la información de que habían comenzado a disparar contra los manifestantes antichavistas que se encontraban en la marcha. Al principio se habló de ataques con palos y piedras, pero luego se llegó a hablar de francotiradores y de agresiones por parte de la Guardia Nacional ^[42].

La violencia se tornó más fuerte a las 4:15 p.m. y en ese momento el Presidente entró en cadena nacional a pronunciar un largo discurso televisado a todo el país. Ante esto, las cadenas privadas de televisión dividieron la pantalla en dos: en una mitad transmitían la cadena y en la otra, sin audio, mostraban las imágenes de violencia contra la marcha. Seguidamente el gobierno cortó las señales de transmisión de los canales privados de televisión. A las seis de la tarde, personeros de la policía informaban a la nación que más de seis personas habían muerto en las protestas callejeras; este saldo posteriormente aumentó a 17.

Cuando comenzaron a ocurrir las agresiones contra el pueblo que marchaba a Miraflores, miembros de los distintos componentes militares comenzaron a pronunciarse, pues consideraron inadecuados los métodos empleados por el gobierno para disolver la manifestación. No olvidemos que ante los acontecimientos, el Jefe del Estado había mandado a activar el Plan Avila, plan de seguridad que sólo se activa en casos de extrema gravedad para la seguridad nacional y que incluye la movilización de tanquetas.

Todos estos acontecimientos llevaron a que un grupo de oficiales de los distintos componentes del Alto Mando Militar comenzaran a pronunciase ante las acciones llevadas a cabo por el gobierno. El General Manuel Rosendo, hasta ese momento Director del Comando Unificado de la Fuerza Armada, se negó a activar el Plan Avila, rehusándose a cumplir órdenes del Jefe de Estado y hubo así un primer pronunciamiento de parte de efectivos de la Guardia Nacional, representados por el General de División Carlos Alfonso Martínez ^[43], quien condenó la acción del jefe del Comando Regional 5, Edgar Gutiérrez Ramos ^[44], quien dirigió la operación de Miraflores y "en vez de reprimir a ambos frentes por igual, o hacer acciones para separar a ambos bandos, sólo se dirigió contra las personas que venían en forma pacífica" ^[45].

Posteriormente apareció por los medios de comunicación un componente del ejército encabezado por el Comandante General del Ejército, el General Efraín Vásquez Velasco, quien se dirigió a la nación pidiendo perdón a los venezolanos ante los hechos ocurridos, condenando las acciones militares y pidiendo a sus subalternos permanecer en sus unidades y desconocer cualquier llamado a atacar al pueblo. Además añadió: "esto no es un golpe de estado, no es una insubordinación" ^[46].

De la misma manera, el General de División de la Guardia Nacional Luis Camacho Kairuz, viceministro de seguridad, renunció a su cargo "cansado de ser dirigido por un grupo de ingenuos charlatanes" ^[47], llamó al resto de los componentes de la Fuerza Armada Nacional a seguir el ejemplo de la Guardia Nacional e hizo un llamado diciendo al gobierno nacional: "tienen que renunciar señores. Ya basta, el pueblo venezolano y el mundo están cansados de esta cómica. Hago un llamado al resto del mundo militar. Vamos a incorporarnos" ^[48].

En la madrugada del viernes 12 de abril, el jefe del ejército, General Efraín Vásquez Velasco, expresó públicamente que Chávez estaba listo para renunciar al cargo de Presidente de la República ^[49]; A las pocas horas, el Jefe de la Fuerza Armada, General Lucas Rincón, se dirigió al país anunciando que Chávez había renunciado. Desde ese momento, grupos opositores al gobierno se reunieron frente a la base aérea La Carlota para celebrar la salida de Hugo Chávez del poder. Mientras tanto, desde el palacio de Miraflores, el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, junto a otros miembros del gabinete decía que la situación en el país era de total normalidad.

Horas más tarde, escoltado por sus guardaespaldas y acompañado de los generales Rosendo y Hurtado Sucre, el presidente Chávez llegó a Fuerte Tiuna, donde un grupo de militares que habían manifestado su descontento con el gobierno lo recibió junto a Monseñor Baltazar Porras. Luego, un grupo de militares presentó al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, como la persona que dirigiría el proceso transitorio del país.

En la tarde del 12 de abril el líder empresarial se auto juramentó en Miraflores como Presidente de Venezuela. En este acto, se decretó la remoción de sus cargos a los miembros de la Asamblea Nacional, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Tribunal Supremo. Paralelamente al acto protocolar comenzó el allanamiento a la sede de diversas instituciones. También ese mismo día, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, escondido desde sitio desconocido, dirigió una rueda de prensa en la que mantuvo que el presidente Chávez no había renunciado.

El 13 de abril, a pocas horas de haberse autojuramentado el breve gobierno de Pedro Carmona, se desarrollaron una serie de acontecimientos ^[50] que acabarían, posteriormente, con la reinstalación de Hugo Chávez en el poder. En resumen, ese día el desorden se apoderó por algunas horas del área metropolitana de Caracas y los representantes del nuevo gobierno instalados en el Palacio de Miraflores, tuvieron que salir apresuradamente de la edificación, rodeada por sectores de la población que apoyaba a Chávez y temerosos ante la amenaza de un posible ataque militar por parte de uniformados adeptos al Presidente Chávez.

Para ese momento, el generalato y almirantazgo que había asumido el control de la Fuerza Armada, anunció al país que sólo mantendría su apoyo al gobierno de transición si Carmona rectificaba su decisión de disolver los poderes públicos ^[51]. El desconocimiento de las nuevas autoridades por parte de los militares y algunos otros sectores, se extendió, por lo cual, estos no pudieron sostenerse hasta el final de la tarde. El gobierno que intentara implantar el expresidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, finalizó con su renuncia al cargo. Carmona Estanga, en realidad, no tuvo tiempo siquiera de conformar el nuevo gobierno.

El 14 de abril, Miraflores estaba rodeado por simpatizantes de Hugo Chávez y las principales entradas a la ciudad de Caracas estaban cerradas por afectos al gobierno. Hacia la madrugada, se aseguraba el regreso a la presidencia de Hugo Chávez Frías; de hecho, en el curso de esa madrugada, el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara juramentó al Vicepresidente de la República, Diosdado Cabello, como Jefe de Estado encargado mientras regresaba el presidente Chávez a su cargo. El Fiscal General de la República junto a los miembros del gabinete ministerial fueron llegando al palacio de gobierno y algunos diputados del oficialismo, tomaron el canal 8 para reiterar que estaban asumiendo nuevamente las riendas del país.

Paralelamente, en varios sitios de Caracas comenzaron los saqueos y los medios de comunicación fueron rodeados por los simpatizantes del oficialismo; podemos comentar cómo, por ejemplo, la entrada de la sede de Radio Caracas Televisión (RCTV) fue destruida por los afectos al gobierno ^[52].

En horas de la madrugada del 14 de abril, el presidente Chávez llegó en un helicóptero a Miraflores luego de haber permanecido en cautiverio en la isla La Orchila ^[53]. Mediante decreto, el capitán Diosdado Cabello en calidad de presidente provisional de la República, entregó el cargo al presidente Constitucional Hugo Chávez Frías y posteriormente en rueda de prensa, el jefe de Estado venezolano habló de su experiencia durante los dos días que estuvo fuera del poder y expresó ante los medios de comunicación que nunca había renunciado.

El resultado: un número significativo de muertos y heridos, saqueos y la juramentación de tres presidentes en menos de 72 horas, es parte del saldo de los hechos de las jornadas del 11 al 14 de abril. La reflexión continúa en varios sectores de la sociedad venezolana y la búsqueda de la verdad sigue siendo un objetivo nacional. Desde un ámbito estrictamente académico, esperamos que este ensayo pueda arrojar elementos que amplíen el panorama descrito hasta el momento.

Luego de esta descripción de los hechos, vamos a resaltar en los siguientes párrafos las principales reacciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), dado el papel de facilitador que ha jugado en los meses siguientes, en torno a los problemas suscitados en Venezuela durante el mes de abril del 2002. Recordemos que durante esos días se encontraba reunido el grupo de Río en Costa Rica, el cual, es conveniente señalar, consideró la renuncia del Presidente Chávez como un hecho cumplido, así como también la destitución del vicepresidente y del gabinete en pleno, por lo cual no se solicitó la restitución de Chávez en la presidencia como parte de las acciones necesarias para defender el orden constitucional. No obstante, en sesiones informales y privadas, el Consejo Permanente de la OEA examinó la situación en Venezuela, condenó la alteración del orden constitucional así como los lamentables hechos de violencia y expresó su solidaridad con el pueblo de ese país. Ante esta situación y por mandato del Consejo Permanente, se dispuso que el Secretario Permanente de la OEA viajaría a Caracas.

Una vez en Caracas, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, elaboró un informe acerca de los hechos de abril. Con relación al tema de estudio, nos parece importante señalar que en el informe se afirmaba que el gobierno que se pretendió instaurar no gozaba de alguna legitimidad democrática, puesto que había sido fruto de decisiones tomadas por los militares ^[54]. Esta afirmación se apoyaba en un documento que había sido del conocimiento de los miembros del Consejo Permanente, en la cual el Presidente del llamado Gobierno Provisional de la República de Venezuela, reconocía que había habido una ruptura constitucional. No obstante, Gaviria señalaba en su informe que esa alteración del orden constitucional había sido revertida por la reacción de buena parte de la oficialidad de la Fuerza Armada y por una vigorosa respuesta ciudadana ^[55], tanto de defensores como de opositores del gobierno del Presidente Chávez.

Luego de múltiples reuniones con los sectores más representativos del país, tanto del gobierno como de la oposición, el Secretario General de la OEA presentó a los Cancilleres de los países que la conforman un nuevo informe, del cual nos interesa reseñar de manera particular dos puntos que nos parecen relevantes con relación al tratamiento del pretorianismo y del control civil en Venezuela. En este informe Gaviria reconocía que en el país existía una excesiva polarización, no solo de los protagonistas naturales de la política, como lo son el gobierno, los partidos y las bancadas de oposición, sino de casi todas las organizaciones laborales, empresariales, la sociedad civil, los representantes de algunos de los otros poderes del Estado y los medios de comunicación, lo cual generaba grandes niveles de intolerancia que en la práctica impedían el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos que permitieran cierto entendimiento para mantener la paz social.

Gaviria también se refiere en el informe al tema de la deliberación en la Fuerza Armada y platea que este elemento constituye una práctica peligrosa, aun cuando en el caso de Venezuela ello está respaldado por la Constitución ^[56], hecho que determina que muchos protagonistas de la vida pública vivan atentos a lo que los oficiales de las distintas fuerzas opinan del acontecer político, incluidas las órdenes de su Comandante en Jefe, el Presidente Constitucional de la República.

Por otra parte, el informe señala que la falta de independencia de los poderes públicos así como el incremento en las denuncias de violación de los derechos humanos, de intimidación, de vandalismo y saqueos, de pérdidas de vidas y personas heridas habían contribuido al clima de violencia imperante en Venezuela. En tal sentido, el Secretario General afirma que existen numerosas quejas sobre la responsabilidad en estos hechos de los llamados Círculos Bolivarianos, grupos de ciudadanos u organizaciones de base que apoyan el proyecto político del Presidente.

Finalmente el citado informe recomienda algunas acciones que Gaviria considera se deben tomar para desactivar algunos de los más graves conflictos, recuperar la gobernabilidad, ganar estabilidad política y propiciar la recuperación económica, elementos que pasan por el hecho de que todos los sectores de la sociedad buscaran mecanismos o acuerdos que permitieran hacer del respeto a la Constitución la base fundamental y el marco de acción para todos los protagonistas de la vida pública venezolana. También considera indispensable un acuerdo con la finalidad de que el artículo 350 de la Constitución no se interprete como un derecho general a la rebelión, puesto que tal interpretación podría llevar a más y peores actos de violencia.

Gaviria concluye planteando como esencial que gobierno, oposición, fuerzas sociales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, se comprometan a rechazar toda forma de fuerza pública y respaldaran la aplicación de los códigos militares que sancionaran tales conductas. También planteaba como indispensable que se abandonara la interpretación según la cual el artículo 350 de la Constitución puede servir de base a la conducta de oficiales de distintas fuerzas, puesto que de esta forma podrían presentarse nuevos actos de insubordinación contra la autoridad civil. En tal sentido, consideró importante rescatar y mantener la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida, tal como lo señala el artículo cuarto de la Carta Democrática.

Sobre este punto, el informe Gaviria señala que no debe existir duda de que el Estado es quien debe mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza; por lo tanto se deben investigar las denuncias según las cuales algunos sectores estaban poniendo en peligro ese componente esencial de la seguridad pública. En todo caso, cualquier uso de las armas debía hacerse bajo autorización y dentro de la normatividad acordada o dispuesta por la Fuerza Armada.

Una vez descrita de manera general la cronología y la posición de la OEA en relación a los acontecimientos que se produjeron en el país en abril del 2002, en el próximo punto señalaremos lo que creemos son las razones y problemas que se presentaron en Venezuela como consecuencia de los dos intentos de golpes de estado en 1992 y el proceso gradual de desinstitucionalización del Estado Venezolano luego del triunfo electoral de Hugo Chávez Frías.

A partir de 1999 y como consecuencia de la aprobación de la nueva Carta Constitucional, se produjo la concentración progresiva del poder político en el Poder Ejecutivo. Consideramos que esta acumulación de poder en manos de un presidente de origen militar contribuyó, entre otros factores, a favorecer tendencias que propiciaran formas de participación política que tienden más al pretorianismo que a prácticas democráticas institucionalmente establecidas.


4. Nuestra visión del problema

Nuestra visión es tan simple como lo evidencian los hechos: la decisión de los sucesos de abril, en ambos casos, reposa en el Alto Mando Militar. En otras palabras, estamos ante la presencia de formas pretorianas del ejercicio del poder. Aunque lo que se puso de manifiesto fue la confrontación entre los dos sectores políticos que dividen al país, lo que estuvo en juego fue que un sector militar pudiera arrojarse el derecho de conducir la gerencia política de la sociedad venezolana. Esta confrontación pretendió vencer o eliminar al polo contrario, percibido y tratado como "enemigo" más que como adversario político con el que se puede convivir.

Aunque reconocemos la complejidad de los actores y hechos involucrados, creemos que hay que hacer un esfuerzo por comprender las contradicciones presentes en la realidad social para de esta forma tener una visión más global y ponderada de los acontecimientos; y, si tomamos en cuenta que los procesos no han terminado todavía, podemos hacer algunas precisiones que tal vez contribuyan a dar luz en el panorama actual venezolano:

Si hacemos un seguimiento y analizamos el discurso presidencial, podemos extraer diversos temas que se repiten en sus alocuciones y programas dominicales que señalan o fortalecen las tendencias pretorianas en el ejercicio del poder ^[57]; entre ellos resaltan la identificación de los enemigos de la Patria como lo son: los medios de comunicación, la alta gerencia de PDVSA, FEDECAMARAS y la CTV; en este sentido los medios se encadenan en su contra. Asimismo, desconoce y descalifica las acciones de la oposición diciendo que existe una conspiración de las cúpulas que intenta derrocar al gobierno.

Frente a esta amenaza hay un actor que se manifiesta como "el salvador de la patria" y por ello da ordenes a la Fuerza Armada Nacional, constantemente amenaza con estado de excepción o aplicación de planes especiales para contrarrestar la conspiración, envía constantes saludos al Alto Mando Militar y en general a los miembros de todos los componentes , hace referencia a la formación y solidez de los militares comprometidos con la democracia y resalta el papel de custodio de la Fuerza Armada Nacional y la tolerancia de la Guardia Nacional.

Ante estas constantes arengas, resulta contradictoria las referencias que hace a la guerrilla colombiana cuando uno de los papeles de la Fuerza Armada había sido siempre defender al pueblo venezolano de esta guerrilla.

Bajo el esquema anterior Chávez se refiere al binomio Pueblo-Ejército y aparecen así los planes de la Fuerza Armada Nacional para favorecer y ayudar a las comunidades. Las armas del pueblo son los militares, ellos son los libertadores del pueblo y se saluda a todos grupos que apoyan la unión Pueblo-Ejército: Movimiento V República, Patria para Todos (PPT), MAS MAS, Partido comunista, Movimiento electoral del Pueblo (MEP), los líderes de los Círculos Bolivarianos y el Movimiento Revolucionario 200.

El Presidente también hace mención a la relación del "redentor" con el pueblo y con el ejército en el siguiente sentido: él esta allí porque Dios lo ha colocado en ese lugar y, de alguna manera él representa la reencarnación de Bolívar; por ello hay que rescatar sus ideales y el pueblo debe aceptar los planteamientos que él les trae. Cristo es su guía y por ello un crucifijo lo acompaña en sus actos; tal vez esta actitud sea lo que lo lleve a saludar a los evangélicos del país.

Su revolución aunque democrática es "revolucionaria" y por ello habla constantemente de batallas, luchas y enfrentamientos. Según el Presidente ella esta respaldada por la Constitución Nacional de 1999 ^[58] y las instituciones que ella contempla; pero podemos señalar que constantemente el Presidente arremete contra las instituciones si estas no las favorecen en sus acciones.

En base a estos elementos podríamos adelantar una explicación al estilo de Stepan ^[59]; pues yace la idea en el discurso presidencial de que las injerencias de la Fuerza Armada Nacional en la política nacional se deben a que al ser responsable en la seguridad, se es corresponsable en el desarrollo nacional. Es decir, el discurso del nuevo profesionalismo de la Fuerza Armada de los años sesenta está dando frutos en la política venezolana. En este sentido, debemos resaltar que en la Constitución de 1999 se introducen paralelismos con la doctrina de la Seguridad Nacional.

En la revisión historiográfica es posible apreciar, con honrosas excepciones, desconocimiento en el tema y tratamiento de los especialistas en las relaciones civiles militares, de allí que es posible mencionar el uso de las categorías sin la necesaria precisión y ubicación para el espacio y tiempo histórico en que fueron elaboradas. Así es frecuente observar como se refieren a Chávez como el caudillo, el autócrata, el dictador, el líder mesiánico, el revolucionario de una manera descontextualizada y sin explicar los significados atribuidos ^[60].

Nos sentimos identificadas con quienes analizan la problemática del actual gobierno desde las perspectivas de las relaciones civiles-militares; creemos que este enfoque puede contribuir a dar una explicación de los hechos que estamos viviendo. En la ausencia de un control civil consolidado, subyace el ejercicio del pretorianismo que a partir de los sucesos de abril, aunado a la intervención de las policías civiles y la petrolera estatal, puede ser comprendido como el avance de un totalitarismo de Estado. Entonces, partiendo de este acercamiento podemos señalar que difícilmente serán aceptadas las fórmulas democráticas encaminadas a un proceso electoral. Ante el escenario de una dictadura comandada por el Presidente, pareciera no quedar otra salida a los líderes políticos que negociar el tránsito democrático con sectores de la Fuerza Armada Nacional que, ante el fracaso de su acción política vean la necesidad de una salida negociada.

Es advertir que una de las vías que llevarían a la salida de Chávez sería el colapso del régimen, producto de la ineficacia y poca efectividad para solucionar los problemas. Sin embargo, creemos que si llegamos a esta alternativa tendríamos los venezolanos que transitar por acciones de violencia sólo conocidas por aquellos que vivieron en el siglo XIX.

Irónicamente ante la ausencia de un control civil consolidado, no queda otra salida, tarde o temprano, que la negociación con un sector de la Fuerza Armada Nacional para poder transitar de nuevo hacia una democracia que estamos seguras de su característica: participativa y con un control civil consolidado constitucionalmente. Un obstáculo se presenta en esta negociación: el hecho de no repetir errores del pasado, cuando a través del pacto de Punto Fijo se dejó a los militares una intervención tácita en la política nacional.

Si no son efectivos los mecanismos de negociación y acuerdo llevados a cabo con la mediación internacional que fortalezcan la democracia venezolana, podríamos encontrarnos con un resultado que favorezca eventualmente una salida dictatorial de cualquiera de los dos sectores en pugna: por un lado podríamos esperar una dictadura encabezada por Hugo Chávez, con el consiguiente aceleramiento de la puesta en práctica de su proyecto o, de lo contrario, una dictadura de las fuerzas opositoras para restaurar el orden social y echar a andar un programa de desarrollo inspirado en los esquemas del liberalismo occidental. Cualquiera que fuera el resultado, estas dos últimas alternativas traerían aparejadas una dosis de violencia con resultados impredecibles e indeseados por la mayoría de la población venezolana. En tal sentido, Arturo Sosa Abascal señala lo siguiente:


..., la sociedad venezolana sigue viviendo una tensión entre dos cursos de acción que hemos denominado salida institucional y transición dictatorial. En la presente coyuntura cualquier salida institucional está asociada al éxito de la Mesa de Negociación y Acuerdos, producto de una larga y compleja negociación propiciada por el Centro Carter y la OEA, con apoyo del PNUD que incluyó visitas del exPresidente de los Estados Unidos y del Secretario General de la OEA, además del intenso trabajo de sus equipos técnicos.
Por otra parte, desde Abril sigue abierta la posibilidad de una confrontación entre los polos políticos que dividen al país que nos llevaría hacia alguna forma de dictadura... ^[61].


Los sucesos de Abril 2002 fueron, entre otras cosas, una muestra de lo que puede ser una confrontación entre polos irreconciliables. Haber recurrido a una intervención militar como instrumento para derrotar al chavismo, provocó una rápida respuesta internacional de condena de la posición y apoyo al gobierno de Hugo Chávez.

En este sentido, Arturo Sosa concluye en su análisis de coyuntura del mes de diciembre, que los gobiernos y organismos internacionales, en general, estimulan el curso de acción salida institucional, pues difícilmente un gobierno que emerja de un golpe de Estado o de acciones violentas y no apele a la consulta electoral, podría contar con el reconocimiento de la comunidad interamericana e internacional y correría un alto riesgo de ser objeto de medidas punitivas tanto políticas como económicas.

En este escenario de confrontación, si la FAN se mantiene fiel al gobierno, tendrá que enfrentar la movilización opositora incluso con una fuerte represión, especialmente si se llega a extremos de paralización o conmoción que exijan la declaración de un estado de excepción. Si, por el contrario, la Fuerza Armada Nacional opta por la desobediencia al gobierno, tendrá que enfrentar al Presidente, sus aliados, incluyendo, posiblemente, algunas unidades militares y las organizaciones populares que lo apoyen, también a base de una fuerte represión. En resumen, en un escenario de confrontación la Fuerza Armada Nacional se convierte en el árbitro de la situación, obligada a utilizar la represión para imponer el curso de acción que decida.


Conclusiones

El abordaje de la problemática estudiada desde la perspectiva de las relaciones militares civiles nos permitió un acercamiento a los sucesos de abril más ponderado desde el punto de vista teórico, en el sentido de que podemos explicar lo ocurrido como la consecuencia de un tutelaje militar que arropó los campos que en una democracia deben estar en manos de los civiles. Es decir, a partir de abril se puso de manifiesto que la gerencia política del Estado estaba en manos de los militares, evidenciándose una influencia militar de orden superior.

Si bien es cierto que en la historia venezolana han estado presentes formas de pretorianismo histórico o moderno, consideramos que desde el año 1992 este se ha puesto de manifiesto y ha llegado a tomar espacios políticos que durante la etapa democrática (1958-1999) habían correspondido a desempeño de civiles; baste para ello resaltar la gran cantidad de ministerios, gobernaciones, alcaldías y direcciones administrativas que son dirigidos por ex militares o militares en funciones.

Una vez analizados los hechos de abril desde la perspectiva de las relaciones civiles militares podemos concluir con relación al tema del profesionalismo militar, que este estuvo presente en varios componentes de la Fuerza Armada, pero no fue asumido por ella. En general, durante el gobierno de Hugo Chávez Frías observamos bajo profesionalismo, poco control civil y una mayor vocación por el pretorianismo.

Después de observar el ambiente político nacional, luego de los acontecimientos de abril, consideramos que ante la falta de gobernabilidad, el proceso de desinstitucionalización del Estado venezolano y la falta de apoyo y rechazo de vastos sectores de la población al gobierno presidido por Hugo Chávez Frías, sería sumamente difícil y costoso para el gobierno recuperar la gobernabilidad perdida y tendría irremediablemente que transitar por formas de violencia política con la finalidad de reprimir y acabar con la oposición.

En este contexto es posible vislumbrar por lo menos tres etapas donde la violencia vuelve a ser el medio para resolver los asuntos políticos de la sociedad venezolana. Parafraseando a Domingo Irwin, podemos hablar de violencia policial, violencia militar focalizada y violencia militar y civil intensa y generalizada, es decir, podríamos llegar a un cuadro de violencia muy fuerte tras el cual finalmente se impondrá un nuevo pacto social que deberá, irremediablemente, incluir a los militares como miembros de la sociedad organizada. Esta fase constituirá el transito hacia un futuro en que el control civil forme parte de la cultura política del venezolano y esté plasmado constitucionalmente.

Consideramos que estamos en una encrucijada en la que los venezolanos se debaten entre aceptar fórmulas políticas pretorianas o recuperar los espacios democráticos conquistados y el ejercicio pleno del control civil. Sin embargo, estamos convencidos de que para llegar a recuperar el control civil, debemos salir primero de esta coyuntura pretoriana.


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APENDICE



Nombramiento de militares en cargos públicos en 1999 *
A nivel de gobierno central
Niveles de la admin.	Tipo de cargo
Ejecutivo	Presidente de la República Teniente Coronel Hugo Chávez Frías
Miraflores	Secretario Pirvado del Presidente Director de relaciones presidenciales Cap. Carlos Aguilera
Ministerio de la Secretaria de la Presidencia	Ministro Gral. Lucas Rincón Romero Oficina Central de Información (OCI) Director de publicidad Mayor Marisela Arévalo
Ministerio de Relaciones Interiores	Director General Subdirector Secretario General Inspector General Contralor interno Director de personal Director de Administración Director de inteligencia Director de Servicios Generales Director de armas y explosivos Gral. Roberto Andara Castillo Director de investigación Director de la DISIP Director de la PTJ Asesor Jurídico de la PTJ Cap. Nav. José Baldomero Sánchez Pulido Jefe de la División de área Gral. Nicolás A. Cárdenas Jefe de Informática Cap. Nav. Santos Carrasquel Asesor técnico del Dpto. de armamento Maestre Luis Moremo Director nacional de Defensa Civil Cnel. Angel Fretites Jiménez Dirección de Coordinación de desarrollo fronterizo y dependencias federales Cap. Nav. Gilberto Pazos Peinado Director de Coordinación Policial Gral. Rubén Silva Ruíz
Ministerio de Relaciones Exteriores	Director general de servicios administrativos Director general de fronteras Embajador en Chile Embajador en Canadá (en tramitación) Gral. Jorge Osorio García excandidato a la gobernación del Táchira por el MVR Cónsul General en Miami Antonio Hernández Borgo Asesor para asuntos de Guayana Vicealmirante Elías Daniels
Ministerio de Infraestructura	Ministro en MTC Director general de Administración y servicios Director de transporte aéreo Director de transporte terrestre Presidente de FONDUR Director de CONATEL Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM): Director general Subdirector general Cap. Guillermo Camejo Director de Seguridad Tte. Eduardo Valderrama Director de operaciones Cap. Javier Nieto Director de planificación y presupuesto Cap. Luis Parra Director de informática Tcnel. Freddy Durán Director principal de CADAFE Tcnel. Rafael Tosta Ríos Gerente General de Aduana áerea de Maiquetía Gral. José Miguel Roberti Loyo Gerente General de Aduana marítima La Guaira Cnel.Pablo Figueroa Vaamonde
Ministerio de Agricultura y Cría	Viceministro Director del proyecto de alimentos estratégicos Dirección de servicios generales Tcnel. Clevis Bozo Director de enlace Cnel. Ramón Alberto Rivero Presidente del Fondo de Credito Agropecuario Gras. Alberto Esqueda Torres Presidente de la Corporación CASA Cnel. José Luis Ochoa Director General de Catastro Tcnel. Víctor Manuel Pacheco García Miembro de la directiva del IAN Mayor Robles Miembro de la directiva del ICAP Cnel. Jesús Cañizales Ministerio de Finanzas SENIAT Superintendente del SENIAT Adjunto al superintendente Gerencia de desarrollo tributario Cnel. Francisco Alvarado Pinto Gerencia de Administración Cnel. Marco Carrollo Jiménez Gerente de Recursos Humanos Cap. Edgar Hernández Gerencias Regionales de Tributos internos: región central Cnel. Frank León Hernández región Insular Cnel. Silva Carrillo región de los llanos Cnel. Delfín Salvador Páez
Ministerio de Justicia	Director General de Administración Cap. Corb. Hugo Morales
Ministerio de Hacienda	Director de inspección y fiscalización Tcnel. Fernando Gilberto Vitoria Director de enlace Cnel. Hermán Mendoza Pacheco
Ministerio de Planificación	Director de La Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) Cnel. Guiacaipuro Lameda CORDIPLAN: Jefe de unidad de análisis estratégico Tte. Rafael Isea
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social	Directora sectorial de salud Mayor Eugenia Sader Castellamos
Asistencia SocialInstituto Nacional de Geriatría (INAGER)	Gerente de bienestar social Tcnel. Carlos Medina Amarista Unidad Geriátrica José Gregorio Hernández Mayor Claudio Casanova
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte	Director de la unidad La Montonera Cap. Frag. Carlos Peña Bastardo Director Unidad José Ignacio del Pumar Cap. Domngo Antono Monsalve Director Unidad Carlos Fragachán Tcnel. Alejandro Pérez Pastor Director Unidad Patrocinio eñuela Tte. Freddy Villegas Director de unidad Menca de Leoni Mayor Diego Pitre Director de unidad Obdulio Alvarez Pedro Rafael Arroyo Director unidad J. Beaujón Cap. Orlando Jaimes Director Unidad Lazo Martí Tte. Jóvito Rafael Salazar Director unidad González Laya Mayor Rubén Torrealba Director unidad Serres Padilla Cap. Luis Antonio Romero Director Unidad Monseñor Arias Blanco Cap. Carlos Alberto Larreal Director J. A. Páez Cap. Carlos Navarro Pérez Director Unidad Araujo Mayor Nestor Jesús Castillo Director Unidad J. M: Suniaga Tte. Leonardo Bustamente Director Unidad Monseñor Márquez Gómez Mayor Luis Orlando Romero Director unidad Joaquín Esteva Tcnel. Jesús Antonio Romero Director unidad Pueblo viejo Tte. César Ugeto Director de instrucción premilitar Gral. Luis Ernesto Suárez
INCE	Presidente Gral. José Luis Prieto Gerente General Contralm. Hildebrando Quiroz González Gerente de Información Cnel. Glenn Sherman Brathwaite Gerente de recursos humanos Cnel. Jesús Manuel Arsimendi Asesor a la presidencia Gral. José Alberto Osorio García Asistente de la presidencia Tcne. Jaime Tortoledo Jefe de Transporte Tte. Juan Carlos Rincón Martínez
Ministerio del Ambiente	Director General Cnel. Guillermo Banchs Hernández Director General de administración Cnel. José A. Velasco Zambrano Director General de Servicios ambientales Cap. Nav. William Moreno Boni Lla Director general de geografía y cartografía Cnel. Romer Joaquín MENA Nava
Ministerio de Energía y Minas	Jefe de la oficina de enlace Tcnel. José Mac Donalld Dum.
PDVSA	Vicepresidente de Finanzas y recursos humanos Vicepresidente de Servicios y Logística
Instituto Nacional de parques (INPARQUES)	Oficial de enlace Cnel. Luis Cardozo Director región capital Cruel. Francisco Escobar
Instituto Nacional de Hipódromos	Miembro del directorio Cnel. Oswaldo Graziani Asesor de la presidencia Gral. Mariano Jesús Márquez Jefe de seguridad Cnel. Pedro Reinaldo Castro Madero
IPSOPOL	Presidente Contral. Miguel Angel Clemente
Legislativo	Presidente del Congreso Director de Secretaría del Senado Director de Administración del Senado
Instituto Nacional de Deporte	Presidente Director General sectorial Cnel. Francisco Pérez Director de comercialización Tcnel. Julio R. Barrios






Nombramiento de militares en cargos públicos en 1999
A nivel de gobierno regional
Estados	Tipo de cargo
Apure	Candidato a la gobernación Cap. Jesús Aguijarte
Amazonas	Direcciones de Defensa Civil
Anzoátegui	Director regional de vialidad agrícola Tcnel. Antonio Machuca Gerente aduana de Gaunta Cnel. Marco Cerrado Vitoria
Barinas	Director de seguridad y orden público Intravial Instituto regional de infraestructura FONDEBA INAGER IMPARQUES Cuerpo de bomberos Comandante de la policía Direcciones de Defensa Civil
Bolívar	Director regional de desarrollo urbano cap. Omar Bertho Montaño Director regional de aduanas Cnel. Alejandro Coleoblu Coordinador de resguardo tributario Cnel. José del Avila Hernández
Carabobo	Inspector de Tránsito en Puerto Cabello Cap. Luis Rodríguez Rodríguez Gerente aduana de Puerto Cabello Cnel. Juan Alberto Hernández Díaz Jefe de división de recaudación Tte. Enrique Laurentin Jefe de división de almacenamiento Cap. Luis Jaime Codina Jefe de división de tramitaciones Cnel. Domingo Hernández Villavicencio Jefe de división de operaciones Tcnel. Félix Pérez Verduga Gerente de aduana principal Cnel. Juan Hernández Díaz
Distrito Federal	Gobernador Director de Gabinete Director de administración y finanzas Direcciones de Defensa Civil
Falcón	Director de política Cnel. Nelson Arteaga Mora
Guárico	Secretario privado del gobernador Dirigente del MVR Cap. Carlos Guyón Presidente de la comisión de Defensa del Senado Comandante de poliguárico Cnel. Artemio Boada Gil Direcciones de Defensa Civil
Lara	Director del Hospital Antonio María Pineda Internado Judicial de Barquisimeto Cnel. Hugo Coronel Bastidas Comisionado regional del SETRA Tte. Irán Masó Direcciones de Defensa Civil
Miranda	Direcciones de Defensa Civil
Monagas	Jefe estatal de la DISIP Cnel. Duque Casanova Gerente Aduana Maturín Cnel. Oscar Bracho
Táchira	Director regional ONIDEX Tcnel. Jorge Sánchez Presidente de Hidrosuroeste Cnel. Jacinto Colmenares Director regional del MARNR tcnel. Arnoldo Uribe Patiño
Trujillo	Direcciones de Defensa Civil
Sucre	Director sectorial del MTC Tcnel. José Alí Jiménez Gerente aduana puerto Sucre Cnel. César Pablo Montesinos Gerente aduana El Guamache Cap. Carlos Reyes Direcciones de Defensa Civil
Zulia	Gobernador Tcnel. Francisco Arias Cárdenas Secretario privado del gobernador Ca.p. Gerardo Márquez Director de la comisión de ambiente Cnel. Leopoldo Saavedra Presidente hipódromo de Maracaibo (santa Rita) Cnel. Clovis Bracho Director regional de canalizaciones Cap. Nav. Valentín Aloña Cortez Inspector de tránsito terrestre Cap. Robison Millano Presidente de aeropuertos edo. Zulia Cap. Orlando Silberstein Director de finanzas (servicio de emergencia) Mayor Herbert Salas Gerente general del Instituto Nacional de Puertos Tcnel. Joaquín Añez Gerente aduana de Maracaibo Tcnel. Germán Gómez Sandoval Direcciones de Defensa Civil


* Esta información corresponde a 1999, pues no existe una versión más actualizada. A pesar de ello, queremos resaltar que esta situación de militares ocupando cargos públicos es hoy en día mayor; valga la pena resaltar la existencia de cuatro gobernadores exmilitares y que participaron en el golpe de estado del 1992 con el presidente Chávez.
** Existe una primera versión del listado publicado el 19 de febrero de 1999, incorporamos los datos de la actualización de Ricardo, Escalante. El Nacional. Caracas: 27 de junio de 1999, p. H-2.
*** Es de hacer notar que para todos los cargos no se dispone de los nombres de los ocupantes, a pesar de esto la información es tan relevante que se presenta tal y como la suministran los reporteros pero se elaboró un cuadro para los fines de su presentación.
Fuente: Marianella, Palacios y Ricardo, Escalante. El Nacional. Caracas: 19 de febrero de 1999, p. D-2. en: Georgette, Bencomo. Las modificaciones constitucionales (1961-1999) y la politización de las FF.AA. Caracas: Universidad Simón Bolívar, 2001.

El 23 de octubre de 2000 Carlos Subero publicó en El Universal un nuevo artículo sobre el "Afianzamiento Militar" y mencionaba los nuevos cargos que para ese momento estaba siendo ocupados por militares. Señalaba que en el Ministerio del Interior estaban el viceministro de seguridad ciudadana, el director de secretaria y el viceministro de justicia, asuntos administrativos, custodia y rehabilitación del recluso.

En el Ministerio de Educación: el director de finanzas y el director de administración y servicios. En el de infraestructura habían sido ocupados por militares los cargos de Director de CONATEL y el presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones. Asi como en el Aeropuerto de Maiquetía: el director de ética y control de gestión, el director de planificación y presupuesto, el de transporte acuático y el director del cuerpo de ingenieros.

El ministerio de Salud y desarrollo social el Presidente del Fondo Único Social (FUS), su director de finanzas y el director del fondo de inversión social. El coordinador de administración provenía de la Institución Castrense en e Ministerio de Producción y Comercio y por último señalaba Subero que había 8 oficiales que ejercían cargos de parlamentarios en la Asamblea Nacional y 4 en el Parlamento Latinoamericano también que en el Consejo Nacional Electoral (CNE) el director de registro era militar y el presidente de Avensa también tenía una formación castrense ^[62].


Fuente:
Ponencia preparada para el VI Seminario sobre Investigación y Educación en Estudios de Seguridad y Defensa (REDES 2003), CHDS, Santiago de Chile, 27 al 30 de octubre de 2003




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* El ensayo que presentamos forma parte de una investigación sobre la violencia política en Venezuela y las tendencias pretorianas presentes en el gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2003). Una primera versión del artículo está siendo publicada en L´Ordinaire Latinoamericain. Toulouse, marsmay 2003, No. 188.
** Inés Guardia Rolando. Doctora y Magíster en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar 2002, 1995). Socióloga (Universidad Católica Andrés Bello, 1983). Profesora de Sociales Universidad Simón Bolívar, diversas publicaciones, participación en Congresos y ponencias. Actualmente cursa el Doctorado de Historia (Universidad Católica Andrés Bello). Giannina Olivieri. Magíster en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar 1998). Filosofa y Licenciada en Letras (Universidad Católica Andrés Bello, 19 , ). Profesora de Sociales Universidad Metropolitana, diversas publicaciones, participación en Congresos y ponencias. Actualmente cursa el Doctorado de Historia (Universidad Católica Andrés Bello).
[1] Por civilidad entendemos el significado que le asigna Mires en su libro Civilidad cuando se refiere a que la cualidad más importante de una democracia es la de enfrentar los problemas a través los medios políticos sin recurrir al uso de la fuerza o al contraterror. En esta línea argumental, Mires concibe la sociedad civil como una sociedad nacional, y en este sentido que la creación de civilidad no puede entenderse por separado de la construcción democrática de una nación. Vid. Fernando, Mires. Civilidad. Teoría Política de la postmodernindad. Madrid: Editorial Trotta, 2001, p. 107.
[2] Frédérique, Langue. Hugo Chávez et le Venezuela une action politique au pays de Bolívar. Paris : L´Harmattan, 1999, p. 9.
[3] Al lector interesado en profundizar acerca del método de la historia inmediata recomendamos la lectura del apéndice del libro de Frédérique, Langue. Ob. cit. y el artículo de la misma autora "Cuando la calle arde y el aula reflexiona. La historia inmediata de Venezuela, métodos y cuestionamientos" en: Reflexiones sobre las relaciones civiles militares en Venezuela. Caracas: UPEL-UCAB, 2003, EN IMPRENTA.
[4] El actual presidente venezolano aparece en la escena política el 4 de febrero de 1992 comandando un golpe de estado que fracasa contra el Presidente Constitucional de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
[5] Este gobierno (1935-1941) representó, a pesar de las limitaciones y restricciones, un avance hacia una apertura política, la modernización del aparato estatal y, con la aprobación de la Constitución de 1936, se redujo el período presidencial de 7 a 5 años y se eliminó la reelección presidencial. Diccionario de Historia de Venezuela. Voz: Eleazar López Contreras, Gobierno de. Caracas: Fundación Polar, 1988: 741-748.
[6] El régimen de Medina Angarita (1941-1945) legalizó los partidos políticos existentes, lo cual representó una gran apertura, pero a pesar de ello mantuvo las restricciones del voto presentes hasta ese momento, motivo que generó el golpe de estado liderado por Acción Democrática Diccionario de Historia de Venezuela. Voz: Isaías Medina Angarita, Gobierno de. Ob. cit., p. 872-875.
[7] De acuerdo a la historiografía nacional, el triunfo de un golpe cívico-militar, el 18 de octubre de 1945, en contra de Isaías Medina Angarita, señaló el inicio del gobierno de la Junta Revolucionaria presidida por Rómulo Betancourt. Participaron en el golpe de estado sectores profesionalizados de la Fuerza Armada Nacional y líderes del partido Acción Democrática. El nuevo régimen justificaba la acción argumentando la necesidad urgente de instaurar una democracia representativa en Venezuela, que garantizara derechos, libertades y un nivel de vida adecuado a la gran mayoría del pueblo venezolano.
[8] Educador, escritor y político, Presidente de la República entre febrero y noviembre de 1948. Diccionario de Historia de Venezuela. Voz: Rómulo Gallegos, Gobierno de. Ob. cit., p. 236-238.
[9] La Junta de Gobierno concentró sus acciones en la disolución de las instituciones representativas de la democracia y en la ilegalización de los partidos políticos.
[10] Domingo, Irwin. Relaciones civiles- militares en el siglo XX. Caracas: Ediciones El Centauro, 2000, p. 5.
[11] Al lector interesado en profundizar el tema de las relaciones civiles militares en Venezuela recomendamos revisar las obras y artículos del Dr. Domingo Irwin quien se ha especializado en el tema. Vid. bibliografía al final del artículo en donde aparecen reseñadas sus textos.
[12] Robert, Dahl. La democracia y sus críticos. Buenos Aires: Editorial Piados, 1991, p. 309.
[13] Vid. Domingo, Irwin. 2003, p. 2
[14] Existen dos versiones no comprobadas acerca de estas protestas: una que alude a la incitación por parte de sectores de la Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV) y miembros del Alto Mando Militar y otra, que habla de la presión ejercida por los sectores de izquierda descontentos con el nuevo gobierno.
[15] Revista SIC Caracas: Centro Gumilla, 1993.
[16] Andrew, Templeton. "The Evolution of Popular Opinion" in: L. W. Goodman, et. al. Lessons of the Venezuelan Experience. Washington: Baltimore, and London: The Woodrow Wilson Press and The Johns Hopkins University Press, 1995.
[17] Al lector interesado recomendamos la revisión de la tesis de maestría de Inés Guardia titulada: Orientaciones de Legitimidad en Actores del Sistema Polítco Venezolano Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1995.
[18] Estas medidas se manifestaron en elementos tales como el aumento del pasaje e incremento en los precios de los productos alimenticios y servicios básicos.
[19] Sobre los fundamentos ideológicos Vid. Jorge, Lazo. Aproximación a los fundamentos ideológicos del discurso político de Hugo Chávez Frías (1992-2000). Caracas: Tesis de maestría presentada a la Universidad Simón Bolívar, 2000; así como los libros de Alberto Garrido.
[20] Para la mayoría de los que votó por Chávez, las expectativas de transformación estaban asociadas a la eficiencia en la distribución de la riqueza. Según datos empíricos un 91% de los venezolanos pensaba que el país era muy rico, el 82% sostenía que la riqueza venezolana debería ser distribuida sin distinciones o privilegios, el 75% pensaba que la renta petrolera era suficiente para satisfacer las expectativas de la población. Alfredo, Kéller. Consultores 21, Caracas: 1992, pp. 4-8. Según un estudio de la empresa Consultores 21(Caracas: marzo 1999), entre un 83 y 86% de las personas que votaron por Hugo Chávez lo hicieron para que les resolviera los problemas económicos, sobre todo los asociados a la cesta básica, el desempleo y la deuda externa y no se planteaba una reformulación del sistema político. Por otra parte, un 94% de la población sostenía que "si Venezuela fuera administrada honestamente y la corrupción fuera eliminada, habría suficiente dinero para todos y más" (Conciencia 21, Junio 1995, pp. 194-195, Romero, s/f). En las elecciones del 1998, un 54% del electorado venezolano votó por un hombre que presumían honesto y que ofrecía erradicar la corrupción (Consultores 21, 1999).
[21] Con relación al tema específico del discurso violento Vid. Giannina, Olivieri. Imagen, liderazgo y discurso en Hugo Chávez Frías entre 1999 y 4-2-2001. Caracas: Tesis de maestría presentada a la Universidad Simón Bolívar, 1998.
[22] Vid. Apéndice de este ensayo, donde se presenta un cuadro resumen de los cargos de la administración públicos que, durante 1999, fueron ocupados por militares tanto en el gobierno central como en el estatal.
[23] Como ejemplos señalaríamos los cargos que han ocupado en la industria petrolera, los ministerios, la Policía Técnica Judicial, la DISIP, el SENIAT, las aduanas, el INCE, los geriátricos, el hipódromo, el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), puertos, aeropuertos y otros organismos del sector público. Georgette, Bencomo. Las modificaciones constitucionales (1961-1999) y la politización de la FF.A.A. Caracas: Tesis de maestría presentada a la Universidad Simón Bolívar, 2001, p. 2.
[24] El Plan Bolívar 2000 estuvo constituido en 3 fases: Propaís, ProPatria y PorNación; fue diseñado para llevar a cabo las políticas sociales del gobierno y su ejecución estuvo en manos de los militares. Su ámbito de acción fue amplio porque se ocupaban desde la construcción y entrega de soluciones habitacionales, generación de empleos y aplicación de subsidios directos e indirectos para las clases menos favorecidas, hasta servicios médicos y asistenciales básicos. Sus resultados prácticos fueron limitados y además se evidenciaron grandes hechos de corrupción en los cuales se vieron implicados militares de la más alta gradación. Vid. Sammy Eppel "La mano peluda y el Plan Bolívar 2000" en: El Universal, Caracas: 26 de agosto de 1999; Luis Pedro, España. en: El Nacional. Caracas: 3 de marzo de 2001. (www.elnacional.com); Jorge, Olavarria. en: El Nacional. Caracas: 18 de junio de 2001. (www.elnacional.com) y Wilmer, Poleo Zerpa. en: El Nacional. Caracas: 10 de diciembre de 1999. (www.elnacional.com).
[25] Por megamercados se entiende unos mercados populares, ubicados en las principales avenidas del centro de la ciudad, atendidos por militares en donde era posible conseguir los productos de la cesta básica a precios subsidiados por el Estado venezolano; allí también se prestaron servicios de trámites de papeles de identificación, odontológicos y de peluquería. Estos megamercados se llevaron a cabo principalmente entre los meses de diciembre de 2002 y febrero del 2003, mientras duró el paro promovido por los sectores de oposición al gobierno.
[26] Amos, Permultter. The Military and Politics in Modern Times. New Haven-Londres: Yale University Press, 1978.
[27] Gonzalo, Barrios Ferrer. "Caudillos, orden constitucional y régimen político" en: Mundo Nuevo. Caracas: No. 56/57 Abril-Septiembre, 1992.
[28] La Constitución venezolana de 1999 al otorgarle beligerancia a los militares, privilegia la intervención política de estos.
[29] Al lector interesado en profundizar en estos enfoques les recomendamos la lectura de los textos de Guillermo, García Ponce. El golpe del 11 de abril. Caracas: Alcaldía de Caracas, 2002; Belén, Meneses. La Revolución Bolivariana frente al golpe de estado del 11 de abril. Maracay: Impresos Adiel, 2002 y de la misma autora Viva la revolución bolivariana. Maracay: Impresos Adiel, 2001; ¿Es posible la Revolución Pacífica? El caso de Venezuela. Maracay: Impresos Adiel, 2001 y Marta, Harnerker. América Latina. Los desafíos de la izquierda. Caracas: Alcaldía de Caracas, s/f., y Nestor González González y otros. El 11-A la huída de Chávez Caracas: Italgrafica, 2002; Mary, Ferrero (editora). Chávez la sociedad civil y el estamento militar. Caracas: Afadil, 2002.
[30] Cfr. Arturo Sosa: "Coyuntura política nacional", Diciembre del 2002. Material mimeografiado.
[31] La Ley Habillitante fue un poder especial otorgado al Presidente mediante el cual se le daba potestad para redactar un grupo de leyes, en este caso fueron 46 leyes sancionadas por al asamblea nacional a partir de noviembre de 2001 y algunas de ellas atentaban contra la propiedad privada.
[32] Federación de cámaras de comercio/ empresariales, en adelante FEDECAMARAS.
[33] A partir del mes de marzo se inició lo que se denominó "el goteo", pues militares activos opuestos al gobierno comenzaron a manifestar públicamente su descontento.
[34] Para una información precisa del llamado "goteo" militar, revísese el artículo de Frédérique Langue. "Venezuela: La révolution Chaviste et la rébellion permanente en : L´Ordinaire latinoamericain. Toulouse: Janviersmars 2002, No. 187, p.12.
[35] Uno de los nombramientos que causaba polémica dentro de la empresa era el de Gustavo Pérez Issa, Gerente de Control de Pérdidas y Riesgo.
[36] PDVSA conforma su cuadro operativo a partir de ascensos basados en los méritos de las personas en la empresa y ello siempre se había respetado en los nombramientos hechos por los distintos gobiernos.
[37] Recordemos que si bien es cierto que han existido conflictos en la historia petrolera nacional, las huelgas hasta este momento siempre fueron consecuencia de la inconformidad con la firma de los contratos colectivos del sector obrero principalmente, pero nunca había intervenido la nómina mayor.
[38] Es importante señalar que tanto la CTV como FEDECAMARAS son confederaciones que agrupan organizaciones de amplia base y tienen tanta relevancia que líderes de ambas organizaciones participaron en la firma del Pacto de Punto Fijo. Durante el gobierno del Presidente Chávez se ha intentado la creación de organizaciones paralelas para desplazarlas de la estructura de poder.
[39] Hugo Chávez Frías. Aló Presidente. Caracas, 7 de abril de 2002.
[40] En opinión de quienes escribimos, esta huelga general indefinida no fue eficiente, puesto que el transporte colectivo (autobuses y subterráneo), la banca comercial y muchos comercios continuaron funcionando normalmente con excepción de algunos comercios que sólo funcionaban durante algunas horas en las mañanas.
[41] Recordemos que la marcha se inició en la mañana como una concentración en la llamada Plaza de la Meritocracia en PDVSA Chuao y luego, sin una aparente organización previa, se dirigió a Miraflores. Por plaza de la Meritocracia, los venezolanos entendemos un espacio geográfico que se encuentra en una vía pública, que ha sido improvisado dadas las acciones de protesta; se encuentra frente a uno de los edificios de la petrolera estatal en el este de la ciudad y permite la concentración de un gran número de personas, aunque se afecta el tránsito automotor.
[42] Estos elementos se evidenciaron posteriormente a través de videos que muestran a efectivos de la Guardia Nacional impidiendo la llegada de la marcha a Miraflores y a francotiradores en azoteas de edificios de la zona donde se desarrollaba la marcha.
[43] El General Carlos Alfonso Martínez se encuentra hoy en día detenido tras participar en un acto público a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia lo declarara en Libertad. Su caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[44] Actualmente es General en Jefe de la Guardia Nacional.
[45] El Nacional, Caracas, 12 de abril de 2002, p. A-1.
[46] Idem.
[47] Idem.
[48] Idem.
[49] En este escenario los precios del petróleo continuaban su caída, así como la cotización del cambio del dólar.
[50] Entre los acontecimientos destacan los allanamientos a personas e instituciones del gobierno de Chávez y disturbios en varios lugares de la capital.
[51] La intervención del Gral. del ejército Raúl Isaías Baduel en este escenario precipitó la caída de Carmona, al punto de que a su regreso al gobierno el presidente Chávez habló del mismo como el "Salvador" de la Revolución.
[52] En las imágenes de ese día se pudo apreciar al Alcalde de Libertador, Freddy Bernal, persona muy cercana al Presidente Chávez, dirigiendo las manifestaciones frente a Radio Caracas Televisión.
[53] En esta isla esta establecida una base militar del Estado venezolano.
[54] Informe presentado por el Secretario General de la OEA, César Gaviria. Las cursivas son nuestras; la frase se presenta tal y como aparece en el informe de la OEA.
[55] Las cursivas son nuestras.
[56] Vale la pena señalar que en la Constitución del 61 la Fuerza Armada no tenía un papel deliberante, pero en la del 99 en el Artículo 330 se le otorga el derecho al voto, aunque se señala que no les está "permitido participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político".
[57] Recordemos que según el teórico Van Dijk tras todo discurso subyace una ideología, lo que nos indicaría en este caso en particular cuál es la ideología del Presidente.
[58] Queremos resaltar, que en la Constitución Nacional en ningún momento se habla de Revolución.
[59] Vid. Alfred, Stepan. Authoritarian Brazil. New Haven-Londres: Yale University Press, 1973. Según este autor entre las características de este nuevo profesionalismo que se desarrolla en América Latina destacan: el énfasis en la seguridad interna; el desarrollo de destrezas que acercan y relacionan los intereses políticos y militares que va generando la politización de la Fuerza Armada que se siente preparada para ejercer funciones de gerencia política en la sociedad. Por su parte, Finer advierte sobre dos hechos de importancia, que pueden conducir a un desconocimiento de la sujeción militar a la autoridad civil, estos son: cuando los militares comienzan a establecer una distinción entre la nación y el gobierno de turno y cuando se amparan en teorías interesadas sobre la seguridad nacional. S. E. Finer. The man on horseback: The role of military in politics. Boulder: Westview Press, 1988.
[60] Sobre este aspecto en particular Vid. Alberto, Tenenti. De las revueltas a las revoluciones. Barcelona: Crítica, 1999.
[61] Arturo, Sosa. Ob. Cit., p. 3.
[62] Carlos, Subero. "Afianzamiento Militar" en: El Universal. Caracas: 23 de octubre de 2000, p. I-15.