Título: Argentina. Libro Blanco de la Defensa Nacional - Parte III: las políticas de defensa
PARTE III: LAS POLÍTICAS DE DEFENSA
CAPÍTULO VI: BASES DE LA POLÍTICA DE DEFENSA
Los contenidos de los puntos siguientes configuran los principales soportes conceptuales sobre los cuales se apoya la política de Defensa Nacional.
1. LA CONDUCCIÓN CIVIL DE LA DEFENSA Y DE LAS FUERZAS ARMADAS
La sanción de las leyes de Defensa Nacional en 1988 y de Seguridad Interior en 1992, con el apoyo unánime de todos los sectores políticos representados en el Congreso, establecieron el imprescindible andamiaje, mediante cuyo balance mutuo se enmarcaron legalmente las Fuerzas Armadas en la democracia.
Las Fuerzas Armadas de la República Argentina, se encuentran hoy subordinadas de modo consciente y espontáneo a los poderes políticos institucionales. Ello trasciende las simples formas y alcanza a la extraordinaria entrega mental y espiritual que brindaron los militares argentinos en favor de la democracia para lograr estos resultados.
El cambio ha sido estructural, pues implica claramente la conducción del Instrumento Militar por parte del poder político.
Esta conducción no es sólo formal, o sea porque la ley así lo exprese, sino real, de carácter cotidiano y se efectiviza en la práctica en todos los aspectos del funcionamiento del Sistema de Defensa y su interrelación con las instituciones políticas del país.
Esto hace que las Fuerzas Armadas se encuentren integradas al funcionamiento habitual del Estado en los más diversos campos, a través de su aporte especializado en el nivel y funciones que les fija la ley.
Actualmente todas las grandes decisiones que hacen al desarrollo y conducción de las Fuerzas Armadas las dicta -con la contribución del asesoramiento militar- el poder político. Las leyes de Defensa Nacional; de Seguridad Interior y la reciente de Reestructuración de las Fuerzas Armadas son una evidencia objetiva de lo expresado.
2. EL CONCEPTO INTEGRAL DE LA DEFENSA Y LA INSERCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
En ciertos ámbitos, existe una visión limitada del concepto de Defensa, de carácter reduccionista, que la enmarca exclusivamente en uno de sus campos componentes, el relativo al Instrumento Militar.
Es indiscutible que las Fuerzas Armadas constituyen los elementos integrantes sustantivos de la Defensa Nacional, configurando instituciones fundacionales del Sistema, no sólo porque disponen de modo exclusivo y excluyente de las armas y del personal idóneo en capacidad de ejercer el poder del Estado en su ámbito de competencia, sino también por el contexto de su historia y tradiciones dentro del cual se desenvuelven, tan asociados a los aspectos propios del Estado-Nación que, según hemos visto, integran el campo de los intereses vitales del país.
Sin confundir política y estrategia de defensa con política y estrategia militar, puede afirmarse que la Defensa Nacional concierne a la Nación misma y es, por lo tanto, el resultado de la integración y la acción coordinada de todas sus fuerzas y capacidades, para la solución de los conflictos de origen externo que deba enfrentar y que por su carácter, tengan a las fuerzas militares como pivote central.
La Defensa Nacional se concreta entonces en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir y superar tales conflictos, tanto en la paz como en el supuesto extremo de la guerra, conduciendo todos los aspectos de la vida de la Nación durante la crisis, el hecho bélico y la consolidación posterior de la paz.
Es así que la Defensa es una función indelegable del Estado Argentino y constituye un derecho y un deber para todos los argentinos, en la forma y términos que establecen las leyes.
También abarca los ámbitos productivos privados, de investigación, de infraestructuras, de recursos y, muy en particular, a los pertenecientes a la esfera del pensamiento, ya sea de enseñanza o académicos, tanto en los roles de generación de conciencia sobre el tema, como en actividades de pensamientos paralelos. Conceptualmente involucra también al conjunto de los habitantes, en los términos de la Ley de Servicio Civil de Defensa N° 20.318.
En síntesis, la Defensa exige la participación vigilante, activa y constante de todo el espectro institucional, de la dirigencia y ciudadanía en general.
Todo ello ayuda a gestar una amplia base de consenso sobre estas temáticas y contribuyen a otorgarle a las políticas de esta área el carácter de política de Estado
Esta política ha redundado así en una estabilidad de las decisiones en el tiempo, con mayores certidumbres para el desarrollo razonable del Instrumento Militar y un grado más elevado de previsibilidad y confiabilidad del país ante la comunidad internacional.
3. EL ÁMBITO DE LA DEFENSA (1)
La Defensa Nacional abarca los espacios continentales; Islas Malvinas; Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, y otros de interés nacional, así como el sector Antártico Argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscriptos por la Nación.
Contempla también a los ciudadanos y bienes nacionales en terceros países, en aguas internacionales y espacio aéreo internacional.
Dentro de este contexto, el establecimiento de teatros de operaciones es una atribución legal del Presidente.
4. POLÍTICA DE DEFENSA Y POLÍTICA EXTERIOR
Ya se ha expresado al describir la situación nacional, que la Argentina constituye un caso paradigmático del contexto de los años noventa, en el que la institucionalidad democrática, la política económica y la política exterior se presentan íntimamente vinculadas.
La política de defensa, en su más alto grado de abstracción, se encuentra a su vez estrechamente imbricada en muchas cuestiones con la política exterior del país, a la cual contribuye permanentemente y en muchos casos materializa.
Esta asociación, en el alto nivel de la política nacional, se pone en evidencia continuamente. Ejemplos emblemáticos lo constituyen la participación de fuerzas argentinas en la coalición internacional de la Guerra del Golfo en 1991, bajo mandato de la ONU, como también la operación de reinstalación de la democracia en Haití.
Otra muestra la brinda la amplia participación de tropas y unidades argentinas en las operaciones de paz bajo auspicio internacional, actividades que representan, en la práctica, el compromiso de la política exterior argentina con los esfuerzos internacionales por la paz y la estabilidad.
La vinculación e integración regionales se vieron favorecidas, por el incremento de la confianza con los países vecinos, al que resultó instrumental el creciente intercambio e interrelación entre las respectivas áreas de defensa y militares.
Del mismo modo, es habitual la participación compartida, de funcionarios de defensa y diplomáticos -incluso a nivel de ambos ministros- en distintos foros regionales, continentales y en otras visitas internacionales, a la vez que existe también, un mecanismo interministerial formal, establecido desde 1995.
5. POLÍTICA DE DEFENSA Y POLÍTICA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL
Un campo particular en el cual se entrelazan íntimamente ambos sectores de acción de Gobierno, es el relativo a las cuestiones de Seguridad.
Este concepto abarca límites muy amplios, según puede apreciarse en la definición de las Naciones Unidas:
-Es la situación en la que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, presiones políticas, o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello libertad de acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso.
-Los Estados y la comunidad internacional en general, tienen diferentes bases en las que confían para su seguridad, y las políticas de seguridad son las medidas para promoverla .
-Los conceptos de seguridad comprenden y combinan diferentes elementos, como la capacidad militar, el poderío económico, el desarrollo social, el progreso de la ciencia y la tecnología, y la cooperación política mediante la diplomacia bilateral y multilateral.
Vemos así que entre todos los elementos vinculados al problema, lo militar se suma a la cooperación política y esta última se traduce en negociaciones y acuerdos que benefician a la seguridad del país y que representan bases de referencia para la Defensa, por implicar su participación en estas actividades o recibir su influencia.
La política de seguridad internacional argentina
Actualmente se materializa de modo múltiple, pero puede ser condensada como el apoyo a los siguientes criterios conceptuales
-Cooperación ("consultar")
-No proliferación QBN ("acordar")
-Control de armamentos ("informar y supervisar")
Estos conceptos se encuentran íntimamente relacionados entre sí, obedeciendo su separación al solo fin de una mas clara transmisión del compromiso argentino hacia la paz y la seguridad internacional y una mejor identificación de sus principales expresiones.
Así la Argentina acordó con el Brasil la apertura mutua de los respectivos programas nucleares, a través del Acuerdo de Guadalajara de 1991. Para su instrumentación, se creó la Agencia Brasileño-Argentina para la Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y se suscribió un Acuerdo de Salvaguardias amplias entre ambos países, la ABACC y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Estos acuerdos contribuyeron a consolidar la confianza, a dar seguridades a terceros y a la estabilidad regional y global.
Nuestro país adhirió al Tratado de Tlatelolco en 1994. Previamente y junto con Chile y el Brasil, se propusieron enmiendas a ese instrumento, que no afectaron su esencia, apuntando a que sus mecanismos de aplicación fueran más eficaces y menos costosos. Ellas fueron aprobadas y firmadas por los Estados Parte en 1992.
También se adhirió en 1995 al Tratado sobre la No Proliferación Nuclear (TNP), el cual compromete a no desarrollar ni construir armas nucleares.
Desde 1991, adhirió a las pautas y principios establecidos en el Régimen de Control de Tecnologías Misilísticas (MTCR), ingresando en 1993. Por este régimen, al que también adhiere el Brasil, el país se compromete a no desarrollar misiles de un alcance de más de 300 kilómetros y de un porte mayor de 500 kgs. de carga útil.
Nuestro país promovió la no proliferación de armas químicas y bacteriológicas en la región a través de la Declaración de Mendoza, suscripta en 1991 por la Argentina, el Brasil y Chile. Posteriormente adhirieron al compromiso Bolivia, el Ecuador, el Paraguay y el Uruguay.
A través de este instrumento, los países se comprometieron a no desarrollar, almacenar ni utilizar ese tipo de armas y ser parte originaria de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción.
La Argentina envía técnicos a cursos de entrenamiento para la preparación de nuestro inspectorado y participa en tareas de inspección química y biológica en el exterior bajo mandato de la ONU, por ejemplo en la Comisión Especial creada por su Consejo de Seguridad para monitorear la eliminación por parte de Irak, de armas de destrucción masiva y de misiles balísticos de largo alcance.
Además es miembro de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas con sede en La Haya, habiendo organizado el Ministerio de Defensa el Curso Regional de Acompañantes de Inspector. Sus diferentes partes curriculares se desarrollan en la Escuela de Defensa Nacional; el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA); la Fábrica Militar de explosivos Azul y el Arsenal Naval Azopardo.
En cuanto a la no proliferación biológica, la Argentina es parte de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su Destrucción (BWC), participando en todas las conferencias de revisión, apoyando el diseño de un régimen de verificación y siendo parte del Grupo Australiano que trata la materia de armamento químico y biológico, en cuanto a su control de transferencia.
El control de exportaciones sensitivas es un requisito esencial para el éxito de toda política de no proliferación de armas de destrucción en masa.
Con esta base se dictó el Decreto N° 603/92, por el cual se creó la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, integrada por funcionarios de los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Economía y técnicos de los organismos competentes: la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y CITEFA .
También se cumple regularmente con el Registro de Armas Convencionales de la ONU, contribuyéndose así a la promoción de la transparencia en cuestiones militares. Por eso el país apoya el establecimiento de un registro similar en el marco de la OEA, iniciativa incluida en el Plan de Acción de la II Cumbre de las Américas. La Argentina es de opinión que dicho registro debería ser aún más amplio y de carácter obligatorio.
La cooperación internacional de nuestro país se pone también de manifiesto en su participación en diversos mecanismos de consulta con diferentes países, compartidos entre los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores.
En síntesis, Política de Defensa y Política de Seguridad se entrelazan, contribuyendo al logro de los intereses legítimos de la Nación Argentina. Por otra parte, estas políticas, al contribuir a promover la paz, la seguridad internacional y la estabilidad en la región, también coadyuvan al avance de nuestros intereses.
CAPÍTULO VII: LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN
La política de Defensa expresada en términos generales, implica la protección de los intereses vitales de la Nación Argentina y la contribución desde su ámbito y dentro del marco legal nacional e internacional, al apoyo y desarrollo de los intereses estratégicos.
En particular y con relación al instrumento militar, esta política se sustenta en lograr consolidar e incrementar sus capacidades espirituales y materiales para que torne eficaz nuestra estrategia disuasiva y que, a su vez, coadyuve al mantenimiento de la paz y de la estabilidad internacional, en especial en nuestro continente.
Esta política se proyecta hacia ámbitos que le otorgan carácter tridimensional: el nacional, el regional y el internacional.
Nuestro país ejerce su derecho a organizar Fuerzas Armadas aptas para el ejercicio de la legítima defensa, contemplado expresamente en la carta de la ONU.
1. ATINENTES A LAS FUERZAS ARMADAS
La política principal dirigida hacia el ámbito nacional, apunta a la modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas, adaptándolas a las nuevas demandas que presenta el mundo de hoy, incluyendo la redefinición de las misiones militares y la potenciación de la acción conjunta.
Esta transformación no significa armamentismo, sino que su propósito es el de otorgarles viabilidad en el largo plazo, en cuanto a su personal, equipamiento y operatividad, acorde con las necesidades que imponen los intereses nacionales, y dentro de las posibilidades que ofrece la disponibilidad de recursos del país en el contexto general de demandas de la sociedad.
En términos sencillos, lo que se pretende es contar con Fuerzas Armadas con prestigio dentro de la sociedad que las nutre, que dispongan, además, de personal calificado y adiestrado y de equipamiento necesario para cumplir las misiones y funciones que se les asignen.
Esto implica que a su vez ese material pueda ser debidamente utilizado; con el mantenimiento apropiado; asistido por la logística necesaria y con adecuados niveles de actividad operativa.
Asimismo, su personal debe tener asegurado el pleno ejercicio de su profesión -lo cual incidirá decisivamente en su moral y motivación- tanto en lo que hace a su capacitación; a la práctica continua en los medios terrestres, navales y aéreos hacia los cuales los ha impulsado su vocación; con una retribución económica digna y acorde a las exigencias que la vida militar le impone y con la tranquilidad de disponer de un retiro asegurado al concluir la fase del servicio activo.
Durante buena parte de los últimos quince años, el área de Defensa y las Fuerzas Armadas efectuaron y continúan realizando importantes esfuerzos y ajustes para adaptarse a las nuevas realidades del país y del mundo.
Pero la consolidación de todos estos cambios con una perspectiva de mediano plazo, ha comenzado a lograrse a partir de la sanción por el Congreso Nacional, a principios de 1998, por unanimidad de todos los bloques parlamentarios, de la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas.
2. CON RESPECTO A LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR
La política nacional -con base constitucional, según se expresó- enfatiza su estrategia para el logro de la recuperación de la soberanía sobre esta parte del territorio nacional -insular y marítimo-, en los planos político y diplomático, estando excluida el uso de la fuerza.
La política de Defensa en esta área se basa en las medidas para fortalecer la confianza mutua, previstas por la «Declaración Conjunta de las Delegaciones de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte», adoptada en Madrid el 15 de febrero de 1990.
Las Rondas de Contactos Militares que se realizan con la contraparte británica, conducidas por funcionarios del Ministerio de Defensa, con la participación de oficiales del EMCFFAA y de las Fuerzas Armadas, y con apoyo diplomático, también contribuyen al objetivo de lograr la progresiva normalización de las relaciones militares.
En forma coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, también se contribuye a la preservación de los recursos renovables existentes en las aguas circundantes de las Islas, por medio de periódicas patrullas de control de pesca de unidades de la Armada y de otras instituciones y organismos del Estado Argentino.
El Gobierno argentino ha propuesto al Gobierno británico hacerse cargo de la remoción de las minas plantadas por las Fuerzas Armadas argentinas durante el conflicto de 1982. Este ofrecimiento continúa vigente y se ha ratificado, especialmente, en los foros internacionales pertinentes.
3. HACIA EL ÁMBITO SUBREGIONAL Y CONTINENTAL
La política de Defensa en el orden hemisférico se dirige básicamente a continuar contribuyendo intensamente en el fortalecimiento de la confianza, fundamentalmente en su vinculación con los países de la región.
Con respecto al "MERCOSUR Ampliado", -nuestra principal prioridad- la acción está dirigida a consolidar su flamante carácter de Zona de Paz, teniendo en cuenta el posible desarrollo futuro -en acuerdo con nuestros vecinos- de un sistema de seguridad común en base a una agenda de desafíos y oportunidades que puedan percibirse y consensuarse como compartidas.
Para ello se continuará participando, respaldando, cooperando y ejecutando, las acciones pertinentes en relación a los siguientes foros y actividades:
-Las reuniones a nivel de Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, tanto con Brasil como con Chile, siguiendo el impulso y el espíritu de los encuentros de «Tandil» (1996) e "Itapaiva" (1997) con el primero y de "Zapallar" (1996) y "Campo de Mayo" (1998) con el segundo.
-El Mecanismo de Consulta y Coordinación en Materia de Defensa y Seguridad Internacional establecido con el Brasil a partir del Memorándum de Entendimiento entre ambos gobiernos del 27 de abril de 1997, incluyendo la continuación de las Reuniones de Interconsulta militares, entre los Estados Mayores Conjunto y de las Fuerzas Armadas de ambos países respectivamente.
-El Comité Permanente de Seguridad Argentino-Chileno, creado a partir del Memorándum de Entendimiento de 1994 y las Reuniones de Interconsulta de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas de los dos países.
-La continuación de los ejercicios combinados con Brasil y con Uruguay -en ejecución desde antaño-, en busca de avanzar, entre otros aspectos, en la interoperatividad de las respectivas Fuerzas Armadas.
-La continuación de los ejercicios combinados con Chile, exitosamente iniciados en 1998, como contribución al continuo progreso de la confianza mutua.
-El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de Defensa y Seguridad Internacional con Bolivia, de 1996.
-El inicio de la negociación de un acuerdo de cooperación con la República Oriental del Uruguay
En cuanto al contexto continental, nuestra política tiene como guía:
-Las Reuniones de Ministros de Defensa de las Américas, dando continuidad a las esencias de Williamsburg (1995), al impulso de San Carlos de Bariloche (1996) y la consolidación lograda en Cartagena de Indias (1998).
-El Plan de Acción de la II Cumbre de las Américas en las cuestiones específicas de la seguridad y la defensa
-La aplicación práctica de las medidas de fomento de la confianza, según las recomendaciones de las Declaraciones de Santiago (1995) y de El Salvador (1998).
-El Grupo de Trabajo Bilateral con los EEUU, a nivel de Ministro y Secretario de Defensa respectivamente y sus equipos especializados de funcionarios y militares.
-Los Mecanismos de Consultas de Alto Nivel en cuestiones de seguridad, desarme y no proliferación que se mantienen con EEUU y Canadá.
-La participación en los ejercicios combinados UNITAS y similares
-El apoyo a las Conferencias Interamericanas de Ejércitos; Armadas y Fuerzas Aéreas, como verdaderas precursoras de la construcción de confianza en el continente, como así también a todos los demás intercambios militares históricos en el ámbito hemisférico, del EMCFFAA y de las Fuerzas Armadas argentinas.
4. EN EL PLANO INTERNACIONAL GENERAL
La República Argentina ha desarrollado, particularmente en los últimos años, una política de intenso involucramiento en el proceso de rediseño del contexto estratégico de seguridad internacional, mediante la participación de sus Fuerzas Armadas en operaciones de paz de diversa índole, como instrumentación de la contribución de la Defensa Nacional al interés estratégico y al valor que representa para nuestro país la preservación de la paz y la estabilidad internacionales.
La política argentina hacia las operaciones de paz
La participación argentina en estas operaciones no es nueva, ya que se remonta a las primeras establecidas en 1958 en el Medio Oriente por mandato de la ONU, misión que ininterrumpidamente han integrado tropas nacionales hasta la fecha.
En todas estas décadas, la presencia argentina en misiones de paz ha sido amplia, pero en los últimos años se ha multiplicado, de modo acorde con el dramático incremento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) que se desarrollan en el mundo, a partir del fin del paradigma de seguridad de la Guerra Fría.
Entre 1991 y 1995 nuestro país desplegó permanentemente un promedio anual de 1400 hombres y mujeres, cifra que actualmente asciende a cerca de 800, incluyendo miembros de las Fuerzas de Seguridad. Esta reducción sigue la curva de decrecimiento de la participación general en la ONU y obedece fundamentalmente a razones presupuestarias de los países contribuyentes.
Al respecto, es de señalar que la Argentina es uno de los países que está efectuando mayor esfuerzo en relación a su PBI, en este campo de la paz y estabilidad internacional. Hasta el presente más de 13.000 integrantes de las tres Fuerzas Armadas han participado en OMP.
Actualmente el país ocupa el séptimo lugar entre los países contribuyentes a las OMP de la ONU, y además de las tropas desplegadas en el terreno, la Argentina también tiene destacado personal militar jerarquizado en la sede de la ONU en Nueva York -Departamento Operaciones de Paz-.
En reconocimiento al esfuerzo y al compromiso del país, y a la idoneidad demostrada por los militares argentinos, la ONU ha colocado importantes misiones de paz al mando de nuestros oficiales. Es así que actualmente un general argentino se desempeña como Comandante de UNFICYP -Chipre-; en tanto que otro general ocupa el cargo de Segundo Comandante de UNIKOM -Kuwait-.
La Argentina participa asimismo de otros proyectos dirigidos a mejorar la capacidad de reacción de la ONU, como ser las "Stand By Forces"; el Comando General de Despligue Rápido y la Brigada Multinacional de Despliegue Rápido.
El Gráfico 7-1
indica el despliegue actual de efectivos argentinos en OMP en todo el mundo.
La especificidad de las OMP ha llevado a nuestro país a crear, en 1995, el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz -CAECOPAZ-
En este Centro se desarrollan todos los cursos teórico-prácticos afines a estas actividades, y han pasado por él, además de los hombres de nuestras tres Fuerzas Armadas, militares de Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, EEUU, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. Sus planes curriculares siguen la orientación del Departamento Operaciones de Paz de la ONU.
La trascendencia internacional del CAECOPAZ y de las OMP como materialización de esa imbricación ya mencionada entre nuestras políticas exterior y de defensa, también se manifiesta por integrar su Consejo Académico el Director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La actuación argentina en este campo no solo aumentó en cantidad, sino que también ha seguido al cambio cualitativo que sufrieron las OMP.
En efecto, en tanto que hasta 1988 predominaron las de "mandato clásico" (observadores de tregua y fuerzas de interposición), a partir de entonces se amplió polifuncionalmente su esfera de acción hacia actividades tales como protección de envíos de ayuda humanitaria; atención de víctimas; refugiados; desminado; supervisión de elecciones políticas; vigilancia de derechos humanos; reconstrucción de infraestructura, entre tantos otros.
Para la Argentina, las expresiones múltiples que han ido adquiriendo las OMP -desde las clásicas, a las coaliciones temporarias y a las Fuerzas Stand By- son piezas clave para enfrentar los cambiantes escenarios de conflicto que permanentemente se presentan.
Nuestra política enmarca a estas OMP en el campo de la cooperación y bajo un estricto criterio de legalidad, otorgado caso a caso por el auspicio internacional. Esto significa que la decisión política de participar en una OMP descansa en la evaluación de ciertas condiciones que deben estar presentes para hacer efectiva la contribución de las Fuerzas Armadas a la misión de paz. Entre ellas, que exista una amenaza real a la paz y a la seguridad internacionales; que el alcance de la misión y los objetivos propuestos sean claros; que respondan a un instrumento jurídico internacional y que las partes hayan aceptado o acordado la presencia de la misión de paz.
Y esto es así pues creemos que en el entredicho disuasión/guerra declarada, se va intercalando ese concepto de cooperación, para el cual las OMP resultan fuertemente instrumentales.
Esta política tiene en cuenta además el efecto de transferencia que tienen las OMP del campo técnico-militar al político-diplomático, pues su ejecución presenta dificultades inherentes al modelo (problemas de comando, de comunicaciones, logísticos, etc.) cuya solución exige de superaciones en la acción político-diplomática.
Así las OMP llevan a una sinergia continua en términos de cooperación: ésta requiere transparencia, la que a su vez genera confianza; la cual al contribuir a la estabilidad aporta significativamente a la seguridad y a la paz.
Consideramos que esta política nacional de participación en OMP, es una contribución importante a una nueva arquitectura de Seguridad Internacional, en un mundo de valores universalmente compartidos y con consenso sobre ciertos principios básicos.
La participación en el desminado humanitario
La firma de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción en Diciembre de 1997 significó, además de la finalización de un proceso, el inicio de otro cuya característica más importante es la aplicación de las disposiciones previstas en la Convención y la concreción del desminado en el mundo.
Nuestro país realiza una importante contribución en materia de Desminado Humanitario. La presencia argentina en este campo se fortalece a través de la participación de expertos militares en los Programas de Desminado en distintas partes del mundo, como por ejemplo, en Nicaragua, Angola y Kuwait, así como las actividades de entrenamiento y asesoramiento a Fuerzas Armadas extranjeras que se realizan en el CAECOPAZ y el involucramiento activo del Ministerio de Defensa en los foros pertinentes, lo que incluye un reciente acuerdo con la organización argentina de Cascos Blancos.
Una consecuencia: Gran Aliado Extra OTAN de los EE.UU.
El 26 de enero de 1998, al publicarse en el Federal Register de los EE.UU., se confirmó la designación de la Argentina como Gran Aliado Extra-OTAN de ese país. («Major Non Nato Allied»)
Esta designación no significa la suscripción formal de una alianza ofensiva-defensiva. La denominación "Gran Aliado Extra-OTAN" (GAEO) es el nombre elegido por los legisladores estadounidenses para conceder a algunos países, con los que tienen una estrecha relación, una serie de beneficios que normalmente están reservados a sus aliados de la OTAN.
Hasta el presente -además de nuestro país- están incluidos en esta lista: Australia, Nueva Zelanda, Israel, Egipto, Jordania, Corea del Sur y Japón.
Esta designación constituye un reconocimiento de los EE.UU. al excelente nivel de las relaciones con la Argentina y es testimonio del afianzamiento de la democracia, de nuestra política de defensa en favor de la paz y de la seguridad internacionales, y de nuestro apoyo al libre comercio internacional.
El reconocimiento es mucho más que un mero símbolo: es una muestra de confianza en la relación que existe entre ambos países.
La designación como GAEO distingue a la Argentina de otros países en el mundo al incorporarla en una categoría que incluye sólo a otras siete naciones no miembros de la OTAN, siendo el primer país latinoamericano que se incorpora a esta categoría.
La designación no está ligada a la relación que los EE.UU. o la Argentina tienen con otros países de la región. La Argentina no se convierte en un aliado militar de los EE.UU. para enfrentar amenazas comunes que puedan provenir de países vecinos al nuestro y, por otra parte, nuestro país ha señalado que no tendría objeción alguna en que esta designación se extendiese a otros países de la región.
Esta designación, precisamente, no genera obligaciones formales para la Argentina: al no constituir una alianza, no crea un mecanismo de concertación de políticas y no significa un alineamiento automático de nuestro país con las posiciones de los EE.UU.
Otras proyecciones bilaterales
Nuestra política de Defensa también se extiende a otros ámbitos del plano internacional.
De este modo, se encuentra vigente desde 1992 el Convenio de Cooperación en Materia de Defensa con Italia, desarrollándose actualmente un proceso de conversaciones para implementarlo a nivel de vinculaciones de carácter militar.
De igual manera, se continuará implementando, a través de diferentes intercambios, el Acuerdo en Materia de Organización de Defensa con España, firmado en 1992.
Por otra parte, a partir del Acuerdo sobre Visitas de Información y Trabajo con Alemania de 1994, se continúa impulsando y profundizando las reuniones anuales de la Ronda de Contactos Militares y Técnicos Argentino-Alemán.
Asimismo, se aplicará lo convenido en el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en Materia de Defensa con Ucrania, el cual data de 1998.
También dentro de este contexto de proyecciones internacionales, se implementará el Acuerdo Relativo a la Cooperación en el Ámbito de la Defensa con Francia, de 1998, a través de la Comisión Mixta creada por dicho instrumento, una vez que se produzca la comunicación mutua de su ratificación.
A estas vinculaciones formalizadas, se le suman la profundización de las relaciones a nivel ministerial establecidas con diversos países. También se mantendrá el apoyo a todos los intercambios militares que, históricamente, mantienen tanto el EMCFFAA como nuestras Fuerzas Armadas, en todo el mundo.
5. EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Hemos expresado que la afectación del medio ambiente se presenta como uno de los nuevos problemas que contiene la agenda internacional.
Si bien la cuestión ambiental hace a cada uno de los sectores de la sociedad -y en este sentido es muy valioso el aporte de las Organizaciones No Gubernamentales-, es el Estado la única entidad política de la comunidad mundial que puede garantizar de forma efectiva la instrumentación de acciones eficaces. Así lo ha señalado en su Carta a la Tierra el Programa para la Paz de la ONU.
Es por ello que, a nivel nacional, la Argentina ha definido su política y desarrolla la instrumentación de estrategias dirigidas a lograr un desarrollo sostenible, lo que implica una especial consideración a la preservación del medio ambiente.
Con tal propósito, en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se introdujo el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y su deber de preservarlo. También se incluyó la obligación de recomponer el daño ambiental. Estas disposiciones constitucionales están complementadas por todo un cuerpo de leyes y códigos y también por el conjunto de tratados internacionales sobre la materia con los que nuestro país se ha comprometido.
La cuestión del medio ambiente incide también en la jurisdicción de la Defensa, como lo demuestra la inclusión de un capítulo sobre "Apoyo de las Fuerzas Armadas a la preservación del Medio Ambiente" en la agenda de la II Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas de Bariloche.
En el campo específico de la Defensa, esta política ha sido tenida en cuenta a la hora de redefinir las misiones militares.
Sin embargo, esta nueva misión no implica que la legítima preocupación por la afectación del medio ambiente del propio territorio, como consecuencia de acciones que tienen lugar en el territorio de un tercero, deba ser enfrentada automáticamente con el instrumento militar, porque serán los mecanismos políticos, institucionales y diplomáticos los que actuarán primariamente en esas circunstancias.
La preservación de la biodiversidad en relación a las actividades de defensa y del adiestramiento militar; del medio marino por la eventual contaminación proveniente de buques de guerra; de la atmósfera por el ruido y las emisiones de gases de aeronaves militares; del suelo por las operaciones terrestres, son algunos ejemplos claros que ayudan a definir la relación entre defensa y medio ambiente.
En este sentido, la Argentina tiene en cuenta el Convenio sobre la prohibición del uso militar u otra forma hostil de técnicas de modificación ambiental, adoptado en 1977 en el marco de la ONU.
En síntesis, la política ambiental que desarrollará la Comisión de Medio Ambiente del Ministerio de Defensa, con participación de las Fuerzas Armadas y organismos de la jurisdicción, se dirige conceptualmente en dos sentidos: "hacia adentro" de las instituciones militares, y "hacia afuera" de ellas.
Conducción ambientalmente responsable de las actividades militares
Este criterio refleja la primera de las direcciones mencionadas, e involucra los siguientes cuatro pasos que configuran una suerte de doctrina internacional en la materia, y que nuestro país adopta para sus Fuerzas Armadas.
-Cumplimiento estricto de la normativa, ya sea de la nacional, como de los instrumentos internacionales de los que nuestro país sea parte, en particular con atención a las consecuencias transnacionales que, en ciertos casos, tiene el daño ambiental.
-Enfoque precautorio, que implica la consideración previa del eventual impacto ambiental de las actividades militares.
-Prevención de la contaminación, con relación a la ejecución de las operaciones militares, aspecto que incluye, además del "comportamiento" durante su desarrollo, todo lo relativo a las consideraciones ambientales en los procesos de adquisición de equipos y armas, y en su operación.
-Restauración, a la condición previa luego de la realización de una actividad militar.
Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta tanto en el interior de las guarniciones y asentamientos bajo responsabilidad militar, como cuando las fuerzas salen a operar afuera de ellos.
El éxito en el logro de estos objetivos demandará un esfuerzo arduo a largo plazo, y para ello la educación y entrenamiento resultan esenciales. Es por eso que, -del mismo modo que en los demás sectores de la sociedad-, las Fuerzas Armadas están incorporando en la formación y capacitación de su personal los requisitos académicos y no académicos indispensables para adquirir los valores, la conciencia, actitudes, técnicas y comportamientos ambientales necesarios.
Cooperación nacional e internacional
Este es el campo de acción de la segunda de las direcciones indicadas de la política ambiental de Defensa.
Las capacidades de equipamiento y logísticas de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su misión principal y su despliegue permanente, las hacen también muy aptas -bajo un concepto de utilidad dual- para cooperar con las autoridades civiles pertinentes, tanto en situaciones de catástrofes naturales como en la prevención y recuperación del medio ambiente.
Sobre esta base, las Fuerzas Armadas han establecido diversos convenios de cooperación con la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación; con autoridades provinciales, municipales y con organizaciones no gubernamentales. Estos acuerdos abarcan una gran variedad de temas ambientales, como el apoyo al saneamiento hídrico; protección de Parques Nacionales; promoción de la conciencia ambiental; traslado de depósitos de basura; apoyo a la lucha contra el fuego; forestación; prevención de la contaminación de aguas y costas; y actividades de docencia, entre muchos otros.
También se mantiene una constante interrelación del Ministerio de Defensa con el Ministerio del Interior en cuanto al apoyo que brindan las Fuerzas Armadas en caso de desastres naturales.
La cooperación se extiende al ámbito internacional, en cuestiones tales como la capa de ozono; los gases de efecto invernadero y las áreas marinas ecológicamente sensibles, entre otros.
CAPÍTULO VIII: MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN
La reestructuración de las Fuerzas Armadas en el marco de la política de Defensa Nacional, requiere de herramientas idóneas para su formulación. Para la elaboración de los proyectos pertinentes de las diferentes áreas contempladas en la Ley N° 24.948, se consideró necesario la participación de diversos sectores que integran la Defensa Nacional.
A estos efectos, se creó por Resolución Ministerial N° 440/98 el Sistema de Reestructuración Militar, según el esquema de la Figura 8 - 1.
Los Grupos de Trabajo desarrollan sus actividades en consonancia con los plazos otorgados por la ley mencionada.
1. FINALIDADES DE LA REFORMA
La transformación pretende asegurar fundamentalmente:
-Cuadros de personal de todos los niveles jerárquicos, motivados vocacionalmente, con prestigio ante la sociedad y de alta capacitación profesional teórica y fundamentalmente práctica, en operaciones específicas, conjuntas y combinadas;
-Unidades operativas, reducidas en su cantidad, pero eficientemente sostenidas logísticamente, en aptitud de desarrollar operaciones reales prolongadas, que permitan acciones en las distintas especialidades y ámbitos geográficos;
-Comandos y estados mayores capacitados y entrenados permanentemente para conducir operaciones, realizar estudios, planeamientos y apoyo a la conducción en los niveles de estrategia militar, estrategia operacional y de táctica superior;
-Priorizar la acción conjunta y la integración operativa de nuestras Fuerzas Armadas, evitando la duplicación de esfuerzos.
-Previsiones políticas, estratégicas, logísticas y de movilización que permitan, ante situaciones de conflicto, incrementar en plazos cortos las capacidades operativas.
-Afectaciones presupuestarias que permitan satisfacer las exigencias antes descriptas, tendiendo a eliminar gastos o erogaciones que no contribuyan en forma directa a ellas.
-La jerarquización del personal militar a través de remuneraciones adecuadas a la responsabilidad de la función, incrementando simultáneamente las exigencias de dedicación total al servicio y de capacitación para su prestación.
Características perseguidas en el Instrumento Militar
Para alcanzar las exigencias de la reestructuración, el Instrumento Militar deberá:
-Ser polivalente, versátil, tecnológicamente desarrollado y con capacidad de evolución permanente.
-Poseer sistemas de comando, control, comunicaciones, inteligencia e informática, de sostén logístico y doctrina de empleo, que aseguren el accionar específico y faciliten la interoperabilidad necesaria, para el accionar conjunto y combinado.
-Poseer una estructura flexible y una dimensión acorde con los intereses a proteger, las misiones a cumplir, los espacios en que debe actuar, los tiempos de alistamiento y empleo que se le exijan y la capacidad económica y tecnológica para mantenerlo.
-Disponer de una adecuada capacidad de proyección estratégica y estar dotado de alta movilidad.
2. ÁREAS PARTICULARES
De organización.
La organización se articulará en función de áreas estratégicas, cada una a cargo de un comando conjunto, los cuales tendrán las tareas de realizar estudios y previsiones de carácter estratégico operacional y de elaborar las doctrinas de empleo aptas para sus ámbitos estratégicos.
Además, se suprimirán los comandos intermedios carentes de finalidad práctica y se reducirán al mínimo las estructuras administrativas y burocráticas.
Asimismo, se dará prioridad a la constitución de agrupaciones de armas combinadas o de fuerzas de tareas por sobre las unidades de carácter puro.
Estos criterios no excluyen la formación de otros comandos estratégicos operacionales, específicos, conjuntos o combinados, o comandos territoriales, según las disposiciones de la Ley de Defensa Nacional.
De despliegue e infraestructura.
Se tenderá, en los lugares que sea posible, al agrupamiento de unidades en áreas geográficas determinadas. Las Fuerzas Armadas compartirán el uso de instalaciones y facilidades, para un mejor aprovechamiento de las capacidades instaladas y disminución de los costos de infraestructura y servicios.
Para decidir el despliegue, se considerará la extensión geográfica del país tanto continental, como de sus costas y espacios marítimos, y fluviales; la baja densidad poblacional en zonas apartadas, y las características insulares de ciertas áreas.
Se tendrá en cuenta la concentración de unidades en menor número de bases, las que serán complementadas con otras a instalar en caso de necesidad, por lo que se dará prioridad a la capacidad de redespliegue rápido.
Con respecto a las unidades de las tres Fuerzas Armadas que integren cada comando estratégico operacional, se promoverá su concentración en zonas contiguas.
De la estructura de personal.
Las estructuras de dichas cantidades de efectivos serán especificadas por jerarquías, asegurando una correcta proporción entre el personal del cuerpo de comando y del cuerpo profesional (ingenieros, médicos, etc.), reduciendo al mínimo este último.
Como criterio de incorporación de cuerpo profesional, se privilegiará su reclutamiento entre los egresados del Sistema Educativo Nacional general, evitando el costo de capacitar tales profesionales en el Sistema Educativo Militar.
La aprobación de las cantidades de efectivos militares de las Fuerzas Armadas en sus distintas situaciones de revista, así como de las dotaciones de personal civil, con sus estructuras orgánicas y presupuestarias diferenciadas, es una facultad legislativa del Congreso Nacional.
Los efectivos de las Fuerzas Armadas se constituirán con las siguientes categorías:
-Personal en actividad con dedicación permanente: Según lo definido por la Ley nº 19.101.
-Personal en actividad que se incorpore por períodos determinados: Aquél que adquiere su estado militar dentro de una Fuerza Armada, por un período expresamente previsto, para apoyar o completar sus cuadros permanentes. Su estado militar cesará automáticamente al final de dicho período o por causales determinadas. También incluye al personal de tropa voluntaria, definido por la Ley N° 24.429.
-Personal de las reservas: según lo definido por la Ley N° 19.101.
La cantidad de efectivos en cada una de las situaciones de revista, será determinado por el Planeamiento Militar Conjunto, privilegiándose el concepto de calidad por sobre el de cantidad.
De formación del personal.
El objetivo fundamental es la permanente búsqueda de la excelencia.
Se adecuará la educación en las Fuerzas Armadas en consonancia con la estructura educativa nacional, en busca de un mutuo aprovechamiento de las capacidades disponibles, eliminando superposiciones y procurando una mejor inserción de sus integrantes en el medio cultural educativo general.
De ascensos del personal.
El objetivo de la política en este aspecto es el de contribuir a la excelencia mencionada, involucrando a las siguientes medidas; además de las condiciones que fija la Ley N° 19.101:
-Aplicación del concepto de promoción por selección y vacante.
-Vinculado a lo anterior, prolongar el período en actividad de los efectivos, procurando el aprovechamiento más intensivo en el tiempo de la experiencia adquirida, tratando además colateralmente la mejor relación costo-beneficio de la formación del personal militar.
Inclusión de nuevos requisitos de educación previa:
-Para el ascenso a Oficial Superior (coronel y equivalentes): una formación de grado universitario, para aquellos que hayan egresado de los institutos de formación a partir del año 1992.
-Para el ascenso a Suboficial Superior: el título de bachiller de escuela secundaria o equivalente.
Estos requisitos serán exigibles a partir del año 2005.
De personal civil.
En las estructuras administrativas de las Fuerzas Armadas se podrá reemplazar personal militar por personal civil, de modo de lograr un mejor aprovechamiento en el campo operativo del costo de formación del primero y haciendo más concentrado el ejercicio de la profesión militar propiamente dicha.
Este reemplazo se efectuará previa autorización del Ministerio de Defensa.
El intercambio no deberá superar la cantidad total de efectivos y cargos militares y civiles establecidos por el Congreso Nacional para cada Fuerza, ni deberá implicar un aumento en los gastos en personal.
De salarios.
El criterio de las remuneraciones del personal militar será el de equidad respecto a otros sectores de la Administración Pública Nacional, a través de un criterio de vinculación jerárquica con dichos sectores.
Para ello, se asignará a la progresiva recomposición salarial la totalidad de las economías de carácter definitivo que se logren en cada ejercicio fiscal, por medidas de racionalización de personal, complementariamente a los recursos que se destinen a ella, supeditados a la asignación de financiamiento.
De retiros y pensiones militares.
Se transformará el sistema actualmente vigente, de modo tal que le permita funcionar por reparto y capitalización, facilitándose tanto operar con el sistema nacional como también la transferencia de beneficiarios.
De equipamiento para la defensa.
Las prioridades con respecto a la asignación de recursos en este rubro serán:
-En primera instancia, recuperar el material fuera de servicio (incluyendo su ciclo logístico), cuando ello resulte factible y aceptable, siempre que luego mantenga la aptitud para responder a las capacidades operativas a retener.
-En segundo término, modernizar el material disponible, en los casos que resulte apto, factible y aceptable para satisfacer las capacidades operativas previstas.
Como última opción: incorporar nuevo material. Al decidirse la incorporación de nuevos equipos se deberán priorizar:
-Los que potencien la capacidad disuasiva.
-Los que favorezcan la normalización con los ya existentes, a nivel conjunto.
-Los que aporten nuevos desarrollos tecnológicos.
En esta opción, se privilegiará además la incorporación de sistemas de armas que incluyan la transferencia de la tecnología involucrada y el equipamiento necesario para el adiestramiento operativo en simuladores.
La aptitud y aceptabilidad del equipamiento deberá efectuarse de acuerdo con planeamiento militar conjunto.
A estos efectos se ha dispuesto la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento del Equipamiento para la Defensa, en el ámbito del Ministerio de Defensa.
A partir de las prioridades que establece esta política de reequipamiento, se pone en evidencia que ésta excluye todo criterio que pueda interpretarse como de incremento armamentístico que se aparte de la situación regional y mundial, y de las demás necesidades del país.
En síntesis, el criterio de equipamiento de las Fuerzas Armadas es el que mejor contribuya -dentro de límites racionales- a las capacidades operativas para el logro conjunto de los objetivos de la Defensa Nacional.
De logística y producción para la Defensa.
Por intermedio de la Junta Superior Logística (la que se refiere en el Capítulo XVII), se propenderá a la racionalización, sistematización, normalización y catalogación de los materiales de las tres Fuerzas Armadas como así también de las funciones logísticas.
En lo referente a la producción para la Defensa, se estimularán el interés y la intervención privados, impulsándose en forma decidida la investigación de tecnologías duales que sirvan para la Defensa, además de su aplicación civil, procurándose la asociación con otros países a estos fines.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa estudia para implementar las acciones que permitan mantener y adquirir aquellas capacidades logísticas indispensables que, por su difícil obtención en períodos de crisis, resulta conveniente asegurar en forma permanente en el país.
De presupuestación y control de gestión.
Este configura un aspecto fundamental para una correcta conducción de la Defensa, según los criterios y mecanismos que se desarrollan en la Parte V y también para una asignación del gasto más racional.
Como contribución a una mayor eficiencia en estos aspectos, las políticas apuntan a:
-Potenciar el uso de medios informáticos compatibles e interoperables entre las tres Fuerzas Armadas, el EMCFFAA y el Ministerio de Defensa.
-Implementar definitivamente el Sistema de Planeamiento, Programación y Presupuesto (S3P), con sostén informático que responda a las exigencias arriba establecidas.
3. MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS
En el marco de la ley N° 23.696 de Reforma del Estado, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto N° 558/96, estableciendo en relación a la jurisdicción de Defensa la necesidad de elaborar proyectos de modernización de los sistemas de administración de personal, de contabilidad, de presupuesto, de atención sanitaria, de funciones logística y servicios educativos de las Fuerzas Armadas.
A partir de esta directiva, el Ministro de Defensa aprobó por Resolución N° 324/96 -previo estudio profesional por las Fuerzas Armadas -, una serie de medidas de racionalización, con el objetivo de dirigir el ahorro en las erogaciones así logrado, a mejorar el nivel de inversión y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas.
Mediante estas medidas, y con el aditamento de otras acciones de optimización del gasto, concebidas y aplicadas internamente por las Fuerzas a partir de criterios generales impartidos por el Ministerio de Defensa, se logró una mejora en la actividad operativa, según se refleja en la Tabla 8-2.
Tabla 8-2
En función del incremento en:
(1) días de ejercicio en el terrreno con tropas
(2) días de operación en el mar
(3) horas de vuelo
(4) días de campaña
Las principales medidas estuvieron orientadas hacia las siguientes áreas:
Logística
Área de Sanidad
-Organización de centros conjuntos de atención médica en guarniciones con efectivos de más de una Fuerza.
-Centralización de diferentes servicios de alta complejidad y patologías crónicas en el Hospital Central de una sola de las Fuerzas, según sus antecedentes e infraestructura.
-Unificación de las prestaciones complementarias en materia de asistencia sanitaria.
-Unificación de las fracciones de sanidad orgánica de los elementos operacionales del Ejército Argentino.
-Desactivación del Hospital Naval Río Santiago.
-Reducción del número de enfermerías de primer nivel y de los pañoles de sanidad en combate de la Armada Argentina.
-Creación de la libreta sanitaria computarizada.
Área de Personal
-Compatibilización de los sistemas informáticos de personal, con cabeza en el Ministerio de Defensa.
Area de Abastecimiento
-Unificación de insumos de uso común y organización de una comisión conjunta para la coordinación de los requerimientos. Estas tareas han sido asumidas actualmente por la Junta Superior Logística.
Área de Mantenimiento
-Utilización conjunta de las capacidades instaladas de los talleres y arsenales de cada Fuerza, por área geográfica.
Área de Investigación y Desarrollo
-Promoción del incremento y complementación de las capacidades tecnológicas de cada Fuerza y coordinación de los proyectos de investigación y desarrollo de cada una de ellas.
Área de Infraestructura
-Traslado del Ministerio de Defensa y el EMCFFAA al Edificio "Libertador", sede del Estado Mayor General del Ejército
-Venta del edificio que ocupaban ambos organismos.
Operaciones
Área Instrucción y Adiestramiento Conjunto
Unificación de la formación de aptitudes especiales del siguiente modo:
-Buzos: etapa común en la Armada.
-Instructores de buceo: en la Armada
-Comandos: etapa común en el Ejército
-Paracaidismo: en el Ejército
-Antártida: etapa común "roca - hielo" en el Ejército.
-Instructor de Comandos, Paracaidismo, Monte y Montaña: en el Ejército.
-Orientación para Agregados Militares: etapa común en el EMCFFAA.
Específicas para el Ejército
Disolución de las siguientes organizaciones:
-Siete guarniciones militares (Las Lajas, Catamarca, Guadalupe, Santo Tomé Corrientes, San Nicolás, La Paz y Tucumán).
-Dos secciones de inteligencia.
-Los Hospitales Militares de Tucumán y Corrientes.
-Sesenta y ocho servicios de finanzas, centralizando y fusionando funciones.
-Fusión en una sola de las unidades de Santo Tomé, en la Provincia de Santa Fé. Cierre gradual o traspaso del Instituto Social Militar "Damaso Centeno"
Específicas para la Armada
-Traslado de los Comandos de Operaciones Navales; de Aviación Naval y de Infantería de Marina de Buenos Aires a la Base Naval Puerto Belgrano.
-Disolución del Liceo Naval Militar "Dr. Francisco de Gurruchaga".
Específicas para la Fuerza Aérea
-Modificación del nivel orgánico de la X Brigada Aérea, transformándola en Base Aérea.
-Disolución del Escuadrón Aéreo de la X Brigada Aérea transfiriendo el material aéreo a la VI Brigada Aérea y el resto al Area Material "Río Cuarto" para su preservación.
-Reducción del nivel orgánico del Destacamento Aeronáutico Chamical a Escuadrón de Apoyo Operativo.
(1) Según el Art. 5º de la Ley de Defensa Nacional
