Una política integral de Seguridad: Inclusión y atención para las poblaciones indígenas y rurales
Ivette Castañeda García
Agosto 2006
La llegada de una nueva administración a la cartera de Defensa en el Perú y la declarada voluntad de sus nuevas autoridades por fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas llama la atención sobre la necesidad de analizar en la región la relación de estas instituciones con la sociedad y la legitimidad que alcanzan frente a ella. En ese sentido, el programa "Igualdad de Oportunidades para indígenas y originarios" en Bolivia logró que miembros de los grupos étnicos excluidos fueran incorporados en uno de los sectores más duros del Estado, las Fuerzas Armadas. Veinte hombres y cinco mujeres indígenas fueron alistados en el Colegio Militar en La Paz en un hecho sin precedentes en la historia castrense de Bolivia y durante una ceremonia a la que asistió el presidente Evo Morales, para quien esta es una señal positiva de la voluntad política de las instituciones castrenses bolivianas por adecuarse a un proceso de cambio impulsado desde el poder político.
Esta parecería, en líneas generales, una medida adecuada a implementarse en los vecinos de la región andina tomando en cuenta de un lado, que las poblaciones altoandinas y nativas son los grupos más relegados por el Estado y de otro, que la necesidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas de relegitimarse frente a sus sociedades. Sin embargo, además de los cuestionamientos básicos sobre si los institutos castrenses -jerárquicos, profundamente homogéneos y estructuralmente alejados al resto de la sociedad- están preparados para lidiar con la pluriculturalidad y promover la tolerancia que exige este cambio en su composición, sería importante señalar que esta medida debe ser parte no sólo de una política de inclusión indígena a través de las Fuerzas Armadas, sino también de otra referida a la atención de las demandas de seguridad de sectores indígenas y campesinos. Es decir, requerimos preguntarnos ¿qué amenazas existen en las comunidades indígenas de los países de la región? ¿en qué se diferencia el tratamiento de la seguridad indígena frecuentemente rural del de la población urbana?. Necesitamos pues comenzar a vislumbrar cuales son las amenazas a la seguridad que se desarrollan en las comunidades indígenas.
En el caso peruano, por un lado, no se contempla ni cuotas ni otro mecanismo de acceso en ningún marco normativo institucional o legal y, por otro, tampoco existen lineamientos en la política de defensa y seguridad donde las problemáticas de seguridad de las comunidades originarias sean mínimamente avistadas. Desde hace buen tiempo se vienen experimentando altos niveles de tensión y conflictividad social en el interior, sobretodo en zonas rurales donde existe población indígena y campesina desatendida por el Estado. Pese a las continuas alertas de conflictividad social que presenta el interior del Perú, no parece haber suficiente interés ni claridad por parte del poder político sobre como abordar las diversas problemáticas locales.
La indiferencia política resulta reprochable después que el pasado conflicto armado dejara descubierta la débil relación entre el Estado y las poblaciones originarias. Durante esos años, las zonas altoandinas y las de la selva central fueron escenarios de una cruenta guerra interna, donde las que más perdieron fueron las comunidades. Desde la guerra hasta la fecha poco ha cambiado en las condiciones institucionales de estos escenarios, la ausencia estatal, la precariedad institucional y la incapacidad de las autoridades para garantizar el orden son una constante, mientras los conflictos y las amenazas a la seguridad en las zonas altoandinas y selváticas son otras.
Los graves problemas de seguridad en el interior del país no sólo no cuentan con la debida atención por parte de los sectores públicos llamados a tratarlos, peor aún es que, en muchos casos, éstos problemas sean resueltos bajo la fuerza de actores privados, contraviniendo los marcos normativos más esenciales y cualquier parámetro de seguridad ciudadana. Como respondiendo a la falta de institucionalidad para asegurar el orden y resolver las tensiones locales, han surgido grupos privados que acuden a la fuerza y las armas. Sólo en los últimos tres años se han intensificado los conflictos entre empresas mineras o petroleras y comunidades campesinas, o entre campesinos cocaleros y autoridades (1). Marchas, "plantones", huelgas, obstrucción de carreteras, toma de locales, etc., son las expresiones más conocidas de estos conflictos. Alguna de las respuestas de las empresas extractivas ha sido generar sus propios mecanismos de seguridad en escenarios que acusan una gran ausencia estatal. Recién en el último año estos hechos se hacen visibles para algunas de las autoridades que imparten justicia, esto es, con las recientes denuncias de homicidios de comuneros, la incautación de armas y municiones de uso militar en los almacenes de una empresa minera, la contratación de reservistas del Ejército por parte de otra para contrarrestar las protestas sociales, o, por el lado de los comuneros, la violencia de los reclamos y la participación y apoyo de las Rondas Campesinas (2).
Estos y otros conflictos locales atraviesan a las comunidades rurales, alcanzando altos niveles de violencia y sin tratamiento serio por parte del Estado. Aún no queda claro qué deben hacer el sector defensa y el del interior. La respuesta es compleja tomando en cuenta que es el Ejército el que tiene más recursos, alcance y presencia en las zonas rurales pero es la Policía Nacional la que debe atender la seguridad de pobladores, empresas y cualquier otro actor local en el orden interno. A la poca claridad en el asunto colabora lo que en las nuevas doctrinas de seguridad se conoce como "nuevas amenazas" (narcotráfico, terrorismo, contrabando de recursos naturales, crimen organizado, etc.), muchas de las cuáles tienen sus escenarios originales en el ámbito rural, tradicionalmente objeto de misionamiento militar, no policial.
Habíamos comenzado estas líneas saludando el primer paso boliviano en el proceso de inclusión de indígenas como funcionarios públicos del sector defensa, pero debemos terminar afirmando que más allá de ésta medida aparentemente pertinente para la perspectiva de seguridad en la región andina, es urgente poner atención a otro aspecto en la inclusión de las problemáticas indígenas en una visión integral de seguridad: la vigilancia y el tratamiento serio de las conflictividades internas. Al exponer un ejemplo en el caso peruano proponemos motivar un análisis similar en otros países de composición poblacional indígena ¿cuáles son las necesidades de seguridad de estas poblaciones en la región? ¿Qué mecanismos de regulación del conflicto y de garantías de seguridad debe ofrecer el Estado para ellos?
[1] Para mayor detalle revisar Cronologías de Protestas Sociales del boletín Construyendo Democracia del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO. http//:www.desco.org.pe y los Reportes de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo peruana http://www.ombudsman.gob.pe
[2] Organizaciones armadas de pobladores conformadas en los años ochenta para proporcionar seguridad a las comunidades contra los robos de ganado y legitimadas, en muchos casos, para impartir justicia y resolver conflictos al interior de las comunidades.
Fuente:
Artículo publicado en el Boletín En la Mira, Instituto de Defensa Legal, Julio-Agosto 2006, Nº 36.