Comités de Autodefensa en el periodo post violencia política
Ivette Castañeda García
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – Desco
Las comunidades campesinas del centro y sur del Perú, históricamente las más pobres y excluidas, fueron convulsionadas desde fines de los 70s con el surgimiento del grupo subversivo Sendero Luminoso (SL) y una cruenta guerra interna. Como resultado de un lado, de iniciativas campesinas y por otro, de una política especial de defensa; se formaron las Rondas Campesinas Anti-subversivas o Comités de Autodefensa (CAD). En la mayoría de casos, surgieron como respuesta ante los daños que SL produjo en las comunidades y la ausencia de las autoridades e instancias estatales a las cuales acudir. Muchas comunidades de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno -casos representativos de la crítica situación social y económica de las zonas centro y sur del país- fueron escenarios del surgimiento de los Comités de Autodefensa, inicialmente armados de forma precaria pero con una base social sólida y además, conforman hasta hoy un contexto regional que encierra múltiples conflictos sociales. Este es un dato sumamente importante para comprender las actuales problemáticas regionales y nacionales, que no están siendo tomado en cuenta con la profundidad y seriedad que merecen.
Hoy, en un periodo de paz y de estabilidad política es primordial hacer preguntas sobre los futuros papeles existentes para estas organizaciones que continúan siendo ejes en la seguridad y la vida política de las comunidades. Consideramos que no hacerlo sería irresponsable y en este artículo, pretendemos vislumbrar brevemente porqué. Una forma es a través del análisis de los elementos que hicieron de ellas un actor fundamental en la lucha antisubversiva. Otra forma, es planteando posibles escenarios futuros, escenarios que nos exijan evaluar el papel de los campesinos organizados en las regiones más pobres del país y con conflictos sociales y políticos latentes. En todo caso, empecemos por recordar como surgen estos grupos de civiles armados.
En tanto en los primeros años de la guerra, los campesinos fueron considerados potenciales senderistas desde la perspectiva militar, los primeros CAD, sin mayor conocimiento de las tácticas y estrategias de guerra, representaron una verdadera contradicción para las fuerzas armadas. Si bien inicialmente éstas expresaron su desconfianza ante ellos, más tarde concluyeron que serian un instrumento eficaz para derrotar militarmente a SL, esto sin abandonar la lógica propia de los modelos antisubversivos: “ganar a la población” para surtirse de información y debilitar a los alzados en armas. En ningún momento las fuerzas armadas dilucidaron a estas organizaciones sociales como más que un instrumento de defensa en un contexto crítico.
Durante el ciclo de violencia política entre 1980 y 2000, se convirtieron en el mecanismo más efectivo para resistir y derrotar a SL, pasando de ser grupos completamente ajenos a la institucionalidad estatal, a ser organizaciones sociales reconocidas por el Estado a través de sus fuerzas armadas. De esta manera el decreto DL Nº 741 del 11 de Agosto del año 1991, reconoce a los Comités de Autodefensa como organizaciones de la población ubicadas en comunidades o zonas declaradas en Estado de Excepción para desarrollar actividades de Autodefensa y Desarrollo y el decreto presentado el año siguiente, DS 077-DE-92 del 19 de octubre del año 1992, aprueba el Reglamento de organización y funciones de los Comités de Autodefensa y Desarrollo así como autoriza al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para dictar disposiciones que resulten necesarias para su aplicación.[1] Para el año 1993, el “éxito” de los Comités de Autodefensa era más que notable por su satisfactoria respuesta a las necesidades de seguridad de las comunidades, y también por su protagonismo en la organización política de las localidades. El siguiente cuadro muestra la distribución e importancia numérica de estos grupos:[2]
Aunque al finalizar la guerra se esperaba que el número de estos grupos armados disminuiría, las CADs se han incrementado notablemente en el periodo de paz, pasando de ser 4205 a más de 7000 grupos según uno los registros más recientes presentados por el Ejército del Perú. El siguiente cuadro muestra la distribución de los CADs reconocidos esta vez, según Regiones Militares:[3]
REGIONES MILITARES
CAD RECONOCIDOS HASTA LA FECHA
Región Militar Norte
2,105
Región Militar Centro
4,432
Región Militar Sur
636
Región Militar Oriente
53
Total
7,226
Como vemos la mayor cantidad de CADs se encuentra en la Región Militar Centro.[4] La Región Militar Norte es la segunda en concentración de CADs, aunque representa apenas la mitad de la cantidad comprendida en la Región Militar Centro. La Región Militar Sur y la Región Militar Oriente ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. Estos datos generan una duda con respecto a la situación actual de los CAD, y es que si el periodo de violencia política ha terminado hace ya algunos años, ¿a que obedece la permanencia y el incremento de los CAD?
En un esfuerzo por responder esta pregunta es importante reconocer un actor sumamente importante para la permanencia de estas organizaciones, el cual es sin duda el Ejército. Éste cautela estos grupos de campesinos frecuentemente compuestos por jóvenes licenciados, donde el registro del número y ubicación de los CAD existentes en el país, es sólo una tarea básica. Oficialmente el Ejército también se encarga de la formación, organización, el cumplimiento de su misión y la provisión de armas. Siendo el agente estatal más próximo, muchas veces más que las autoridades locales, el Ejército se vuelve el único actor institucional facultado para el reconocimiento oficial de los comités frente al Estado. En la relación Ejército - CAD, el primero está oficialmente a cargo de actividades como el reconocimiento de los CAD (previa autorización del Comando Conjunto de las fuerzas armadas); la organización e instrucción; el asesoramiento, el apoyo y control el cumplimiento de su misión, la instrucción y entrenamiento en el empleo y mantenimiento de las escopetas asignadas. [5]
En realidad, necesitamos poner atención en varios aspectos y actores en torno a la definición del papel de los CAD después de la guerra interna. Para empezar, necesitamos conocer mejor y analizar con detenimiento la relación entre éstos y las fuerzas armadas. Sería preocupante que pese a haber superado los procesos de violencia y, después de más de dos décadas de existencia, el ejército continúe siendo el único interlocutor de estas organizaciones frente el Estado, o peor aún que las fuerzas armadas representen los únicos agentes estatales legítimos para estas organizaciones. Es necesario ver que otros canales existen entre los CAD y el resto del Estado, más allá del sector defensa. ¿Qué dicen las autoridades políticas locales y regionales correspondientes? ¿Cómo están siendo involucrados los CAD en la dinámica política local y regional?
Como en otros contextos críticos, existió un efecto no esperado con el apoyo militar a los CAD en la lucha anti-subversiva. Estos se han configurado como grupos con legítima autoridad en la población de las comunidades. Aunque no existe mucha información sobre la relación CAD-comunidades a la actualidad, se sabe que los primeros desarrollarían un rol fundamental en la resolución de conflictos comunales, en la administración de justicia comunitaria y en las tareas de seguridad aún después del fin de la amenaza del terrorismo. Esta relación constituye otro aspecto fundamental por abordar y comprender. Una hipótesis al respecto es que si los CAD siguen siendo parte de la dinámica comunal y se incrementan en número, es porque son útiles para la población, pero ¿de que manera? ¿Qué otros papeles cumplen los CADs en sus localidades? En otras palabras ¿Cómo se articulan a la dinámica local? ¿y a la regional?
Estas y otras preguntas tienen un asidero importante en esclarecimiento de situaciones próximas. Son cuestionamientos trasversales para dilucidar el papel de los CADs tras acabar el periodo de violencia política y también, en otros contextos sociopolíticos pertenecientes a un futuro no muy lejano.
Hay varias condiciones por tomar en cuenta en la relación de éstas con las fuerzas armadas, con el resto del Estado y las comunidades. La más importante es la problemática de tipo estructural en el Perú, un país atravesado por brechas étnicas, sociales, culturales y económicas que a la fecha ningún proyecto ha resuelto satisfactoriamente, incluyendo los proyectos democráticos. Muchas comunidades del centro y sur del país, de donde provienen los CADs, son parte de esta realidad y presentan conflictos latentes que podrían consolidarse en una explosión social.[6] En el caso de un levantamiento del sur más articulado pero tan contundente como el “arequipazo” del año 2004, habría que pensar que actitud tendrían estas organizaciones ¿serían parte de las masas descontentas contra el Estado y las autoridades locales y regionales? ¿que costó tendría ellos tomando en cuenta que se trata de organizaciones armadas?
Y si, esto no fuera más que un mal sueño para los próximos gobiernos, que podrían ingeniárselas para contener el descontento social, basta con pensar que bajo esas mismas condiciones de exclusión y falta de reconocimiento, la reaparición y fortalecimiento de remanentes del terrorismo no sería un hecho muy improbable. Tampoco lo son otras amenazas relacionadas también con la pobreza y exclusión, como el narcotráfico que también conlleva procesos de violencia y cuyos focos se encuentran precisamente en las zonas con mayor presencia de CAD. Habría que preguntarse una vez más, que papel tomarían los CADs y a que costo. El informe de la Comisión de la Verdad dio a conocer que en su misión de lucha contra la subversión, los miembros de los CADs cometieron serias violaciones de Derechos Humanos, ¿podría ser éste un costo repetible ante una nueva amenaza a su seguridad?
Además de estas dos posibilidades, existe una tercera y es que ningún proceso de violencia se repita en mucho tiempo, y que la problemática en las comunidades y regiones se resuelva progresivamente, que es lo que quisiéramos. Sin embargo, aun en éste caso existe una gran necesidad por reconocer que las organizaciones socio políticas en los sectores más empobrecidos y marginados -como los CADs y otras organizaciones- requieren ser insertas en el sistema político desde la manera democrática. De lo contrario, no existirán bases suficientemente sólidas para iniciar las múltiples reformas que exigen el centro y sur del país.
