LA CLAUSURA DEL PASADO. UNA VISIÓN COMPARADA DE SITUACIONES EN AMÉRICA LATINA

Juan Rial
Febrero 2006

Sumario


Todo lo que es procesado por la memoria es una ficción

El tiempo que pasa es la verdad que huye

La peor de las nostalgias es por aquello que no fue

Cuando se está en un callejón sin salida, la salida es el callejón

La más grande lección de la historia es que nadie aprendió lecciones de la historia


1. Introducción

El conflicto es inherente a la humanidad, tiene carácter universal y muchas veces asume una forma violenta. Las guerras de exterminio son fenómenos que acompañaron a la historia de la humanidad desde tiempo inmemorial. Guerras de religión o de colonización, de ocupación del territorio, de pillaje, de defensa de intereses económicos, han mostrado que la humanidad no ha dudado en utilizar la fuerza para proseguir la consecución de intereses y, en ese camino, se han eliminado oponentes y se les ha infligido duros sufrimientos.

Cuando el conflicto alcanza niveles elevados de violencia, quienes lo padecen creen estar frente a una experiencia única pero, en general, la violencia suele tener los mismos efectos en cualquier guerra o confrontación violenta. Lo que se ha dado en otros tiempos y lugares se reitera en cada nuevo enfrentamiento violento. La tecnología cambia el carácter del conflicto, pero algunas de sus formas básicas persisten en el tiempo, aunque la extensión de la esperanza de vida, la urbanización y las mejoras en los niveles y calidad de vida, así como los cambios culturales hacen menos aceptable estas acciones, al menos para una parte importante de la población. Para marginados, sustancialmente de la cultura dominante, más que de los bienes económicos, sin embargo, la violencia sin casi límites sigue siendo un recurso aceptable.

Pero como resultado de campañas a favor de los derechos humanos se han desarrollado fuertes movimientos para tratar de eliminar sufrimientos y para reducir el impacto de la violencia. La prédica por los derechos humanos, concepto relativamente nuevo para la masa de la humanidad, hace creer a muchos de los contemporáneos que viven en ámbitos urbanos post – modernos, que las atrocidades que se cometen en los enfrentamientos socio –políticos son fenómenos inauditos. Pero no es así, como tampoco la realización de genocidios, a pesar que el concepto recién se haya acuñado en el siglo XX, luego de la campaña a favor de una convención para declararlo un crimen contra la humanidad llevada a cabo por quien forjó el término, el lingüista polaco Raphael Lenkim. El proceso desembocó en la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1946 de la Convención sobre Genocidio.

El siglo XX fue extremadamente violento como lo popularizó el historiador inglés Hobsbawm. Paradojalmente, los procesos de modernización e industrialización, que dieron nacimiento a las fuerzas militares modernas, también desataron la masificación de la violencia, junto con el surgimiento y la aplicación de doctrinas de guerra total, como las bautizó el mariscal alemán Eric Lundendorff, en un ensayo escrito en 1922. Según Ludendorff, la victoria no puede ser concebida sino por la eliminación completa del enemigo, del Otro. El predominio de esta práctica implica la desaparición de las distinciones entre combatientes y no combatientes, entre frente de batalla y retaguardia, entre conflictos externos e internos. La guerra total lleva a la exterminación de aquellos que son diferentes.

Diferentes escritores propulsores de la guerra aérea, por el mismo período expresaban la misma idea en otra forma. A pesar que la Convención de la Haya de 1907 consideró que la guerra aérea contra civiles debía ser considerada un crimen de guerra, y que Alemania, en 1932, en una conferencia en Ginebra propuso que la Liga de las Naciones así lo tipificara, sin éxito, la guerra aérea, impliando el terror contra civiles, se practicó en forma extendida en la segunda gran conflagración mundial y culminó con el holocausto atómico de Hiroshima y Nagasaki.

Todos los practicantes de la violencia a partir del siglo XX, de alguna manera, llevaron los principios de Clausewitz, referidos a conducir la política en forma violenta, un paso más adelante, desnaturalizando el pensamiento del prusiano. No se trataba de imponer una derrota “convenciendo" al adversario de la imposibilidad de ganar, sino de aniquilarlo.

El genocidio es un caso especial de persecución dirigida contra un grupo social específico, reconocible por su homogeneidad. A principios del siglo XVI, el Cardenal español Cisneros, regente del reino, expresó en una frase, el principio rector de gran parte de los procesos de sometimiento de una comunidad por el terror: un tercio integrar, un tercio expulsar y un tercio eliminar. El Cardenal se refería a los no cristianos, a dos comunidades, a los judíos y musulmanes que vivían en el recientemente unido reino castellano. Según la concepción triunfante en ese momento, la unificación política recién lograda, debía estar acompañada de la homogeneización ideológica y cultural, sobre la égida de la Iglesia Católica. Los llamados "cristianos nuevos" fueron el resultado de la primera política. La diáspora sefaradí en el Mediterráneo, así como los “marranos" (judíos convertidos al cristianismo que trataban de mantener su credo en secreto), muchos de los cuales partieron para las nuevas colonias americanas, fueron, en cierta medida, consecuencia de la segunda. Muchos musulmanes, “moros", practicaron también formas de “taquiya" de integración forzada. La Inquisición fue la tercera política. Modernamente, en muchos de los conflictos sólo se aplican dos de los principios del Inquisidor: expulsar y exterminar. La integración se da en rarísimos casos.

La industrialización de fines del siglo XIX permitió disponer de medios de destrucción masivos, muy eficaces en el campo de batalla, comenzando por el uso masivo de la artillería y las ametralladoras, así como el acceso a nuevas técnicas de manejo de grandes masas. Su aplicación a la guerra fue rápida. Pero también se utilizó para aterrorizar comunidades, o simplemente para practicar violencia en gran escala, que no sólo afectaba a los ejércitos movilizados, sino también a las poblaciones de retaguardia.

A fines de ese siglo, los británicos decidieron emplear nuevas técnicas de control de la población de modo de evitar el apoyo de la misma a los combatientes, durante la llamada guerra de los Boers, contra los disidentes de origen holandés. Los británicos redujeron a buena parte de la población, unos 28.000 mujeres y niños, a zonas restringidas, llamadas desde entonces campos de concentración. Los españoles en la guerra librada en Cuba por la misma época, también recurrieron al expediente de encerrar poblaciones tras cercas.

Durante la primera guerra mundial los dirigentes del Imperio Otomano llevaron adelante un genocidio. Decidieron tratar de suprimir la comunidad armenia situada en sus fronteras. En tiempos en que había pocos corresponsales de guerra y las noticias llegaban por cable, para ser leídas por la elite instruida, no hubo ningún sobresalto por el exterminio de cerca de un millón y medio de armenios, de acuerdo con las fuentes provenientes de esta última comunidad. No hubo juicio de responsabilidad por esos hechos y aún hoy el gobierno de Turquía no ha expresado ningún sentimiento de remordimiento o pedido perdón público por la actuación de sus antecesores.

En nuestros días, tal conducta sería mucho más difícil de llevar adelante, pero no imposible. La radio primero y luego la televisión, han permitido al ciudadano medio seguir, en tiempo real, el desarrollo de las hostilidades desde su sala de estar y tomar consciencia de los efectos más emotivos de las grandes confrontaciones violentas. Pero, aún así, se necesita una capacidad efectiva de intervención para impedir masacres o abusos notorios contra los derechos humanos, que la comunidad internacional no posee. La matanza de la comunidad tutsi en Rwanda en 1995 así lo testimonia.


2. Regularidades en los conflictos violentos

El conflicto violento tiene diversas raíces. Puede deberse a una disputa por territorios, o por personas. Puede manifestarse en control de tierras o por el ejercicio del poder sobre una parte sustancial de la población. Puede ser sustancialmente político, centrándose en la exclusión de una parte de la población del control del aparato del estado. Puede ser de carácter económico, como variante del control territorial, refiriendo en este caso a la disputa por recursos. Puede ser también de carácter social, entre sectores que tienen una posición muy desigual en la estructura de la sociedad, que impide movilidades ascendentes y que condena a un sector a estar subordinado a otro, sin esperanzas de cambio. Puede tener carácter religioso confrontando a creyentes de diferentes religiones o los que sostienen una creencia contra otros que tienen una posición secular. Puede enfrentar a grupos que disputan por cuestiones de identidad, que conducen a un odio profundo, exacerbados por la confrontación entre tribus, grupos étnicos, por diferente color de la piel, por diferente lenguaje, pueden exacerbar el conflicto. En general, el conflicto violento no suele ser monocausal, diversos factores van emergiendo, pero hay que distinguir cuales son los problemas estructurales y cuales son los factores detonantes de la crisis.

Normalmente, estos elementos no se presentan exteriormente como justificaciones para el problema. Suelen asumir otras dimensiones. Pueden ser ideológicas, religiosas o étnicas. La confrontación puede ser entre clases, creencias o “razas" o culturas. A cierta altura, las formas de justificación del conflicto, se vuelven, en si mismas, un generador de crisis más agudas, contribuyendo a la espiral que desemboca en violencia. Por lo tanto, hay que tratar estos factores detonantes como relevantes, al mismo título que los factores estructurales.

Hasta el presente en América Latina son pocos los casos en que la violencia se ha presentado como una confrontación étnica. Por lo tanto todavía no hay cierres de conflicto de este tipo. Todos están en proceso. La confrontación que se dio en Guatemala, aunque parte de los conflictos ideológicos de tiempos de la guerra fría, involucraba fuertemente un contencioso entre indígenas, ladinos y mestizos y blancos. Fue mucho más claro este contenido en la confrontación que aún no se cerró en el sureño estado mexicano de Chipas. La violencia entre indígenas y ocupantes es un hecho común en toda la Amazonía, independientemente de que a que país afecte el hecho. Un movimiento indígena, aliado a oficiales del ejército, de nivel medio, la casi totalidad de ellos de origen mestizo fue protagonista de la “revolución de los ponchos" de comienzos del año 2000 que culminó con la destitución del presidente Mahuat. Aunque no se justifica en esa forma, la confrontación venezolana en curso entre partidarios y opositores del presidente Hugo Chávez tiene un componente étnico que se expresa como confrontación social.

Independientemente de la posición que pueda adoptarse sobre el tema, lo cierto es que toda forma de confrontación que involucra a grandes grupos de población se basa en el desarrollo del miedo y la inseguridad. La incerteza respecto al futuro del grupo de pertenencia desata una lucha en la cual el objetivo es apoderarse del control de recursos, de modo de ponerlos a disposición del grupo de pertenencia, y negarlos a quienes integran otros grupos o sectores. La demografía y los recursos económicos disponibles para cada grupo, así como su capacidad de controlar organismos de coerción determinan la capacidad de llevar adelante un conflicto. La negociación de estos conflictos se torna extremadamente difícil pues todos los bandos quieren exactamente lo mismo. Las estrategias “ganador-ganador" que presuponen dar a cada uno una parte del bien deseado tienen como techo la posibilidad de dividir el objeto o bien en disputa y lograr que tal división sea aceptada por todos. Aquellas estrategias de negociación que asumen que si el objeto codiciado es una naranja hay que dividir la cáscara y los gajos y repartir la cáscara a unos y los gajos a otros, presuponen que los grupos en pugna están dispuestos a un reparto de esta índole. En general, la realidad muestra que todos los contendientes tienden a querer todos los gajos de la naranja, o más frecuentemente la naranja entera e indivisa. En tiempos del gobierno de la Unidad Popular en Chile, en los años 70 del siglo XX la consigna principal fue “avanzar sin transar". Obviamente la reacción violenta apareció a cierta altura del proceso y la experiencia culminó trágicamente.

Más allá de cuales sean las causas del conflicto violento, para que el mismo se desarrolle, debe haber factores detonantes. Podemos distinguir entre los mismos tres elementos sustanciales. El primero refiere a los actores de la crisis, los que ponen en marcha los detonantes mediante una acción destinada a ese propósito. Por lo general, se trata de un partido político, una organización armada clandestina, una Iglesia, una fuerza militar regular, una fuerza militar irregular, miliciana, un clan familiar o un líder de mucho peso en la sociedad. En segundo lugar, tiene que haber una serie de seguidores dispuestos a actuar como militantes, como “mano de obra" para llevar el conflicto a situaciones que implican primero la amenaza de violencia y finalmente el uso de la misma. En tercer lugar, debe existir un estado de ánimo propicio en una parte de la población, que se incline por una solución violenta del conflicto. Sin un número importante de simpatizantes que brinden un nivel aunque sea mínimo de sostén a los combatientes, no hay posibilidad de entablar y mantener una acción violenta. En muchos casos pueden estar presentes los factores estructurales señalados anteriormente y hasta las justificaciones para el conflicto, pero, si no existen estos factores que empujan a su detonación y expansión, el conflicto no se produce.

Los combatientes de una guerra, los que forman la base humana de los conflictos violentos no suelen presentar grandes diferencias en el desarrollo de su vida cotidiana. En la masa de los que combaten en conflictos violentos hay sectores pobres y medios de la sociedad que alinean en uno u otro lado. Por eso, las definiciones que lo justifican deben asumir otro carácter, sea ideológico, religioso o ético-cultural para poder hacer distinciones sensibles y asumibles emocionalmente. El conflicto violento lleva a la desconfianza, a la exclusión del otro y, como reacción, al resentimiento. La apelación a la igualdad entre los explotados no ha tenido éxito como forma de desmontar una confrontación violenta.

El desarrollo moderno del conflicto supone una construcción imaginaria del enemigo a enfrentar. Proveer una imagen del enemigo supone simplificación y demonización. El enemigo es imaginado a través de una esquematización, de modo que sea posible darle una “cara" y por consiguiente que se pueda convertir en un blanco para el odio. Así el enemigo puede ser la “conspiración plutocrática-judeo-bolchevique masónica", o el “imperialismo yanqui" o el “comunismo internacional", o en el día de hoy los “terroristas, hacedores del mal" o el “poder satánico de los EEUU". Esta construcción hace “visible" al enemigo, une multitud de oponentes, constituyéndose un point de capiton (en sentido lacaniano) del espacio ideológico con el cual se construye la oposición entre amigos y enemigos.

La demonización supone hacer del enemigo un “homo sacer", alguien que puede ser eliminado impunemente por su carácter. Así en Alemania nazi se denominaba “Untermench", subhumanos, a los judíos, eslavos, gitanos y discapacitados. En las dictaduras de América del Sur de los setenta se llegó a situaciones similares. En la Argentina se dijo que los “argentinos eran derechos y humanos". Era obvio, que quienes no entraban en esa categoría no serían considerados integrantes de la nación. Los mismo puede decirse de Uruguay, donde se hablaba de los “orientales (uruguayos) bien nacidos", considerando fuera de la comunidad a quienes no tenían esa característica.

En los conflictos violentos internos, que se producen dentro de una estructura estatal, en lugar de aplicar los principios de la guerra de Clausewitz, propios de confrontaciones entre estados, que suponen que “la guerra es la continuación de la política por otros medios", se aplica un principio contrario. No se busca derrotar al adversario haciéndole perder la voluntad de seguir peleando o como recomendaba Sun Tzu, dejándole un “puente de plata" al enemigo que huye. Se recurre, por el contrario, a la demonización del enemigo. La idea es que no se está frente a un adversario, sino ante una emanación del mal, una figura diabólica que hay que exterminar. Se trata de “encarnaciones del mal" término que se usa hoy muy corrientemente para referir al conflicto que recibe la denominación de “guerra contra el terrorismo". El conflicto deviene total y también sus “soluciones". La política es meramente la continuación de la guerra por otros medios. Cuando el conflicto estalla y asume el carácter de guerra civil, el mismo conduce no sólo al sometimiento de la otra parte sino que puede llevar al exterminio de los sectores dirigentes de la misma. De ahí surjen las masacres y la idea de genocidio que, en su lógica absurda, lleva a que todos sean sospechosos, aún los que están en el propio campo.

La represión resultante del intento de manejar una crisis, lleva a la instalación de una cultura de miedo, que paraliza a la sociedad. La misma pasa a ser constantemente “patrullada" y vigilada. La desconfianza es el signo clave, rompiendo la solidaridad, la confianza en los otros, destruyendo el capital social. El resentimiento se instala entre buena parte de los derrotados que esperan una oportunidad para vengarse. El conflicto amenaza entonces extenderse indefinidamente en el tiempo. La represión puede ser física, por la vía de la tortura, la detención y la muerte. Pero también puede apelar a otros resortes. Puede expulsársele de su territorio, confiscársele sus bienes, hacerle perder sus derechos ciudadanos y convertirlo en un apátrida. Puede aplicarse en la vida corriente, de modo de negar empleo a los enemigos, expulsándolos de los que tienen o negándoles acceso a otros. Puede implicar una disminución de derechos para ciertos ciudadanos (por ejemplo, no poseer pasaporte y con ello imponer una restricción a la libertad de movimientos, negarles educación o atención de salud). Los excluidos pueden tener una vida de exiliados en su propio país (“inxiliados" o “insiliados"). La represión puede alcanzar a las expresiones culturales (uso de una lengua diferente a la reconocida por el represor, prohibición de canciones, literatura, o cualquier otra manifestación cultural), o religiosas. Recomponer la sociedad tras este tipo de represión supone eliminar las prohibiciones y aceptar compensaciones por los daños causados.

Si se desea que prevalezca la paz, obtener y sostener la estabilidad política de los estados es lo prioritario. Hay que tener claro que difícilmente se respetarán los derechos humanos si estallan guerras, sean de tipo étnico, regional o de clase. Sin embargo, los activistas de derechos humanos y los promotores del liberalismo institucional sostienen que, precisamente, desarrollando organizaciones de la sociedad civil para resistir las situaciones de injusticia derivadas de regímenes dictatoriales que tiranizan a las minorías, sean étnicas, regionales o de clase, se puede superar la situación de inestabilidad política que deriva de una situación autoritaria, sin pronunciarse sobre la capacidad del estado de asegurar el orden. Ninguna sociedad puede actuar si ese orden desaparece. Las sociedades no pueden funcionar bien en el marco de estados ineficientes, injustos y tiránicos, pero peor es el caso de la inexistencia del estado. Cuando el poder se fragmenta y queda en manos de Señores de la Guerra y sus bandas armadas, las garantías desaparecen totalmente. El Estado es la institución responsable por la seguridad de los habitantes del país. Esto implica conducir también cualquier conflicto de carácter violento. Para ello es esencial que el estado pueda asegurar y mantener el monopolio legítimo de las organizaciones de coerción, Ejércitos y Policías. Hay que remarcar el carácter legítimo de este monopolio. Si no existe, habrá gobiernos autoritarios inestables y/o guerras civiles donde los excesos serán inevitables. La razón de la existencia de una fuerza militar es que ella constituye la esencia del estado. Existe para garantizar el estado, y si es posible debe evitar participar en una contienda armada, aunque constantemente debe estar preparada para enfrentarla.

A escala nacional, a menudo, el estado pierde controles y funciones cuando se desarrolla un conflicto violento. Es posible que deje de asegurar el orden público a toda la población o que sólo pueda hacerlo mediante normas de excepción que suponen una severa disminución de las garantías ciudadanas y eventualmente incurriendo en violaciones a los derechos humanos. El aparato de Justicia puede perder independencia y transformarse en un arma de la lucha política interna. Es posible que se rompa el orden constitucional y se pase a un gobierno dictatorial. Este puede tener diferente alcance. Puede proponerse, simplemente, terminar con la crisis y retornar al orden del pasado, instaurando en tal caso un interludio autoritario, por lo que puede calificarse de dictadura comisarial o romana. No por ser comisarial deja este tipo de dictadura de apelar a medidas muy duras de represión. En el otro extremo, el régimen dictatorial puede proponerse cambiar totalmente las bases de la sociedad y el estado y fundar un nuevo régimen. La refundación puede ser o no represiva en grados altos. En los casos más extremos, implica cambiar las reglas del juego político, eliminando a una parte de los actores del mismo.

En otros casos, el conflicto es parte de los procesos de construcción de una entidad, de un estado nacional. Las herencias coloniales, las presiones para modernizar apresuradamente las estructuras sociales puedan llevar a la expresión violenta de las resistencias. En las condiciones de interconexión comunicativa del mundo globalizado de hoy, y dadas las pautas existentes en el mismo en los aspectos éticos y morales, esta última solución no suele ser tolerada por la comunidad internacional. Puede haber masacres y hasta genocidios, pero su alcance suele tener ciertos límites. Se necesitarían muchos recursos para ignorar totalmente a la comunidad internacional, ser parte de una zona escasamente importante para el resto del mundo, o llevar adelante un conflicto durante tan largo tiempo que la opinión pública que moviliza a la comunidad internacional quede “anestesiada" y deje de prestar atención sobre el tema.

Normalmente un conflicto interno hace que las fuerzas de seguridad (organizaciones militares y policiales) pasen a defender a una de las partes en el conflicto. Si se dividen, en forma que pueden constituirse dos fuerzas regulares, además de la represión, el conflicto puede asumir características de guerra convencional (como ocurrió en España entre 1936 y 1939). En cualquiera de los dos casos dejan de representar a la totalidad de la nación. Este rasgo es especialmente desfavorable cuando la actuación de la fuerza es de tipo corporativa y el involucramiento de la misma supone una toma de posición política por la totalidad de su cuerpo de oficiales. Cuando la fuerza es representada por un líder o un liderazgo caudillista, pero la misma queda en una situación subordinada, sin voz, es más fácil la aceptación por la sociedad de una reconciliación que supone la eliminación de ese liderazgo que pasa a ser considerado perverso. Normalmente si una fuerza militar no es derrotada por otra adversaria, la misma no acepta disolverse, por lo cual toda salida a una situación de crisis, que tenga por protagonistas a militares, debe contar con una consulta a los mismos y con un pacto acerca del futuro de esa fuerza armada.

La salida de un conflicto se puede dar por derrota de uno de los bandos en pugna, lo que elimina una de las opciones. Normalmente esto ocurre raras veces, pues implica contar con fuertes recursos por parte de uno de los contendientes y un ambiente regional e internacional que permitan esa salida. En otros casos la comunidad internacional, o una fuerza exterior dominante, puede imponer una salida de ese tipo, sea mediante medidas diplomáticas o de fuerza, o utilizando ambas (ejemplo de estas salidas en la región latinoamericana son Haití en 1994 y en el 2003 y Panamá en 1989). En el caso de conflictos generalizados que implican guerras entre estados la derrota de uno de ellos, o de la coalición que integraban supone el fin de un régimen y la imposición de un orden totalmente diferente, como aconteció al fin de la segunda guerra mundial con Alemania y el Japón. Sin embargo, las consecuencias sociales y el ajuste emocional llevan a que el conflicto no termine con la rendición. Los efectos se extienden largamente en el tiempo.

La experiencia indica, sin embargo, que desde que impera la educación obligatoria básica, reduciéndose notoriamente los niveles de analfabetismo, y desde que se ha creado una red de comunicación social a escala universal, extendiéndose la noción de derechos humanos inalienables, no hay soluciones “finales". No hay vencedor en una guerra civil. La ruptura del tejido social que causa un conflicto de ese tipo, con las pérdidas concomitantes en vidas (capital humano) y en relaciones sociales solidarias (capital social), así como en bienes materiales, no resulta fácil de superar Un conflicto de este tipo deja como secuela una sombra del pasado que se erigirá cada vez que la sociedad se enfrente aún a tensiones cotidianas y rutinarias. Utilizando la violencia un vencedor puede someter, pero no convencer y una sociedad necesita convencerse que tiene un destino común. La globalización, además, implica que toda acción violenta cae bajo el escrutinio de la comunidad internacional.

Superar un conflicto sin la eliminación física total del adversario, implica negociación, que puede darse como parte de una salida del enfrentamiento o como consolidación en etapas posteriores a la fase violenta de la confrontación. Las reparaciones, bajo la forma de compensaciones y procesos de reconstitución simbólica que llevan a la reconciliación y rearmado del tejido social, son parte constitutiva de la salida del conflicto. La reconstrucción económica, si es exitosa, ayuda en mucho a la estructuración de un nuevo capital social, de una red de solidaridades que permite la convivencia pacífica de una comunidad política. La negociación de salida suele asumir la forma de un acuerdo entre sectores moderados de los dos bandos, que, primero tienen que aislar a sus respectivos sectores radicales de modo de obtener el necesario margen de maniobra para realizar concesiones mutuas. Las negociaciones pueden realizarse directamente o, en ciertos casos, es necesario a recurrir a una tercera parte que actúe como mediador. Las salidas pueden ser de muy diverso tipo, pero lo que se busca siempre es asegurar un espacio para cada parte en el nuevo orden post - crisis.

En la post crisis el tema de las responsabilidades del pasado suele ser muy espinoso y un obstáculo importante para la convivencia futura. En el caso de la derrota de un contendiente, el vencedor puede someter a juicio al perdedor. Pero en el caso de una negociación, aunque una o las dos partes estén involucradas en masacres, la negociación en si misma implica ciertos grados de impunidad para que pueda llevarse efectivamente adelante. El punto no es fácil de aceptar para las víctimas de las masacres, pero sólo con fórmulas ad hoc para cada caso se puede avanzar en la reconstitución de una sociedad y un estado. Los números también importan. Un genocidio no puede ser cometido por un pequeño grupo. Desde el punto de vista logístico es imposible retribuir con condenas masivas a un número elevado de personas. El temor al castigo puede incluso prolongar más la situación de violencia. Aunque parezca inaceptable desde el punto de vista ético, en más de una oportunidad se imponen soluciones negociadas que suponen impunidad para los crímenes cometidos. Max Weber señalaba que el político debe apelar a la ética de la responsabilidad más que a la ética de la convicción para manejarse en su actividad. Si esto es válido es circunstancias normales, mucho más lo es en los casos de conflicto violento. Se imponen, por lo tanto, muchas veces, salidas prácticas, que no siempre están en línea con los principios éticos y morales.

Si bien vivimos en tiempos de globalización, todavía la estructura internacional se basa en estados, seguimos en la etapa originada en Occidente por la Paz de Westfalia. Si bien la idea de nación varía de acuerdo a factores histórico-culturales y en algunos casos es ajena a formas del pensamiento político existente, puede sí señalarse la existencia de una entidad de tipo estatal. Para que un estado mantenga su existencia debe haber un pacto social básico, un consenso para mantener esa estructura. No siempre el estado es fuerte. En buena parte de los países del llamado tercer mundo la construcción estatal nunca se proceso totalmente. Por ejemplo, las versiones “fundamentalistas" del Islam ni siquiera quieren tener un estado, sino una Umma, una comunidad de fieles. En América Latina, al menos en el discurso se sostiene la necesidad de tener un estado, siguiendo los marcos del pensamiento occidental.

El pensador francés Ernest Renan decía a fines del siglo XIX que una nación se sostiene en el presente asumido en común, en el futuro avizorado por todos y en el pasado también asumido por todos. Pero ese pasado supone fundamentalmente olvido. No se puede afirmar un estado-nación o un estado multinacional si no se borran diferencias ancestrales. Renan sostenía que para ser ciudadano francés había que olvidar que se era borgoñes, o visigodo o alano, que se debían borrar de la memoria cotidiana la masacres del siglo XIII o la San Bartolomé. Otros estadistas del pasado como Gladstone y Churchill compartieron ese punto de vista. Georges Santayana, siguiendo a José Ortega y Gasset, advirtió, sin embargo, que “quién no recuerda su pasado, está condenado a repetirlo", pero esta frase no está destinada a la masa de la población, sino a las elites que la conducen. En cambio, el olvido que citábamos previamente tiene por destinario a la masa.

El manejo de la comunicación social, en tiempos que ella es por si misma un protagonista sustancial de la acción política, es uno de los puntos más fuertes en la negociación de salida del conflicto y en el post - conflicto. La ciudadanía debe ser preparada para ir aceptando las soluciones que van encontrando los principales actores de la crisis a la misma, pues el acuerdo debe contar con un amplio respaldo de base y por ello importa como se comunica. Sólo así se logra ese proceso que puede llevar primero al perdón sin olvido, a la rememoración que apunta que no se vuelvan a repetir los hechos y que pasado el tiempo, debe conducir a la segunda parte, al olvido, única forma efectiva de reconciliación.

La dimensión internacional es casi imposible de evitar en los conflictos violentos internos. Casi todos los grandes conflictos nacionales, las guerras civiles del siglo XX tuvieron un referente internacional. También hay entrelazamientos en el tiempo de los conflictos. El Holocausto está presente hoy en la disputa entre israelíes y palestinos. El triunfo de Khomeini en Irán en 1979, la oposición seguidora del derrocado Sadam Hussein a los EEUU, las acciones terroristas de Bin Laden y de otros grupos islámicos inspira a muchos de los radicales en su accionar, como antes el de Fidel Castro y fundamentalmente el “Che Guevara" motivó a los izquierdistas latinoamericanos a lanzarse a la lucha armada. Viejas historias de tiempos del imperio otomano y los resultados de la conferencia de Paris de 1919 y los hechos acontecidos en la segunda guerra mundial, reaparecieron al disolverse la antigua Yugoslavia a comienzos de los años 90, para sólo citar algunos ejemplos muy conocidos.

Muchas de las visiones actuales sobre el conflicto se dan a partir de la comunidad internacional, dados sus intereses, que pueden ser de carácter estratégico, hasta otros de tipo puramente práctico, resultado de decisiones rutinarias, como donantes de los fondos que se destinan a países con crisis violentas. La asistencia internacional es un factor relativamente nuevo en el manejo de las crisis. Dicha asistencia asume diversas formas: asistencia técnica o humanitaria; acción diplomática; uso de sanciones y condicionalidades; recurso a la fuerza militar en sus dos variantes (fuerzas de paz o fuerzas para imponer la paz). Normalmente la comunidad internacional no actúa con una sola voz. La disonancia alienta no sólo la continuación del conflicto, sino que puede asumir caracteres más peligrosos y extenderse más. Tampoco la comunidad internacional suele actuar con una visión de largo plazo. En muchos casos no se da el tiempo necesario, ni asigna los recursos adecuados, para solucionar conflictos, por lo cual el resultado es que se reiteran las acciones de ayuda, sin lograr avances sustantivos.

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional es cómo prever y prevenir conflictos. No hay un acuerdo claro acerca de cual es la esfera sustancial de acción, si actuar sobre aspectos estructurales de fondo o sobre los detonantes del conflicto. Sin embargo, queda claro que actuar sobre los últimos permite, eventualmente, evitar las manifestaciones violentas del mismo. Obtener información y advertencias sobre posibles conflictos es importante. Sin embargo, lo relevante es saber cuales pueden adquirir carácter violento, de modo que el aviso temprano (“early warning" en la jerga de uso) no consista simplemente en tener datos, sino en disponer de un análisis y una interpretación, para apreciar si el potencial estallido violento del conflicto es factible. De serlo, el aviso temprano debería ser seguido por una respuesta temprana que apuntase a desactivar, en lo posible, los factores detonantes. Entre las medidas posibles a tomar, se cuentan campañas de comunicación social para preparar a la ciudadanía para tomar medidas contra el conflicto, preparar a las fuerzas de seguridad para enfrentar un posible conflicto con el máximo de respeto a los derechos ciudadanos y advertir a quienes quieren lanzarse a la violencia sobre los efectos de su acción sobre la vida de todos los ciudadanos, incluyéndolos a ellos mismos.

Un punto normalmente relegado en el manejo de los conflictos violentos refiere a las personalidades y los círculos áulicos en torno a los mismos. Nos referimos a los líderes. En muchos casos los conflictos tienen una referencia precisa en la acción de personajes relevantes. A veces pueden ser caudillos de grupos armados o jefes de grupos que adquieren poder económico y/o político o identificables con alguna etnia o grupo percibido como excluido o minoritario. Normalmente, la visión estructural de los procesos pone el acento del análisis en actores colectivos. Pero los protagonistas son personas de carne y hueso y normalmente importa tener en cuenta quienes son, que actitudes tienen, cuales son sus afectos y sus odios, sus fortalezas y debilidades. También se requiere saber cual es su entorno y en que grado éste es relevante o meramente cortesano. Muchos de los conflictos del siglo XX tienen puntos relevantes de inflexión en las decisiones tomadas por los líderes, que, por cierto, están constreñidos por factores estructurales, pero no por ello dejan de poner su huella en los mismos. La oposición de esas personalidades y sus círculos áulicos, es un dato que no debe dejarse de lado cuando se analiza y se busca intervenir en un conflicto.


3. Negociaciones y secuelas de los conflictos violentos. Algunos casos

3.1. Las dictaduras sudamericanas que ganaron a los insurgentes de izquierda una de las batallas de la guerra fría, pero perdieron la batalla política por la legitimidad

Los países del cono sur de América y el Brasil vivieron bajo dictaduras militares durante los años setenta y principios de los ochenta. Todos ellos enfrentaron movimientos armados de orientación marxista que buscaban derribar a los regímenes existentes. Inspirados en la revolución cubana, o por el ejemplo de las acciones del “Che" Guevara, buscaban expandir la revolución a todos esos países. En todos los casos fracasaron. Los brasileños comenzaron con el régimen de excepción en 1964, que pasó a ser más represivo en 1969, pero, prácticamente, no tropezaron con un movimiento subversivo fuerte. Si bien hubo represión bajo la forma de torturas y pérdida de derechos ciudadanos que llevaron a muchos al exilio, entre ellos a quién fuera presidente entre 1994 y el 2002, Fernando Henrique Cardoso, no hubo una presión masiva sobre la población. Por consiguiente, el retorno a la normalidad democrática, a partir de 1984 fue relativamente más fácil en lo que refiere al ajuste por excesos sobre los derechos humanos. Compensaciones pecuniarias para las víctimas de excesos o sus parientes o la reinstalación en puestos perdidos, cerraron la mayoría de los casos. El decreto ley 869-95 permitió a 136 personas elevar reclamaciones por desaparición de familiares que permitían cobrar indemnizaciones de hasta 150.000 dólares.

Bajo el auspicio del Cardenal de San Pablo Evaristo Arns se llevó a cabo una investigación por parte de instituciones privadas una investigación sobre lo sucedido que culminó en una publicación que se denominó “Nunca Mais". La publicación del informe comprendió más de cinco mil páginas.

Más compleja fue la transición política. La alianza de sectores militares y civiles que manejó el país durante la dictadura necesitó garantías respecto a la conducción futura del país siguiendo las mismas líneas de política económica y social seguida hasta ese momento.

En Paraguay la caída del régimen dictatiorial de Alfredo Stroessner en 1989 se debió a un golpe militar. Sus ejecutores, protegidos del antiguo régimen no iniciaron ningún proceso de revisión o clausura del pasado. Es más, divisiones posteriores llevaron a un enfrentamiento en 1996 entre integrantes del partido colorado, uno de cuyos sectores estaba encabezado por uno de los coroneles que en 1989 destituyeron a Stroessner, Lino Oviedo y otro por grupos más a afines a la conducción tradicional. Debe consignarse la realización por parte del CIPAE (Comité de Iglesias para ayuda de Emergencia) del proyecto Paraguay Nunca Mas, un relatorio de abusos a los derechos humanos que se publicó en cuatro tomos a partir de 1990.

En los demás países del sur la represión tuvo un vasto alcance. En Argentina, donde la inestabilidad política y las dictaduras militares o los regímenes populistas excluyentes fueron la norma desde 1930 en adelante, la dictadura comenzada en 1976 llevó la represión a grados elevados. El enemigo eran los "subversivos", los izquierdistas que atentaban contra un régimen que se autodefinía como "occidental y cristiano".

Al igual que en la Alemania nazi la represión asumió un carácter semi-clandestino. No había detenciones ni juicios públicos. Pero la mayoría de la población sabía lo que acontecía y temía. Es más, el régimen estaba interesado en que se filtrara, que se conociera lo que ocurría. Una cultura de miedo y terror fue impuesta a través del ejemplo. Al igual que en la Alemania nazi además de los convencidos que estuvieron de acuerdo con las medidas represivas tomadas, apareció una “neutralidad activa" expresada de diversas formas, que, en la práctica, implicó un apoyo al régimen militar. La justificación podía revistar formas de cinismo asumiendo que "la gente desaparecida debía estar en algo"o una forma de prescindencia del tipo “no te metas" o “a mi que mierda me importa" ´(título de un excelente ensayo de Guillermo O´Donnell sobre el tema). En otros niveles, se daba cierto grado de participación y apoyo a la represión, como el realizado por periodistas que jugaron con el sentido de las palabras y acuñaron la frase: “los argentinos somos derechos y humanos", para combatir campañas montadas en el exterior por los activistas de derechos humanos. A diferencia de otros casos, no sólo intervino el aparato estatal en la represión. Se comprometió en la misma a organizaciones para - militares de civiles, muchos de ellos difícilmente controlables por el estado. A tal punto llegó el nivel de autonomía de los represores que, en algunos casos, ni siquiera una orden del Presidente de la república podía salvar a alguien de la muerte una vez en manos de los grupos represores.

La represión clandestina realizada de acuerdo con patrones de guerra contrasubversiva que seguían la experiencia francesa en Argelia, que implicaba el “cuadrillage" (“cuadricular") del país en zonas militares, todas a cargo de un comando militar de operaciones antisubversivas. En total hubo cinco zonas, 19 subzonas y 117 áreas, componiendo cada una un “feudo independiente de represión. La fuerza militar recurrió a la tortura en vasta escala, y a la técnica de la desaparición (secuestro y posterior muerte del detenido sin juicio y ocultando el destino final de la persona a sus familiares o amigos), accionada por grupos represores semiautónomos lo que provocó cerca de 30.000 desaparecidos, de acuerdo con la izquierda y unos 9000 casos comprobados, de acuerdo con la Comisión formada por el gobierno democrático en 1983 para investigar esas desapariciones durante la dictadura comenzada en 1976. Cerca de 5000 personas más murieron en combates abiertos o en formas de represión de las cuales si se conocen sus causas. Un número cercano a 90.000 personas pasaron a exiliarse con motivo de estos hechos y una minoría sobrevivió en prisiones a la dictadura que se extendió entre 1976 y 1982.

La justificación de la represión estuvo centrada en el argumento de la lucha contra el enemigo comunista, contando con el apoyo de buena parte de la jerarquía de la Iglesia Católica del país. Gran parte de los reprimidos formaban parte de sectores de clase media, los más educados del país, pues los principales movimientos subversivos actuaron en el ámbito urbano. Visto el grado de urbanización de estos países del sur los dirigentes rebeldes estimaron que allí estaba el centro de la acción y no en el medio rural. La experiencia cubana de Ernesto Che Guevara con los focos de guerrilla rurales había fracasado en el Congo y luego en Bolivia, donde condujo a la muerte a su expositor. También fracasaron intentos de implantar una guerrilla rural en Tucumán. Primero en los años 60, el movimiento de Taco Ralo. En los años 70 las acciones de la llamada compañía de monte Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo se fueron desvaneciendo hasta desaparecer. Los sureños experimentaron con nuevas formas de subversión en el ámbito urbano.

La dureza de la represión y su orientación fue resumida en la siguiente expresión del Gral. Ibérico Saint Jean, el primer ministro del Interior de la dictadura: “primero hay que eliminar a los subversivos, luego a los simpatizantes de los subversivos, luego a quienes encuentran alguna justificación para su acción, hay que seguir por los neutrales. Nadie debe quedar indiferente". Prácticamente era un borrador de un programa de genocidio, que afortunadamente, no pudo ser llevado a la práctica, por lo que hubo crímenes contra la humanidad sin que diera esa nota de genocidio. Para el general Saint Jean nadie era confiable. Llevado al absurdo su razonamiento implicaba que debía exterminarse a todos, irónicamente no pensó que alguno podría incluirlo a él mismo en la lista de reprimibles.

A fines de los años setenta ya no había un sólo guerrillero urbano operando en la Argentina. El régimen dictatorial había triunfado en esa fase del conflicto. Pero, hacia 1982 el gobierno argentino, al igual que los otros de la región latinoamericana, tropezó con la gran crisis económico-financiera derivada del gran endeudamiento con la banca privada que había prestado sin muchos recaudos a estos países vista la fuerte afluencia de petro-dólares. La crisis de la deuda puso en duda, nuevamente, a los apoyos civiles del régimen militar. La tercera Junta Militar que conducía el proceso político del país, decidió lanzarse a una aventura militar para recobrar popularidad apoyándose en capas más vastas de la población. En abril de 1982 militares argentinos tomaron las islas Malvinas (Falkland en la terminología británica) reivindicadas por Argentina como parte de su territorio desde hacía largos años. La primera ministra británica Margaret Tatcher mandó una fuerza expedicionaria a las islas, la cual, n dos meses, impuso su superioridad, obligando a la rendición incondicional a los militares argentinos que ocuparon las islas. Inmediatamente la Junta Militar entró en crisis y perdió todo apoyo en el campo civil. Los militares, prácticamente, abandonaron el gobierno sin negociación con la oposición y solamente aprobaron un decreto autoamnistiándo a todo el personal militar por posibles abusos a los derechos humanos.

El nuevo gobierno democrático que asumió en 1983 tuvo por referente la Constitución de 1853, que había dado el marco legal primordial del país hasta 1949 y nuevamente después de 1955. El nuevo gobierno al no negociar nada con los militares se propuso juzgar a las dos primeras Juntas Militares por sus responsabilidades en las masacres de opositores, considerándolas un “demonio", una de las partes responsables de la crisis de los setenta. La otra parte, o el otro “demonio" que afectó a la sociedad argentina era la guerrilla. Por la misma razón se esperaba juzgar a los líderes sobrevivientes de la guerrilla urbana. Lo último no fue posible porque todos los sobrevivientes vivían en el exterior. Se detuvo y se juzgó a los seis oficiales militares, generales y almirantes, integrantes de las dos primeras Juntas, entre quienes estaban el primer presidente Jorge Videla y el intrigante Almirante Emilio Massera. Fueron condenados a estar detenidos a perpetuidad. La tercera Junta Militar fue juzgada por su actuación en la Guerra de Malvinas, pero tribunales militares absolvieron a sus pares y finalmente ante otras reclamaciones fueron amnistiados.

Si bien la fuerza militar argentina fue derrotada en una guerra clásica, precipitando la caída de la dictadura, no fue destruida. Es más, a las Malvinas no fueron enviadas tropas de élite, mantenidas en reserva para controlar la población del país. Los británicos por su parte sólo se limitaron a combatir en Malvinas no realizando ninguna actividad en el territorio continental argentino.

Los represores continuaron en sus puestos de mando en los cuarteles y nada se había negociado con el nuevo gobierno electo en 1983. Terminados los juicios a los Comandantes militares de las Juntas, que imponía penas de reclusión, algunas a perpetuidad, seguía la segunda etapa: juzgar a los ejecutores que habían llevado adelante prácticas aberrantes. Cuando se llegó a este nivel se produjeron sucesivas sublevaciones militares en 1987, 1988, 1989 y hasta 1991. La política del primer gobierno democrático de juzgar a los “dos demonios" fue impracticable. Se debió aprobar primero una “ley de punto final" (23 diciembre de 1986) que estableció un límite para la presentación de denuncias de sesenta días y una “ley de obediencia debida" (de 4 de junio de 1987), que en la práctica absolvía de responsabilidades a todos los oficiales con dependencia de un mando. La primera ley excluía los casos de delitos de sustitución de estado civil y de sustitución y ocultamiento de menores, que luego motivaron juicios que se están sustanciando en este momento.

En muchos de los casos los represores preservaron la vida de los menores, especialmente los de más corta edad, pero se produjo la sustitución de su identidad. En más de un caso los padres adoptivos eran personas ligadas a los represores o ellos mismos parte de ese aparato. Manejar estas situaciones ha llevado a juicios y a situaciones personales difíciles, pues en muchos casos la identidad de origen de los menores recién se descubrió veinte años después. Si bien la situación no fue la misma, pues se trataba de tener niños “arios puros", el antecedente que significó el proyecto Lebensborn practicado por los nazis en vasta escala (quizás comprendió 200 000 niños) y el destino posterior de los mismos, discriminados duramente, especialmente en Noruega, no fue tenido en cuenta en el manejo de estas delicadas situaciones.

Pero en Argentina se llegó más allá en el proceso de tratar de cerrar el pasado por la vía de consagrar la impunidad por los delitos cometidos. Cuatro decretos de indulto del presidente Raúl Alfonsín comprendieron a quienes quedaban excluidos de las leyes de punto final y obediencia debida y podrían ser denunciados, otro indulto alcanzó a los oficiales participantes de las rebeliones militares “carapintadas", incluyendo a sus dos cabecillas, el Tte. Cnel. Aldo Rico (que encabezó las de 1987 y 1988) y el Cnel. Mohamed Alí Seineldín (líder de la efectuada en 1989), luego sentenciado nuevamente en 1991 por la última rebelión registrada). Otro de los indultos alcanzó a los militares integrantes de la tercera junta militar, la que encabezada por el ya fallecido Tte. Gral. Leopoldo Galtieri llevó a cabo la aventura en las islas Malvinas-Falkland. Un cuarto cubrió específicamente a una serie de personas, entre ellas antiguos dirigentes de Montoneros y militares y policías uruguayos que actuaron en operaciones represivas en Argentina.

Al inicio de la presidencia de Carlos Menem, tres nuevos decretos de indulto cerraron los procesos de varios antiguos funcionarios de los gobiernos peronistas vinculados a sectores para- militares represores, así como al ex jefe Montonero Mario Firmenich y los integrantes de las dos primeras Juntas presos por el juicio iniciado por el presidente Alfonsín. También se amnistió a otros militares entre ellos al confeso torturador jefe de la policía de Buenos Aires, el también fallecido, Gral. Ramón Camps.

Paralelamente a los juicios a las Juntas Militares se había conformado la llamada CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por otras doce personas. El Senado argentino debió designar a tres miembros, pero el contexto de intereses partidarios hizo que finalmente no fueran nombradas, mientras que si lo hizo la cámara de representantes con sus tres miembros. El informe de la comisión, titulado Nunca Más apareció en 1984 y su carácter era puramente informativo y catárquico. La comisión consignó testimonios de 1300 casos de desaparecidos que fueron vistos en centros de detención clandestinos y que al menos 8960 personas continuaban en situación de desaparecidas. El informe incluyó nombres, muchas veces de poca utilidad para una identificación plena, de 1351 represores. Podría considerarse que en total los desaparecidos podrían llegar a 15.000 personas. El carácter clandestino de la represión (según la comisión se pudo identificar 340 sitios de detención de ese carácter) hace que el caso argentino sea uno de los más relevantes de represión en un conflicto interno por los grados de aberración y abuso que supone esa modalidad de ejecución. De acuerdo con el informe, si bien las víctimas cubrieron todo el espectro social, los sectores medios eran la mayoría, el 58,2% (estudiantes 21.0 %, empleados 17.9 %, profesionales 10.7 % y docentes 5.7%, periodistas, 1,6%, actores y artistas 1,3%), seguidos por obreros 30.2 %.

En un país de desarrollo medio, con una capital donde vive casi un tercio de la población, una buena parte de los mismos con un estándar de vida que se puede calificar como bueno, se registró una masacre de personas pertenecientes a sectores sociales medios y educados comprometidos con los movimientos insurgentes que pesó duramente en la legitimidad del régimen militar. Sin embargo, al no negociar con el mismo, el gobierno democrático a pesar de contar con el respaldo masivo de buena parte de la sociedad no pudo castigar los crímenes cometidos. La repulsa quedó en el campo de la condena ética y moral y la rememoración condenatoria. La misma se realizó por la vía de libros, revistas, películas, discos. Durante cierto tiempo la justicia civil debió lidiar con reclamos por compensaciones en dinero para los familiares de los desaparecidos, que debieron ser declarados muertos a los efectos judiciales correspondientes, y por juicios por patria potestad de niños hijos de los secuestrados – desaparecidos - muertos a quienes se les cambió su identidad.

El tema dista de estar resuelto a pesar que han pasado 30 años del golpe militar y que los últimos abusos perpetrados fueron ya hace más de veinte años atrás. A comienzos del siglo XXI son muy pocos los militares o policías en actividad que todavía pueden tener vinculaciones con ese pasado oscuro. Hacia el fines del año 2006 prácticamente ya no habrá ningún uniformado en actividad que haya participado en abusos a los derechos humanos en los años de la dictadura comenzada en 1976.

Algunos juicios prosperaron, sustancialmente aquellos que tienen relación con los delitos que siguen consumándose en el tiempo: las desapariciones y sustituciones de identidad. El secuestro de niños llevó nuevamente a prisión a algunos de los comandantes golpistas y a algunos personajes símbolo, como el capitán Aztíz. Mientras algunos fallos judiciales buscaron reintroducir el camino de las responsabilidades penales. El del Juez Gabriel Cavallo, de marzo del 2001, desconoció la validez de las leyes de punto final y obediencia debida, mientras que el juez Claudio Bonadío, en octubre de 2001, se pronunció por la inconstitucionalidad de las dos normas. En España, mientras tanto un juicio contra el ex capitán de corbeta de la Armada Adolfo Slingo quien confesó que participó en los llamados “vuelos de la muerte" donde se trasportaba prisioneros para tirarlos al mar. Culminó con una sentencia fuerte de la Audiencia Nacional, mientras en proceso otro contra otro oficial marino Antonio Cavallo.A fines del 2004 en Buenos Aires el Teniente Cnel., Guillermo Enrique Bruno Laborda narra que como cadete participó en la Operación Independencia en Tucumán y que egresó del Colegio Militar en diciembre de 1976, confesó haber asesinado a prisioneros. No identificó a las víctimas, entre ellas una mujer que el día anterior al asesinato había dado a luz. Tampoco dijo qué ocurrió con la criatura recién nacida. El relato del militar dice que cuando intentó descargar su conciencia con un sacerdote católico, el religioso le dijo que era loable abatir a los enemigos de Cristo y que “como soldado de la Iglesia" sería recompensado en el más allá. Bruno, que como Scilingo no fue ascendido y por lo tanto fue motivado a confesar dijo que la consigna aprendida de “un entonces admirado y recordado oficial instructor" del Colegio Militar, a quien no identifica, era: “Al subversivo hay que matarlo, pero no sólo a él, sino también a sus hijos, para que no puedan propagarse".

En 1996 y 1997 el entonces Comandante del Ejército Gral. Hugo Balza primero, y luego los de la Armada y la Fuerza Aérea pidieron un perdón público por las atrocidades cometidas. En 1997 la Conferencia Episcopal hizo lo propio por lo actuación que tuvo la jerarquía eclesiástica. Pero no alcanzó para cerrar el tema. Pese a la mejoría de los niveles de vida de la clase media, dada la gestión económica comenzada en 1991, los reclamos se mantuvieron, aunque el país parecía haber llegado a una nueva fase de estabilidad política. Organizaciones como las “Madres" o “Abuelas" de los detenidos-desaparecidos siguieron reclamando por el pasado. El tema revivió fuertemente con la crisis financiera que desembocó en un quasi caos social en diciembre del 2001. Bajo el mando del Jefe del Estado Mayor del Ejército que sucedió a Balza, el Gral. Ricardo Brinzoni con el fuerte apoyo del Almirante Joaquín Stella el jefe del Estado Mayor de la Armada, y con la connivencia del ministro de Defensa Horacio Jaunarena, poco a poco, la fuerza militar fue retornando a tener un papel en la política. La culminación llegó cuando el Gral. Brinzoni en un brevísimo discurso despidió los restos del fallecido dictador Leopoldo F. Galtieri indicando que la historia lo juzgaría. Poco antes de finalizar su mandato el presidente Eduardo Duhalde decretó la amnistía para el coronel Mahamed Alí Seineldín, el líder de la última rebelión “cara-pintada" contra el presidente Menem en 1991 y para el líder del grupo que asaltó el regimiento de infantería en La Tablada, el antiguo miembro del ERP Gorriarán Merlo. El presidente Néstor Kirchner apenas asumió en mayo de 2003 procedió a un cambio fuerte de los mandos militares, lo que determinó el pase a retiro de 27 de los 42 generales del ejército, 13 almirantes y 12 brigadieres. El nuevo jefe del ejército el Gral. Brigada Roberto Bendini accedió tras esta fuerte sacudida. Dos grandes gestos debieron acometer la fuerzas armas. El local de la ESMA, Escuela de Mecánicos de la Armada ubicado en pleno Buenos Aires, debió ser trasferido desde el dominio militar para crear un “museo de la memoria". También hubo un gesto fuerte en el Ejército: el Gral. Bendini debió subirse a un banquito para descolgar personalmente los retratos de los Grals. Videla y Brignoni como antiguos directores del Colegio Militar. La etapa del olvido, sin embargo, todavía está lejana. Sin embargo en enero de 2006 se produjo la última marcha de las madres de la plaza de Mayo. La edad de las integrantes y los gestos realizados por el gobierno de Kirchner determinaron el fin de la movilización.

Académicamente en los noventa comenzó a estudiarse el tema sistemáticamente como parte de proyectos de reconstitución de la memoria histórica. Se publicaron libros de memorias de protagonistas de los hechos, crónicas, y se realizaron actividades para tratar de buscar el destino de los niños desaparecidos, tarea que realizó constantemente la organización “abuelas de Plaza de Mayo".

En el pequeño Uruguay de 3 millones de habitantes en sus 187.000 kilómetros cuadrados, la represión no apuntó tanto a la desaparición de personas, aunque también ocurrieron episodios, como a encarcelar o discriminar en condiciones muy duras a buena parte de los opositores izquierdistas. A diferencia de Argentina, Uruguay era país estable, con una de las más viejas democracias de la región. La acción de la izquierda en los años sesenta, y su contraparte, la represión para-constitucional de fines de los años sesenta, llevaron en 1973 a un golpe de estado militar, cuando ya los guerrilleros urbanos estaban derrotados.

Los militares uruguayos distinguieron entre la sedición, la manifestación armada del proceso y la subversión, la prédica constante contra el régimen socio-político existente, a la que consideraban más relevante. Para ellos tener una posición contraria a occidente y favorable al comunismo, aunque fuera en el simple plano de las simpatías partidarias era muestra de subversión. Por eso clausuraron los sindicatos, congelaron la actividad de los partidos políticos tradicionales e ilegalizaron a los de izquierda y restringieron los estudios universitarios.

Calificaron a los ciudadanos en una escala de “A" (confiable) a “C" (persona inconfiable), pasando por “B" (personas necesarias para ciertas tareas pero que deben ser sometidas a vigilancia constante). Muchas de las personas con calificaciones “B" y especialmente los “C" vivieron en el país como si fueran exiliados, como ciudadanos de segunda (inxiliados fue la forma de denominar a estas personas). No había cargos judiciales contra ellos, sino constantes medidas administrativas para presionarlos a la inanición política. Para los que fue posible hacerles cargos, por militancia políticos partidaria “contraria a los intereses nacionales" o actividades sediciosas, se abrió la vía de los tribunales y cárceles militares.

En 1980 tras siete años de dictadura el régimen dictatorial intentó legitimarse mediante un referéndum para aprobar una nueva Constitución que legalizaba la exclusión de la izquierda. Pero los militares cometieron un error de apreciación: creyeron que la población los apoyaría, pero el resultado les fue adverso. El 57% de los votantes rechazó el proyecto de constitución restrictiva. A partir de allí los militares perdieron confianza en su capacidad de conducir el país. Se autocalificaron como régimen de facto y abrieron una larga negociación con dirigentes de los partidos políticos tradicionales del país, colorados y nacionalistas (blancos en el habla popular) que culminó en 1984, aunque en el proceso se dejó de lado al partido nacional y se incorporó a la negociación a parte de la izquierda.

Entre los principales arreglos que se alcanzaron para lograr la transición de régimen político estuvo la legalización de la izquierda partidaria no violenta y la restauración del régimen constitucional existente antes del golpe de estado. Como había una larga tradición democrática liberal, de tipo occidental, gran parte de la negociación de salida estuvo centrada en su restauración.

El nuevo gobierno democrático de 1984 apenas instalado amnistió a todos los detenidos políticos de izquierda vistas las duras condiciones de cárcel que habían sufrido, incluyendo a quienes habían participado en la violencia subversiva. Poco después, ex-detenidos y familiares de los mismos, o de los que habían fallecido, comenzaron a presentar denuncias ante el poder Judicial por abusos a los derechos humanos cometidos por policías y militares durante el período dictatorial. En 1986 la Justicia civil citó a varios oficiales militares frente a las denuncias de abusos, ante lo cual el Comandante del Ejército, tte. Gral. Hugo Medina ordenó que no se presentaran, desobedeciendo al Poder Judicial. Los militares habían perdido el poder por falta de confianza en su habilidad política, pero como corporación militar no fueron derrotados, mantenían su organización y su capacidad de para influir en la política cotidiana. La derrota de las fuerzas armadas fue política, no militar y tras el retorno de la democracia no estaban dispuestos a que se los castigase por su acción, por cuanto estimaban que la responsabilidad en la represión fue colectiva, por el cumplimiento de órdenes emanadas de los comandos de la época. En tanto sucesor de los comandantes, el de 1986, Tte. Gral. Hugo Medina respaldó la acción de sus antecesores. Para evitar la crisis que implicaba la desobediencia militar, el parlamento uruguayo votó una ley de curioso nombre (ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado), que, en la práctica, implicaba que el estado no investigaría el pasado y declinaba castigar a militares y policías que hubiesen cometido crímenes contra la humanidad, una suerte de “pre-amnistía".

La Constitución uruguaya permite a la ciudadanía revocar mediante referenda las leyes que no refieran a materias presupuestales o financieras, si se consigue la firma del 25% de la ciudadanía. Aprobada esa ley se conformó un movimiento para derogarla que logró interponer este recurso contra esa amnistía para militares y policías, a pesar del miedo persistente derivado de la dictadura. El referendum llevado a cabo en 1989 mantuvo la ley en vigencia: un 56% de los electores decidió mantenerla.

Pero con ello no se terminó la cuestión. Siguieron en curso reclamaciones por los casos de detenidos desaparecidos-muertos, reclamaciones económicas, a pesar que en 1985 se reintegró a sus puestos a 15.000 funcionarios públicos (la mayoría de las áreas de educación y justicia), se devolvieron o pagaron compensaciones por sedes de partidos y sindicatos y se abonaron compensaciones por daños diversos. Recién a fines de 1997 se decretó la reincorporación, en calidad de retirados, del personal militar que se opuso al golpe de estado en 1973 o que participó en organizaciones consideradas subversivas. En el 2006 se votó una ley que retrotrae esos efectos en el tiempo amparando a militares que sufrieron problemas a partir de 1968.

En Uruguay no hubo comisión de la verdad de carácter oficial. La organización no-gubernamental SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) publicó un informe titulado al igual que el argentino Nunca Más, de carácter puramente informativo.

Al asumir la presidencia Jorge Batlle en el año 2000 se creó una Comisión Nacional para establecer el destino de los desaparecidos, sin que ello suponga ningún tipo de responsabilidad para militares o policías involucrados. La comisión trató algo más de 200 casos y finalizó sus trabajos en el 2003. Los resultados obtenidos fueron limitados, dado los bajos poderes de investigación de la comisión y la falta de apoyo institucional de los mandos militares. Confirmó la desaparición de 26 desaparecidos uruguayos en el Uruguay y 55 uruguayos en Argentina. No puedo certificar que pasó con 73 casos de uruguayos en Argentina que, sin embargo, considera que sí fueron casos de desaparición. Pocos fueron los casos de hijos de desaparecidos que pudo esclarecer y apenas pudo establecer el destino de restos de dos casos. En la fase final de su acción se presentó un caso contra el ministro de Relaciones Exteriores de tiempos dictatoriales, Juan C. Blanco, no amparado por la Ley de Caducidad, que fue adelante, determinó su procesamiento y reclusión en prisión por seis meses. Al mismo tiempo se han iniciado trámites judiciales contra el ex-presidente Juan María Bordaberry que continúan al momento de escribir este trabajo.

Al asumir el presidente Tabaré Vázquez se encaminó nuevamente una investigación en procura de conocer el destino de los desaparecidos, que implicó realizar excavaciones en predios militares y privados en busca de cadáveres. Un azaroso proceso de todo el año 2005 permitió al final del mismo obtener algunos restos, pero falta mucho para aclarar toda la situación. Mientras los militares, especialmente el Ejército ha continuado con una campaña de comunicación social, sustancialmente interna, para convencer a los oficiales jóvenes de apoyar a los camaradas retirados sometidos constantemente a escarnio público por su acción del pasado.

Pese a la prédica en favor del olvido y a que una buena parte del daño material producido por la dictadura ha sido compensado, las heridas tardan en cerrarse. La disputa cada vez tiende al campo de la condena ética y oral. A diferencia de Argentina los militares no han pedido perdón y la gran mayoría de quienes fueron protagonistas y aún viven se niegan a investigar o a proporcionar informaciones en algunos casos de muerte por la vía del secuestro y la desaparición. El caso uruguayo muestra como una fuerza armada intacta puede mantener una actitud de resistencia durante largo tiempo y una negociación no es fácil. A pesar que los militares cuentan con poco respaldo en la población, de hecho la impunidad ha sido la regla para los que cometieron crímenes contra la humanidad. Los militares se justifican diciendo que “son excesos propios de toda guerra". El punto es que fueron excesos cometidos dentro del propio país contra compatriotas a los que ni siquiera se les aplicó el derecho de guerra establecido en las convenciones humanitarias de Ginebra, a pesar de ser mantenidos en prisiones militares.

El triunfo de la coalición de centro-izquierda Encuentro Progresista-Frente amplio-Nueva Mayoría, por poco más del 50% en octubre de 2004 determinó una nueva etapa en el proceso de cierre del pasado. Como ministra de defensa el nuevo presidente Tabaré Vázquez nominó a la abogada Azucena Berrutti, de 75 años, de fuerte personalidad, quién no estaba haciendo política activa, pero que goza de la confianza política del presidente.1

Ahora Berrutti tratará junto con el Secretario de la presidencia el abogado Gonzalo Fernández, que también integró la comisión nominada por Batlle, cerrar episodios del pasado, pero ha sido éste último el principal operador del proceso todavía en curso.

Chile también tenía una democracia estable hasta que en 1970 la izquierda ganó las elecciones y ensayó un gobierno de tinte socialista que contó con el apoyo de organizaciones armadas. El intento de colectivizar propiedades agrícolas e industriales motivó el repudio de los partidos de derecha y la centrista democracia cristiana. En tiempos de la guerra fría era obvio de que lado iban a alinearse las FFAA y cuales serían los apoyos exteriores. El gobierno socialista de Allende, electo por un tercio de los votantes, fue derrocado por la fuerza militar en 1973 iniciando una dictadura que duró hasta 1989.

A diferencia de Argentina y Uruguay el régimen militar chileno contó desde el inicio con el apoyo manifiesto de un importante núcleo de la población. También a diferencia de esos dos países la fuerza militar asumió un compromiso corporativo formal de otro nivel, tratando de involucrar en el escalón político sólo a un número limitado de oficiales, y no a la casi totalidad de los mismos. Si bien hubo Juntas Militares, desde el inició se decidió que habría un Jefe de Estado que estaría por sobre las instituciones militares y que a la vez sería comandante del Ejército, el Gral. Augusto Pinochet. Su gobierno asumió caracteres caudillescos, o sea centrado en el protagonismo personal del Jefe de Estado y Gobierno.

La represión de la izquierda fue dura, experimentado diversas formas a lo largo del tiempo. En la fase inicial muchos de los opositores fueron sumariamente ejecutados. Algunas personalidades relevantes del gobierno de Allende como el primer comandante del ejército Gral. Carlos Prats G. y el ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Orlando Letelier fueron asesinados en otros países por órdenes del servicio de inteligencia chileno. El régimen fue duro, hasta fines de los años setenta las principales ciudades se mantenían bajo toque de queda desde la medianoche al amanecer.

Cuando el régimen comenzó a tener éxito económico, luego de 1982, una buena parte de la clase media y los moderados demócratas cristianos consideraron que era tiempo de terminar con el régimen excepcional y retornar a la democracia liberal. En 1980 el régimen había aprobado una nueva Constitución restrictiva de las actividades de la izquierda. La idea de Pinochet era reducir la competencia política a sólo dos grandes alianzas, una de la derecha política y otra del centro. El proceso se extendió largamente y sólo en 1988, al ser derrotado Pinochet en un referéndum para extender su mandato con apoyo popular por otros ocho años, se abrió un proceso de transición.

En 1989 asumió el nuevo gobierno democrático, conformado por una coalición de la antigua izquierda, ahora en posiciones moderadas, y los demócratas cristianos del centro. El nuevo gobierno debió cohabitar con instituciones que “aseguraban" a la derecha que no habría retorno a un nuevo gobierno de izquierda radical. El Gral. Pinochet continuó ejerciendo, por un período de ocho años, como comandante del Ejército, hasta marzo de 1998. Lo mismo podrían haber hecho los comandantes de los otros servicios armados, pero ninguno optó por ese camino. En la Cámara de Diputados la ingeniería electoral aseguraba que la mayoría no podría contar con 2/3 de las bancas y, de este modo, poder cambiar la Constitución sin consultar a la minoría. Para obtener dos diputados en circunscripciones binominales la mayoría debe doblar en votos a la minoría y no simplemente seguir la regla de la proporcionalidad. En la Cámara de Senadores había otros reaseguros. Se agregó un total de 9 senadores designados, cinco de ellos militares, que permitían equilibrar la balanza hacia la derecha. A su vez, el poder Judicial y los órganos de contralor financiero quedaban en manos de los mismos funcionarios designados por Pinochet. Al retirarse del Ejército en marzo de 1998, Pinochet, que contaba con 82 años, pasó a desempeñarse como Senador Vitalicio en calidad de ex Presidente.

Inicialmente la fuerza militar considerándose apoyada por cerca de un 40% de la población, de acuerdo a los resultados electorales se negó a realizar cualquier revisión sobre el tema abusos de los derechos humanos. El Decreto Ley 2191 de 19 de abril de 1978, cuando todavía estaba en plena vigencia el régimen dictatorial estableció de antemano una amnistía para cualquier integrante de los cuerpos armados que hubiese cometido cualquier abuso. Posteriormente los tribunales interpretaron la ley indicando que ni siquiera correspondía realizar investigaciones, dada la vigencia de esa ley, aplicando el criterio que se plasmó luego en la ley uruguaya.

La parte difícil de la cohabitación entre la fuerza militar y los políticos de la Concertación (coalición de democristianos, socialistas y otros partidos que se opusieron a la dictadura de Pinochet) ha sido la rendición de cuentas por abusos a los derechos humanos. Durante el tiempo que Pinochet fue comandante del Ejército logró detener la mayoría de los intentos para encausar a subordinados suyos. Sólo su Jefe de Inteligencia el Gral. Juan Contreras Sepúlveda y el subdirector del servicio Gral. Pedro Espinosa pudieron ser encarcelados en 1995 debido a su implicancia en el asesinato de Orlando Letelier que se produjo en Washington en 1976. Sólo el hecho que el asesinato de Letelier se diera en territorio de los EEUU permitió ese resultado. En el año 2002 sus condenas fueron cumplidas, aunque todavía enfrentan otros procesos.

Al asumir el presidente Patricio Aylwin la presidencia se nombró por Decreto Supremo 355 del 25 de abril de 1990 una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conformada por ocho personalidades, presidida por Raúl Rettig e integrada por otras seis personas, dos de ellas antiguos funcionarios civiles del gobierno de Pinochet. El “Informe Rettig" presentado en 1991, constata casos de desapariciones, ejecuciones, uso indebido de la fuerza, muerte en período de toque de queda, abuso de poder, actos terroristas y torturas. Según el informe 3,190 personas fueron muertas por razones políticas y 1,197 desaparecieron. La comisión tuvo notorias dificultades para obtener información de las corporaciones armadas. Los que aportaron más información fueron la Fuerza Aérea y la Armada. Fue mucho más difícil conseguir datos de Carabineros y el Ejército, que no contestaron algunos requerimientos y en la mayoría de los casos informaron que los antecedentes posibles no estaban en archivos porque haber sido incinerados por decisiones legales.

La comisión, de todos modos, elevó algunos casos a los Tribunales, dado que por si misma no tenía capacidad jurisdiccional. En el informe público no se incluyó ningún nombre que individualizara responsables.

El trabajo de la Comisión fue continuado durante los gobiernos de Aylwin y Frei por la Corporación Nacional para la Reparación, creada por Ley del 8 de febrero de 1992. La Corporación recibió casos de la Comisión de la Verdad (347 y rechazó 641) y asumió nuevas denuncias haciendo un total de 899 hacia fines del año 1999. Pero, al igual que la Comisión Rettig careció de facultades judiciales.

Lentamente, mientras tanto, el Poder Judicial fue cambiando su jurisprudencia y algunos casos finalmente se sustanciaron. Al presente cerca de 84 personas pertenecientes a los servicios armados y Carabineros afrontan procesos, comenzando por Augusto Pinochet, mientras que 28 fueron condenados, algunos de ellos a penas que no supusieron prisión efectiva.

En 1998 Augusto Pinochet realizó un viaje privado a Gran Bretaña, para tratar un problema de salud. A pesar que se sabía que el juez español Baltazar Garzón había comenzado a sustanciar un proceso contra él y que podría ocurrir que solicitara su extradición, los asesores de Pinochet no creían que las autoridades españolas y británicas llegaran a poner en marcha el mecanismo judicial. Fue un error. Pinochet permaneció en condición de arrestado en Gran Bretaña por diecisiete meses, entre octubre de 1998 y marzo del año 2000, mientras se sustanciaba un largo proceso, por aspectos procesales, ante la justicia británica, acerca de si procedía o no el pedido de extradición pedido por el juez español. Culminó con la intervención de la Cámara de los Lores, como tribunal de apelación. El tema constante de discusión fue si Pinochet podía ser o no sometido a juicio. Finalmente se decidió que por razones de salud no podía afrontar un juicio de extradición y por las mismas razones fue retornado a Chile. Al llegar a su país también allí se le planteó una acusación ante los estrados. Posiblemente fue una de las formas de acceder a la liberación del dictador en Londres. Los generales chilenos Ricardo Izurieta (primer sucesor de Pinochet como comandante del Ejército) y Juan Emilio Cheyre (sucesor de Izurieta a partir del año 2002) convencieron al anciano dictador a enfrentar el juicio dado que se lo exoneraría por razones de salud. Finalmente el juicio quedó en suspenso por problemas de salud del acusado, aunque a fines del 2004 se revirtió esa decisión. Mientras, Pinochet dejó de concurrir al Senado y de aparecer en público, viendo recluido en su domicilio. Al presente el Gral. Sergio Stark Arellano es el oficial de mayor jerarquía que está en prisión preventiva en dependencias militares, acusado de ser el responsable de la llamada “caravana de la muerte" una serie de ejecuciones llevadas a cabo tras la recorrida hecha por Stark en varias guarniciones del país. Pinochet, mientras es parte de un “ballet" donde se discute constantemente si puede o no afrontar un juicio. También se ha extendido el campo de las denuncias de los derechos humanos al de la corrupción alcanzando también a su familia.

En Chile, donde la fuerza militar sufrió sólo una derrota política parcial, la resistencia a aceptar abusos cometidos los derechos humanos fue notoriamente alta. La clave para el llamado a responsabilidad estuvo en la presión proveniente del exterior. Internamente, la negociación constante entre sectores antagónicos condujo a una cohabitación, en la que cada actor estuvo obligado a realizar concesiones al otro, pero, al mismo tiempo era imposible imponerle una solución que atendiese exclusivamente los intereses de un sólo grupo. Es cierto que la convergencia de todos los sectores respecto a las bondades del modelo económico proveniente de la fase final de la dictadura ha facilitado el proceso. Le prisión de Pinochet llevó a que, lentamente, los apoyantes civiles del dictador tomaran distancia de su régimen. Lo siguieron defendiendo pero ya puramente en el campo simbólico. Lo mismo hizo la fuerza militar, especialmente el Ejército, que luego del período en que estuvo al mando el Gral. Izurieta, y a partir del 2002, con el comando del Gral. Cheyre se preparó para la etapa totalmente post-Pinochet. Durante el tiempo de la detención de Pinochet en Londres, Cheire fue el Agregado militar del Ejército en la Embajada de Chile en ese país. A pesar que hay denuncias no formales contra el Gral. Cheyre, no fue iniciada ninguna acción judicial contra él.

El cambio de jurisprudencia ha permitido llevar adelante ciertos procesos, pero, en la práctica salvo algunas detenciones por casos flagrantes, que de todos modos suponen cierta protección militar, dado que los procesados cumplen la prisión preventiva en dependencias militares y los condenados en una prisión especial en Punta Leuco, la mayoría de los integrantes de los cuerpos armados y de Carabineros eludieron las posibles responsabilidades por abusos a los derechos humanos. El tiempo corre en favor de la clausura de los posibles procesos por la edad de los posibles acusados.

En el 2004 el presidente Lagos nombró una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura encabezada por el Obispo auxiliar emérito de Santiago Sergio Valech, que examinó durante un año testiminos sobre mas de 35 000 presuntas víctimas. La comisión estaleció mapas de centros de detención y centros de torturas en el país en el cual figuraron comisarías policiales, unidades militares, incluyendo navíos, y lugares de detención clandestinos. El 60% de los casos correspondió a detenciones efectuados inmediatamente después del golpe del 11 de septiembre de 1973, cuando la cifra trepó a cerca de 25.000 personas. En 1974 las detenciones fueron de 6.000 personas, en 1975, unas 3000. A partir de 1976 los arrestos disminuyeron pero aumentaron las torturas.

En noviembre de 2004 y adelantándose a la publicación del reporte de la Comisión Valech, el Comandante del Ejército Cheyre publicó una autocrítica titulada El fin de una visión. En ella la institución militar indica que ha tomado la dura e irreversible decisión de asumir la responsabilidad, que le compete como institución en todos los actos punibles y moralmente inaceptables del pasado. El comandante Cheyre se pregunta si el escenario de conflicto global que entonces existió puede servir de excusa por las violaciones a los derechos humanos y se responde con un inequivocable no. Reconoce si que el Ejército no pudo sustraerse a la vorágine de una visión, la de la “guerra fría". Cheyre sostuvo que la verdad lleva paz a los ánimos, pero debe ser una verdad completa y debe ser comprendida en el contexto histórico en que se registraron los hechos. Cheyre recordó que en más de una oportunidad el Ejército reconoció faltas y delitos cometidos por personas de su organización y que ha colaborado con los tribunales de justicia, en la medida que le fue posible, a los procesos de verdad y reconciliación. Los cuerpos policiales también realizaron un fuerte autocrítica.

Con un Pinochet aún vivo y con un juicio que se arrastra en espera que una piadosa muerte termine el proceso, la disputa queda centrada, todavía en el campo partidario, ideológico y en la memoria de sangre por lo sufrido, pero esto sólo está convocando a grupos específicos. El empuje exterior en busca de otros responsables, fundamentalmente el ex Consejero de Seguridad Nacional y luego Secretario de Estado Henry Kissinger, mantiene vivo el tema, pero en Chile, donde fue el gobierno de la Concertación quién tuvo que asumir la defensa de Pinochet y paradojalmente bajo una cancillería en manos de socialistas, el tema, globalmente esta difuminándose lentamente de la agenda política, pero no de la mediática.


3.2. La imposibilidad de la victoria revolucionaria en América Central y la necesidad de la negociación al fin de la guerra fría

Prácticamente toda América Central sufrió convulsiones durante los años setenta y ochenta. Exceptuando el estable régimen democrático de Costa Rica en todos los demás países se registraron cambios violentos. En Panamá EEUU invadió el país y sometió a juicio a su presidente, el antiguo protegido de la CIA, Antonio Noriega y disolvió la fuerza militar que los propios EEUU ayudaron a crear en los años cuarenta. Honduras no tuvo grupos guerrilleros importantes, pero sirvió de santuario para la acción de los llamados “Contras" (forma abreviada de referir a los “Contrarrevolucionarios") nicaragüenses y alojó una importante base militar de los EEUU en Palmerola durante más de una década. Los sandinistas derrotaron la Guardia Nacional también creada por los EEUU y expulsaron al último integrante de la dinastía Somoza. El intento de transitar las primera etapas de un régimen socialista abortó en 1990 al perder las elecciones frente a una coalición opositora, mientras se procesaba un combate constante con las llamada “contra", una coalición formada por antiguos somocistas, más grupos moderados de conservadores y liberales y con la participación de los minoritarios indígenas “miskitos" que viven en el este de Nicaragua que contaron con el apoyo abierto del gobierno de EEUU.

En El Salvador y Guatemala movimientos guerrilleros llevaron adelante un largo conflicto contra sus gobiernos. No pudieron derrocarlos, pero fue dificultoso para los ejércitos de esos países imponerse. Aunque en el caso guatemalteco prácticamente el gobierno estuvo en condiciones de ganar el conflicto, políticamente era más conveniente llevar adelante una negociación para cerrar el conflicto.

En 1979 la antigua dictadura militar de los Somoza en Nicaragua cayó, dando pasó al segundo régimen socialista de América Latina, luego del cubano. Nicaragua es un pequeño país de unos 130.000 kilómetros cuadrados, donde el 70% de su población de 4:4 millones de habitantes es mestiza y vive concentrada en la zona del Pacífico, alcanzando a un 62% el grado de urbanización. El 12% de su población está conformado por negros y por los “miskitos" de la costa caribeña. La costa atlántica de Nicaragua es una zona poco poblada donde la mayoría de su población indígena tenían relaciones más estrechas con los caribeños anglófonos que con el estado al que pertenecen, volcado al océano Pacífico. Los “miskitos" denominaban a los demás nicaragüenses con el término “españoles", indicando que para ellos nada ha cambiado desde la colonia. La lengua franca en la costa caribeña no es el castellano, sino el inglés. Los “miskitos" consideraron al socialismo otra de las tantas formas de opresión que han sufrido en su historia.

Los blancos “puros", los “cheles", son una minoría, pero siempre habían tenido una posición dominante en el país, hasta que durante el régimen de Somoza surgió un pequeño sector de clase media mestiza, especialmente en la capital del país, Managua.

En 1990 los sandinistas aceptaron una confrontación electoral con garantías para todos los electores, creyendo que la ganarían sin problemas. Las campañas de alfabetización y las políticas en favor de transferir recursos a los sectores pobres de la población les dieron la sensación de disponer del apoyo de las minorías. Pero los sectores medios ya no querían la uniformidad propia del socialismo y en los sectores populares había hartazgo frente a la movilización militar constante para enfrentar a la “Contra". Los sandinistas se equivocaron en su apreciación. A la derrota electoral siguió una inevitable transición de regímenes que implicó una cohabitación entre aparatos de seguridad sandinista y un gobierno de tipo liberal.

El primer acto fue la llamada “piñata". En varios países latinoamericanos se denomina así a la anárquica toma de caramelos parte de niños que rompen una bolsa puesta cerca de su alcance en las celebraciones de cumpleaños. Obviamente los más grandes y fuertes se llevan más el mayor número de golosinas. Los sandinistas hicieron algo similar con las propiedades confiscadas en 1979 y estatalizadas durante su administración. Muchas de ellas pasaron a manos de sus dirigentes a precios irrisorios, así como automóviles y otro tipo de bienes. La nueva autoridad electa tuvo que tolerar esa acción para poder tomar el gobierno.

El segundo paso fue un arreglo de élites referido al Ejército sandinista. Sus efectivos se redujeron de 90.000 puestos que figuraban en el papel y de unos 50.000 efectivos realmente existentes a 15.000 hombres y se abolió el servicio militar, aunque inicialmente mantuvo su denominación de Ejército Popular Sandinista, y sus mandos y estructura no fueron tocados por el gobierno. Recién en 1995 se cambió a su comandante el Gral. Humberto Ortega, hermano de quién fuera presidente del país Daniel Ortega desde 1979 a 1990. Su sustituto, el Gral. Joaquín Cuadra fue el segundo de Humberto Ortega durante todo el período de cohabitación llevó un paso más adelante. El Ejército pasó a ser Ejército de Nicaragua, una fuerza estatal nacional. A Cuadra lo sucedieron el Gral. Carrión entre los años 2000 y 2005, y a partir de ese año el Gral. Omar Hallesleven, también de origen guerrillero, el último estuvo en el aparato de inteligencia del ejército sandinista.

La Policía Sandinista pasó a profesionalizarse cerca de 1992, denominándose Policía Nacional, pero la mayoría de sus cuadros siguieron siendo los originados por el antiguo marco sandinista. En los hechos se estableció una cohabitación al estilo chileno de los años setenta entre un gobierno de un signo y una fuerza armada de otro, aunque en este caso los militares nicaragüenses tenían un origen marxista y los chilenos uno de derecha.

En cuanto a los “misquitos" se crearon dos regiones autonómicas en la costa atlántica que les dieron, en la práctica, un estatus de confederados con Nicaragua.

El fin del conflicto implicaba la desmovilización de los “Contras" o “Luchadores de la Libertad" como los denominó el ex presidente de EEUU Ronald Reagan. Pero, también había que desmovilizar a los miembros excedentes del Ejército sandinista que fueron licenciados. Para muchos jóvenes cuya única experiencia vital era la posesión de armas, el tener que ir a trabajar al campo no era una opción. Todos habían comenzado su experiencia militar cuando eran adolescentes y no tenían habilidades como campesinos. Menos aún para desempeñarse en el habitat urbano. La ONU envió una misión de verificación para asegurar el desarme. Si bien fue exitosa, no pudo terminar con el problema. Se conformaron pronto bandas de ex-combatientes, llamadas “recontras" (ex-contras), “recompas" (ex sandinistas que se denominaban a si mismos compañeros) y hasta grupos de “revueltos", conformados por combatientes de los dos sectores. En el año 2002, doce años después de la transición de regímenes, todavía esporádicamente se registraban hechos de violencia protagonizados por antiguos combatientes de diferente signo, extinguiéndose al año siguiente. Respecto a derechos humanos las denuncias no tuvieron la entidad que asumieron en los otros países centroamericanos.

Nicaragua continúa siendo el segundo país más pobre de América Latina, luego de Haití. Tras la experiencia socialista la construcción de una sociedad que confía en su capacidad para lograr un desarrollo sostenible es dificultosa. Todavía se arrastra el problema de la propiedad. Más de 150.000 propiedades están en disputa. Algunas son de poco valor y el punto es lograr compensaciones pecuniarias para sus propietarios. En otros casos se busca la devolución por razones simbólicas. Por ejemplo, la casa que obtuvo el ex- presidente Ortega en la “piñata" era del jefe de la campaña que llevó al presidente Alemán a ganar las elecciones de 1996. Como en los ejemplos citados hasta ahora la imposibilidad de que una parte triunfara militarmente totalmente sobre la otra llevó a una difícil transición no finalizada. En la fase final del gobierno de Arnoldo Alemán, este negoció con los sandinistas un acuerdo para tener una nueva ley de partidos políticos que sólo dejaba en pie a dos partidos, el liberal y el sandinista. Luego se aceptó también a los conservadores. El pasaje del tiempo erosionó las bases del conflicto y de alguna manera confirmó la nueva situación. Si bien se siguen sustanciando juicios por propiedades confiscadas, la mayoría de los líderes sandinistas sigue disfrutando de los bienes adquiridos mediante la piñata. La nueva “identidad" moderada de los sandinistas, las divisiones internas y la corrupción fuerte del gobierno de Arnoldo Alemán, ayudaron a dejar en el pasado la antigua disputa, sustituida a partir del 2003 por un complicado juego de tres actores: el ex presidente Alemán, detenido domiciliariamente por acusaciones de corrupción, pero en control del partido mayoritario, Daniel Ortega, que controla buen parte del poder real, entre el cual hay que contar el control del poder Judicial y el acosado y débil presidente Enrique Bolaños, apoyado por EEUU y la comunidad internacional. La dinámica ha llevado a incorporar el paso en una forma muy diferente en el presente, contando en él las disputas internas entre sandinistas y también internas en el campo del antisandinismo.

El Salvador con una superficie de 21.000 kilómetros cuadrados aproximadamente es el país más densamente poblado de América Latina, viven en él cerca de 5 millones de personas. Una cifra cercana al millón vive fuera de él, la mayoría en EEUU adonde migraron buena parte de ellos en los años setenta y ochenta. Hoy las remesas de migrantes superan los mil millones de dólares cada 18 meses, constituyendo el principal ingreso del país. El 40% de la población es rural y el 90% se consideraron mestizos, siendo el resto blancos.

País rural hasta la década final del siglo XX, la tierra fue acaparada por una oligarquía de blancos descendientes de hispanos, mientras que la mayoría mestiza del país carecía de propiedad. Desde los años treinta se registraron rebeliones rurales y a mediados de los años ochenta, militares provenientes de nuevos clases medias intentaron una revolución nacionalista encabezada por el Cnel. Majano, que prontamente fue percibida como una amenaza por los EEUU, por lo cual fue depuesta la Junta que intentaba el cambio populista. Una larga guerra civil siguió por casi toda la década del ochenta. El gobierno debió enfrentar a una guerrilla izquierdista cuya base era rural. EEUU dio una ayuda militar masiva y se reclutó un ejército que debía alcanzar a las 84.000 personas. Muchos de los planes de reclutamiento no se realizaron efectivamente, pero sus comandantes cobraban las pagas de los presuntos hombres que revistaban en algunas de las unidades de papel. Efectivamente el ejército del gobierno más las fuerzas de seguridad integradas al mismo, según fuentes oficiales, llegó a tener unos 63.000 hombres, pero es muy posible que el número real no sobrepasara a los 42.000. Muchos no eran más que adolescentes. La idea era reclutar gente dentro de los estratos jóvenes para evitar que fueran reclutados por la guerrilla, o sea más que reclutar un ejército efectivo para el combate, se trataba de negar fuentes de reclutamiento para los guerrilleros y ejercer el control de los reclutados al concentrarlos en alojamientos militares. Seis grandes bases alojaban a brigadas de unos 6.000 efectivos cada uno. No servían para el combate pero negaban recursos a los guerrilleros. El peso del combate por el gobierno lo llevaban adelante unidades especiales de profesionales que no llegaban a mucho más de 6.000 efectivos. No era muy diferente la situación entre los guerrilleros que también reclutaron a niños y adolescentes para evitar que fueran soldados del gobierno.

Tras diversas ofensivas los guerrilleros concluyeron que era imposible ganar. Pero lo mismo ocurrió con el gobierno y su fuerza militar. El fin de la guerra fría determinaba el fin de los recursos exteriores para los dos bandos. Una larga negociación culminó en 1992 con un acuerdo de paz que comenzó a implementarse en 1994. La misma se hizo con la mediación de la ONU y tuvo por escenario principal a México. De acuerdo con el tratado de paz el gobierno de El Salvador acordó reducir la fuerza militar y terminar con el servicio militar. Asimismo se pactó disolver los cuerpos policiales dependientes hasta ese momento de la fuerza militar. Los guerrilleros accedieron a desmovilizar su fuerza, pero a cambio varios de sus miembros ingresaron en una nueva Policía Nacional, creada con ex - miembros de las policías del gobierno, guerrilleros y nuevos reclutas sin antecedentes. Los guerrilleros se convirtieron en partido político y a pesar de divisiones registradas posteriormente continúan siendo una fuerza importante en el país. La mayoría de los militares que estuvieron en altas posiciones durante el tiempo de la guerra pasaron a retiro y se les dio una compensación pecuniaria importante. La mayoría pasaron a residir en EEUU.

Como en Nicaragua uno de los mayores problemas lo plantearon los desmovilizados, que en este caso afluyeron a los centros urbanos y fueron y algunos todavía son parte de bandas armadas dedicadas a la delincuencia, en variadas formas, entre ellas los secuestros extorsivos. Los problemas por los abusos de los derechos humanos distan de estar aclarados, pero como ambos bandos tienen demasiados “esqueletos en sus roperos" el tema se ha tratado con cierto grado de discreción. Mientras el dinámico sector empresarial del país trató de crear una base económica para el nuevo período de paz, pero las remesas de migrantes siguen siendo el principal rubro de ingresos, haciendo de El Salvador un país rentista.

Respecto a derechos humanos, los acuerdos de México establecieron que se crearía una Comisión de la Verdad. La misma compuesta por tres comisionados internacionales, presidida por el ex-presidente de Colombia Belisario Bentancur trabajó durante seis meses y presentó su informe en marzo de 1993. Examinó 18.000 casos de los cuales el 90% correspondían a acciones del ejército y los llamados “escuadrones de la muerte" vinculados a las fuerzas de seguridad. El Informe se denominó De la Locura a la Esperanza.

El presidente Cristini que contaba con la mayoría del parlamento provista por su partido ARENA logró la aprobación de una amplia amnistía cinco días antes de la publicación final del informe el 20 de marzo de 1993. El mismo sólo investigó a oficiales de jerarquías de teniente coronel hacia arriba, desestimando hacerlo con el personal de menor jerarquía, cubriendo unos 200 oficiales. Asimismo sólo investigó a los mandos guerrilleros de mayor nivel. Un caso muy especial lo constituyó la investigación del asesinato de seis sacerdotes jesuitas pertenecientes la Universidad Centroamericana. Aunque el informe recomendaba enjuiciar a unos cuarenta oficiales y proscribir del desempeño de cargos públicos a 10 jefes guerrilleros, la “ley del perdón" determinó que no hubiese ulterioridades. Entre otros los oficiales participantes de la ejecución extrajudicial de los jesuitas fueron incluidos. Luego siguió un reclamo ante la Corte Interamericana con sede en San José.

El Salvador muestra los límites de una negociación y la importancia de los arreglos informales que permiten mantener la paz, entre los que se cuentan el pago de dinero a los antiguos jefes militares, la protección que supone permitir su residencia en EEUU, así como arreglos que llevan a que los antiguos jefes guerrilleros puedan reconstituir sus vida. Para el conjunto del país, el continuo flujo de los inmigrantes en los EEUU y sus remesas de dinero, en un país superpoblado donde la falta de empleo hace estragos entre los jóvenes, (muchos de ellos dedicados a actividades delictivas, a través de las llamadas “maras") permite mantener en pie a un país donde las causas del conflicto siguen persistiendo.

Guatemala sufrió durante 36 años (desde 1957 a 1996) años de su historia en constante convulsión y guerra civil. Con cerca de 108.000 kilómetros cuadrados está poblado por unos 10 millones de personas, siendo el 55% indígenas de ascendencia maya. En el resto de la población la mayoría es mestiza, denominados “ladinos", siendo muy escasa la población blanca. En este país la confrontación no fue sólo ideológica, entre la izquierda y la derecha, sino también de clase y étnica. Durante gran parte de los años setenta y ochenta la UNRG (La Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca) fue la protagonista de la guerra por la parte insurreccional de izquierda. Su dirigencia estaba conformada por blancos de la clase alta y por “ladinos" [mestizos] de la clase media guatemalteca de tendencia marxista, pero su base contaba con guerrilleros indígenas, herederos de la antigua cultura maya. El 55% de la población del país es rural y la propiedad de la tierra constituye un problema desde largo tiempo atrás. Aunque es necesario señalar que en parte de las zonas indígenas mayas las comunidades indígenas son las propietarias, pero viven aisladas, sin medios de comunicación, por lo cual sólo pueden realizar una agricultura de autosubsistencia.

Los guatemaltecos no aplicaron las ineficientes técnicas contrasubversivas de los salvadoreños que seguían a sus consejeros de los EEUU y las técnicas usadas en Vietnam. Por el contrario utilizaron a consejeros argentinos e israelíes que aplicaron al ámbito rural las técnicas de represión inspiradas en las técnicas de la guerra contrarrevolucionaria que tomaron de los franceses. La idea fue un combate por el corazón y el alma de la población, de modo de negarle a los guerrilleros “el agua en la que nadaría el pez", parafraseando la idea de Mao Ze Dong respecto a que un guerrillero debe moverse como un pez en el agua. Una lucha constante para aterrorizar a la población y obligarla a optar por uno de los bandos fue la constante de los últimos quince años del conflicto. La fuerza militar logró inclinar una buena parte de la población en su favor con la creación las llamadas PAC, Patrullas de Autodefensa Campesina (denominados Comités Voluntarios de Defensa Civil CVDC, desde 1985, llegando a contar unos 700 000 miembros). La idea era oponer a los guerrilleros formaciones informales de campesinos, respaldadas por el Ejército en legitimidad, armas y eventual apoyo en combate. Los franceses utilizaron con éxito a los Harkhis (unidades conformadas por musulmanes que adherían a ellos en lugar de al FLN) en Argelia, y en los años ochenta el Ejército peruano también lo hizo con campesinos quechuas para combatir a las formaciones de Sendero Luminoso en las zonas de la sierra central del país. Pero, a pesar de que el ejército guatemalteco logró superioridad militar sobre los guerrilleros era difícil de superar el problema de fondo. Como les ocurrió a los franceses en Argelia el punto era solucionar el problema políticamente.

El ejército gubernamental, poco a poco, fue aceptando la idea de una paz negociada en la cual, sin embargo, pensaban otorgar menos que sus colegas salvadoreños. Los dirigentes de la guerrilla no tenían otra alternativa que pactar. Las conversaciones tomaron largo tiempo y los acuerdos de paz se fueron realizando paulatinamente entre 1994 y 1996.

El parlamento guatemalteco aprobó en diciembre de 1996 el Decreto Ley 145-96 que traslada a la ley el acuerdo realizado entre el gobierno y la guerrilla, la UNRG, con mediación de ONU. La ley de reconciliación supuso una amnistía, a pesar consagrar toda una serie de excepciones. La ley extinguía toda responsabilidad penal para los miembros de la UNRG y además declaró extinguidos los delitos comunes conexos cometidos en el enfrentamiento armado. Solamente quedaban exceptuados delitos imprescriptibles de acuerdo a las normas de derecho internacional.

Los acuerdos de 1996 determinaron la finalización de la subordinación de la policía al mando militar y la creación, como en el caso salvadoreño de una policía nacional civil, pero, en este caso, sin que se incorporaran fuerzas de guerrilleros a la misma. Los guerrilleros fueron desmovilizados en su totalidad y retornados a la vida civil, que, también supuso, para muchos la vía a la delincuencia común vista la imposibilidad de retornar a una vida civil para la cual carecían de habilidades mínimas.

El Ejército debía reducir sus efectivos en un 33% (de un total de 44 000, aunque el número efectivo sería unos 30.000 cifra que debía alcanzarse con la “reducción") y debían desmovilizarse totalmente las PAC (quizás todavía unos 200 000 hombres en 1996) y los llamados “comisionados militares" (unos 24.000). La mayoría de sus medidas de implementación no se han puesto en marcha totalmente, o se llevaron adelante con bastante lentitud. Personal militar y de las antiguas policías militares pasaron a integrar la nueva fuerza policial civil. El ejército ha sido usado como fuerza policial de patrullaje ante la lentitud en la formación de la nueva policía civil, el incremento de la delincuencia y la recurrencia a justicia por mano propia, vía linchamientos.

La versión guatemalteca de la comisión de la verdad se denominó Comisión de Esclarecimiento Histórico y fue creada por los acuerdos de Oslo de 1994, con tres comisionados y un equipo técnico. El informe titulado Memorial del silencio publicado en 1999 que acota el conflicto entre 1962 y 1996 registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17 % eran ladinos. El informe señala que para la fuerza militar las comunidades mayas, como tales, pasaron a ser un objetivo de represión. La Comisión no tenía capacidad de llevar adelante juicios, y gran parte de los mismos no podrían realizarse de acuerdo con la ley de amnistía de 1996. La comisión recomendó la creación de un Programa de Reparación, que con el nombre de Programa de Resarcimiento, tomó a su cargo la Secretaria de la Paz (creada en 1994 como parte de los acuerdos de paz) para realizar tareas con las comunidades afectadas en el campo de las compensaciones civiles y en el desarrollo. Previamente la Iglesia emitió su propio informe denominado Guatemala nunca más parte del proyecto interdiocesano REMHI (recuperación de la memoria histórica). Su conductor el obispo monseñor Juan Girardi fue asesinado apenas publicado este informe en 1998.

El caso guatemalteco muestra como un conflicto que tiene base en la difícil situación socioeconómica de los casi cinco y medio millones de indígenas del país (en una población total de diez millones), sin embargo, no los tuvo a ellos como principales protagonistas, sino meramente como agonistas y sustancialmente víctimas. El conflicto tuvo por centro al Ejército y sus apoyos civiles de derecha, por una parte, y a los guerrilleros izquierdistas, por otro, en el marco de un conflicto internacionalizado con manifestaciones regionales e internacionales. Los indígenas fueron sólo la “mano de obra" de la guerra civil, sirviendo algunos tanto en filas insurgentes, como en las PAC creadas por el ejército y la mayoría de ellos tenía un interés primordial: sobrevivir. A tal punto llegaba esa manipulación que el principal firmante por el gobierno del acuerdo de paz de 1996 fue en el pasado integrante de las guerrillas de la UNRG. Desaparecido el escenario internacional de la guerra fría que daba motivo al mismo, pese a que la situación de los indígenas no ha cambiado, se llega a una situación de paz, que en el fondo no ha cambiado mucho la situación de los protagonistas de base del conflicto. Un agregado quizás no querido del conflicto ha sido el estallido insurreccional en el estado mexicano de Chiapas. Contiguo a la frontera guatemalteca ese estado fue un santuario de la UNRG. Terminado el conflicto guatemalteco, en 1994 se moviliza a mayas contra el gobierno de México por parte de una pequeña elite culta de blancos liderada por un personaje teatral, el llamado “subcomandante Marcos".


3.3. Los nuevos desafíos. Conflictos en el mundo andino

La mayoría de los países de la región andina de América del Sur también fueron asolados por conflictos internos. Otros han renovado o transformado la naturaleza del conflicto. A comienzos de los años sesenta Venezuela fue un blanco favorito de la confrontación ideológica, abierta luego de la aparición de un régimen democrático en 1959 tras la firma del pacto de Punto Fijo. La guerrilla, iniciada en 1961, sin embargo, no pudo hacer pie. Fue sólo un foco revolucionario, de acuerdo con las teorías guevaristas, que no logró pasar de esa fase, al igual que en Bolivia años después. Su base estaba en militantes urbanos, y su guerrilla rural muy focalizada, si bien combatió intensamente, no logró tener mucho más de 500 adherentes. Fue derrotado prematuramente por el fracaso de los aliados militares que lanzaron dos golpes, en las bases navales de Curúpano y Puerto Cabello, las dos derrotadas en 1962. Luego el intento de boicotear las elecciones de 1963 fracasó totalmente, al participar el 92% de electorado. Si bien la lucha se extendió hasta 1967, año en el que reconoció la derrota, la guerrilla tenía pocos reclamos para poner en una mesa de negociación y en los hechos lo que ocurrió fue la disolución del conflicto. Tras la aceptación de la derrota el partido Comunista de Venezuela obtuvo su legalización en 1969 y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria la suya en 1972.

Un conflicto en el cual la represión cayó casi exclusivamente sobre militantes y simpatizantes, en tiempos en que todavía no se agitaba el tema de los abusos de los derechos humanos, no provocó una movilización por ese tema. La posterior actuación legal de la mayoría de los guerrilleros y simpatizantes sobrevivientes eliminó cualquier controversia sobre el pasado. Pero, para el país que vive de la renta de la explotación petrolera eso no significó el fin de los conflictos.

El redescubrimiento del “nacionalismo", bajo la forma de una vaga doctrina de origen histórico, el “bolivarianismo", aunada al redescubrimiento del populismo, utilizando la fuerza militar, llevó al “nuevo caudillo" Hugo Chávez a recorrer el camino de la toma del poder. Primero por la vía de un golpe de estado, fracasado en 1992, luego por el camino electoral en 1999. Sufrió un tropiezo en el 2002 cuando un golpe de estado casi termina con el experimento. El conflicto ahora sigue su curso.

Colombia muestra la existencia de una confrontación que se extiende largamente en el tiempo, cuya naturaleza se ha trasformado constantemente con el devenir histórico. La primera fase del conflicto, conocido con el nombre de “la violencia", tiene origen en acciones de resistencia en zonas rurales que el estado nunca logró a controlar, de partidas armadas dependientes de los caudillos liberales. Pedro Antonio Marín, alias, Manuel Marulanda, alias “Tiro Fijo", el líder de las actual FARC era uno de esos jefezuelos. Tras el Acuerdo del Frente Nacional entre liberales y conservadores, tras la caída del régimen del Gral. Rojas Pinilla, el movimiento insurreccional rural, latente, se estructura como una guerrilla insurrecional. El principal grupo, proveniente del período de “la violencia" que practicaba la autodefensa en la zona de Marquetalia, se convierte en 1964 en las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), desarrollando una actividad insurreccional con el apoyo del ilegal partido Comunista colombiano. Al mismo tiempo, a fines de los años sesenta, se desarrollan otros grupos, como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), de definición más claramente castrista-guevarista.

Posteriormente apareció el M19, con base en los sectores medios urbanos, a los que agregó disidentes de otros movimientos revolucionarios, así como otras pequeñas formaciones, como el Ejército Popular de Liberación (EPL) que actuó entre 1967 y 1992, el grupo trotskista, Partido Revolucionario de los Trabajadores (actuó de 1984 a 1991, como organización de propaganda armada) y el Movimiento Armado Quintín Lame, indigenista y circunscripto terriorialmente, que actuó desde 1985 a 1991. Los cuatro últimos negociaron el fin de la acción armada y la reinsersión de sus integrantes en la vida civil.

El M-19 llegó a ser el más importante y el más preocupante de los grupos insurreccionales durante la década del 80, especialmente tras la toma del palacio de Justicia en Bogotá en 1985, hecho que, a la vez, debilitó al movimiento insurrecto y al gobierno, tras la dura represión que realizó el Ejército. Finalmente el M19 arregló un acuerdo de paz en 1989, que fue parte del proceso de reforma política para terminar con el régimen exclusionario, de liberales y conservadores con la nueva Constitución de 1991. Sin embargo la conversión del M19 en partido político, que inicialmente pareció exitosa, al lograr un tercer puesto en la primera elección que participó, no tuvo futuro y el movimiento prácticamente se licuó. El asesinato selectivo de varios de sus principales integrantes indicó a los restantes grupos subversivos que quizás la paz no era el mejor camino.

El conflicto puramente político, por el control de territorios, personas y recursos económicos y financieros asumió una nueva forma tras la desaparición de las justificaciones de tipo ideológico. Este proceso de paz parcial ha llevado al estado colombiano a manejar distintos criterios con las organizaciones subversivos y tener que navegar constantemente en medio de fuertes contradicciones, mientras que la situación respecto al abuso de los derechos humanos empeoró constantemente en los años noventa.

Las FARC, un grupo casi irrelevante en los años 80, al que no se consideraba importante en Bogotá, comenzó a trasformarse fuertemente en los años ochenta, cuando deja lentamente sus apoyos a Moscú, que obviamente desaparecen totalmente al fin de la década y comienza a tener relaciones con grupos de narcotraficantes. Los mismos se vuelven importantes tras la liquidación de los grandes “carteles" (la muerte de Pablo Escobar y la desaparición de escena de los hermanos Rodríguez Orijuela llevó a la liquidación de los cárteles de Medellín y Calí) y sus sustitución por las “boutiques", esas nuevas formas más pequeñas y autónomas de gestionar el negocio de la droga. La trasformación del grupo insurreccional en una banda armada al servicio de una federación de señores de la guerra, que usan muy diversas formas de justificación de sus actos, se consolidó durante el período en que el presidente Andrés Pastrana concordó en el establecimiento de una ZDM (zona desmilitarizada) de 42 000 kilómetros cuadrados.

Mientras en menor medida el ELN sobrevivió, y aunque mantiene sus lazos con Cuba, poco a poco ha tratado de recorrer el mismo camino que las FARC. Un tercer actor comenzó a aparecer por los años ochenta. Ganaderos como Rodrigo García, hacendado de Montería, quien residiendo en las cercanías de Córdoba fue uno de los más relevantes, apoyaron al hasta entonces tahur Fidel Castaño en crear un guardia blanca. A ellas se unieron grupos ligados a narcotraficantes como el llamado “Muerte a los secuestradores" ligado al cartel de Medellín y comenzaron un proceso federativo en 1994. En 1997 bajo el liderazgo de Carlos Castaño, hijo de Fidel, devinieron en las AUC (Autodefensas Unidades de Colombia), organización que en buena medida contó con apoyo de los militares. En el 2004 se supone que Castaño fue asesinado en medio de controversias con otros jefes de bloque, verdaderos “señores de la guerra" en los territorios que controlaban.

Con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe se comenzó un proceso de desarme y desmovilización negociada con los para-militares que al momento de escribir esta nota está en curso. Las modalidades de ejecución son ad hoc para cada bloque de autodefensa. El presidente Uribe aplicó una política de presión militar contra las FARC y de negociación con los paramilitares. Castaño desapareció, presumiblemente asesinado por disidentes dispuestos a aceptar la oferta de Uribe. Mientras grupos liderados por Salvatore Mancusso aceptaron la oferta presidencial. Sin embargo, el estado colombiano continúa sin controlar gran parte de su territorio, es más, si se tiene en cuenta a la extensión territorial donde desarrollan su acciones los diversos grupos ilegales, puede considerársele un “estado fracasado", que no cumple con sus funciones en el campo básico de la seguridad y por supuesto menos en lo referido a educación, salud y desarrollo. Por ahora se oscila entre la represión y la negociación y tras años de conversaciones, buena parte de los actores, especialmente las FARC, la AUC, la mayoría de las organizaciones que trafican narcóticos y una buena parte de los militares, tienen intereses que llevan al mantenimiento del status quo.

Según algunos informes las FARC manejan hoy unos 17.000 integrantes, lo que parece un número excesivo. Lass AUC unos 8500 y el ELN unos 5000. El ejército, si bien puede llegar a 70000 efectivos en sus planillas, en realidad no dispone de más que de un puñado de batallones de fuerzas especiales como fuerzas operativas contra los insurgentes. Obviamente importa menos el número de los envueltos en narcotráfico, porque ese no es su punto fuerte. La internacionalización del conflicto en razón de que el narcotráfico es parte de la política doméstica de los EEUU por lo que se agrega como componente sustancial del conflicto, las acciones de organismos dependientes de este país involucrados en ese tema (la DEA y el FBI). Por una vía diferente a la de la guerra fría, el conflicto colombiano también asumió un carácter internacional. Por ahora se supone que cuando pueda clausurarse pueda apelarse a las mismas vías utilizadas en conflictos previos en la región. Pero, como en el caso de Guatemala, también necesitará un componente básico: la construcción del estado en gran parte del país que en la práctica casi nunca lo tuvo.

Perú también tuvo guerrillas guevaristas en los años sesenta (el más notorio fue el MIR de Luis de la Puente Uceda) y movimientos de propaganda armada social que dirigieron líderes sindicales urbanos agitando a campesinos (Hugo Blanco en el valle de la Convención y Héctor Bejar en zonas cercanas a la anterior). Reprimidos por la fuerza armadas, los segundos desaparecieron al llevarse adelante los planes desarrollistas del presidente Juan Velazco Alvarado y las guerrillas del MIR fueron físicamente aniquiladas. En esos tiempos no había movimientos que reivindicaran los derechos humanos. Retornada la democracia, en la misma surgió el movimiento maoista Sendero Luminoso, dirigido por Abigael Guzmán, el “presidente Gonzalo", autoproclamado como la “cuarta espada del marxismo", en una línea que comenzaba con Lenin y seguía con Stalin y Mao. El movimiento era notoriamente extremista, de tipo polpotiano. Al mismo tiempo apareció un movimiento “guevarista", el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaruc). Las dos organizaciones tenían una dirigencia compuesta por “ladinos" de clase media, y las dos desarrollaron acciones de guerrilla urbana y acciones urbanas incluyendo actos de terrorismo, especialmente el primero. La represión militar fue durísima. Entre 1992 y el año 2000 de acuerdo al Instituto de Defensa Legal, una ONG peruana, 21795 personas fueron detenidas, quedando a comienzos del año 2002 cerca de cuatrocientos personas en prisión por esas causas. Los muertos y desaparecidos se estiman, en principio en unos 5000 personas, aunque la cifra es muy aproximada. Fue alto el número de refugiados que creó el accionar de guerrilleros y militares.

A inicios de 1983 ocho periodistas y una guía fueron muertos en la localidad de Uchuraccay. El jefe militar de la zona militar de Ayacucho informó que la muerte se debió a una confusión de los comuneros del lugar, que creyeron que los muertos eran miembros de Sendero Luminoso. Una comisión independiente nominada por el gobierno del Dr. Fernando Belaunde Terry, presidida por Mario Vargas Llosa e integrada por dos personas más, finalmente avaló la versión militar, pese a que sólo estuvo cuatro horas en le lugar de los hechos. Según los integrantes de la comisión el contexto no permitía realizar algo mejor. La represión de dos motines en cárceles limeñas en 1986 motivó la nominación de una comisión parlamentaria presidida por el senador Rolando Ames que realizó recomendaciones globales, aceptando las conclusiones de los informes oficiales sobre lo acontecido. Durante el mandato de Fujimori el Congreso dictó dos leyes de amnistía, la 26479 de 14 de junio de 1995 y la 26492 del 28 de junio de 1995. Las dos cubrían al personal militar y policial.

Si bien todavía quedan remanentes de Sendero Luminoso en operación, que parecería que logran recursos financieros al forjar alianzas con narcotraficantes, el movimiento carece de la relevancia que tuvo en el pasado y el nivel de amenaza que presenta es mínimo. Sin embargo, algunos analistas creen que puede devenir un movimiento armado autónomo, que puede construir un régimen de señoríos de la guerra, al estilo de las FARC.

Caído el régimen autoritario que manejaba la “diarquía" Fujimori-Montesinos uno de los temas a enfrentar fue el pasado, o sea explicar porqué se llegó a ese régimen autoritario y los abusos cometidos contra los derechos humanos. El gobierno provisional que le siguió nominó en junio del 2001 una Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo 065-2001, presidida por Salomón Lerner Febres e integrada por once personalidades más, que terminó su informe en julio del 2003. Esta Comisión reunió una cantidad importante de testimonios y realizó audiencias públicas, donde se produjo una fuerza catarsis al exponer las víctimas los sufrimientos padecidos. La Comisión concluyó que el principal violador de los derechos humanos fue Sendero Luminoso. Y no las Fuerzas Armadas, aunque estas también participaron de abusos.

Bolivia tiene una larga historia de golpes de estado violentos y constante represión de movimientos populares. También fue el escenario de las acciones de las más conocidos guerrillero de la región, Ernesto “Che" Guevara, cazado por soldados de fuerzas especiales en el sur boliviano en 1967. Bolivia nunca aprobó ningún tipo de ley de amnistía, tampoco ha tenido una Comisión de la Verdad, pero sí hubo un juicio importante. Retornada la democracia en 1982, comenzaron denuncias contra los regímenes militares inmediatamente precedentes. En julio de 1995 la Cámara de Diputados publicó un informe titulado de una comisión investigadora denominado “Denuncias de torturas a ciudadanos sindicados de alzamiento armado", que nunca fue aprobado por el pleno.

Un comité surgido de la sociedad civil promovió el juicio del ex dictador García Mesa. Previamente una norma del parlamento prohibió investigar hechos previos a 1980, de modo de proteger a Hugo Banzer. Poco antes en abril de 1995 la Corte Suprema falló definitivamente contra el dictador de 1980 Luis García Mesa, su ministro del Interior Luis Arce Gómez, y otros militares, entre ellos el anterior comandante del Ejército, por la comisión de una serie importante de delitos. Al ex-general García Mesa se lo condenó por sedición, alzamiento armado, por atribuirse los derechos del pueblo, por tomar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por delitos contra la libertad de prensa, por el uso indebido de influencias y franquicias, liberaciones y privilegios ilegales, por asesinatos de anteriores representantes, por la organización de grupos armados irregulares, por asociación para delinquir. También se le imputó un delito de genocidio por una matanza ocurrida en una calle de La Paz, por diversos actos de corrupción se le imputó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, por firmar contratos lesivos al Estado, por la creación de sociedades y asociaciones ficticias, por concusión, incumplimiento de deberes, por conducta antieconómica, por estafa, por apropiación, por abuso de confianza, por el robo y venta de los diarios originales de los guerrilleros “Che" Guevara y Harry “Pombo" Villegas, también se le agregó los delitos de peculado y destrucción o deterioro de bienes del Estado, conductas delictivas todas ellas previstas en el Código Penal, por el cual se le impuso una pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto, por ser ésta la mayor pena que sanciona el delito de asesinato, que está cumpliendo en el Penal de Chonchocoro en la zona de El Alto a 4000 metros de altura, luego de haber sido extraditado desde le Brasil. Por diversos delitos también fue condenado Luis Arce Gómez quien llegó a reclutar para su grupo paramilitar al antiguo criminal de guerra nazi Klaus Altmann (Klaus Barbie), luego extraditado a Francia. Arce Gómez fue condenado también en Maimi por narcotrafico, adonde fue llevado por agentes de la DEA al tiempo que se sustanciaba, en rebeldía, su juicio en Bolivia. El ejemplo que se quiso dar con este juicio no fue contestado por la fuerza militar que, por el contrario, manifestó acatamiento y trató de separarse claramente de la conducta de sus ahora ex colegas.

Todavía hoy en el 2006 continúan procesos por lo ocurrido durante el último período del presidente Gonzalo Sánchez de Losada y la represión ordenada por éste antes de tener que afrontar una renuncia forzada.


4. Algunas conclusiones

La derrota total de uno de los adversarios, tanto militar como política es una de las formas radicales de resolución de conflicto. Sin embargo, este tipo de salida de una confrontación violenta no se ha dado en la región latinoamericana en los últimos tiempos. Las dictaduras sureñas terminaron con los grupos subversivos, pero no pudieron obtener legitimidad para imponerse políticamente. Ni siquiera en el caso del “exitoso" régimen de Pinochet, que no pudo remontar el estigma de su origen sangriento en el golpe de 1973, el suicidio de Allende y la represión posterior. La permanencia durante un tiempo más largo de la dictadura y el rápido olvido de acciones represivas, mucho menos resonantes, hizo que los brasileños pudiesen superar menos traumáticamente el episodio. En Uruguay la derrota política de la fuerza militar fue marcada al punto que en el año 2005 la mayoría de los integrantes del nuevo gobierno que asumió en marzo de ese año estuvo o en prisión, o exiliado o con derechos recortados en el período dictatorial. En Argentina a la derrota política se agregó una derrota militar, pero no contra organizaciones subversivas, sino ante los británicos, tras la aventura de la guerra de las Malvinas-Falkland.

Ello condujo en todos esos países a cohabitaciones forzadas entre fuerzas militares “victoriosas" en el campo militar, contra los subversivos, pero carentes de legitimidad en el ámbito político, con una imagen mala frente a la opinión pública por los abusos cometidos durante el período dictatorial, a lo que hay que agregar en el caso argentino la aplastante derrota sufrida en una confrontación convencional, demostrando la incapacidad profesional de la institución armada.

Lograr cerrar un conflicto violento que supone la derrota total de uno de los bandos supone disponer de cuatro recursos: fuerza, legitimidad, tiempo y dinero. La desnazificación alemana no hubiera sido posible sin, la ocupación militar, sin el consenso de vencedores y aceptación de los vencidos acerca de la desnazificación, sin que transcurriesen varios años siguiendo una orientación política y social totalmente diferente, sin el dinero proveniente del plan Marshall y sin la posibilidad de recobrar en tiempo relativamente corto la capacidad industrial del país. Claro que también influyó en el proceso las amnistías de 1949 y 1954 que de hecho “limpiaron" el pasado nazi a buena cantidad de militares y funcionarios estatales, así como la ley de la función pública de 1952 que rehabilitó funcionarios, jueces y militares y estableció pensiones para antiguos servidores del período hitleriano. El sentimiento de “no culpa" asumido por buena parte de la ciudadanía, que además consideró que los bombardeos aéreos y el sufrimiento sufrido por sus prisioneros de guerra equivalía a las atrocidades cometidas por el régimen, actuó como forma de “olvido“ que permitió rápidamente seguir adelante. La reconciliación fue casi inexistente, pues no había ante quien hacerla, visto que la masa de las víctimas habían muerto.

Las acciones a tomar en casos como este estuvieron orientadas tanto hacia las causas profundas como a sus efectos desencadenantes. En la actualidad, este tipo de solución es poco frecuente y no hay ejemplos de su aplicación en conflictos internos.

En la mayoría de los casos, sin embargo, los conflictos violentos intraestatales terminan por un acuerdo entre partes, sin que haya una imposición y ocupación por parte de una fuerza militar externa. Por ello, no puede decirse que haya un vencedor total. El marco temporal en el que se encuadran estos procesos para lograr la pacificación trasciende el corto y mediano plazo de los acuerdos de paz. Zanjar el pasado es una tarea comprehensiva y de largo aliento. Los pactos de salida más eficaces fueron y son aquellos que, habiendo reconocido este hecho, establecen una clara distinción entre políticas de gobierno y políticas de estado. Las primeras son susceptibles de ser contestadas en el marco de la disputa política diaria por la conducción del estado. Las segundas constituyen los pilares del nuevo contrato social de salida, que todos los actores se obligan a respetar.

Los acuerdos de paz se hacen entre moderados de los dos sectores. Siempre se trata de aislar a los sectores extremistas, a los que no quieren un compromiso. El desarrollo de la lucha puede determinar que una de las partes tenga mayor peso que la otra en el momento inicial del arreglo. Por ello los moderados del sector que controla la situación tienen una fuerte responsabilidad inicial: elegir bien la contraparte con quién negociar. A veces el protagonista más fuerte de la resistencia no es la mejor opción, sino otro actor más débil, pero simbólicamente reconocido por la mayoría de la población como representante válido del grupo. Durante las negociaciones del proceso de transición de régimen, suelen aparecer personajes que encarnan la voz de la moderación de uno y otro campo en algún momento preciso del proceso. Dichos personajes suelen representar el “mínimo común denominador" de las expectativas del bando que integran y pueden jugar un rol de “gozne y bisagra" en la transición. Las transiciones exitosas son aquellas en las que estos personajes son rápidamente identificados y aceptados como contraparte en la negociación por los moderados del grupo ganador. Ello no implica que se pueda prescindir de liderazgos o inventar representaciones allí donde no las hay. Pero debe apostarse al liderazgo moderado y, dentro de lo posible, a una coalición con altos grados de representatividad en la que primen las voces moderadas. Si el liderazgo está disperso y el sector que negocia carece de autoridad, el conflicto es muy difícil de que entre en una situación que conduzca a un acuerdo, un arreglo.

La negociación supone firmeza en la sustancia y flexibilidad en las formas. Depende del tipo de conflicto y de la profundidad del mismo si la presencia de mediadores y/o garantes es necesaria. La agenda de temas a negociar debe ser lo más amplia posible, de modo de que no queden puntos sueltos, sin una solución. Sin embargo, es preferible dejar de lado temas muy irritativos si los mismos amenazan con cerrar todo camino a un acuerdo. Pero la experiencia también indica que posponer sistemáticamente los temas centrales del conflicto lleva a una situación de mantenimiento del statu quo de la negociación sin que haya acuerdo definitivo y un cierre del proceso, aunque se pueda vivir en una situación de paz, sea “varsoviana" o meramente por falta de otras posibilidades de continuar el conflicto por agotamiento de recursos físicos y espirituales por parte de las partes enfrentadas.

La desmovilización de combatientes es un tema delicado. Normalmente los que pierden la calidad de combatientes son personas que han conseguido una situación de privilegio al ser parte de cualquiera de las organizaciones confrontadas. Con el fin del conflicto violento deben retornar a una vida rutinaria, para la cual es muy posible que carezcan de habilidades que les permitan tener una situación social y estatus equivalente. Un campesino o residente urbano semianalfabeto, o que sólo posee la instrucción primaria básica encontró serias dificultades para tener una ocupación de rango equivalente en la vida civil. Una desmovilización exitosa, que impida el surgimiento del bandidismo, implica el lanzamiento de programas de capacitación y de apertura de oportunidades efectivas de trabajo para aquellos que retornan a la vida civil. La existencia de procesos fallidos de desmovilización, con el incremento de la delincuencia y la consiguiente inseguridad constituye un desincentivo en las conversaciones de paz múltiples y escalonadas, cuando la negociación implica más de un grupo de combatientes. Las dificultades emanadas de los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala fueron notorias y todavía se hacen sentir. Otro caso notorio que no hemos abordado aquí ha sido el de Haití donde tampoco se pudo lograr una reinsersión adecuada. El punto es muy relevante para el futuro de Colombia.

En un pacto de salida es crucial acordar cual será el futuro de las fuerzas de seguridad y militares del país. Ello incluye negociar el destino y rol futuro de los antiguos jefes que protagonizaron y encarnaron los aspectos más duros del conflicto. También implica definir y pactar cuales serán las futuras misiones, doctrinas, presupuesto y formas organizativas de las instituciones militares y policiales. En algunos casos, se debe llegar a la refundación de la fuerza armada y/o policial, lo que presupone un apoyo sustancial tanto en términos de recursos financieros como de asistencia técnica por parte de la comunidad internacional. La supresión de una fuerza armada sólo es factible si se dispone de la fuerza necesaria para imponer su desmovilización, o sea una fuerza militar que no puede ser confrontada con éxito. La capacitación para el manejo de las instituciones de la fuerza pública debe extenderse a los profesionales de la política y de la sociedad civil en materia de seguridad y defensa, ya que es imposible controlar una fuerza y un tema que se desconoce. Estas acciones deben ser combinadas con los planes de desmovilización. Los tropiezos de la Argentina y el Uruguay a fines de los ochenta, la traumática presencia de Pinochet durante la primera parte de la transición indica que hay que buscar vías alternativas. En El Salvador, literalmente se “compró" a los jefes del Ejército, pero esta posibilidad sólo queda abierta para países con fuerzas menos desarrolladas. En Guatemala no se pudo aplicar este método.

Los mecanismos posibles para llegar a la paz parten de la aceptación de compromisos por todas las partes. A veces tales compromisos pueden consistir en compartir el poder (power sharing). Los mecanismos para hacerlo efectivo pueden ser jurídico-constitucionales, arreglos en el sistema electoral o garantías que impliquen la existencia de normas formales o de mecanismos informales consensuados. Sin embargo, la historia ha demostrado que los arreglos para compartir el poder que se hacen exclusivamente por vía de ingeniería política son inestables si no están acompañados de otro tipo de garantías. Estas garantías provienen de dos áreas: el manejo de la economía y el control de la coerción física. Mientras que los cambios de ingeniería institucional son relativamente fáciles de acordar en el papel, las garantías económicas y de coerción requieren tiempo y acciones concretas de desarrollo. En los dos últimos casos, en efecto, se trata de factores que entran en el paquete de causas básicas de los conflictos y no pueden ser modificados solamente en forma declarativa. A fin de cuentas el poder compartido supone llegar a nuevas formas de integración social, a la construcción de un “patriotismo constitucional", como principal referente, superando viejas identidades que sólo llevan a reconstituir el antiguo conflicto.

La mayoría de los casos que hemos visto han supuesto una incómoda cohabitación entre una fuerza militar, a veces triunfante, a veces derrotada, pero no por los insurgentes, como fue el caso Argentina, en otras entre fuerzas que ninguna de las dos pueden adjudicarse un resultado conclusivo.

En el caso de la derrota militar, el vencido puede apelar a la continuación de la lucha en otros campos, especialmente en el simbólico, recurriendo a apoyos exteriores. Una derrota militar no implica necesariamente, al mismo tiempo una derrota política. Si el triunfante instaura un régimen autoritario que no respeta los derechos humanos, que no pone en práctica entre la población las garantías propias de un gobierno legítimo, sus posibilidades de consolidarse son muy bajas y el triunfo militar puede convertirse en una derrota política.

La paz y la reconciliación luego de un conflicto violento tienen costos materiales importantes: seguramente deben pagarse reparaciones personales por vía de resoluciones administrativas o de la justicia civil y en muchos casos hay costos de reconstrucción de lo destruido durante el conflicto. En muchas sociedades el problema central es la disputa por la propiedad. La misma puede haber estado en manos de un sector social minoritario o puede haber sido confiscada, provocando el desplazamiento de poblaciones. Dependiendo del grado de complejidad tanto de la sociedad como del conflicto, el tema de las reparaciones se torna más difícil. A veces se puede reinstalar en el empleo a quienes lo perdieron, pero en otras el paso del tiempo o el hecho de pasar a ser una persona con problemas físicos o psicológicos resultado del conflicto, o meramente por el paso del tiempo, supone que sólo se posible pagarles retiros y/o indemnizaciones. Si la persona ha muerto hay que dar compensaciones a los familiares.

Las compensaciones no son exclusivamente económicas. Tampoco exclusivamente jurídicas. Deben tener un fuerte contenido simbólico, que apunte a una reparación emocional, para tratar de compensar los sufrimientos pasados durante el ejercicio de la violencia. Una de las grandes lecciones aprendidas es que no hay paz si la población no siente que está recibiendo “el dividendo de la paz", es decir, mejoras perceptibles en la calidad y el nivel de la vida cotidiana. Sin embargo, muchos de los conflictos actuales dejan como saldo (y a veces son originados por) un núcleo duro de problemas de intereses. Tal es el caso de la tenencia de la tierra. Sólo si la población percibe que gana algo tangible en el proceso de paz podrá aceptar el costo de transacción implícito en cualquier pacto en el que algunos habrán de perder y otros habrán de ganar bienes y recursos escasos. Ello pone a los programas de desarrollo en el centro mismo de los procesos de resolución de conflictos. Pero también importan las compensaciones simbólicas. A veces suponen la construcción de memoriales, la realización de ceremonias, en otras la construcción de una memoria y luego de una historia.

El conflicto se supera cuando el miedo y la incertidumbre comienzan a despejarse, cuando se reconstituye el tejido societal y es posible tener un mínimo de confianza en el futuro. Esto supone tiempo y un esfuerzo constante de las élites en el campo simbólico y práctico para ayudar a este proceso de recuperación. En muchos casos el mismo supone la reconstrucción o directamente la constitución de nuevas identidades nacionales (la referencia al “patriotismo constitucional", la adhesión al pacto básico que mantiene la cohesión de la unidad estatal es la mejor solución) o la aceptación de la pertenencia a una entidad estadual de carácter multinacional y multicultural. Estas identidades y sentimientos de pertenencia se construyen y consolidan cuando dos factores están integrados al proceso: la lucha para reducir los niveles de pobreza y la mejora de la calidad y estándares de vida de toda la población, por un lado, y la participación de todos y la apropiación por todos del proceso de toma de decisiones. En muchas transiciones, principalmente las de Europa del Sur de los años setenta y en el momento inicial de las sudamericanas, un proceso de concertación social acompañó con éxito a la negociación política.

Poner en marcha mecanismos judiciales para punir crímenes contra la humanidad en el caso de conflictos que se cierran mediante una negociación no es sencillo. Generalmente, ninguno de los bandos es totalmente inocente. Ello implica que, a menudo, los propios negociadores o los sectores que ellos representan pueden ser acusados de haber violado derechos fundamentales y sus dirigentes son pasibles de aparecer ante tribunales. Una lección repetida hasta el cansancio por los actores de diversas transiciones es que parte de los interlocutores de una negociación de transición difícilmente constituyen parangones de democracia o liberalismo, pero que sin ellos no se avanza hacia la liberación del régimen y luego a la democracia. Esto plantea el viejo dilema del lugar de la ética y el de la política.

Intentar clausurar el pasado mediante soluciones jurídicas internacionales plantea problemas tanto internos como internacionales para los cuales aún no se ha encontrado solución. En lo interno, la lógica jurídica y los tiempos de un Tribunal Internacional chocan a menudo con los tiempos políticos de la negociación y la evolución psicosocial del proceso de reconstrucción del tejido social. En el plano internacional, los Tribunales carecen de contrapartes reales del mismo nivel en el plano ejecutivo. Se necesita el apoyo de una fuerza de coerción, o de la fuerza perteneciente a una coalición internacional, para realizar la tarea de tipo policial, búsqueda de delincuentes y de pruebas. Si se carece de estas herramientas el accionar del Tribunal se vuelve lento y es percibido muchas veces como inoperante. Para ofrecer todos los recaudos legales que necesitan los acusados, en el caso de conflictos que suponen una negociación entre partes y hay crímenes contra la humanidad, las sentencias ejemplarizantes rara vez llegan a los niveles altos. Por lo general, sólo alcanzan a actores de segundo orden y difícilmente logran trasmitir el deseado mensaje, que en materia de crímenes contra la humanidad ninguna persona está más allá de la ley.

Muchos de los conflictos se han producido y se producen porque las construcciones estatales y de identidades nacionales no se han procesado, son incompletas. Hemos visto un buen ejemplo: la escasa integración del territorio colombiano por parte del estado favoreció la implantación de diversos movimientos armados. El principal de ellos, las FARC no desea poner a sus jefes en los sillones del poder ejecutivo en Bogotá, lo único que desean es controlar gente, territorio y poder en esas zonas que el estado colombiano nunca dominó. Otro ha sido Guatemala, o aún la zona fronteriza norteña, el estado de Chiapas. La situación de exclusión de las comunidades indígenas mayas, no integradas a sus respectivos estados facilitó la violencia.

La intervención de la comunidad internacional en los conflictos internos tiene límites precisos. En muchos casos los intereses de los países dominantes no son coincidentes y la comunidad internacional no actúa con una sola voz. En otros sólo un país dominante es el interesado en los eventos del futuro. En otros casos, el país motivo de la crisis no tiene relevancia estratégica y el conflicto es “olvidable". Pensar que un conflicto se va a resolver exclusivamente por la intervención exterior puede conducir a un exceso de optimismo. Los esfuerzos prioritarios son responsabilidad de los protagonistas directos del conflicto. Pero hay casos en los que un país o países dominantes interesados directamente en el conflicto son parte no sólo del problema, sino también de la posible solución y sin su intervención o al menos sin la aprobación de un “nihil obstac" no hay forma de terminar el problema. La forma de actuar de tercero puede ser por mediaciones, por movilizar recursos para lograr la desmovilización y la reconstrucción del país, y/o para poner en funcionamiento mecanismos de verificación de los acuerdos a poner en marcha. Pero, la lección clave es para los bandos en conflicto es que la mejor solución partirá de sus propios esfuerzos por llegar a un acuerdo.

Hay casos en los que no se puede zanjar el conflicto violento mediante una negociación. Hay momentos en que una o las dos partes están dispuestas a seguir hasta el fin con la violencia. En tal caso, quien tiene el poder necesario para hacerlo puede aplicar la violencia necesaria para tratar de resolver la confrontación en el menor tiempo posible. Pero, para ello debe buscar el máximo de apoyo internacional posible, para legitimar su acción y su acción debe tener alta justificación. De todos modos el post conflicto implica tener en cuenta la necesidad de compensaciones, de reconciliación y de reconstrucción.

En otros casos, si la causa es justa, la comunidad internacional debe intervenir para imponer la paz, sea en favor del bando ganador, o del perdedor, apreciando, precisamente la justeza de la causa. A veces en términos de costo – beneficio es mejor cortar un conflicto en forma radical con una intervención decidida.

Hay conflictos latentes, o estructurales que, sin embargo, no tienen por que alcanzar un desarrollo violento. Hay situaciones donde se anuncia constantemente que se está al borde de una crisis grave y la misma no acontece. En ello es sustancial tener en cuenta los factores detonantes. A veces el mantenimiento de situaciones políticas no deseadas, tales como la existencia de regímenes autoritarios, asegura que el conflicto violento no estalle. La lección indica que hay que ser prudente y a veces es mejor esperar para actuar. Aunque es necesario trabajar para superar esa situación indeseable, al mismo tiempo, hay que evitar que al hacerlo no se active el mecanismo disparador de confrontaciones violentas. A veces lo mejor es esperar, pues una intervención equivocada puede desatar el problema. Sin embargo, la máxima de Walpole respecto a no hacer nada si no se sabe como intervenir adecuadamente en un conflicto, tiene un límite temporal, a cierta altura hay que abandonar la pasividad. El tiempo consumido en la espera debe ser utilizado para diseñar alternativas para superar esos conflictos latentes o estructurales.

Existen situaciones en las cuales la confrontación armada se ha producido, la comunidad se ha fracturado y las negociaciones estancado o no son posibles. En esos casos, la necesidad de mantener la estabilidad estructural de la región en la que el foco conflictivo se ha producido prima sobre la urgencia de resolver el conflicto focalizado. Cuando se arriba a tal diagnóstico, todos los esfuerzos deben volcarse a la contención del conflicto violento, de forma tal que no se expanda ni escale a niveles más altos, en tanto se espera que surjan circunstancias más propicias que permitan solucionarlo. Si bien no actuar en este tipo de contexto es una decisión difícil de tomar en términos éticos, el viejo principio de la mejor alternativa que beneficie al mayor número debe ser aplicado en tales casos. En tales casos, sin embargo, la comunidad internacional no queda exenta de sus responsabilidades en dos sentidos: monitoreo constante de la situación y promoción de oportunidades de solución, por un lado; acción humanitaria y de desarrollo de áreas específicas, por otro.

La experiencia demuestra que resulta imposible separar desarrollo de asistencia humanitaria y de emergencia. No hay un continuum sino un contiguum en estos casos. Pero tanto desarrollo como asistencia deben estar guiados por una clara visión de futuro y por la voluntad política de remover las causas del conflicto. De lo contrario, se termina actuando en forma paliativa pero incrementando la “historia interna" del enfrentamiento y complejizándolo.

Es importante considerar que las situaciones eufemísticamente catalogadas como “circunstancias especiales" u “emergencias complejas" tienden a ser altamente volátiles y complejas. El marco temporal en el que se planifican las acciones debe tener presente estos dos rasgos, pues se trata de consolidar trabajosamente los logros, sabiendo que éstos pueden revertirse en cualquier momento. Este tipo de situaciones requiere de metodologías y abordajes distintos a las clásicas circunstancias del desarrollo: debe poder aprovecharse la ventana de oportunidad. Por ello, los programas en este tipo de situación deben ser altamente flexibles y guiarse más por indicadores de impacto de las acciones y análisis de riesgo que por los indicadores más convencionales con los cuales la comunidad internacional evalúa proyectos y decide de la asignación de recursos.

La construcción de la memoria y la formación de una historia son parte sustancial del cierre del pasado. La memoria supone recordar, testificar lo sucedido. La manera de mantenerla supone una compleja actividad continua en el tiempo reiterando constantemente hechos y presentándolos en forma simple, marcando la situación de víctimas de quienes fueron reprimidos. Es muy difícil, en cambio, para el represor poder construir una memoria paralela, que normalmente parte de considerarse un agredido que respondió y ganó una confrontación. Dado que gran parte de los conflictos no son abiertos, convencionales, sino subterráneos, envolviendo actividades clandestinas en las que se apela al terror, la tortura, la traición, no es fácil construir esa memoria. Las víctimas deben silenciar toda referencia a actividades que puedan considerarse en el mismo plano. Debe tratarse de personas puramente inocentes.

Dado que el Holocausto con la insana propuesta de asesinar y subyugar personas por el mero hecho de tener una identidad no deseada por el sector dominante produjo un antecedente difícil de olvidar, todo proceso de represión se trata de presentar como una acción indiscriminada frente a inocentes, cuando es sabido que los hechos no siempre son tan simples. La memoria, construida como historia no es mero fluir del tiempo, sino una viva continuidad experimentada intencionalmente. Apela a sentimientos y no se trata de una construcción interpretativa analítica propia de la labor profesional de historiadores. Por ello la esa historia-memoria puede basarse en el olvido selectivo de la memoria y a su vez en la memoria del olvido. Pero, de todos modos, pasado el tiempo, puede decirse como en una letra de tango de los años treinta del siglo XX que “el viajero que huye tarde o temprano detendrá su andar". Una memoria fecunda, como decía Hannah Arendt supone que la misma se abre a la sociedad y no queda cerrada al grupo que sufrió el perjuicio, porque, sino no la memoria cerrada queda aislada en el mismo y desaparece con el grupo. A menos que por razones políticas o para sustentar una posición ética se mantenga la necesidad de mantener ese tipo de historia-memoria, la desaparición de los protagonistas directos, finalmente, cerrará el proceso. De ahí en adelante será el dominio de historiadores profesionales y sus lectores amateurs interesados en el tema. Seguramente, además se llegará a conformar una historia oficial para uso de los alumnos de los establecimientos educativos.

Si el conflicto es largo la ruptura del conflicto social puede ser muy profunda, por lo que sólo un nuevo tipo de contrato social puede llegar a la reparación. El mismo, sin embargo, puede basarse, sustancialmente en el olvido.

De todos modos queda la lección de la historia, pero recordando a Aldous Huxley quizas la más grande lección de la historia es que nadie aprendió lecciones de la historia y por eso puede repetirse la necesidad de cerrar un pasado traumático.


Nota
1. El periodista del semanario Brecha Sergio Israel describió así su perfil: «Rigor, austeridad y extremo apego a las normas en el desempeño de los cargos que ha ocupado». Como abogada de presos políticos durante la dictadura militar fue hostigada y destituida como funcionaria municipal. Colaboradora habitual del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) fue convocada por los sacerdotes católicos Luis "Perico" Pérez Aguirre, Jorge Osorio y Ademar Olivera cuando en 1983 iniciaron una huelga de hambre que duró 15 días para denunciar una nueva ola de detenciones y torturas contra estudiantes antidictatoriales. Restituida a su cargo en la IMM con el retorno a la democracia accedió al derecho de retiro pero retornó para asumir un cargo de confianza política durante el gobierno municipal del Dr. Tabaré Vázquez en el cual culminó ejerciendo las tareas de Secretaria General de la IMM. El periodista Israel dijo que «debido a su actuación en el municipio, el cual dirigió con mano dura, austeridad y extremo apego a las normas, Berrutti se convirtió en una persona de la máxima confianza de (Tabaré) Vázquez. Sus características personales, además de provocarle no pocos enfrentamientos, incluso con sus camaradas, las llevaron a ser electa integrante de la Comisión de disciplina del Partido Socialista y a formar parte durante varios períodos de su comité central».


Bibliografía

- Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press, Stanford, 1998.
- Benedith Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, Verso, London, 1983.
- Enrique Baloyra (ed.), Comparing new Democracies. Transition and Consolidation in Mediterranean Europe and Southern Cone, Westview Press, Boulder, Co, 1987.
- Benjamin Barber, Jihad versus McWorld, Randon House, New York, 1995.
- Nigel Biggar (ed.), Burying the past. Peace and doing justice after civil conflict, Georgetown University Poress. Washington, 2001.
- Jonathan Boyarin (ed.), Remapping Memory, Minneapolis University Press, Minneapolis, 1996.
- David Carment & Patrick Samn (eds.), Wars in the Midst of Peace. The International Politics of Ethnic Conflict, Pittsburgh University Press, 1997.
- Thomas Carothers, “The End of the Transition Pradigm", in Journal of Democracy 13.1, 2002.pp. 5-21.
- Carl von Clausewitz, On War, Princeton University Press, Princeton: 1976, edición y traducción de M. Howard & P. Paret.
- Walker Connor, Ethnonationalism: The Quest for Inderstanding, Princeton University Press, Princeton, 1994.
- Young Crawford, The Rising Tide of Cultural Pluralism: The Nation- State at Bay, University of Wisconsin Press, Madison, 1993.
- K.M. DeSilva, S.W.R. De, A. Samarasinghe (eds.), Peace Accords and Ethnic Conflict, Printed Pub. Ltd, 1993.
- Larry Diamond & Mark F. Plattner (eds.), Nationalism, Ethnic Conflict and Democracy, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1994.
- Douglass Greenberg, Stanley N. Katz, Melanie Beth Oliviero & Steven C. Wheatley (eds.), Constitutionalism & Democracy. Transitions in the Comtemporary World, Oxford University Press, Oxford, 1993.
- Gideon Gottlieb, Nation Against State: A New Approch to Ethnic Conflicts and the Decline of Soverignty, Council of Foreign Relations, New York, 1993.
- Cora Governs & H. Vermeulen (ed.), The Politics of Ethnic consciousness, St. Martin´s, New York, 1997.
- Barbara Harft & Ted Robert Gurr, “Victims of the State. Genocides, Politicides and Group Repression since 1945", in International Review of Victimology I, 1989, pp.23-41.
- B. Harft & T. R. Gurr, “Toward Empirical Theory of Genocide and Politicides: Identification and Measurement of Cases since 1945", in International Studies Quarterly, 32, 1988, pp.359-371.
- Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkely, 1985.
- Eric Hobsbawm, The Age of Extremes. A History of the World, 1914 – 1991, Pantheon Books, New York, 1994.
- Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the remaking of World Order, Simon & Shuster, New York, 1996.
- S. P. Huntington, Le Choc des Civilisations, Odile Jacob, Paris, 1997.
- Michael Ignatieff, The Warrior´s Honor: Ethnic War and the Modern conscience., Henry Holt, New York, 1998. - M. Ignatieff, Blood and Belonging, New York, 1994.
- Ruth Lapidoth, Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic Conflicts, United States Institute of Peace, Washington, DC, 1997.
- Juan Linz & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-communist Europe, 1996, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996.
- Eric Lundendorff, La Guerra Total, Pleamar, Buenos Aires, 1961, orig. 1922.
- Mao Zedong, Works, Fereign Languages, Beiging, 1976, 4. vols. En castellano, Obras, Lenguas Extranjeras, Pekin, 1968, 4 vol. especialmente Escritos Militares.
- Joseph S. Nye, Bound to Lead, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1991.
- Guillermo O´Donnell, Phillipe Schmitter & Lawrence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule, John Hopkins University Press, Baltimore, 1986.
- Mark Osiel, Man Atrocity, Collective Memory, and the Law, Transaction Pu. London, 1997.
- Erna Paris, The End of Days: A Story of tolerance, Tyranny, and the Expulsion of Jews from Spain, Prometheus Books, 1995.
- M. Pasquet (ed.), Le court vingtieme siecle, La Tour d´Argent, Paris, 1991.
- Samantha Power, A problem from Hell´. America and the age of Genocide, Basic Books, New York, 2002.
- Alvin Rabushka & Kenneth Shepsle, Politics in Plural Societies: A Theory of Democracy Instability, C. E. Merril, Pub, Columbus, 1997.
- Samuel Totten (ed.), Century of Genocide: Eyewitness Accounts and Critical Views, Garland Reference Library of Social Science, vol. 772, 1977.
- Norman E. Tutorow, War Crimes, War Criminals and War Crime Trials: An Annotated Bibliography and Source Book, Greenwood Publishing Group, 1986.
- United Nations War Criminals Commission, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. 1. Four Genocide Trials, vol. 2. The German High Command Trial, Howar Fertig Publisher, 1990-94.
- Barbara F. Walter, Committing to Peace: The Sucessful Settlement of Civil Wars, Princeton University Press, Princeton, 2002.
- Max Weber, La Política y el Político, Educor, Córdoba, Arg, 1968.
- Max Weber, Science as Vocation, Ed. by P. Lassman & I. Melody, Unwin Hyman, London, 1989.

Fuentes de información

- Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, Reports, Washington, DC, 1995. http://www.carnegie.org
- Conflict Research Consortium. University of Colorado, Boulder, Co, 1994. http://www.colorado.edu/conflict
- Heidi and Guy Burgess, Encyclopaedia of Conflict Resolution, ABC-CLIO, Santa Barbara, 1977.
- INCORE Iniciative on Conflict Resolution & Ethnicity, Derry: Northern Ireland. http://www.incore.ulst.ac.uk or http://www.incore/index/html
- International Spread and Management of Ethnic Conflict. University of California San Diego, San Diego, 1994. http://www-igcc.ucsd.edu/igcc/igccmenu.html
- SIPRI, Stockolm. http://www.sipri.se/sipri/infosystem

Bibliografía Regional. Southern Cone

- Enrique Baloyra (ed.), Comparing new Democracies. Transition and Consolidation in Mediterranean Europe and Southern Cone, Westview Press, Boulder, Co, 1987.
- Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada, Planeta, Buenos Aires-Barcelona, 1995.
- Ludmila da Silva Catela, "Em nome da pacificação nacional: anistias, pontos finais e indultos no Cone Sul", en Maria Celina D'Araujo e Celso Castro, Democracia e Forças Armadas no Cone Sul, Editora da FGV, Rio de Janeiro, 2000.
- Juan E. Corradi, Patricia Fagen Weiss & Manuel Antonio Garreton (eds.), Fear at the Edge. State, Terror and Resistance in Latin America, University of California Press, Berkeley, 1992.
- Louis W. Goodman, J. R. S. Mendelson & Juan Rial (eds.), The Military and Democracy. The Future of Civil Military Relations in Latin America, Lexington Books, Mass, 1990.
- Juan Linz & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-communist Europe, 1996, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996.
- Guillermo O´Donnell, ¿¡Y a mi que me importa!?, Cedes, Buenos Aires, 1985.
- Guillermo O´Donnell, Phillipe Schmitter and Lawrence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule, John Hopkins University Press, Baltimore, 1986.
- Alain Rouquié, Amérique Latine. Introduction a l´Extreme – Occident, Du Seuil, Paris, 1987.
- Augusto Varas (ed.), New Military Power in Latin America, Greenwood Press, Westport, 1989.
- Lawrence Weschler, A Miracle, A Universe, Pantheon Books, New York, 1989.

Argentina

- Stella Maris Agritos, La historia de la impunidad en Argentina. 1976-1989, Buenos Aires (disponible en pagina web).
- Martin Edwin Andersen, Dossier Secreto: Argentina´s Desaparecidos and the Myth of the ´Dirty War´, Westview Press, Boulder, Co, 1993.
- Eduardo Anguita, y Martín Caparrós, La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Norma, Buenos Aires, 1997-2000, 3 vols.
- E. Anguita, La compañía de monte, Planeta, Buenos Aires, 2004. Novela.
- Argentine National Commission on Disappeared, Nunca Más: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared, Olympic Marketing Corporation, New York, 1986.
- Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas. Nunca Más. Informe, CONADEP, Buenos Aires, 1984.
- Andrés Avellaneda, Censura, autoritarismo y cultura argentina, 1960-1983, CEAL, Buenos Aires, 1986.
- Gral. Reynaldo Bignoni, El último de facto, Sudamericana, Buenos Aires, 1998.
- Roberto Bardini Tacuara, La pólvora y la sangre, Océano, México, 2002.
- Miguel Bonasso, Montoneros. La soberbia Armada, Planeta, Buenos Aires, 1987.
- Miguel Bonasso, Diario de un clandestino, Planeta. Buenos Aires, 2000.
- Miguel Bonasso, Recuerdo de la muerte, Puntosur-Bruguera, Buenos Aires, 1984.
- Miguel Bonasso, El presidente que no fue – Campora, Planeta, Buenos Aires, 1997.
- Gabriela Cerruti, El Jefe, Planeta, Buenos Aires, 1993.
- William Columbus Davies, Warnings from the South: Democracy versus Dictatorship in Uruguay, Argentina and Chile, Praeger, New York, 1995.
- José Luis D´Andrea Mohr, Memoria Debida, Buenos Aires.
- Gral. Genaro Díaz Bessone, Guerra Revolucionaria en la Argentina. 1959-1978, Círculo Militar, Buenos Aires, 1980.
- Jorge Faruk, Lino Palacio, Crónica del humor político en la Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 1993.
- José Pablo Feinmann, La sangre derramada, Ensayo sobre la violencia política, Ariel, Buenos Aires, 1999.
- Rosendo Fraga, El Ejército: del Escarnio al Poder, Planeta, Buenos Aires, 1988.
- Juan Gasparini, Montoneros: Final de cuentas, Puntosur, Buenos Aires, 1988.
- Richard Gillespie, Los Montoneros. Soldados de Perón, Grijalbo, México, 1987.
- Pablo Giussani, Montoneros. La soberbia armada, Planeta, Buenos Aires, 1997.
- Enrique Gorriarán Merlo, Memorias. De los setenta a La Tablada, Planeta, Buenos Aires, 2003.
- Claudia Hilb y Daniel Lutzky, La nueva izquierda argentina: 1960-1980, CEAL, Buenos Aires, 1984.
- Donald Clark Hodges, Argentina´s Dirty War: An Intellectual Biography, University of Texas Press, Austin, 1991.
- Tte. Gral. Alejandro A. Lanusse, Mi testimonio, Centro Difusor del Libro, Buenos Aires, 1994.
- Marcelo Larraquy & Roberto Caballero, Galimberti. De Peón a Susana. De Montoneros a la CIA. Biografía, Grupo Norma, Buenos Aires, 2000. Nueva edición puesta al día 2003.
- Marcelo Larraqui, López Rega, Sudamericana, Buenos Aires, 2004.
- Félix Luna, De Perón a Lanusse 1943-1973, Sudamericana, Buenos Aires, 1973.
- Jaime Malamud - Goti, Game Without End: State Terror and the Politics of Justice, University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1996.
- Sergio Marchu, No digas nada, biografía de Charly García, Sudamericana, Buenos Aires, 1999.
- Tomás Eloy Martínez, La Pasión según Trelew, Granica, Buenos Aires, 1973.
- J. Patrice McSherry, Incomplete Transition: Military Power and Democracy in Argentina, St. Martin Press, New Cork, 1997.
- Emilio Mignone, Witness to the Truth: The Complicity of Church and Dictatorship in Argentina, 1976 –1983, Orbis Books, Maryknoll, NY, 1988.
- Graciela Mochkofsky, Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder. 1923-1999, Sudamericana, Buenos Aires, 2003.
- Deborah L. Norden, Military Rebellion in Argentina: Between Coups and Consolidation, University of Nebraska Press, Lincoln, 1996.
- Guillermo O´Donnell, ¿Y a mi que mierda me importa?, Cedes, Buenos Aires, 1983.
- Carina Perelli, “Settling Accounts with Blood Memory. The case of Argentina", en Social Research Vol. 59 #2, 1992, pp. 415 –451.
- “From Contrarevolutionary Warfare to Political Awakening: The Uruguayan and Argentine Armed forces in the 1970s", en Armed Forces & Society Vol. 20 N° 1, 1993 pp.51-68.
- David Pion–Berlin, Through Corridors of Power: Institutions and Civil – Military Relations in Argentina, Pennsylvania State University Press, 1997.
- Robert A. Potash, Army and Politics in Argentina, 1945 – 1962: Perón to Frondizi, Stanford University Press, Stanford, 1980.
- Enrique Raab, Crónicas ejemplares. Diez años de periodismo antes del horror, 1965-1975, Perfil Libros, Buenos Aires, 1999.
- Abrasha Rotemberg, Historia confidencial, Sudamericana, Buenos Aires, 2001.
- Alain Rouquié, Pouvoir Militaire et Société Politique en République Argentine, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1978.
- Carlos Santibañez & Mónica Acosta, Las Dos Iglesias, Buenos Aires.
- María Seoane, Todo o nada, Santucho, Planeta, Buenos Aires, 1991.
- María Seoane & Vicente Muleiro, El Dictador, Videla, Sudamericana, Buenos Aires, 2001.
- Carlos Ulanovsky & Sylvina Walter, TV Guía Negra, de la Flor, Buenos Aires, 1974.
- Enrique Vázquez, Proceso de Reorganización Nacional, Eudeba, Buenos Aires, 1985.
- Horacio Vertbinsky, La post-guerra sucia, Legasa, Buenos Aires, 1985.
- Horacio Vertbinski, Ezeiza, Planeta, Buenos Aires, 1986.
- Horacio Vertbinski, El vuelo, Seix Barral, Buenos Aires-Barcelona, 1995.
- Carlos Waisman, From Military Rule to Liberal Democracy in Argentina, Westview Press, Boulder, Co, 1987.
- Cristina Zuker. El tren de la victoria. Una saga familiar, Buenos Aires: Sudamericana, 2003.

Películas

- Operación Masacre, de Jorge Cedrón, 1972.
- Heroína, de Raúl de la Torre, 1972.
- La Hora de los Hornos, de Fernando Ezequiel "Pino" Solanas y Octavio Getino, terminada en 1968, exhibida públicamente en 1973. Disponible ahora en tres cassetes Parte I, "Neo-Colonialismo y Violencia", 89 minutos. Parte II "Por la Liberación", 120 minutos, examina los 10 años del régimen de Juan Peron, 1945-1955. Parte III, "Violencia and Liberación", 45 minutes, sobre el movimiento de resistencia peronista.
- El camino hacia la muerte del viejo Reales, de Gerardo Vallejo, 1971. Los negativos tuvieron que ser enviados a Italia para preservarlos de su destrucción.
- Araucanos, de Ruca Choroy, 1971, un documental de Jorge Prelorán.
- Quebracho, de Ricardo Wullicher, 1974.
- La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera, 1974.
- La Tregua, de Sergio Renán, 1974, basada en la novela de Mario Benedetti.
- Juan Moreira, de Leonardo Favio, 1972.
- A los compañeros la libertad, dirigida por Marcelo Cespedes y Carmen Guarini. Formato: 1 videocassette, 28 min.: sd, col.; 1/2 in. VHS, PAL. Buenos Aires: Cine Ojo. 1987 documental sobre la situación de los presos políticos heredados de la dictadura militar iniciada en 1976.
- Montoneros: una historia, dirigida por Andres di Tella. Formato: 1 videocassette, 90 min.; VHS. Distri. por LAVA. 1995.
- La historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, 1983. Ganadora de dos Oscares. Ficción sobre el tema desaparecidos y adopción de niños.
- Operación Dignidad, video justificatorio del alzamiento liderado por el Tte. Cnel. Aldo Rico, 1987
- Sur, Fernando Solanas, 1989.
- Un Muro de Silencio, A Wall of Silence. dirigida por Lisa Stantic. Actuación de Vanessa Redgrave. Argentina, 1993, 107 minutes.
- Evita: the woman behind the myth, dirigida por Deirdre O\'Hearn. Formato: 1 videocassette, ca. 50 min. [New York]: A&E Home Video: Distributed in the U.S. by New Video Group, c1997. Originalmente producido para una serie de TV “Biography". Narrator, Jack Perkins.
- Evita, dirigida por Alan Parker sobre la opera rock deanton Lloyd Weber. 135 minutos, actuada por Madonna, antonio Banderas y Jonathan Pryce. Película y DVD. C. 2000
- Ernesto "Che" Guevara: le journal de Bolivie / the Bolivian diary / das bolivianische Tagebuch / La Sept/Arte Director: Richard Dindo. Formato: 1 videocassette, 94 min.: sd, col. with b&w sequences; 1/2 in. [Livonia, MI]: Fox Lorber Home Video, [1998]. Documental basado en el Dario de Guevera en Bolivia en 1967.
- Che: ¿muerte de la utopía?, dirigida por Fernando Birri. Formato: 1 videocassette, 90 min. VHS, PAL. Buenos Aires: Cine Ojo Films and Video, 2000; Film-collage sobre las utopías de fin de siglo,mediante el recurso de utilizar la figura y símbolo del mítico líder Ernesto "Che" Guevara como motor de la pregunta por las utopías de hoy. Realizado en el 30th aniversarioy de la muerte de 'Che' Guevara
- Prohibido, dirigida por Andres di Tella Formato: 1 videocassette, 104 min.; 1/2 in. VHS Distri. by LAVA. 1997 Basado en entrevistas con directores de teatro, periodistas, académicos y artistas visuales cuenta la historia de los años de la “guerra sucia".
- Botín de guerra: la historia de una búsqueda infatigable, documental sobre búsquedas de Madres de Plaza de Mayo. Director: David Blaustein. Formato: 1 videocassette, ca. 115 min. San Luis: Argentina Video Home, 2001.
- 25 años: madres de Plaza de Mayo, dirigida por Ariel Ogando. Formato: 1 videocassette, 30 min.. VHS, PAL. Jujuy: Wayruro Comunicacion Popular, 2002
- Cámpora al gobierno: 49 días de ilusión, dirigida por Román Lejtman. Formato: 1 videocassette, 85 min. . VHS, PAL. Buenos Aires: Pagina/12, 2002
- Evita la tumba sin paz, dirigida por Bauer, Tristan. Formato: 1 videocassette, 52 min.; South Productions Ltd, para Página 12. Sobre el manejo del cadáver de Eva Perón tras el derrocamiento de Juan Perón en 1955.
- Los rubios, dirigida por Albertina Carri. Formato: 1 videocassette, 84 min., PAL. Buenos Aires: Primer Plano Film Group, 2003. Originalmente lanzada como película en el 2003 El film usó una combinación de piezas documentales y ficción para narrar la desaparición de los padres de la directora en 1977.
- Sol de noche: la Historia de Olga y Luis, dirigida por Pablo Milstein y Norberto Ludin. Formato: 1 videocassette, 79 min.: VHS format, PAL. Buenos Aires: Blakman, 2004. Lanzado originalmente como film en el 2003 cuenta la historia de Luis Aredéz médico del ingenio Ledesma, desaparecido y la vida de su viuda Olga tras el episodio. Marcha sola cada jueves, desde hace más de veinte años, por la plaza del pueblo Libertador General San Martín, con su pañuelo blanco, el que identifica a las Madres de desaparecidos. y su pancarta. Es su forma de lucha y de recuerdo.
- La Memoria del Pueblo: Testimonios desde la memoria del pasado Argentino, dirigida por Gerardo Vallejo. 2 videocassettes, 52, 48 min. VHS formato, PAL. Buenos Aires: Blakman, 2004 Video 1: Homenaje a los Héroes y Mártires del 16 de Junio de 1955. Video 2: Homenaje al movimiento de recuperación Nacional del 9 de junio de 1956

Brasil

- Paulo Roberto Aguir, Lamarca O capitao da guerrilla, Global, Sao Paulo, 1992.
- Brasil: nunca mais. Um relato para A Historia, Prefacio del Cardenal Paulo Evaristo Arns, Rio de Janeiro, 1996.
- Wilfred A. Bacchus, Mission in Mufti: Brazil Military´s Regimes, 1964 – 1985, Greenwood Publishing Group, Westport.
- Wendy Hunter, Eroding Military Influence in Brazil: Politicians Against Soldiers, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1997.
- Bolivar Lamounier, De Geisel a Collor: o Balanco da tansicao, CNPQ-IDESP, Sao Paulo, 1990.
- Javier Martínez-Lara, Building Democracy in Brazil. The Politics of Constitutional Change, 1985 – 1995, Oxford U.P. St.´Anthony Series, Cambridge, 1996.
- Alfred Stepan, Democratizing Brazil. Problems of transition and Consolidation, Oxford University Press, Cambridge, 1989.

Películas

- Memórias do Cárcere, Nelson Pereira dos Santos, 1984. Película basada en la novela de Graciliano Ramos de una duración de más de tres horas
- Cabra marcado para morrer, dirigida por Eduardo Couthinho, 1984. Documental En 1964 el golpe de Estado frustra el rodaje de un film sobre la vida y la lucha del líder campesino Joao Pedro Teixeira, asesinado por militares aliados con los terratenientes, para impedir la propagación de la resistencia campesina. En 1975, Eduardo Coutinho recupera el material original y el proyecto retoma su marcha, basado en la vieja película de 1964, la crónica de vida de los campesinos y el itinerario de la actriz principal que habían logrado escapar de los militares.
- Lamarca, Sergio Rezende, 1994. Reconstruye la memoria del capitán del ejército que se integró a la guerrilla de la Vanguardia Popular Revolucionaria
- Four Days in September, Dir. Bruno Barreto, Brasil, 1998

Chile

- Genaro Arriagada, El Pensamiento Político de los Militares, Argentina, Brasil y Uruguay, CISEC, Santiago, 1981.
- Marjorie Agosin, Scraps of Life: Chilean Arpilleras. Chilean Women and the Pinochet Dictatorship, Red Sea Press, 1987.
- Pamela Constable & Arturo Valenzuela, A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet, W. W. Norton & Co., New York, 1993.
- Paul W. Drake & Ivan Jaksic (eds.), The Struggle for Democracy in Chile, 1982 – 1990, University of Nebraska Press, 1990.
- Lois Hecht Oppenheim, Politics in Chile: Democracy, Authoritarisnism and the Search for Development, Westview, Boulder, Co., 1998.
- Raúl Rettig Guissen, Presidente de la Comisión, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Miembros de la Comisión: Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea Egaña, Mónica Jiménez de La Jara, Ricardo Martín Díaz, Laura Novoa Vázquez, Gonzalo Vial Correa, José Luis Zalaquet Daher. Secretario de la Comisión: Jorge Correa Sutil., Santiago de Chile, CNVR, 4 de marzo de 1991.
- Mary Helen Spooner, Soldiers in a Narrow Land: The Pinochet Regime in Chile, University of California Press, 1994.
- Joseph Tulchin & Augusto Varas (eds.), From dictatorship to Democracy: Rebuilding Political Consensus in Chile, W. Wilson Center, Washington, 1991.
- Obispo Santiago Sergio Valech, Presidente de la Comisión, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Para nunca más vivirlo. Para nunca más negarlo, CNPPyT, Santiago, 28 de noviembre 2004.

Películas

- Conversation with Allende, dirigida por Sara Landau, 1971
- Que hacer, director: Saul Landau y Nina Serrano. Formato: 1 videocassette, 90 min.: [New York]:; The Cinema Guild, 1971 Filmado durante las elecciones de 1970, mezcla documentales referidos a la campaña electoral con una historia de ficción con intriga política. El film incluye canciones de cantor Country Joe McDonald, que alterna entre roles como un coro Brechtiano y el de deus ex machina hacedor de películas.
- Machuca, Andres Word, 1973. Sobre un intento de integración en un colegio entre niños de diferentes clases sociales.
- La batalla de Chile: la lucha de un pueblo sin armas, 1: La insurrección de la burguesía, 2. El golpe de estado, 3 El poder del pueblo, director: Patricio Guzmán, 1975. Video cassete. 96+78+88 minutos.
- Chile's forbidden dreams, director: Delfina Guzman, Nissim Sharim y Claudio Di Girolamo. 1 videocassette, 50 min.: New York, N.Y.: Latin American Video Archives [dist.], c1984. British Broadasting Corporation; Ictus Theater Company; producer, Edward Goldwyn. Fotografía de John Goodyer Videocassette lanzado en 1984 sobre el grupo teatral ICTUS que produjo obras y videos sobre el miedo y la autocensura en tiempos del régimen de Pinochet. Entrevistas a los actores y clips de sus obras y videos.
- Missing, dirigida por Costa Gavras, USA, 1982. Basada en un hecho real narra la historia de un padre de clase media alta buscando su hijo desaparecido en el golpe de septiembre de 1973.
- Imagen Latente, Pablo Perelman, 1988. En 1983, Pedro, fotógrafo profesional, tiene un hermano detenido-desaparecido durante la dictadura, y busca desentrañar el misterio, redescubriendo el mundo de su hermano.
- La frontera, Ricardo Larraín, 1990. Una historia de ficción sobre el confinamiento en el sur de un profesor de matemáticas aparentemente situada en 1984/5.
- Los náufragos, Miguel Littin, 1994. El retorno de exiliados y la recuperación de la memoria.
- Amnesia, Gonzalo Justiniano, 1994. En Valparaíso, el protagonista Ramírez reencuentra a Zúñiga, su antiguo sargento en el regimiento; los recuerdos del pasado emergen: ellos participaron de un campamento de presos políticos en el desierto, en la época de la dictadura.
- Chile: a history in exile, director: Cecilia Araneda. 1 videocassette, ca. 28 min.: formato VHS. Winnepeg Cine al Azar, 1998. Entrevistas a quienes estuvieron exiliados.
- Chile, obstinate memory: a film, director: Patricio Guzmán 1 videocassette, ca. 58 min.: formato VHS. New York, NY: First Run/Icarus Films, [1997]. Una coproducción de Les Films d\'Ici and the National Film Board of Canada. Patricio Guzmán, que fue uno de los guardaespaldas de Salvador Allende's en 1973 retorna a Chile 23 años después y muestra su película La Batalla de chile a antiguos amigos y estudiantes.
- Estadio Nacional, director: Carmen Luz Parot Formato: 1 videocassette, 90 min.: Santiago, Chile: Zoo Film & Audio; New York, NY: Distributed by Latin American Video Archives, 2001. Sobre el uso del estado como campo de prisioneros inmediatamente después del golpe de 1973.
- Victor Jara: el derecho de vivir en paz, director: Carmen Luz Parot. Formato: 1 videocassette, 60 min. Santiago, Chile: Fundación Víctor Jara: Warner Music Chile; New York, NY: Distribuido por Latin American Video Archives, c2001. Sobre la vida del cantor popular asesinado en el Estadio Nacional poco después del golpe de estado.

Uruguay

- Clara Aldrighi, La izquierda armada, ideología, ética e identidad en el MNL- Tupamaros, Trilce, Montevideo, 2001.
- Alvaro Alfonso, El revés de la trama, Fin de Siglo, Montevideo, 2001.
- Carlos Bañales y Enrique Jara, La rebelión estudiantil, Arca, Montevideo, 1968.
- Samuel Blixen, Sendic, Trilce, Montevideo, 2000.
- Juan María Bordaberry, Las opciones, Rosgal, Montevideo, 1980.
- Cnel. Regino Burgueño y Cnel. Juan Pomoli, La experiencia uruguaya, Centro Militar, Montevideo, 1984.
- Migual Angel Campodónico, Antes del silencio. Bordaberry. Memorias de un presidente uruguayo, Linardi y Risso, Montevideo, 2003.
- Miguel Angel Campódonico, Las vidas de Rosencoff, Fin de Siglo, Montevideo, 2000.
- Miguel Angel Campodónico, Mujica, Fin de Siglo, Montevideo, 1999.
- Nelson Caula y Alberto Silva, Alto el fuego, Reseboud editores, Montevideo, 1993.
- Sergio d´Oliveira, Cnel, El Uruguay y los Tupamaros, Centro Militar, Montevideo, 1986.
- Heber Gatto Fernández, El cielo por asalto. EL movimiento de liberación Nacional Tupamaros y la izquierda uruguaya. 1963-1972, Taurus, Montevideo, 2004.
- María Esther Giglio, La guerrilla tupamara, Ed. de la Flor, Buenos Aires, 1970.
- Eleuterio Fernández Huidobro, Historia de los Tupamaros, TAE, Montevideo, 1986. 3vols.
- Eleuterio Fernández H, La Fuga de Punta Carretas, TAE, Montevideo, 1990, 2 vols.
- Eleurterio Fernández Huidobro, La Tregua Armada, TAE, Montevideo, sf. 1992.
- E. Fernández H, La fuga de Punta Carretas, TAE, Montevideo, 1993.
- E. Fernández H, Historia de los tupamaros. En la nuca. Acerca de las autocríticas, Banda Oriental, Montevideo, 2001.
- Hugo Fontana, La piel del otro. La novela de Héctor Amodio Pérez, Cal y Canto, Montevideo, 2001.
- Charles Gillespie, Negotiating Democracy. Politicians and Generals in Uruguay, Cambridge University Press, Cambridge, 1991. Trad. Español. Montevideo: ICP, 1995.
- Yamandu González Sierra, Los olvidados de la tierra. Vida, organización y luchas de los sindicatos rurales, Nordan Comunidad, Montevideo, 1994.
- José Harari, Contribución a la historia del MLN-Tupamaros, Mario Zanocchi editor, Montevideo, 1986 2 vols.
- Alfonso Lessa, Estado de guerra, Fin de siglo, Montevideo, 1996.
- A. Lessa, La revolución imposible. Los tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo XX, Fin de Siglo, Montevideo, 2002.
- José Jorge Martínez, Crónicas de una derrota. Testimonio de un luchador, Trilce, Montevideo, 2003.
- Juan Carlos Mechoso, Acción directa anarquista: Una historia de la FAU, Recortes, Montevideo, 2002.
- Antonio Mercader y Jorge de Vera, Tupamaros: estrategia y acción. Informe, Alfa, Montevideo, 1969.
- Oscar Pereyra, Memorias de un soldado oriental, Ed. autor, Montevideo, 2004.
- Carina Perelli & Juan Rial, De mitos y memorias políticas,: Ebo, Montevideo, 1986.
- Carina Perelli & Juan Rial, El fin de la restauración, Peitho, Montevideo, 1990.
- Carina Perelli, Someter o Convencer. El discurso militar, Ebo, Montevideo, 1986.
- Carina Perelli “Putting ocnservatism to good use. Women and Unorthodox Politics in Uruguay, from Breadown to Transition", en Jane S. Jaquette (ed.), The women´s movement in Latian America. Feminism and the transition to democracy, Unwyn Hyman, Boston, 1989.
- Jaime Pérez, El Ocaso y la esperanza, Fin de Siglo, Montevideo, 1996.
- Juan Rial, Las Fuerzas Armadas, ¿soldados-políticos garantes de la democracia?, Ebo, Montevideo, 1986.
- J. Rial, "The limits of controlled terror: the manufacturers and defenders of fear in Uruguay" en Juan E. Corradi, Patricia Fagen, Weiss, Manuel Antonio Garretón (eds.), Fear at the edge. State, Terror and Resistance in Latin America, University of California Press, Berkeley, 1992.
- Juan Rial, Del combate contra el enemigo a la lucha por la supervivencia. Las Fuerzas Armadas uruguayas de los setenta a los noventa, PEITHO, Montevideo, 1993.
- SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, Uruguay Nunca Más, Serpaj, Montevideo, 1986.
- Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro. Memorias del calabozo, Tae, Montevideo, 1988/89, 3 vols.
- Silvia Soler, La leyenda de Yessie Macchi, Fin de Siglo, Montevideo, 2000.
- Saul Sosnovski & Louise B. Popkin (eds.), Repression, Exile, and Democracy. Uruguayan Culture, Duke University Press, Durham, 1992.
- Amilcar Vasconcellos, Febrero amargo, Monte Sexto, Montevideo, 1973.
- Rodrigo Véscovi, Ecos revolucionarios, Nóos editorial, Montevideo, 2003.
- Graciela Tagliaferro, Fernández Huidobro. De las armas a las urnas, Fin de Siglo, Montevideo, 2004.
- Jorge Torres, Tupamaros. La derrota en la mira, Fin de Siglo, Montevideo, 2002.
- Jorge Tróccoli, La ira de Leviatán, Innomedia, Montevideo, 1996.
- J. Tróccoli, La hora del depredador, Fin de Siglo, Montevideo, 1997.
- Uruguay, Fuerzas armadas, Junta de Comandantes en Jefe, Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental. La Subversión. El Proceso Político, FFAA, Montevideo, 1976/77, 2 vols.
- Uruguay FFAA, JCJ, Testimonio de una nación agredida, FFAA, Montevideo, 1978.
- Gonzalo Varela Petito, El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal, Trilce, Montevideo, 2002.

Películas

- Me gustan los estudiantes, Mario Handler, 1968, que puede ser considerada como el inicio del cine militante en el Uruguay. Se dispone en formato de casette VHS de 90 mm. Caracas, Venezuela: Fundación Cinemateca Nacional, 2000.
- Líber Arce, Liberarse, 1969, Handler, junto a Mario Jacob y Marcos Banchero, film mudo con fotografía de Musitelli que registra el cortejo fúnebre que acompañó el féretro de un estudiante asesinado por la policía.
- Uruguay 69: el problema de la carne, documental de Mario Handler que registra una huelga de los trabajadores de los frigoríficos cierra el cine militante de este director.
- Miss Amnesia, 1970, con producción del Cine Club del Uruguay y dirección de Alain Labrousse se realizó sobre cuento homónimo de Mario Benedetti.
- La bandera que levantamos, de Mario Jacob y Eduardo Terra, 1971 año de elecciones, da lugar a filmes de neto corte propagandístico con escasos recursos, película en blanco y negro de 8mm generalmente. trató de lograr el máximo de efectividad cinematográfica, aunque la factura final resultara imperfecta y el contenido es panfletario.
- Orientales al Frente, de Ferruccio Musitelli, 1971. También de propaganda en favor del Frente Amplio
- Estado de sitio, dirigida por Costa Gavras, 1973. Visión de los tupamaros y su acción contra el agente Dan Mitrioni en 1970 en una película de ficción.
- A los ganadores no se les pone condiciones, 1984, Luis Varela. Producido por la Coordinadora Uruguaya de Cine y Video, se trata un largometraje documental filmado en 8 mm que se estrenó en la sala del cine San José, luego de alguna prohibición impuesta por el Ministerio del Interior, titulado. Con dirección, fotografía y montaje de Varela. El título es la cita de una expresión del entonces Comandante en Jefe del Ejército en 1980.
- El Chevrolé, 1998, largometraje dirigido por Leonardo Ricagni. Sobe un cuento de Rosencof.
- El ojo en la nuca, Cortometraje de Rodrigo Pla, 2001, con actuación de Gael García Bernal. Ficción sobre un presunto juicio a un militar por desapariciones en Uruguay.

Regional. Central America

- Ariel C. Armony, Argentina, the United States, and the Anti – Communist crusade in Central America, 1977 – 1984, Ohio University Press, 1997, Monographs in International Studies, Latin America Series. Versión en castellano de la Universidad Nacional de Quilmes, 1999.
- Cynthia Arnson (ed.), Comparative peace process in Latin America, Wilson Center, Washington, 1999.
- John Booth, The end of the begining, Westwiew Press, Boulder, Co., 1988.
- William Leogrande, In Our Own Backyard: The United States in Central America, 1977-1992, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1998.
- Jeffrey M. Paige, Coffee and Power. Revolution and the Rise of Democracy in Central America, 1997.
- Alain Rouquié, Guerre et Paix en Amérique Central, Ed. du Senil, Paris, 1992.

El Salvador

- Hugh Byrne, El Salvador´s Civil War: A Study of Revolution, Lynne Rienner, Boulder, Co., 1996.
- Comisión de la Verdad, De la locura a la esperanza, ONU, San Salvador, 1994.
- Mario Lungo Uclés, El Salvador in the Eighties: Counterinsurgency and Revolution, Temple University Press, 1996.
- Cynthia McClintock, Revolutionary Movements in Latin America. EL Salvador´s FMLN and Peru´s Shining Path, US Institute of Peace, Washington, DC, 1998.
- Tricia Juhn, Negotiating Peace in El Salvador. Civil military Relations and the Conspiracy to End the War, St. Martin´s Press, New York, 1998.
- Tommie Sue Montgomery, Revolution in El Salvador: From Civil Strife to Civil Peace, Westview, Boulder, Co., 1995, new edition.
- Larry Towelle, El Salvador, W. W. Norton, New York, 1997.
- United Nations, The United Nations and El Salvador 1990 – 1995, United Nations Blue Books # 4, New York, 1996.
- Philip W. William and Walter Knut, Militarization and Desmilitarization in El Salvador´s Transition to Democracy, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1998.

Películas

- Salvador, Dir. Oliver Stone, 1986 Un film de fuerte contenido crítico hacia los EEUU.
- 1932, Cicatriz de la Memoria, Una historia oral de la insurrección indígena de1932.
- Alejandro, director Guillermo Escalón, 16mm, El Salvador,110 minutes 1994 Un ciego celebra su cumpleaños como parte del proceso de paz.
- Esta Esperanza, producido por Richard Breyer, 1995. Narrado por Héctor Elizondo. Video de 70mm.

Guatemala

- Gabriel Aguilera, Realizar un Imaginario. La Paz en Guatemala, SP, Guatemala, 2001
- Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala. Memoria del Silencio. Ta´mil Na´tabál, CEH, Guatemala. 12 vols. Disponible en CD. Ver resumen en http://hrdata.aaas.org
- Victor Perera, Unfinished conquest: The Guatemalan Tragedy, University of California Press, 1993.
- Margaret Popkin, Civil Patrols and their Legacy: Overcoming Militarization and Polarization in the Guatemalan Countryside, Robert F. Kennedy for Human Rights, Boston, 1990.
- REMHI, Proyecto Interdiocesano Recupareción dela Momoria Histórica, Guatemala Nunca Más, Guatemala, 1998.

Películas

- When the mountains tremble, documental. Formato: 1 videocassette, 90 min.; 1/2 in. VHS. New York, New Yorker Films, [1984] [Skylight Productions.] \"Updated Nobel Peace Prize version.\"Cuenta la historia: Rigoberta Menchu. Sobre los indígenas de Gautemala y su situación. A través d ela experiencia de una indígena.
- The Silence of Neto, Luis Argueta, 1994. Uno de los primeros films hechos enteramente en Guatemala. Sobre un jóven Neto, que busca su vida en medio de una situación política difícil. Filmado en Antigua.
- Guatemala: Deadly Connections, video 1995, 13 mins. Producido por la cadena de TV de EEUU ABC NEWS PRIME TIME LIVE un ex agente de la U.S. Drug Enforcement Agency, D.E.A. expone la corrupción y práctica d ela tortura por militares guatemaltecos. Incluye una entrevista con la viuda de Michael Devine que justifica el apoyo de EEUU a los militares de Guatemala.
- Approach of Dawn. Portraits of Mayan Women Forging Peace in Guatemala, video, 1997, 52 mins, documental.
- Dirty Secrets: Jennifer, Everardo & the CIA in Guatemala, video, 1998, 56 mins. Jennifer Harbury trata de determinar la verdad sobre que pasó con su esposo Everardo, un líder insurgente guatemalteco.
- Jesus Tecu Osorio in Guatemala, 1999. Video de 26minutos realizado por Jesús Tecuo Osorio que vio morir a sus padres ypareientes en 1982 y realiza una campaña por justicia.

Nicaragua

- Violeta Barrios de Chamorrowith Sonia Cruz Baltadano and Guido Fernández, Dreams of Heart; The autobiography of President Violeta Barrios de Chamorro of Nicaragua, Shimosn & Shuster, New York, 1996.
- Roberto Cajina, Transición política y reconversión militar en Nicaragua, CRIES, Managua, 1997.
- David Close, Los años de Doña violeta. La historia de la transición política, Grupo Editorial, Managua, 2005.
- Miranda Roger, William Ratliff, The Civil War in Nicaragua. Inside the Sandinistas, Transaction Pub, London, 1993.
- Thomas W. Walker (ed.), Nicaragua without Illussion: Regime Transition and Structural Adjustment in the 1990´s, Scholarly Resources, 1997.

Películas

- Target Nicaragua. Inside a Covert War, dir. Sara Landau, 1983 Film militante en favor dle sandinismo.
- Under Fire, 1983, Director Roger Spottiswoode,con la actuación Gene Hackman y Nick Nolte. Dos periodistas testimonian los días finales del régimen de Somoza, costándole la vida a uno de ellos.
- Counterpoint. The Sandinista Perspective, dir. Sara Landau, 1984
- Ballad of the Little Soldier, dirigido por Werner Herzog, 1984. Sobre la situación de los indios Miskitos de la costa caribeña, que en gran medida apoyaron a la Contra.
- Latino, 1985. Los sandinistas son inocentes y los contras bárbaros de acuerdo a esta pieza.
- Destination Nicaragua, 1986, con la actuación deTyne Daly. Una crítica del apoyo de la administración de Ronald Reagan a los Contras de Nicaragua.
- Carla's Song, director Ken Loach, 1987. Una historia de amor en la Nicaragua sandinista. 127 minutos.
- Nicaragua: No pasarán, dir. David Bradbury, 16mm color 73.5 minutos. Una buena parte de la película es sobre el comandante Tomas Borge.
- The World Stopped Watching, 2002. Peter Raymont and Harold Crooks retornaron a Nicaragua 15 años despues de realizar un documental para ver que situación tenía el país.
- The Immortal, director: Mercedes Moncada Rodríguez. Nicaragua – México – España, 2005. 78 minutos. Dos mellizos viven distintas vidas, uno sirviendo en la contra y otro en el Ejército sandinista.

Colombia

- Arturo Alape, Las vidas de Pedro Antonio Marin, Manuel Marulanda Velez, Tirofijo, Planeta, Bogota, 1989
- Mauricio Aranguren Molina, Mi Confesión: Carlos Castaño revela sus secretos, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2001.
- Jacobo Arenas, Cese el Fuego: Una Historia Politica de las FARC, Oveja Negra, Bogotá, 1984. El autor fallecido de un ataque cardíaco fue un antiguo comunista responsible del giro del liberalismo al marxismo de las FARC en los años 60.
- Olga Behar, Las guerras dela paz, Planeta, Bogotá, 1981.
- Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda & Gonzalo Sanchez (eds.), Violence in Colombia 1990-2000: Waging War and Negotiating Peace, Scholarly Resources, 1992.
- Malcom Deas & María Lorente (eds.), Reconocer la guerra para conseguir la paz, Bogotá, 1999.
- Fernán González, Iglesia Católica y el Estado Colombiano, Bogotá, 1989.
- International Crisis Group, “Colombia: Negotiating with the Paramilitaries," Bogotá/Brussels: Sept.16, 2003. http://www.intl-crisis-group.org/www.intl-crisis-group.org
- Rafael Pardo (ed.), El siglo Pasado, Bogotá, 2001.
- Daniel Pécaut, Crónicas de dos décadas de política colombiana. 1968-1988, Bogotá, 1989.
- Daniel Pécaut, Guerra contra la sociedad, Bogotá, 2001.
- Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, 1875-1994, Grupo Norma, Bogotá, 1998.
- Eduardo Pizarro, Las FARC: de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha. 1949-1966, Tercer Mundo-IEPRI-UN, Bogotá, 1990.
- Eduardo Pizarro, Insurgencia sin revoución. La guerrilla colombiana en perspectiva comparativa, Tercer Mundo-IEPRI-UN, Bogotá, 1996.
- Mauricio Romero, Paramilitares y Autodefensas 1982-2003, Editorial Planeta, Bogotá, 2003
- Francisco Thoumi, Economía, Política y Narcotráfico, TM Editores, 1994.
- Juan Tokatlian, Globalización, Narcotráfico y Violencia, Grupo Norma, 2000.
- Javier Torres, The Armed Forces of Colombia & the National Front, Boulder, L Rienner,1989.
- http://www.hechosdepaz.gov.co
- AUC: http://www.farcep.org/www.FarcEp.org, http://www.anncol.org/www.anncol.org
- ELN: http://www.eln-voces.com/www.eln-voces.com
- Ministerio de Defensa: http://www.presidencia.gov.co/ministerios/defensa.htmhttp://www.presidencia.gov.co/ministerios/defensa.htm

Películas

- La Magia de Lo Real, Gabriel García Marquez, video recording. Director, Ana Christiana Navarro -- Princeton, NJ: Films for the Humanities, c 1982. 1 video cassette, 60 min.. Conversaciones de García Márquez sobre su vida y la circunstancia de Colombia.
- Los condores no entierran todos los días, director, Francisco Norden, 1984, basado en un libro de Fernando Gardeazábel.
- Rodrigo D = no futuro, Víctor Gaviria et al, 1 videocassette, 92 min., New York, N.Y, 1991. Centrado enla historia de Rodrigo un jóven en la convulsionada Medellín de 1988.
- La Estrategia del Caracol, dirigido por Sergio Cabrera.
- Confensando a Laura, 1990. Ambientado en tiempo del bogotazo de 1948.
- Los condores no entierran todos los días, director: Francisco Norden, basado en un libro de Fernando Gardeazábel.
- Los niños abandonados, Danny Lyon et al, 1 videocassette, 63 min., Clintondale, NY, 1992. Actuación de simón Joselín, Jurito. Documental sobre niños de la calle, “gamines", en Bogotá.
- Secuestro: A Story of a Kidnapping, dir. Camila Motta, 1993, 92m.
- Entre el Diablo y los Tigres, de Vicente Franco, 1993, sobre "La Violencia" en Colombia.
- La vendedora de Rosas, dir. Víctor Gaviria, 1998, Disponible en DVD. Sobre la vida en la calle.
- La Virgen de los sicarios, basada en el libro del mismo nombre del escritor antioqueño Fernando Vallejo y dirigida por Barbet Schoeder, 2000.
- Los Archivos Privados de Pablo Escobar, director Marc de Beaufort, 2002. Video de 70 minutos.
- María llena de gracias, dir. Joshua Marston, 2003. El uso de “mulas" colombianas para trasportar droga a New York.

Perú

- Carlos Iván Degregori, Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, IEP-UNSCH, Lima, 1996.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación, Memoria. Seminario. De la negación al reconocimiento, CVR I–Idea, Lima, 2003
- Comisión de la Verdad y reconciliación, Informe Final, Agosto 2003. Ver: http://www.cverdad.org.pe/ifinal
- Gustavo Gorriti, Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú 1, Editorial Apoyo, Lima, 1990.
- Fernando Rospigliosi, Montesinos y las Fuerzas Armadas, IEP, Lima, 2000.
- Carlos Tapia, Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Dos estrategias y un final, IEP, Lima, 1996,

Películas

- La boca del lobo, Francisco Lombarda, 1988. Ficción realizada en España sobre la acción de un destacxamento militar en un poblado donde actúa Sendero Luminoso, SL. La visión tiende a favorecer a este movimiento hoy en extinción.
- Washington-Peru: we ain't winning, director: Shari Robertson Formato: 1 videocassette, 57 min.: VHS. Whyy, PA:Ophidian Films, c1992. Sobre los plantios de coca y la acción Sendero Luminoso, visto por un cineasta de EEUU.
- La vida es una sola, dir. Mariana Eyde sobre la acción de SL.
- The Dancer Upstairs, 2002. Primer trabajo como director de John Malkovich. Un triller político desarrollado en unpaís innombrado pero que se supone es el Perú de tiempos de Sendero Luminoso. Está basado en una novela del británico Nicholas Shakespeare, que en algunas partes la conversación es en Quechua.
- La persistencia de la memoria, director: Andrés Colter, Yuyachkani. Formato: 1 videodisc, 120 min.: sd, 4 3/4 in. DVD, Lima, Grupo Cultural Yuyachkani. 2003, Documental sobre el Grupo Yuyachkani sobre treinta años de teatro, por los derechos humanos. Dentro de ese contexto de la presentación de El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el grupo teatral Yuyachkani fue consciente de la importancia histórica del suceso y participó activamente durante las audiencias públicas y en la presentación final en Ayacucho. Esto ha provocado nuevas lecturas sobre sus obras reunidas bajo el título de "Persistencia de la Memoria" que se presentaron entre octubre y diciembre del 2003.
- Paloma de Papel, dir. Fabrizio Aguilar, 2003. Un niño de 12 años es secuestrado por Sendero Lumisonoso y lugo de ser soldado del movimiento se escapa.
- The fall of Fujimori, dir. Ellen Perry , 2004, Estados Unidos. Documental, entrevista al dictador peruano en Japón.