LOS MILITARES TRAS EL FIN DEL REGIMEN DE FUJIMORI-MONTESINOS
Juan Rial
Noviembre 2001
I. El contexto.
A fines del 2000, luego de forzar su reelección, el presidente peruano Alberto Fujimori se encontró en una situación política difícil. La dictadura personal que él encabezaba, justo a su asociado, el "asesor" Vladimiro Montesinos enfrentó acusaciones públicas de corrupción que no podía contestar. Videos filmados por Montesinos mostraron como se compraba a un diputado opositor para servir al régimen en el Congreso. Primero Fujimori intentó deshacerse de su "socio", el "asesor", tratando de evitar su caída. Pero no tuvo éxito. Decidió fugarse, abandonando el cargo.
Como en todo régimen altamente personalizado y sin institucionalización, reposando casi exclusivamente en la manipulación, cooptación y miedo terror impuesta por sus jefes, la caída de ambos, dejaba un vacío, que rápidamente llenó en lo político la oposición que sobrevivió al régimen. Pero había un actor sustancial que fue parte del proceso que sobrevivía. Las fuerzas militares y policiales. Aunque puede argumentarse que las corporaciones armadas no actuaron institucionalmente sino sólo por la adhesión de los mandos cooptados, es un hecho que el apoyo constante durante casi diez años involucró a las tres Instituciones Armadas (IIAA). Uno de los videos filmados por orden de Montesinos mostró a cerca de medio centenar de oficiales superiores (prácticamente todos los generales, almirantes, coroneles y capitanes de navío presentes en el Perú, firmando un documento de adhesión al régimen presidido por Fujimori a fines de su régimen).
La dictadura personal de los "diarcas" Fujimori -Montesinos se sostuvo con el apoyo pasivo y activo de esas fuerzas, tras cooptar y manipular sus mandos por la acción del "socio" Montesinos, que usufructuaba de su conocimiento de la institución y de la cultura política imperante en la misma. Era una fuerza militar con pocos reflejos para sostener una institucionalidad democrática, tras haber manejado el poder durante largo tiempo, especialmente durante el período iniciado en 1969 con el golpe que llevó al poder al primer "chino", el Gral. Juan Velazco Alvarado1. La fuerza militar había preparado el plan para un golpe de estado contra Alan García2 y ese borrador, actualizado, sirvió para apoyar el golpe de abril de 1992 que impuso la dictadura. Fujimori y Montesinos ahora son parte de la historia y de los ajustes de cuentas que pasa todo derrotado. Pero para el actor militar llega la amarga hora de tener que rectificar el rumbo.
En 1990 se realizó en Perú una elección general cuyo resultado resultó para muchos, aún dentro del Perú una sorpresa. Gobernaba, entonces, Alan García Pérez, el jóven heredero de Haya de la Torre, el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, un partido que apeló a una retórica indigenista, pero nunca fue un partido de ese carácter, sino un vehículo de aspiraciones de sectores medios.
Gran parte de las banderas apristas fueron arrebatadas por el gobierno militar inaugurado en 1968. El septenato de Juan Velazco Alvarado forzó una reforma agraria y liquidó la vieja oligarquía del país. El viraje hacia la izquierda del gobierno no pudo ser totalmente radical debido a los frenos impuestos por la propia fuerza armada que impulsó ese proceso.
Abortado el proceso de radicalización y alejado Velazco Alvarado, sustituído por el moderado Morales Bermudez, luego de ese interinato se retornó al marco democrático liberal. El primer gobierno de Balaúnde puso al Perú en la ruta que llevaría luego al consenso de Washington. El segundo gobierno de ese período democrático fue el de Alan García, quién encabezó un gobierno populista que ya estaba "fuera del tiempo". No había un contexto propicio, sino todo lo contrario, para llevar adelante la idea de no pagar la deuda externa, nacionalizar bancos y profundizar el camino revolucionario que había iniciado Velazco.
Sin embargo, García pudo terminar su mandato, pesar de la hiperinflación, la falta de crédito del país en el extranjero y el fuerte deterioro económico manifestado especialmente en un cambio fuerte del mercado laboral. En tiempos de García el informalismo, el cuentapropismo, invadió Lima, especialmente su centro y gran parte del comercio se expandió en forma explosiva adoptando formas "subterráneas", eludiendo el marco formal de la economía. Era el "otro sendero" que describió en un libro del mismo título, publicado en 1987 por Hernando de Soto.
Aunque iniciada antes, durante el gobierno de García se profundizó la violencia política por la acción de guerrilleros guevaristas, pertenecientes al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaruc) y muy especialmente por Sendero Luminoso3, un movimiento "poltpotiano"4 que dirigía Abimal Guzmán, el "camarada Gonzalo", quién se presentaba como la cuarta espada del marxismo, tras Lenin, Stalin y Mao.
En ese marco se produce la sorpresa. Se suponía que el sucesor de García sería el conocido escritor Mario Vargas Llosa, quien estaba al frente de una coalición de partidos opositores a García. Pero el ganador fue un "outsider" de la política, el Ing. Alberto Fujimori5. Descendiente de japoneses6 Fujimori, llamado popularmente "el Chino", había tenido una carrera universitaria, donde se destacó por su manejo autoritario. Terminado su mandato con la presidencia del Consejo Nacional de Rectores, debía retornar a su simple cargo de profesor. Decidió "huir hacia adelante". Casi sin recursos intentaba ser electo senador. Busco ser parte de la coalición de Vargas Llosa, pero Alvaro, hijo del escritor, y director de la campaña, no dejó que siguiera adelante. Con la misma audacia que mostró posteriormente hizo una alianza con un pequeño grupo evangélico y se lanzó a la presidencia, que obtuvo en la segunda vuelta7, con el apoyo no explícito de Alan García.
El electo Fujimori, era un "nuevo caudillo" que sólo atraía por su condición de marginal en una ciudadanía donde buena parte de los votantes también tenían esa calidad, llegó al poder "desnudo", sin una elite capaz de manejar el estado desfalleciente que dejaba García Pérez.
Antes de llegar al gobierno entró en escena un oscuro personaje, un ex capitán del Ejército, dado de baja desobediencia, lo que le valió prisión: Vladimiro Lenin Montesinos Torres8. Montesinos salió del Ejército por esa razón, pero en realidad había vendido información a los EEUU sobre la compra de material de origen soviético para los militares peruanos y quizás otras informaciones gracias a los cargos de confianza que desempeñó en el régimen militar. Tras salir del ejército Montesinos obtuvo el título de abogado y su clientela fueron personas acusadas de ejercer el narcotráfico. Sus antiguas vinculaciones le abrieron una oportunidad fuerte al llegar Fujimori al poder. Fujimori podría "limpiar" cuentas de impuestos impagos por el electo presidente. Ya antes había reingresado en los círculos militares en su condición de "asesor" de los servicios de inteligencia9.
El "nuevo Rasputin" como lo llamó Enrique Zileri, el director del semanario Caretas conformó un binomio con Fujimori (luego de desplazar totalmente, por 1996 a Santiago Fujimori, hermano del presidente) en el cual los dos se necesitaron y se usaron mutuamente durante un largo decenio.
Como en muchas de los países de América Latina el estado ha predominado notoriamente sobre la llamada sociedad civil10. Perú como la mayoría de los países de América Latina ha sido una creación del Estado. Aunque el mismo se hizo sobre una base social heterogénea, por la acción de un estrato social superior, la llamada "oligarquía", que creó un aparato para guiar a toda la sociedad.
Avanzado el siglo XX la construcción del estado - nación peruano no fue inclusiva, motivando que la noción de ciudadanía fuese prácticamente limitada en razón de la no pertenencia al complejo cultural y lingüístico de los sectores dominantes. En el siglo XX el complejo proceso político del país, que pasó por fases de autoritarismo civil y militar, a veces apuntando al mantenimiento de la situación social preexistente y en otras buscando una fuerte transformación, siempre uso el aparato estatal como principal palanca de transformación.
El proceso de cambio y apertura económica, llevó a que la ineficiente máquina burocrática estatal entrase en una crisis fiscal importante, que obligó a el abandono de muchas de sus viejas responsabilidades y a un rediseño en la forma de conducir a la sociedad. En Perú el proceso coincidió con un período de fuerte agitación política promovida por el MRTA y Sendero Luminoso así como por el tardío populismo que intentó llevar adelante Alan García. Todos esos elementos muy peculiares del país, llevaron a que su historia corriese por un andarivel diferente al de las otras repúblicas sudamericanas. La Presidencia del Ing. Alberto Fujimori iniciada en 1990, tenía que lidiar, a la vez, con la apertura económica, el ajuste fiscal y contra los movimientos subversivos, sin tener un grado de estabilidad política adecuada, sin apoyos parlamentarios y con una sociedad sacudida por el fuerte proceso de cambio del que había dado cuenta su asesor Hernando de Soto en su libro El otro Sendero11. Una buena parte de la sociedad peruana recreaba formas capitalistas y de ajustes a la nueva realidad económica recorriendo el camino de la informalidad.
En ese marco Perú experimentó una aguda desinstitucionalización. La fuerza militar dejó de ser una máquina burocrática al servicio del Estado para regular la vida en sociedad para devenir en un instrumento al servicio de la diarquía y su entorno. Dada la circunstancia de caos económico, desistegración social, la figura autoritaria de Fujimori fue poco a poco aceptada y legitimada por gran parte de la ciudadanía peruana, que consideró a su régimen un "mal necesario", algo así como una dictadura romana.
Los partidos políticos prácticamente dejaron de existir, lo que fue estimulado por Fujimori con las nuevas normas de 1995 que prácticamente dejaron fuera de escena a la mayoría de las formaciones existentes. Sin embargo y con esfuerzo el Partido Acción Popular, el APRA y otros pequeños partidos lograron sobrevivir, sea autónomamente o como coaliciones como fue el caso de la izquierda tradicional. Pero todos los partidos opositores no tenían fuerza, ni programa alternativo, ni capacidad de acción conjunta capaz de convencer a la ciudadanía peruana y por lo tanto incapaces de enfrentar con éxito los movimientos inorgánicos de los caudillos personalistas12.
Inicialmente Fujimori intentó un compromiso entre sectores de centro y de izquierda para gobernar. Al mismo tiempo una serie de conspiraciones militares en marcha indicaban que el régimen no duraría mucho sino se tenía éxito en corregir la economía y en contener la acción subversiva, expresada en actos terroristas. Ante ello Fujimori decidió nuevamente "huir hacia adelante" y Montesinos también estuvo en el juego, dado que se había adueñado del SIN (Servicio Nacional de Informaciones) en su calidad de "asesor" del Presidente.
El golpe de 1992 contó con apoyo popular (de lo que no estaban seguros Fujimori y Montesinos), con el apoyo de la Fuerzas Armadas, dado que no les quedaba alternativa , pues esa acción vaciaba la justificación para su golpe propio. Pero fue resistido por la comunidad internacional, que no deseaba repetir la historia del apoyo a los golpes de estado.
Con la ayuda de Hernando de Soto y un equipo de elite en el ámbito de la conducción económica, pronto se logró recomponer una imagen de legalidad, aprobándose una nueva Constitución y además se lograron éxitos en el campo macroeconómico y en el combate contra los subversivos. Fujimori ganó fácilmente la elección de 1995 frente a otro prestigioso personaje, Javier Pérez del Cuellar ex Secretario General de las Naciones Unidas.
Era el resultado de una eficaz acción para bajar la inflación, siguiendo el llamado "consenso de Washington", pero que, como resultado no deseable incrementó la desarticulación del estado como protector de los sectores subalternos, y un costo social inmenso, expresado en la fuertísima desigualdad entre los sectores altos y los populares y en un cambio en la composición de los sectores medios que condenó a la clase media creada a partir de los cincuenta a una vida precaria. La imposición de esas severas de políticas de ajuste y del control de la violencia política, especialmente tras la captura de Abimael Guzmán en 1992, marcaron la hora de gloria de la "diarquía", entonces poco percibida a nivel popular. El protagonista era Fujimori. El pecado de hubrys lo llevó a seguir el mismo camino, a no institucionalizar su movimiento político y a continuar con el régimen de excepción.
Luego del golpe de 1992, la concentración de las decisiones en Fujimori y su entorno fue enorme. Algo más dl 30% del presupuesto estatal se destinaba a pagar intereses y amortizaciones de la deuda externa, revirtiendo totalmente las premisas del gobierno García. Pero otro 30% se destinó al Ministerio de la Presidencia, un organismo dirigido directamente por Fujimori, quién de este modo concentró para sí las políticas sociales del país. Pero para instrumentarlas requería el continúo trabajo en las sombras de Montesinos. El resto de los ministerios, organismos autónomos, poder judicial, etc. debió conformarse con el restante 30%.
En ese marco la sociedad civil devino una presencia esporádica y, en general pasiva. La desconfianza respecto a los otros integrantes de la sociedad era alta así como la solidaridad intergrupal. Se manifestó en la desconfianza en la acción colectiva que fuera más allá de la sobrevivencia, o en la obtención de alguna mejora local o llevar a cabo alguna protesta focalizada. La retracción a los ámbitos privados o a la protección corporativa propia de períodos dictatoriales acompañó a los peruanos durante el largo decenato de Fujimori13.
Fujimori gobernó sin apoyo de un real partido político. Cambio 90 fue un simple movimiento poco orgánico, que le sirvió para llegar a la presidencia. No institucionalizó esa organización. Al igual que en el Estado la política de Fujimori respecto a los partidos era personalista no institucional. En 1995 fue otro vehículo transitorio el que lo apoyó: Cambio 95. Sin embargo algunos de los miembros de ese movimiento pasaron a ser parte de una camarilla permanente, que en el 2000, bajo la sigla Perú 2000 buscaban perpetuarse en los sillones del Congreso.
El régimen presidido por Fujimori reforzó la posición antipolítica que predominaba en el Perú a fines de los ochenta. El descrédito de los políticos, de la instituciones formales y de los partidos políticos se mantuvo durante los noventa. Sin embargo, el régimen tuvo la habilidad de mantener las formas. Luego de golpe se votó de acuerdo con la prescripción constitucional. Se instauró una democracia "iliberal"14. Sin embargo, Fujimori forzó la interpretación constitucional para hacerse reelegir en el 2000. Además promovió a tal efecto una campaña de recolección de firmas que resultó fraudulenta. Luego de ser reelecto, no contando con mayoría en el parlamento, comenzó a reclutar opositores "comprándolos", literalmente. Uno de esos episodios de corrupción desencadenó el proceso de caída del binomio Fujimori - Montesinos.
La visión elitista de la actividad política se acentuó durante el decenio fujimorista. Para la masa de los peruanos el político relevante es una persona que debe poder resolver problemas. La visión tiende al mesianismo. Se esperaba (y se espera) que el Jefe de Estado encare los grandes problemas, tales como el empleo y las demandas sociales por mejor salud, educación, vivienda y las resuelva. El estado sigue siendo el primer referente de los peruanos. El estado debe ser el alfa y omega de la acción colectiva y todo debe proceder de él. Se habla marginalmente de la empresa privada como motor de la sociedad y la acción societal.
La movilización de la sociedad civil a través de organizaciones voluntarias es una cuestión de los sectores medios, para los sectores populares es el estado el que debe seguir proveyendo la red de protección a todos los peruanos y sienten que lo que provee ese estado es sumamente ineficiente. Si bien se puede constatar que tras diez años de régimen dictatorial se siente una sensación de "alivio", hay, en los adultos nostalgia del populismo, que no hay posibilidad de revivir.
Incertidumbre es la palabra clave para explicar el resultado de años de frustraciones. Para los que tiene más de cincuenta años, aquellos que llegaron a tener 18 años en el primer año de la administración de Juan Velazco Alvarado, ese sentimiento se traduce en resignación, en retirada de la escena pública. Ya no se milita en partidos. Ya no hay sindicatos en los que participar y se extraña la voz del sindicato en la defensa de derechos de los asalariados. Para los adultos de menos edad, en desconcierto, en dificultades para ubicarse y actuar en un mercado laboral difícil. Para los jóvenes, los recién llegados de 18 y los de veinti y tantos, en cambio, significa desde búsqueda a rebeldía. Fueron ellos los que mayoritariamente participaron en la reprimida marcha de los "cuatro suyos" para protestar por la tercera re - reelección de Fujimori.
La herencia de desinstitucionalización fue la elección de otro outsider de la política, de otro "nuevo caudillo", de Alejandro Toledo, el "cholo". Participó en las elecciones de 1995 donde apenas cosechó un 4% de los votos. En el 2000 desplazó a Alberto Andrade de su condición de principal opositor y disputó la primera vuelta de las elecciones. Desistió de hacerlo en la segunda vuelta por considerar que el marco era fraudulento. No le faltó razón. Su movimiento Perú Posible es tan amorfo como las formaciones que apoyaron a Fujimori. Se espera que, durante su administración, se produzca un proceso de reconstrucción de la institucionalidad estatal y la de los partidos políticos.
Como todo poder absoluto, el régimen de Fujimori llevó a una corrupción absoluta. La misma se dio en el tiempo de la "videopolítica". Una característica de "Rasputin" Montesinos fue la de chantajear constantemente a todos aquellos a los que necesitaba, para obtener sus fines de acumulación y mantenimiento del poder. Para ello filmó una buena parte de sus entrevistas de "negocios". A su caída parece que tenía una videoteca de más de 1500 casettes15. No todos han aparecido. Fujimori parece haberse preocupado de sacar los que lo incriminaban personalmente antes de huir al Japón. Tampoco han aparecido los de contenido personal, especialmente acerca de la vida sexual de quienes Montesinos vigilaba utilizando los recursos de los servicios de inteligencia. Pero, los divulgados fueron suficientes para incriminar a políticos, jueces, militares, periodistas, dueños de medios de comunicación, empresarios, entre ellos las más importantes cabezas de grupos económicos en actos de corrupción, algunos punibles penalmente, otros meramente repudiables.
El daño provocado ha sido enorme. Los grados de desconfianza de la sociedad peruana crecieron, así como también la idea de la necesidad de salvación.
Fujimori y Montesinos se necesitaron, se usaron y se manipularon mutuamente, y ambos manejaron el Perú con bandas de acólitos que servían a ambos, o a uno de ellos preferentemente. Este régimen personalizado, con un jefe de estado instituido de legalidad, y durante un tiempo de legitimidad, en sociedad con un personaje tenebroso, un "Rasputin", que sólo al fin de su gestión comenzó a ser fotografiado y cuyo único cargo era el de "asesor", no hubiese podido sostenerse sin el apoyo de la fuerza armada del país.
La situación de violencia al tiempo de asumir Fujimori hizo que el ejército conspirase constantemente. Pero el golpe de 1992 y el "triunfo" frente a los guerrilleros dejaron a los militares sin opción. Intentos de deponer a Fujimori encabezados por personas con prestigio entre los militares fueron abortados por la eficacia de los informantes de Montesinos.
Este, antiguo miembro de la fuerza pudo manipular y colocar a mandos de confianza entre los militares, comenzando por la fuerzas que le resistían menos, la Fuerza Aérea y la Marina. Luego lograr la victoria frente al Gral. Hermoza, el tercer miembro de la cúpula del poder entre 1992 y 1998, Montesinos logró también el control del Ejército. Al final de su carrera había impuesto mandos de confianza en las tres organizaciones militares. De este modo el régimen de la dupla contó con la fuerza necesaria para mantener el régimen, cuando la excepcionalidad se había terminado y se imponía la hora de la re -institucionalización.
Pero mientras que la cabeza de esa dictadura era personal, centrada en Fujimori para la vida pública, bicéfala, encarnada en Fujimori y Montesinos, en su operativa corriente, el apoyo dado por los militares no fue de tipo personal. La troika de poder se conformó por dos personas y un organización corporativa, las Fuerzas Armadas. Las mismas no actuaron unificadamente, sino a través de las tres Instituciones Armadas (IIAA), el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea la mayoría de cuyos mandos buscaron medrar en la circunstancia.
Hoy se sabe que el esquema de corrupción montado alcanzó a buena parte de los jefes militares que inflaron las planillas de personal, para cobrar salarios de soldados y marinos inexistentes16, que fueron parte de las compras de armamentos y equipos, algunos de los cuales nunca existieron, u otros de carácter defectuoso, cobrados a precios de material nuevo de primera calidad.
La manipulación de los ascensos de los cuadros de oficiales de modo de favorecer a una red de mediocres y amigos permitió acentuar ese dominio. No fue casualidad que un Ejército con casi 105 generales sólo tuviese a uno como responsable del área de combate con el Ecuador en el último conflicto entre los dos países y que fuera ésta la primera vez en la que fuerza militar peruana perdiese en el campo. El Ejército había devenido más una máquina político-burocrática al servicio de oficiales complacientes con la diarquía, que una fuerza militar profesional.
Al implosionar el régimen de Fujimori - Montesinos, las IIAA se encontraron con una fuerte crisis de legitimidad. El prestigio frente a la población cayó notoriamente, lo que no ocurría antes el Perú. Hay que recordar que para la masa popular la fuerza militar que encabezó Velazco Alvarado tenía prestigio y que hasta entonces, la apelación al patriotismo había funcionado bien.
Habían caído dos hombres y su círculo de acólitos, pero como no habían construido ninguna institucionalidad ellos no arrastraron a ninguna fuerza política con ellos. Los restos del movimiento fujimorista apenas sobreviven en el Congreso y están enquistados en la burocracia, pero no tienen plan de futuro, sólo buscan sobrevivir.
La fuerza militar no sufrió una derrota total en combate, sino una de carácter político y ético. Se buscó rápidamente individualizar los responsables de la conducción militar que llevaron adelante actos de corrupción y se busco rectificar el rumbo y tratar de buscar nuevamente la legitimidad popular perdida.
II. Las Fuerzas Armadas a la búsqueda de una nueva legitimidad.
La pregunta que se hicieron los nuevos mandos de las IIAA al instalarse el régimen provisional del presidente Valentín Paniagua fue ¿cómo lograr que las Fuerzas Armadas rompan con ese pasado, lo superen, se acomoden al nuevo régimen y logren recobrar prestigio entre la población? El primero indica que el futuro de la Fuerzas Armadas comienza por su pasado.
El cierre del pasado es una tarea sustancial de todo gobierno que sucede a un régimen autoritario. Es raro un régimen de este tipo que no haya cometido abusos sobre los derechos humanos y el peruano de Fujimori no fue una excepción. Los abusos se dieron tanto sobre civiles como sobre militares, tanto en los casos de represión de los movimientos subversivos, como para atender fines subalternos conectados con la acción para mantener en el poder a Fujimori y su esquema de dominación17.
Respecto a este tema, en los días finales de la presidencia del Dr. Paniagua se nombró una Comisión de la Verdad, que preside el Dr. Salomón Lerner. Pero, también, necesariamente deberán enfrentar el pasado reciente por el tema más visible: la corrupción que afectó a las IIAA.
Importará mucho explicar a la ciudadanía y a los propios integrantes de las IIAA porqué se llegó a esa situación de admisión del poder absoluto de un ex miembro de la fuerza18, porqué luego de anteriores experiencias autoritarias se embarcaron nuevamente en el apoyo a un régimen caudillista que desinstitucionalizó al país.
Esta revisión implicará una discusión con la participación de diversos actores políticos del país, pues no es sólo un problema de las IIAA, sino de la sociedad peruana.
Se están procesando juicios por corrupción contra algunos mandos de las fuerzas militares por su gestión pasada19 y hay una percepción genérica de desprestigio de los militares entre la población, resultado del apoyo dado al régimen "iliberal" y semiautoritario que rigió en el Perú en la última década.
Como ejemplo de los niveles de corrupción indicaremos que la llamada Comisión Morales del Congreso que cesó en julio del 2001, estableció que entre 1995 y el año 2000 se gastaron U$S 1.025.910 000 provenientes del dinero de las privatizaciones en armamentos, constituyendo el 53% de las compras de equipo realizadas en ese período que llegaron a mil novecientos veintidós millones de dólares.
De los mil veinticinco millones, correspondieron 801 millones a la Fuerza Aérea, 115 millones la Marina de Guerra y 108 millones al Ejército. El mayor rubro fue la compra de aviones por 561 millones20. Posteriormente también se supo que algunas de esas mismas firmas vendieron material para el ministerio del Interior21. En todos los casos las firmas actuaban en acuerdo con Montesinos o personeros designados por él y de acuerdo a decretos que firmaba Fujimori.
Las Fuerzas militares presumiblemente recibirán un presupuesto recortado. Esto supone que las variables de ajuste más probables a tener en cuenta son el número de personal y sus remuneraciones, así como el presupuesto operacional. Sin embargo, en lo que refiere al personal, hay que tener en cuenta que la mayoría del presupuesto se dedica al pago de salarios (cerca de un 80% en el Ejercito, 69% en la FAP y un 75% en la MGP), siendo otra posibilidad implementar cambios en la organización y despliegue y la tercera la referida a una racionalización del equipo e infraestructura.
De acuerdo a la tabla de organización que se establece en el último decreto emitido por el Ministerio de Defensa durante el período del presidente Valentín Paniagua, siendo Ministro el Gral. en retiro Walter Ledesma, las FFAA peruanas tendrían un efectivo previsto de 147 228 hombres. Un decreto previo, de enero del 2001, los establecía en 171 143 y el Decreto del 30 de diciembre de 1999 cuando era Ministro de Defensa el denunciado por actos por de corrupción Gral. Carlos Bergamino sería de 245 294 hombres. La diferencia hace presumir otros casos de corrupción, pues no hay evidencia de una reducción de efectivos de cerca de más de 90 000 personas, más de un tercio del total. Esto indicaría que habría unidades con personal "fantasma", inexistente, cuyos salarios y parte del dinero destinado a su manutención, entrenamiento, etc., fue desviado a otros fines. En otro contexto, en tiempos cercanos, se habló de los "batallones cobra", jugando con el símbolo del oficio que usan algunas unidades militares y el sentido del humor que indica que serían unidades que sólo existían en el papel, a los efectos de hacer efectivo la partida presupuestal destinada a ellas.
Efectivos del Ministerio de Defensa Peruano. 2001.
Toledo con ese anuncio referido a los límites de compras no sólo buscaba posicionarse adecuadamente para una negociación con Chile, sino que advertía acerca de las presiones que eventualmente surgirían de parte de sus fuerzas armadas para solicitar compras de equipo. Afortunadamente, pese a este anuncio de Chile, ni Argentina ni Brasil se han embarcado en una carrera similar23. Es más la búsqueda del déficit cero en Argentina ha llevado a que la fuerza militar del país haya pasado a una situación de emergencia en la cual gran parte de sus efectivos están en largos períodos de licencia a los efectos de reducir gastos. Brasil ha optado por la compra de materiales aéreo de segunda mano y ha negociado con Francia la transferencia del portaviones Foch por un costo negociado "políticamente".
El nuevo régimen deberá encarar reformas en las disposiciones legales, especialmente en lo referido a la Justicia Militar, tanto en lo atinente a su organización y alcance (eliminar entre los sujetos de la misma a civiles y policías), así como la definición sustantiva de los delitos militares y el proceso penal militar. El gobierno transitorio del Dr. Paniagua ya había comenzado la tarea, pero el proyecto dista de ser un corpus armónico. Fundamentalmente tiene agregados y sustituciones que lo vuelven confuso. No se ha pensado como un todo. Entre otros puntos controvertidos todavía mantiene la sujeción de los policías a dicho código. Asimismo importará ajustar los reglamentos disciplinarios internos, que en muchos casos todavía constituyen versiones "aggiornadas" de las disposiciones borbónicas del siglo XVIII. En el tramo final de la anterior administración el Congreso aprobó una nueva ley de "estado militar".
Durante el mandato del Ing. Fujimori se aprobó la ley del servicio militar voluntario (Ley 21.178). Se cumple bajo la modalidad de acuartelado, no acuertelado y autodefensa (las antiguas rondas campesinas). El nuevo régimen tendrá que discutir el funcionamiento del sistema. En algunos servicios habría sobredemanda para cumplirlo, por ejemplo la Marina, a lo que no sería ajeno el serio problema de empleo que hay en el país. Sin embargo, en el pasado reciente todavía había acusaciones, fundamentalmente contra el Ejército, por imponer la leva para completar efectivos. El tema puede pasar por la rendición de cuentas sobre el pasado. Asimismo, podría plantearse que se implante un Servicio Nacional para la Juventud que puede cumplirse tanto en el ámbito civil (y no exclusivamente en el Estado) como el militar, permitiendo el mismo estrechar la solidaridad y la confianza entre jóvenes, muchos de ellos, desatendidos tanto en el ámbito familiar como en el estatal, quienes miran con recelo a sus congéneres de los estratos sociales altos, a los que ven como indebidamente privilegiados.
Se tendrá que plantear la situación de los Consejos de Autodefensa (las rondas campesinas), vista la disminución del poder de control de las IIAA sobre los mismos. Esas organizaciones, si no son atendidas adecuadamente, pueden devenir un problema en el ámbito rural, convirtiéndose en fuerzas de bandidos, en mano de obra para organizaciones subversivas y/o de narcotraficantes.
Asimismo y en forma muy general se continuara revisando el proceso de educación militar. El servicio militar voluntario provee la formación vocacional para aquellos que lo cumplan y la posibilidad de ingresar en academias de formación militares o policiales. Las escuelas de formación tienen acuerdos que permiten que los estudios realizadas en ellas cuenten para la realización de una carrera universitaria. En las discusiones realizadas en los IIAA, en el período del gobierno provisional, se ha llegado a plantear la posibilidad de crear una escuela militar única, para los diversos IIAA pasando luego a escuelas técnicas ad hoc (de aviación, de náutica, de combate terrestre, etc.).
Un punto importante es la situación del CAEN (Centro de Altos Estudios Nacionales), heredero del CAEM organización creada en 1950 y que fue la base del pensamiento no sólo militar, sino de gobierno del Perú, especialmente en los años sesenta. Asimismo de allí surgió la concepción local de seguridad nacional. La transformación de la institución militar en una carácter nacional, sin embargo no implicó un cambio sustancial en el pensamiento y filosofía institucional. Si bien por la institución han desfilado como profesores o conferencistas una buena parte de la intelectualidad peruana, su "centro" sigue estando en la difusión del viejo pensamiento. Especialmente, respecto a las IIAA, esto constituye una traba para incorporar nuevas corrientes de pensamiento. Un ejemplo de ello lo muestra las dificultades para confeccionar un Libro Blanco de la Defensa.
En la fase final del gobierno de Fujimori éste ordenó el desmantelamiento del SIN (Servicio Nacional de Inteligencia), el feudo apropiado por Montesinos, organización que le permitía realizar las manipulaciones para acumular poder. Obviamente no podía pensarse en su desaparición, a pesar que esa orden y el casi inmediato escape a Japón de Fujimori de tuvo como efecto la virtual "huida" de aquellos que no podían negar ser parte del esquema normal de "trabajo" del Dr. Montesinos.
Bajo el Dr. Paniagua se llegó a una solución intermedia, tratando de recomponerse el Servicio, pero sin que se hayan puestos bases legales adecuadas para su funcionamiento. Importa tener en cuenta que en Perú, en el Ejército, se ha creado como arma lo que antes era una especialidad: Inteligencia, y en la Escuela Militar de Chorrillos desde 1991 se cursa específicamente esta especialidad como Arma, que supone un choque fuerte con el ethos militar tradicional. En la mayoría de los países es una especialidad que se agrega a la que tiene de base el oficial de modo de evitar el sesgo fuerte propio del tipo de actividades que supone la Inteligencia Militar y el desempeño exclusivo de esta actividad.
No hay un Ley de Inteligencia que indique que potestades pueda tener el servicio, que límites tiene para conseguir información y la necesaria separación entre quienes obtienen información y quienes operan a partir de ella. Este tema tendrá que abordarlo la nueva administración del Dr. Toledo.
También habrá que terminar de ajustar la separación de las fuerzas policiales de las militares. Todavía, como hemos indicado, el código de Justicia hace depender a los policías de normas militares. Asimismo importará cambiar la denominación de las jerarquías policiales, que tienen un paralelismo total con las del Ejército, así como la eliminación del ethos militar, inapropiado para una organización que debe proteger y servir a la sociedad.
Por su parte las IIAA han realizado por su cuenta un proceso de ajuste a la nueva situación.
El Ejército bajo la iniciativa del entonces Jefe del Estado Mayor y luego Comandante General, el Gral. José Cacho, con el apoyo del entonces Comandante el Gral. Carlos Tafur ha puesto en marcha un proyecto de reflexión, que debería desembocar en una reflexión acerca de la visión de la fuerza en el año 2015. Para ello ha creado un panel integrado en forma heterodoxa, de modo que no está integrado exclusivamente en forma jerárquica, sino que forman parte del mismo los oficiales más brillantes de las últimas ocho promociones. Asimismo esta fuerza ha realizado estudios para adecuar su organización. Sin embargo, sus mandos están preocupados por la falta de recursos para enfrentar las eventualidades que puedan devenir de la aplicación del Plan Colombia sobre su frontera norte. El actual comandante Gral. Víctor Bustamente, que al igual que el Gral. Tafur fue obligado a dejar la fuerza por Montesinos, continúa con los esfuerzos de sus predecesores. En lo simbólico se han eliminado los retratos de los generales encarcelados, confesos corruptos, adelantándose a las disposiciones judiciales que culminarán con su expulsión de la fuerza.
La Marina ha optado por ajustes utilizando la capacidad técnica de su personal. Es la primera institución que pudo poner su sistema contable siguiendo las orientaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y también ha realizado estudios para adecuarse a una situación de menor disponibilidad de recursos. A poco de comenzar el gobierno del Dr. Toledo, en noviembre, un acto de desobediencia de su comandante frente al Ministro de Defensa, determinó su relevo.
La Fuerza Aérea ha tenido que enfrentar constantes investigaciones y acusaciones, dada la visibilidad de ciertas operaciones de compra de aviones durante la presidencia de Fujimori. Al inicio de la administración del Dr. Toledo a los efectos de desplazar al anterior comandante Grl. Miguel Medina, se procedió al cambio de toda la cúpula militar.
Durante el período del gobierno provisional del Dr. Paniagua, el Ministerio de Defensa con la participación entusiasta de los IIAA llevó a cabo un programa para mejorar el relacionamiento de esas instituciones24. El resultado del trabajo realizado por un equipo conformado por personal de las tres IIAA y personas designadas por el Ministerio de Defensa ha sido presentado al fin del gobierno provisional. Se espera que las fuerzas obtengan la autorización del Ministerio de Defensa para llevar adelante lo programado, que incluye un diálogo constante con miembros destacados de la sociedad civil. Se trata de una muestra exitosa de operación de conjunto de las IIAA bajo la dirección del Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa es de creación reciente, durante el gobierno de Alan García, el penúltimo creado en América Latina, pero nunca cumplió con las funciones propias de un Ministerio. En los hechos ha sido una organización menor, burocrática, de coordinación administrativa de las Fuerzas Armadas ante los requerimientos de la formalidad jurídico-política. En tiempos de Fujimori el poder real residió en los Comandantes de los IIAA y en forma perversa, dado el funcionamiento del régimen del Presidente Fujimori en las manipulaciones del asesor Vladimiro Montesinos.
Durante los ocho meses de vigencia del gobierno provisional del Dr. Paniagua se intentó poner las bases para un incidencia efectiva del Ministerio de Defensa en la línea de mando de las IIAA.
La Constitución de 1993 no facilita esta acción, dado que creó la llamada Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, un organismo de planificación y coordinación de organismos estatales y societales, que, en los hechos, carece de poder y está integrado, fundamentalmente, por militares en actividad, presidido por oficiales generales o almirantes con poco poder. Su existencia, sin embargo, enturbia la acción del Ministerio, pues supuestamente este deja de hacer lo que la SEDENA no hace.
El Ministerio a su vez debe negociar con cada Fuerza. Si bien hay un Comando Conjunto su capacidad efectiva de mando es nula. Como en buena parte de América Latina la capacidad de mando, planeación y ejecución conjunta todavía está por desarrollarse.
En conclusión, dependerá del desempeño del Ministro de Defensa25, y la atención que preste al tema el Presidente Toledo, para que se construya una institucionalidad en torno del Ministerio de Defensa, como conductor de esa área estatal.
Para las IIAA se trata no sólo de adoptar una posición defensiva, sino de construir una nueva legitimidad, basada en la obediencia a la Constitución y las Leyes, y en la construcción de una cultura que supere la idea que son una institución "tutelar" situada por sobre el Estado, sino parte de él y que están al servicio de la sociedad.
El consenso en torno a las políticas de estado para la Defensa Nacional no ha podido tratarse antes de la asunción del presidente Toledo. En un marco político donde la institucionalidad fue arrasada, es difícil lograr un contexto adecuado para esa discusión. Este consenso deberá construirse sobre la marcha.