CHILE Y ARGENTINA LIDERAN UNA INICIATIVA DE FUERZAS DE PAZ COMBINADAS
Rut Diamint
Octubre 2005
A partir de 1989 se intensifican las operaciones de paz de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se ve impulsado a ampliar la convocatoria para estabilizar zonas de conflicto. Argentina responde positivamente a esta invitación, asumiendo una creciente responsabilidad internacional. Poco tiempo después, Chile contrae también un compromiso similar.
El aumento de la conflictividad global y una mayor conciencia del sufrimiento al que se ven expuestas poblaciones civiles desencadenan diversas propuestas que intentan dar soluciones a las mayores demandas que enfrenta Naciones Unidas. Las dos más generalizadas son el Informe Brahimi y las Fuerzas de Despliegue Rápido.
Estas fuerzas de reacción rápida proveen una respuesta inicial y urgente a la seguridad colectiva pues son brigadas stand by, fuerzas de reserva, en condiciones de ser movilizadas en un corto período de tiempo y están preparadas para acudir ante emergencias. Cuentan con una alta movilidad y capacidad de alistamiento que permiten estar en el terreno de conflicto en poco tiempo, con un alto profesionalismo, hasta tanto las Naciones Unidas puedan organizar una fuerza multinacional de carácter más permanente.
Este modelo es el que Argentina y Chile han tenido en cuenta, cuando el pasado 29 de agosto, los Ministros de Defensa de ambos países, José Pampuro y Jaime Ravinet, firmaron el Protocolo de Entendimiento que acuerda la creación de una fuerza de paz combinada. Tal como dice el documento, es una escala superior en el entendimiento bilateral alcanzado por las dos naciones.
Recogiendo veinte años de cooperación mutua, de diálogo y concertación política en el ámbito de la defensa y la seguridad, y reforzando los mecanismos institucionales establecidos, la creación de una fuerza de paz combinada es un salto en el diseño de estrategias comunes de mediano y largo plazo.
Esta iniciativa tiene impactos positivos en distintos niveles. En el de la seguridad global, es una contribución directa a las Naciones Unidas para apoyar los procesos de estabilización, las acciones humanitarias internacionales y el fomento de la paz.
En el nivel regional es un estímulo para una mayor cooperación en el campo de la defensa, respaldando un diálogo profesional en el que intervienen las autoridades de los ministerios de defensa, de relaciones exteriores y las fuerzas armadas, bajo un estricto marco jurídico.
En el nivel nacional, obliga a una modernización de las armas, adquiriendo una nueva estructura ágil y flexible y un trabajo conjunto que potencia la acción militar individual. Requiere de un alto nivel de entrenamiento y versatilidad para actuar en diferentes escenarios y cumplir diferentes misiones.
En un contexto de borrosidad entre lo doméstico y lo internacional, o como dice Rosenau en un libro escrito en 1997, en un sistema internacional que se aleja del concepto estado-céntrico para establecerse sobre la base de esferas de autoridad y en el cual, los valores dominan sobre las disputas tradicionales de poder, estos acuerdos potencian a las naciones y auguran mayor bienestar a las poblaciones.
En lo específicamente operativo, dispone de una efectiva integración militar, a partir del establecimiento de un Estado Mayor Combinado y de un futuro mando superior que conduce a los militares de ambas naciones. Crea una cultura de defensa común y desarrolla una doctrina y una estrategia aceptada por los dos Estados. Lleva a un mejor entendimiento y tolerancia recíproca entre los oficiales. Pondera las capacidades singulares que posee cada contingente nacional y perfecciona las capacidades nacionales al compatibilizar la logística y la interoperabilidad de sistemas de armas y de comunicación. Dota a las escuelas de entrenamiento para misiones de paz de criterios de enseñanza más dinámicos.
La Plana Mayor combinada trabaja sobre la planificación, la organización y la conducción de la futura fuerza, analizando los procedimientos, la logística (que incluye aspecto de recursos humanos, bienestar, recursos materiales y finanzas) y las comunicaciones. Atenta a los procedimientos de Naciones Unidas y a las legislaciones de ambos Estados, orienta sus propuestas hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Me interesa sobre todo resaltar la visión política común que se desprende de este emprendimiento. Ambos países están convencidos de que el único camino viable para la humanidad es la cooperación para la resolución pacífica de los conflictos. Chile y Argentina acuerdan en el más alto nivel político sus propias decisiones de defensa, demostrando la primacía de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas. Establece un camino de negociación y trabajo conjunto.
Es un paso mayor en el establecimiento de transparencia y confianza mutua, que beneficia a ambos países, a la subregión y a la comunidad global. La cooperación en misiones de paz aumenta el prestigio internacional de los Estados y de las instituciones castrenses, contribuyendo a un esfuerzo multinacional de estabilización democrática.
Como sostienen muchos autores, entre ellos Richard Ullman, Jessica Mathwes, James F. Hoge, Jr., Charles A. Kupchan, o Richard N. Haass, la seguridad no se define solamente bajo términos militares, en la medida en que las amenazas militares a la integridad política y territorial de un estado provienen también de retos socio-económicos a la viabilidad de las sociedades. Especialmente, en nuestra región, la prioridad es luchar por la estabilidad democrática y las soluciones a las expectativas de seguridad de los ciudadanos. Dado que la democracia se ha transformado en uno de los principales valores compartidos en el ámbito hemisférico, la fuerza de paz binacional argentino-chilena es congruente con la promoción y protección de esos valores comunes en nuestra región.
Fuente:
Artículo publicado en el Boletín de RESDAL Nº20, Diciembre 2005