1. POLÍTICAS DE ORDEN TERRITORIAL
El concepto de soberanía supone la existencia de un territorio circunscrito por límites físicos o geoespaciales, y la capacidad de imponer la jurisdicción exclusiva del Estado sobre el mismo. Esta idea de exclusividad permite orientar la gestión administrativa del gobierno conforme sus políticas y objetivos, teniendo el sector defensa un papel importante en las políticas apuntadas a desarrollar aquellas zonas del territorio que por sus características y ubicación necesitan de un respaldo especial del Estado.
1.1. Política de Desarrollo de Zonas Fronterizas
Desde la perspectiva de la Defensa, las zonas de frontera son especialmente relevantes porque en ellas convergen aspectos históricos y una referencia tangible para estimar posibles riesgos y amenazas. De aquí que los procesos integradores, que normalmente se inician en torno a objetivos delimitados y de carácter funcional, pueden variar a grados más profundos de interrelación económica, e incluso política, en la medida en que los estados que concurren a la integración aceptan sus respectivas identidades nacionales y se reconocen mutuamente el territorio donde cada uno ejerce soberanía.
Chile ha definido su zona fronteriza considerando características especiales de su territorio adyacente al límite internacional y áreas donde se aplican tratados internacionales de efectos permanentes, sujetándola a una legislación específica que contempla la coordinación efectiva entre la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Defensa Nacional. Mecanismos especiales para la adopción de decisiones operan en este ámbito y encauzan la acción del Estado en materia de bienes inmuebles fiscales, recursos hídricos, recursos naturales, expediciones científicas y de andinismo, y aplicación de disposiciones legales para zonas extremas. Esta preocupación se refleja en la importancia que se atribuye a las iniciativas de integración física con los países vecinos de directo impacto en el desarrollo de la zona fronteriza.
Cabe subrayar que las iniciativas que cada Estado desee impulsar respecto de sus zonas de frontera pueden ser de carácter unilateral, bilateral o multilateral. Chile ha adoptado iniciativas de carácter unilateral, que responden a decisiones del Estado en función del desarrollo de un área del territorio nacional sin que medie participación de otro Estado.
Complementariamente, Chile ha concurrido junto con Argentina en el impulso de iniciativas conjuntas para favorecer el desarrollo de algunas partes de la extensa frontera que comparten. La solución de los diferendos limítrofes que aún estaban pendientes entre ambos países durante la última década del siglo XX no sólo contribuyó a llevar las relaciones bilaterales al que quizás pueda ser calificado como su mejor nivel histórico, sino que permitió el impulso de iniciativas conjuntas de gran relevancia para ambos países.
Finalmente, hay iniciativas de carácter multilateral, entre las que el ejemplo más llamativo es el de la Unión Europea. La experiencia de la Comunidad Económica Europea, predecesora de la actual Unión Europea, muestra que la aceptación de las identidades nacionales, incluido el ejercicio soberano sobre un territorio definido y reconocido, respecto del cual no se alientan reclamaciones, y en consecuencia la superación de litigios territoriales y fronterizos es una condición imprescindible si se desea una integración progresivamente más profunda.
a) Iniciativa Unilateral: Rutas Marítimo-Turísticas Australes
Como parte de la política del Gobierno, y después de un análisis global con participación de la Armada de Chile, se decidió abrir tres nuevas rutas de navegación en el área del canal Beagle - Cabo de Hornos. Lo anterior tiene como objetivo incentivar de manera efectiva la explotación turística de las zonas involucradas con el consiguiente desarrollo para los habitantes de la XII Región.
Esta apertura originó la necesidad de contar con cartografía actualizada y moderna de la zona, así como con las correspondientes ayudas a la navegación —de avanzada tecnología— necesarias para proteger eficazmente la vida humana en el mar y navegar con seguridad por los canales y fiordos de la zona mencionada (Ver Gráfico 7).
b) Iniciativa Bilateral: Tratado Minero entre Chile y Argentina
Este Tratado abre la frontera para inversiones en proyectos mineros originadas en el país vecino, y propende a un trabajo internacional coordinado en materia de promoción de la minería, del uso del cobre y en la defensa frente al proteccionismo comercial. Se trata de un instrumento consistente con la ampliación de los acuerdos de demarcación limítrofe y la profundización de los convenios de integración física. Entre éstos, los relacionados con la apertura y cierre de pasos fronterizos y el cronograma de inversiones para una infraestructura de conexión en pasos priorizados.
El Tratado determina un ámbito de aplicación mediante una demarcación con coordenadas. Esta área no se extiende a todo el territorio nacional y no comprende los espacios marítimos, territorios insulares o el borde costero como sea que estuvieren definidos por cada país. La traza limítrofe será preservada y cuando la naturaleza de los trabajos lo requiera, los Ministerios de Relaciones Exteriores, a través de la Comisión Mixta de Límites, serán competentes para conocer cualquiera consulta o requerimiento relativo a la determinación precisa de dicha traza que realicen las Partes, para efectos de aplicar el Tratado.
El ámbito de aplicación no implica una derogación de la legislación chilena minera, o un área extraterritorial o que se pueda generar una suerte de supranacionalidad de parte de la Comisión Administradora. Tampoco se identifica con el concepto que la Constitución chilena establece sobre las zonas que por ley se declararen de importancia para la seguridad nacional (Art. 19, Nº 24, inc.10º). Este ámbito es un referente esencial para las competencias de la Comisión Administradora del Tratado e incide en la posibilidad de situar en dicho espacio un área de operaciones e instalaciones vinculadas a concesiones y plantas localizadas en el territorio de la otra Parte. Otro tema de interés es el de la constitución de derechos de agua y la posibilidad de garantizar que un proyecto minero pueda acceder a dichos recursos naturales en el territorio de la otra Parte en el ámbito de aplicación del Tratado. Podrá permitirse el uso de recursos hídricos situados en el territorio de las Partes, conforme a la legislación interna de cada país, en lo que corresponda, aunque no se trate de recursos hídricos compartidos. Esta es una relación innovadora y que abre nuevos caminos a la facilitación fronteriza y el movimiento de bienes a través de la frontera, particularmente a partir de la posibilidad de constituir derechos sobre aguas situadas en otro Estado.
El Tratado contempla una variada gama de instrumentos y mecanismos de solución de controversias según el objeto o materia controvertida, y las partes involucradas (Ver Recuadro 14).
RECUADRO 14
TRATADO DE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN MINERA ENTRE CHILE Y ARGENTINA
Este Tratado tuvo su origen en el Acuerdo firmado por los Presidentes de Chile y Argentina el 29 de diciembre de 1997, así como en el Protocolo y el Acuerdo Complementario suscritos el 20 y el 31 de agosto de 1999, respectivamente. El 29 de agosto de 2000, el Senado chileno aprobó el Tratado de Integración y Complementación Minera entre ambos países y el 20 de diciembre de ese mismo año ambos Presidentes firmaron los documentos de ratificación. Para la gestión del Tratado Minero se cuenta con una Comisión Administradora (Art. 18), la cual se define como un órgano que no tiene naturaleza supranacional. La integran representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Minería de Chile y Argentina (Art. 18 TM), y puede convocar a representantes de organismos públicos competentes cuando lo estime conveniente.
1.2. Política de Desarrollo de Zonas Aisladas
La baja densidad poblacional que caracteriza a ciertas regiones de Chile constituye un factor de vulnerabilidad importante. A esta característica se añade el hecho de que tales zonas presentan condiciones que les han impuesto un desarrollo relativamente más lento, en comparación con otras áreas del país, aunque su potencial económico sea considerable en virtud de sus riquezas naturales. Al contrario de la proyección del crecimiento de la población de Chile, que es más bien moderada, las previsiones sobre el ritmo de su crecimiento económico son significativas. Como consecuencia de la combinación de ambos factores, Chile se convierte en un destino atractivo tanto para la inversión extranjera como, eventualmente, para la población de países con menor desarrollo o con altas densidades poblacionales y falta de espacio físico. Una parte significativa de dichos flujos de inversión y de migración puede canalizarse, crecientemente, hacia nuestras zonas extremas, situación que constituye un desafío al que no es ajena la Defensa Nacional.
El Estado chileno se ha preocupado de implementar medidas tendientes a favorecer las zonas aisladas, de modo de incentivar su desarrollo, poblamiento y plena integración con el resto del país. Lo anterior se ha traducido en planes de desarrollo para la zona norte y para la zona austral, y en el impulso de iniciativas para canalizar flujos internos de población hacia esas áreas.
La presencia de unidades de las Fuerzas Armadas en estas zonas aisladas y alejadas de los centros vitales, genera un polo de atracción para la vida humana o nacimiento de una comunidad. La historia de nuestro país está marcada por situaciones en que surgen núcleos poblacionales en forma posterior a la presencia militar, o por otro lado, la presencia militar ha permitido la mantención y desarrollo de un grupo social.
Es así como, desde 1953 a la fecha, el Ejército de Chile ha estado presente a lo largo del territorio nacional cooperando al desarrollo y flexibilización del sistema vial de nuestro territorio. Hasta la fecha, estas obras han permitido al Estado de Chile la construcción de más de 3.500 kilómetros de caminos, 6.000 metros lineales de pistas y aeródromos, y 3.000 metros lineales de puentes, favoreciendo así la integración territorial y generando polos de desarrollo que, junto con mejorar las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han mejorado la presencia y acción del Estado. Actualmente, el Ejército, por medio del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), y en estrecha relación con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, centra su acción en la consolidación de los ejes de acción definidos por la Ruta Andina, el Eje Costero y la Carretera Longitudinal Austral, y sus respectivos caminos transversales, con énfasis en las regiones I, II, IX, X, XI y XII.
También en función de la consolidación territorial, la Armada ha impulsado el desarrollo de la ciudad de Puerto Williams, desde su fundación en 1953, y mantiene un apoyo permanente en zonas aisladas del archipiélago fueguino, al sur de Chile, en territorios insulares y en el territorio de la provincia antártica chilena, así como ayudando y dando seguridad a la navegación por medio de los guardafaros que habitan en zonas e islotes inhóspitos.
Por su parte, la Fuerza Aérea enlaza el territorio continental, insular y antártico por vía aérea, y asiste a la población en casos de emergencia, especialmente en aquellos lugares donde otros medios de acceso son dificultosos o se encuentran interrumpidos. Del mismo modo, ha instalado bases en territorios inaccesibles por otros medios para reafirmar y consolidar la soberanía nacional, como el caso de la base establecida en el Campo de Hielo Sur.
1.3. Políticas Relacionadas con los Intereses Marítimos
Los intereses marítimos corresponden a actividades de desarrollo nacional que generan beneficios de orden político, estratégico, económico, científico y social para el país. Están relacionados con la explotación, goce y uso de los recursos o beneficios suministrados por el mar, el lecho y el subsuelo que están bajo la jurisdicción marítima de un Estado. Se desarrollan en la alta mar, la zona costera y las aguas interiores.
Para usufructuar al máximo de estas potencialidades oceánicas, el Estado de Chile ha adoptado medidas respecto al ordenamiento y desarrollo de las actividades en el mar, como asimismo ha fomentado la conciencia marítima nacional.
En este plano, la labor de la Armada de Chile se orienta a lograr las condiciones que aseguren la soberanía en el mar y generen un marco de paz que facilite el desarrollo y el crecimiento. Complementariamente, entrega a los chilenos una visión marítima que sitúe a nuestro país como protagonista en el desarrollo de la Cuenca del Pacífico y valora al mar como un verdadero espacio de crecimiento y desarrollo para el país. Finalmente, busca potenciar la conciencia nacional en relación con la importancia que el mar reviste para nuestro desarrollo económico, dependiente de un comercio exterior que en más de un 90 % se realiza por vía marítima.
Los intereses marítimos de Chile incluyen algunos objetivos específicos que la Armada, con sus medios, contribuye a satisfacer. Por ejemplo:
a) Procurar la utilización más eficiente de los recursos naturales del Territorio Oceánico Nacional.
b) Desarrollar las ciencias y tecnologías marinas y todas las actividades que apoyen y sustenten el uso, la explotación, la conservación y la administración de los recursos naturales del territorio oceánico nacional.
c) Perfeccionar el marco jurídico y fortalecer los organismos de administración de dicho territorio y de las actividades marítimas, en los ámbitos del derecho nacional e internacional.
d) Proteger y preservar el medio ambiente marino en el Territorio Oceánico Nacional y procurar que las actividades de otros Estados en los océanos no afecten los intereses de Chile ni la calidad de vida de sus habitantes.
e) Dar efectiva seguridad al Territorio Oceánico Nacional, a los intereses marítimos y a las rutas oceánicas vitales para el país, dando por posibles la ocurrencia de amenazas, actos ilícitos o agresiones que lesionen la jurisdicción y soberanía del Estado, y tomando las prevenciones correspondientes para neutralizarlas.
f) Incentivar y desarrollar la industria naval en Chile, aprovechando la tecnología y la capacidad instalada tanto en astilleros privados, del Estado y la activa participación de ASMAR.
Es parte de los intereses marítimos del país utilizar la vía marítima para proyectarse hacia el Asia-Pacífico. En esta perspectiva es fundamental el papel de la Isla de Pascua, como punto del territorio chileno más próximo a los países de la ribera oriental de la cuenca de este océano.
La Isla de Pascua es la más occidental de las islas oceánicas chilenas. Se ubica en la latitud 27º 07’ sur y 109º 11’ de longitud oeste, a 3.700 kms. a la cuadra del puerto de Caldera. Tiene una superficie de 165 kms2 y un perímetro aproximado de 61 kms. El 9 de septiembre de 1888 fue incorporada a la soberanía de Chile por el Capitán de Corbeta de la Armada de Chile Policarpo Toro Hurtado, quien tomó posesión de ella a nombre del Gobierno de Chile, en esa fecha. El decreto ley Nº 575, de 1974, estableció la provincia chilena de Isla de Pascua, dependiente de la V Región. Su capital es Hanga Roa y su población es de 3.837 habitantes. La autoridad marítima de Chile está presente en esta zona del Pacífico por medio de una Gobernación Marítima.
Independientemente del atractivo arqueológico y turístico de su cultura, Isla de Pascua constituye la avanzada de Chile en el Pacífico, constituyendo el punto de apoyo fundamental para las rutas marítimas y aéreas que cruzan el cuadrante suroeste del Pacífico.
1.4. Política Antártica
El Territorio Antártico Chileno constituye un elemento relevante para la definición de la política antártica. En 1940, Chile precisó, mediante el decreto supremo N° 1.747, los límites de su territorio en el continente helado. En dicho decreto se establece que forman la Antártica Chilena o Territorio Antártico Chileno todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciales y demás conocidos o por conocerse, en el mar territorial respectivo existente dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53° y 90° de longitud oeste de Greenwich.
Los derechos antárticos de Chile se encuentran fundados sobre bases históricas, geográficas y jurídicas. Con estos antecedentes, Chile concurrió a la negociación del Tratado Antártico en 1959, junto a otros once estados.
En relación con los derechos de soberanía territorial, el Tratado establece en su artículo IV que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse como un menoscabo de los fundamentos de soberanía territorial de tales derechos, ni como renuncia a los mismos o a bases de reclamaciones previamente formuladas. En este sentido, el Tratado protege la situación jurídica del Territorio Antártico Chileno, y garantiza la posición de las partes respecto de los temas atinentes a la soberanía sobre dicho continente.
Como lo reconoce el Tratado Antártico en su artículo IV, Chile mantiene en forma irrenunciable sus derechos de soberanía territorial en la Antártica.
Cabe señalar que otros dos países han formulado reclamaciones de derechos de soberanía en parte de la misma área geográfica donde Chile afirma sus derechos soberanos. Con todo, Chile y Argentina, uno de tales países, se reconocieron mutuamente sus derechos antárticos, sin delimitar sus respectivos territorios, antes de suscribir el Tratado Antártico.
En su calidad de Miembro Consultivo originario de este instrumento, Chile participa, con derecho a voto, en los procesos decisionales vinculados a la Antártica y está dispuesto a considerar esquemas de control y cooperación internacional, en la medida en que ellos no afecten sus derechos de soberanía. El propósito de Chile es proyectar los intereses nacionales en esa región del mundo, sin descuidar los aspectos de protección del medio ambiente y ciñéndose estrictamente a las distintas convenciones del Sistema Antártico que han sido suscritas.
Asimismo, el 4 de octubre de 1991, se suscribió el Protocolo Adicional al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid), con el objeto de incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados. Reconociendo la importancia de salvaguardar y de proteger la integridad del ecosistema de los mares que rodean la Antártica, Chile suscribió el 11 de septiembre de 1980, en Camberra (Australia), la Convención sobre la Protección de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.
Considerando todos los instrumentos legales antes mencionados, el Estado de Chile promulgó su Política Antártica Nacional, en marzo de 2000, la cual propende a los fines que se indican en el recuadro (Ver Recuadro 15).
En el mismo territorio, el Estado de Chile dispone y opera las Capitanías de Puerto de Bahía Fildes, Bahía Covadonga, Puerto Soberanía y Puerto Paraíso, entidades todas que brindan apoyo a la seguridad de la vida humana en el mar y cumplen funciones de resguardo del medio ambiente marino local. De éstas, Soberanía y Covadonga se mantienen activas todo el año, al ser operadas por las dotaciones de la Base Prat, de la Armada, desde 1947, y de la Base O’Higgins del Ejército, desde 1948, cuya completa reconstrucción está en los planes institucionales.
Estas instalaciones se complementan con la Base Aérea Antártica “Presidente Eduardo Frei Montalva”, en la Isla Rey Jorge, considerada la más importante de las bases aéreas en el territorio antártico chileno y que opera durante todo el año.[24] En este lugar se encuentra el primer poblado chileno antártico denominado “Villa Las Estrellas”, que cuenta con todos los servicios básicos necesarios (correos, hospital, teléfonos, banco, escuela, etc.) y constituye un símbolo soberano de Chile en la región antártica. A estas instalaciones se suman la base aérea “Teniente Luis Carvajal” y la “Estación Polar Arturo Parodi”, siendo ésta la más cercana al Polo Sur en el territorio antártico nacional. Con estos medios se apoya el quehacer científico, la preservación del medio ambiente y el ejercicio de la autoridad del Estado en este territorio (Ver Gráfico 8).
RECUADRO 15
POLÍTICA ANTÁRTICA
- Proteger los derechos antárticos de Chile y afianzarlos en el marco del Tratado.
- Participar de modo activo en el Sistema Antártico.
- Consolidar la institucionalidad antártica nacional.
- Fortalecer la participación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, de acuerdo a las competencias administrativas que le otorga la legislación nacional, y promover las facilidades del territorio continental para servir de “puente” a la Antártica.
- Preservar la zona de paz, las actividades científicas y la reserva ecológica.
- Orientar la ciencia nacional antártica de manera de vincularla más estrechamente a las grandes tendencias en este campo.
- Conservar los recursos vivos marinos y desarrollar la pesca austral.
- Promover el turismo controlado.
- Alentar la cooperación internacional.
CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
- Establecimiento de bases permanentes en territorio antártico.
- Actividades científicas y meteorológicas.
- Apoyo a actividades científicas que desarrollan otros organismos nacionales e internacionales.
- Exploración del territorio y proyección hacia el Polo Sur con propósitos meteorológicos, glaceológicos, geodésicos e hidrográficos.
- Apoyo logístico a las actividades antárticas de otros organismos nacionales y extranjeros.
- Evacuación aérea humanitaria.
- Remoción de contaminantes y desechos de bases nacionales y extranjeras.
1.5. Política Espacial
A partir de 1959, fecha en que nuestro país firmó el acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica para instalar una estación rastreadora de satélites en Peldehue, la tecnología espacial en Chile ha pasado a ser una herramienta usada por diversos organismos, universidades, centros de investigación y empresas. No obstante, Chile es sólo un país usuario de esta tecnología y, por lo mismo, depende de otros estados para obtener información, servicios e imágenes satelitales. De aquí el imperativo de participar con capacidades propias en la actividad espacial.
a) Marco de Referencia
En el ámbito internacional, los criterios que orientarán la política espacial de Chile son:
b) Objetivos
Los principales objetivos que contempla la política espacial de Chile son: Definir las acciones que tienen relación con el uso, conocimiento y progreso de la ciencia y tecnología espaciales, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico, seguro y sustentable del país, cooperando a su vez con la implementación, seguimiento y coordinación de los proyectos nacionales en ciencia y tecnología.
c) Orientaciones
Se dará prioridad al desarrollo de capacidades en los siguientes rubros propios de un sistema espacial:
2. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Política de Defensa contiene una serie de elementos que permiten que sus instituciones, aprovechando sus fortalezas individuales y colectivas, puedan comprometer parte de sus esfuerzos al desarrollo nacional.
2.1. Política de Medio Ambiente
El objetivo general de la Política Ambiental del Gobierno de Chile es promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y su fin último es mejorar la calidad de vida de los chilenos y de las generaciones futuras.
Cada sector del Estado debe desarrollar una política ambiental aplicable a su propio ámbito, dentro del marco fijado por la Política Nacional. Para ese efecto, el Ministerio de Defensa Nacional ha formulado una política sectorial, denominada Política Ambiental de Defensa, que servirá de orientación general a las políticas específicas de los distintos organismos e instituciones dependientes del Ministerio. El marco legal en el cual se desenvuelven las instituciones de la Defensa Nacional en esta materia lo constituyen la ley Nº 19.300 “Orgánica Constitucional sobre Bases Generales del Medio Ambiente” y las declaraciones, convenios y tratados internacionales firmados por el Estado de Chile.
Para organizar las actividades del Ministerio en este ámbito, el 30 de enero de 2001 se creó el Comité de Medio Ambiente de la Defensa Nacional, dependiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En abril de 2001 se firmó un Convenio de Cooperación Ambiental entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y el Ministerio de Defensa Nacional, cuyos objetivos son establecer una relación de colaboración y trabajo entre ambas instituciones, hacer de la Política de Defensa una política ambientalmente limpia e identificar las temáticas de naturaleza medioambiental que le corresponda abordar e integrar a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en acciones que supongan soluciones concretas a problemas ambientales.
Las actividades medioambientales que realizan las instituciones de la Defensa Nacional se pueden agrupar en dos grandes ámbitos. En primer lugar, aquellas referidas a la sustentabilidad ambiental de las actividades propias de los organismos que componen el sector Defensa; estos organismos han incorporado progresivamente procedimientos que minimicen los efectos ambientales que genera el normal cumplimiento de sus actividades. En segundo lugar, la participación de las instituciones de la Defensa Nacional en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental del Estado (SNGAE). La institucionalidad ambiental nacional vigente le asigna obligaciones y responsabilidades específicas a determinadas instituciones de la Defensa Nacional respecto del control, prevención y cuidado del medio ambiente en Chile o en zonas donde el Estado tenga compromisos internacionales contraídos para concurrir con sus medios a la preservación medioambiental.
Entre las actividades que las instituciones armadas realizan son de destacar las siguientes: el esfuerzo del Ejército para obtener una producción limpia en su Complejo Industrial y Químico, situado en la Región Metropolitana, y la formación y capacitación de personal de la institución que la Academia Politécnica Militar realiza en temas de gestión ambiental. De igual modo, en todas las actividades que el Ejército realiza en terreno, tales como maniobras y ejercicios con tropas, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en una variable que se considera para su planificación y ejecución. También se han desarrollado proyectos tendientes a optimizar el manejo de residuos contaminantes en áreas medioambientales sensibles, tales como el Borde Costero, zonas de valor agrícola, turístico y arqueológico, así como en las proximidades de reservas naturales.
Por su parte, la Armada ha desarrollado un trabajo medioambiental de especial intensidad debido a que la legislación nacional e internacional le atribuye funciones específicas en materia ambiental. Para cumplirlas se creó, en 1993, el Servicio de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación. Sus esfuerzos se orientan a velar por la calidad del medio ambiente acuático en el mar, ríos y lagos del país, minimizando las condiciones de riesgo por medio de la prevención, control y combate a la contaminación y derrames de cualquier sustancia nociva.
Para cumplir con este objetivo, el Servicio cuenta con un Plan Nacional de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Acuática. Asimismo, realiza sus actividades en distintas áreas de trabajo, particularmente las que se derivan de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global, la aplicación del Protocolo sobre Protección Ambiental del Tratado Antártico (Protocolo de Madrid), el Comité Oceanográfico Nacional (CONA), y la Organización Marítima Internacional.
Es de destacar el papel desempeñado por la Armada en el impulso al desarrollo de la Institucionalidad Ambiental en lo referido al medio acuático, así como el esfuerzo por lograr una plena sustentabilidad ambiental de sus instalaciones y el cumplimiento de los requerimientos de las normas internacionales vigentes (MARPOL) por parte de los buques del inventario naval.
Finalmente, la Fuerza Aérea ha incorporado criterios y procedimientos de naturaleza medioambiental orientados a la protección del medio ambiente, en particular de la contaminación acústica. Una labor de especial importancia es la que desarrolla la Dirección de Meteorología de la FACH, la que provee de información sobre distintas variables medioambientales, contribuyendo a la gestión ambiental del país y, en particular, a la pronta reacción frente situaciones de emergencia ambiental. Asimismo, este organismo es el responsable de gestionar en Chile las estaciones de monitoreo del Calentamiento Global del planeta (Valdivia e Isla de Pascua).
2.2. Industria Militar
La industria de Defensa, y en particular la industria militar, contribuye al desarrollo del país aportando innovación tecnológica y posibilidades de transferencia tecnológica.
En este ámbito, la contribución del Ejército se centraliza en el Comando de Industria Militar e Ingeniería, destacándose las actividades de Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), del Complejo Químico e Industrial y del Instituto de Investigación y Control. La manufactura militar, representada fundamentalmente por FAMAE, es aprovechada para la fabricación de herramientas y artículos necesarios para la producción nacional. Junto a lo anterior, la producción química militar elabora explosivos e insumos empleados en la industria y minería. Además, su desarrollo tecnológico le permite la fabricación de armamentos de diferentes tipos y calibres, vehículos blindados, cohetes y municiones.
Por lo que respecta a la Armada, ésta cuenta con los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y sus empresas relacionadas, SISDEF y SOCIBER. ASMAR es una empresa autónoma del Estado que ha pasado a convertirse en un complejo industrial altamente profesional, capaz de satisfacer las cada vez más complicadas exigencias en la carena, mantención, reparación y construcción de los buques de la Armada de Chile y de la Marina Mercante Nacional, así como a la mantención y reparación de buques de guerra de otros países. Cuenta con tres astilleros ubicados en Valparaíso, Talcahuano y Magallanes. A la fecha, ASMAR ha construido 95 buques y artefactos navales en sus astilleros.
Por su parte, la contribución de la Fuerza Aérea se canaliza fundamentalmente a través de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER). La empresa ha logrado alianzas estratégicas de negocios, en la esfera nacional e internacional, para diversos proyectos. En cuanto a fabricación, es distintivo el avión de instrucción básica Pillán, que se encuentra en plena operación en varias fuerzas aéreas del mundo. En la elaboración de piezas y partes destacan las coproducciones llevadas a cabo con empresas de distintos países de reconocido prestigio en el mundo aeronáutico. Finalmente, en lo referente a modificaciones, ENAER ha incorporado tecnología de última generación en aviones de combate y su capacidad instalada le permite desarrollar el mantenimiento de depósito del material aéreo de la Institución y de aeronaves militares y civiles de otros países.
2.3. Ciencia y Tecnología
En este campo, las instituciones de la Defensa hacen diversas contribuciones a la comunidad nacional. Gracias a convenios con entes públicos, privados y universitarios, ellas realizan investigaciones científicas que han tenido como resultante la integración de conocimientos en beneficio institucional, pero también con importantes derivaciones hacia las áreas de desarrollo privadas.
A partir del programa informático CEOTAC del Ejército se ha desarrollado un Sistema de Entrenamiento de Gestión de Instituciones y Organizaciones (SEGIO). El SEGIO permite el entrenamiento de diferentes organizaciones e instituciones civiles y militares, destacándose el “Sistema de Entrenamiento de Catástrofes”, orientado a las autoridades de la administración pública del Estado, y el “Sistema de Entrenamiento de Crisis”, cuyo objetivo es apoyar la preparación de autoridades que deban tomar resoluciones ante una crisis de nivel políticoestratégico.
Uno de los aportes tecnológicos importantes de la Armada se materializa en la arquitectura naval, en los diques y maestranzas, así como en el desarrollo de los sistemas de mando y control de armas y de propulsión de sus naves de combate. Además, en el ámbito de la investigación científica marina, la Armada contribuye, por medio de su Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en la promulgación del plan oceanográfico nacional que recoge las necesidades de investigación, orienta el esfuerzo y coordina a los distintos organismos, universidades y centros de investigación que se relacionan con el mar.
En relación con la actividad aérea, ésta en sí misma va incorporando tecnología avanzada de manera permanente. El desarrollo de ENAER ha permitido la incorporación de tecnologías que sobrepasan el ámbito aeronáutico, logrando altos estándares técnicos reconocidos a nivel mundial, como la Bureau Veritas para la ISO 9002, las especificaciones militares MIL-9858 A y las de la Federal Aviation Agency (FAA) norteamericana. Por otra parte, la actividad espacial desarrollada por la Fuerza Aérea ha permitido incorporar tecnología de satélites y operar una estación satelital en el país.
En relación con las tecnologías de información geográfica, el sector Defensa provee la información territorial básica que el país requiere. Esta actividad, que se materializa en la confección de cartografía terrestre, naval y aérea, se realiza en el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea (SAF).
El IGM confecciona la cartografía oficial del país, de diverso tipo y escalas, la que sirve a la minería, obras públicas, urbanización, educación, salud y estadísticas y, en general, al apoyo a las decisiones relativas al desarrollo por parte de las autoridades administrativas.
El SHOA ha materializado el levantamiento hidrográfico de la costa chilena. Esta labor se inició el año 1843 en la desembocadura del Río Bueno, para cubrirla posteriormente con tecnologías cada vez más avanzadas, hasta llegar a la carta electrónica actual de todo el litoral nacional, incluyendo sus fiordos, canales, bahías y puertos con sus accesos. Estos lugares se abren así a la navegación segura de las naves de comercio de ultramar y de cabotaje, cuyo tráfico se simplifica con la implementación de un completo sistema de faros y balizas, indispensable para utilizar las rutas de canales interiores que permiten a los buques evitar las inclemencias de las aguas oceánicas australes.
Finalmente, mediante el empleo de diversas técnicas de fotografía aérea, el SAF presta un importante servicio para la planificación y desarrollo de infraestructuras viales, catastro de bosque nativo, determinación de zonas aptas para el poblamiento y producción de distintas especies agrícolas, prospecciones mineras, diagnósticos ambientales y otras materias afines.
[24] En la misma isla Rey Jorge, el Instituto Antártico Chileno (INACH) mantiene las bases “Julio Escudero” y “Julio Ripamonti”. La primera de ellas es la más importante base científica de Chile en la Antártica. [volver]
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