Colombia. Política de Defensa y Seguridad Democrática

Título: Colombia. Política de Defensa y Seguridad Democrática - Parte II. Amenazas

II. AMENAZAS

36. La seguridad de los ciudadanos, de la democracia y de los intereses vitales de la Nación, como los establece la Constitución Política, está hoy expuesta a una serie de graves amenazas, ligadas entre sí y con frecuencia de carácter transnacional. No son éstos los únicos peligros que enfrenta la democracia colombiana. La corrupción, por ejemplo, es igualmente una amenaza grave y será combatida de la manera más decidida por el Gobierno Nacional, como lo será la criminalidad común. Pero las siguientes amenazas constituyen un riesgo inmediato para la Nación, las instituciones democráticas y la vida de los colombianos:

El terrorismo

El negocio de las drogas ilícitas

Las finanzas ilícitas

El tráfico de armas, municiones y explosivos

El secuestro y la extorsión

El homicidio

El terrorismo

37. El terrorismo es el principal método que utilizan las organizaciones armadas ilegales para desestabilizar la democracia colombiana. El Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho: "El único denominador común de las diferentes variantes de terrorismo es el uso calculado de violencia letal contra civiles para fines políticos". (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 12 de noviembre de 2001). Esto es lo que ocurre en Colombia, como lo demuestra el número creciente de civiles asesinados o masacrados por las organizaciones armadas ilegales en los últimos cinco años:

Civiles asesinados^[2]			Civiles asesinados en masacres^[3]
	FARC y ELN	Autodefensas ilegales	FARC y ELN	Autodefensas ilegales
1997	531	78	126 (23)	30 (6)
1998	549	216	183 (26)	111 (16)
1999	910	743	146 (26)	408 (61)
2000	1.075	1.012	202 (36)	701 (102)
2001	1.060	1.028	158 (25)	281 (42)
2002	952	405	312 (35)	59 (12)

Entre los civiles, algunos grupos están particularmente amenazados. En los primeros siete meses de 2002, 41 indígenas fueron asesinados ^[4], al igual que 29 maestros ^[5]. El desplazamiento forzoso es también el resultado del terror contra la población. En el último año, cerca de 300.000 colombianos ^[6] fueron desplazados de sus tierras, aterrorizados por las amenazas y asesinatos de las organizaciones armadas ilegales. Al igual que los civiles, soldados y policías en estado de indefensión -fuera de servicio y vestidos de civil- son continuamente asesinados por estas organizaciones, en especial por las FARC. En el año 2002, 66 policías ^[7] y 27 soldados ^[8] fueron ejecutados de esta manera.

38. El uso de la violencia contra representantes de la democracia es particularmente grave. En este caso, el terrorismo desconoce no sólo la integridad de los individuos, sino la voluntad democrática de la población. En el año 2002, 144 dirigentes políticos o funcionarios públicos fueron asesinados por las organizaciones armadas ilegales (83 por las FARC y 23 por las AUC): entre otros, 71 concejales, 23 funcionarios regionales, 12 alcaldes y una senadora ^[9]; 124 funcionarios públicos y dirigentes políticos, entre ellos una candidata presidencial, fueron secuestrados (53); y más de 600 alcaldes fueron amenazados de muerte ^[10] . Muchos de ellos se ven obligados a despachar desde las capitales departamentales, perdiendo el contacto cotidiano con quienes los eligieron.

39. La infraestructura económica también ha sido objeto del terrorismo. En el año 2001, un solo oleoducto sufrió 170 atentados, con un costo para la Nación de 520 millones de dólares ^[11]. (El petróleo y sus derivados representan más de un tercio de las exportaciones de Colombia y constituyen la principal fuente de ingresos para el subsidio de la salud y la educación). En los últimos 15 años, los oleoductos han sufrido más de 950 atentados terroristas por parte del ELN y de las FARC. Más de 2,8 millones de barriles de petróleo han sido regados en los campos, bosques y ríos de Colombia. La infraestructura energética ha sido atacada de igual manera: desde el año 2000, más de1.200 torres de energía han sido derribadas con explosivos por estas organizaciones ^[12] .

40. Las organizaciones armadas ilegales han establecido redes de colaboración con grupos terroristas internacionales. Sus intercambios de tecnología y conocimientos representan un grave peligro para Colombia. Pero son también una amenaza para los países de origen de estos grupos, que sin duda se fortalecen con los recursos con los que las organizaciones colombianas atraen y compran sus conocimientos. De ahí el interés común en enfrentar conjuntamente las amenazas transnacionales y dar estricto cumplimiento a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El negocio de las drogas ilícitas

41. El negocio mundial de las drogas ilícitas, que comprende las diferentes fases de cultivo, procesamiento, exportación, distribución y lavado de activos, no sólo pone en peligro la estabilidad del Estado y la cohesión de la sociedad, distorsionando la economía, debilitando las instituciones, alimentando la corrupción, tergiversando los valores y cobrando la vida de miles de jueces, periodistas, políticos, policías y soldados. Se ha convertido también en la fuente primordial de recursos para la financiación de las actividades terroristas de las organizaciones armadas ilegales y en la principal amenaza para la biodiversidad de Colombia, una de las más ricas del planeta.  [volver a P:29]

42. La disputa por el control de los cultivos de coca entre las FARC y los grupos de autodefensa ilegales determina en buena parte la geografía de la violencia en Colombia. Más de la mitad de los frentes de las FARC se encuentran en zonas de producción de coca, lo que explica su rápido crecimiento: en 1982, había aproximadamente 13.000 hectáreas de coca en Colombia; las FARC contaban con cerca de 1.800 hombres armados ^[13]. Veinte años más tarde, en 2002, había aproximadamente 102.000 hectáreas de coca ^[14]; las FARC contaban con 16.900 miembros ^[15]. Los cultivos crecieron por un factor de 8; las FARC de 9. Los grupos de autodefensa ilegales participan de igual manera en el negocio de las drogas ilícitas y su crecimiento ha sido aún más acelerado: pasaron de tener aproximadamente 2.800 hombres en armas en 1995 a más de 12.000 en 2002 ^[16]. La implicación cada vez mayor de ambas organizaciones en este negocio, que va hoy desde la promoción del cultivo hasta el control de rutas y la comercialización internacional, ha contribuido a la pérdida de disciplina ideológica y, consecuentemente, al uso creciente del terror, mediante el cual amedrentan a la población y, en las regiones de cultivos ilícitos, la someten a un régimen neofeudal de control sobre la producción.  [vovler a P:29]  [vovler a P:95]

43. El tráfico de precursores químicos es parte integral del negocio de las drogas ilícitas: sin éstos no es posible la producción de estupefacientes. A pesar de que la gran mayoría de los países se ha comprometido a castigar el tráfico de estas sustancias, ratificando la Convención de Viena de 1988, en la práctica los controles en muchos casos siguen siendo mínimos y las penas por incumplimiento leves o inexistentes.

44. El consumo es el motor del negocio de las drogas. Los Estados Unidos, Europa y, cada vez más, Suramérica, son los mayores consumidores y sufren las consecuencias sociales del consumo y tráfico de estupefacientes. Esta amenaza, transnacional como ninguna, debe ser enfrentada de manera conjunta, prestando la misma atención al control de la demanda, el consumo, el tráfico de precursores químicos y el lavado de activos, que al control de la producción y el transporte de drogas ilícitas.

45. Los consumidores en particular deben tomar conciencia de los estragos ecológicos de los que comparten la responsabilidad, como de las pérdidas en vidas. Si continúa el cultivo de coca, la cuenca amazónica colombiana estará en grave peligro: la siembra de una hectárea de coca requiere la tala de tres hectáreas de selva virgen ^[17]. En la última década, 1.361.475 hectáreas fueron deforestadas con este fin. La tala del bosque conlleva la acidificación y erosión del suelo amazónico, con la consecuente sedimentación de los ríos y la inundación de la selva. Adicionalmente, la tala y quema de bosques para el cultivo de coca contribuye a cerca de un cuarto de las emisiones totales de CO2 del país, exacerbando así el problema del cambio climático global ^[18]. Por otra parte, varios de los pesticidas utilizados por los cultivadores de coca se encuentran entre los más tóxicos. El Paraquat, prohibido en todos los países industrializados, pero de uso frecuente en los cultivos de coca, es carcinógeno, neurotóxico y se adhiere a los suelos hasta por 25 años, interrumpiendo los ciclos de nutrición del bosque amazónico. En el año 2000, 4.506.804 litros de herbicidas, insecticidas y fungicidas como éste fueron empleados en el cultivo de coca ^[19]. El procesamiento de la hoja y la pasta de coca no resulta menos perjudicial para los humanos y el medio ambiente: el uso corriente de ácido sulfúrico (1.709.380 litros en el año 2000 ^[20]) o de permanganato de potasio, por ejemplo, pone en peligro la vida de los cultivadores y es particularmente tóxico para la vida acuática; enormes cantidades de gasolina (357.741.451 litros en el año 2000, equivalentes a una semana del consumo nacional ^[21]) se vierten indiscriminadamente sobre los ríos y suelos del país año tras año.

46. Por su parte, el cultivo de amapola destruye el bosque andino o de niebla que capta con sus hojas la humedad de la atmósfera en cantidades superiores a la lluvia misma y regula así los flujos de agua hacia las cuencas. Su destrucción erosiona las pendientes, sedimenta los cauces y causa grandes inundaciones que ponen en peligro el ecosistema, la economía local y la vida de las personas que habitan las riveras de los ríos, a la vez que acaba con las reservas de agua de la Nación.

Las finanzas ilícitas

47. Las finanzas ilícitas, comúnmente asociadas con el lavado de activos del narcotráfico, merecen una mención aparte. El lavado de los ingresos obtenidos por la comercialización de la cocaína y la heroína -buena parte de los cuales permanecen en el sistema financiero internacional- contribuye de manera singular al terrorismo, a la vez que perturba los mercados de divisas y otros mercados financieros, estimula la subfacturación de importaciones, distorsiona de manera general el buen funcionamiento de la economía y contribuye a la corrupción. Pero las finanzas ilícitas comprenden toda una serie de actividades criminales que van más allá del narcotráfico y alimentan el terrorismo de igual manera: el secuestro, la extorsión, el contrabando o el robo de hidrocarburos. El contrabando, en particular, es con frecuencia una modalidad de lavado de activos del narcotráfico. No sólo priva al Estado del tributo que le corresponde, sino que debilita con precios artificialmente bajos la producción y la economía nacional, a la vez que abre rutas y canales que son utilizados igualmente para el tráfico de drogas y armas. De esta manera crece también la economía informal, de la que se sirven las organizaciones terroristas y de narcotráfico para encubrir sus recursos y sus operaciones. El contrabando constituye así una amenaza transnacional, contra la cual es necesaria la acción concertada de la comunidad internacional y de las compañías productoras que, en connivencia con el contrabando o de manera involuntaria, facilitan el desarrollo de esta actividad ilícita y se lucran de ella.

48. Es cada vez más evidente que el terrorismo hace uso de los canales de lavado de activos y de los recursos del narcotráfico para financiar sus actividades. Sobre la necesidad de controlar las fuentes de financiación del terrorismo han llamado la atención, además del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la Resolución 1373 (29), la OEA en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Comunidad Andina en el Compromiso de Lima, la Unión Europea en su Posición Común, de 27 de diciembre de 2001, el grupo GAFI en sus Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo, de 31 de octubre de 2001, y la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo de 1999. El Gobierno Nacional está adoptando todas las medidas necesarias para acatar estas exigencias y espera que todos los Estados lo hagan de igual manera.  [volver a P:97]

Tráfico de armas, municiones y explosivos

49. El tráfico de armas, municiones y explosivos está ligado, igualmente, al negocio de las drogas ilícitas y al terrorismo. Tanto los grupos de autodefensa ilegales como las FARC intercambian drogas por armas en el mercado internacional, como quedó en evidencia con las capturas de un narcotraficante brasileño en un campamento de las FARC y de miembros de las AUC en Costa Rica, a quienes se acusa de intercambiar drogas por armas. Enormes cargamentos de armas -miles de fusiles y millones de cartuchos- provenientes de Centroamérica o, a través de terceros países, de Europa Oriental y de Oriente Medio han entrado en los últimos años a Colombia. No sólo la cantidad, sino también el tipo de material militar que ofrecen los traficantes de armas representa un salto cualitativo frente al pasado. Redes de traficantes de armas, en las que participan o de las que tienen conocimiento ex funcionarios y funcionarios de países aledaños, se encargan de introducir las armas al país por aire, en buques, o a través de las fronteras terrestres.

50. El tráfico de armas no representa un peligro menor que el tráfico de estupefacientes: merece el mismo control y castigo. Desde 1988, Colombia encabeza en los foros multilaterales el esfuerzo contra el tráfico de armas. El Gobierno Nacional apoyará decididamente todos los mecanismos internacionales que, como la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, el Programa de Acción de Naciones Unidas para la Prevención, Control y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras o el Compromiso de Lima de la Comunidad Andina, exhortan a las naciones a controlar de manera efectiva el tráfico de armas y explosivos.

51. En particular, el Gobierno Nacional promoverá todos los mecanismos que aumenten la transparencia de los países en la producción y la comercialización de armas, para evitar su paso del comercio legal al ilegal, así como su importación y posterior reexportación a terceros. El Gobierno apoyará igualmente la creación de un sistema internacional de marcación de armas, para determinar su lugar de origen y controlar su circulación.

El secuestro y la extorsión

52. En Colombia, a diferencia de otros países, el secuestro y la extorsión no son sólo un problema delincuencial o de policía. Al igual que el narcotráfico, constituyen un mecanismo básico de financiación de las acciones terroristas de las organizaciones armadas ilegales. Cada uno significa ingresos anuales de 500.000 millones a 1 billón de pesos. En 2002, más de 2.000 colombianos de todas las condiciones sociales fueron secuestrados por estas organizaciones (943 por las FARC, 777 por el ELN, 183 por las autodefensas ilegales y 116 por grupos disidentes)^[22] . El pago de secuestros, en especial de secuestros de extranjeros, por quienes estas organizaciones exigen cuantiosas sumas, financia el terrorismo.

53. El secuestro es también utilizado por las organizaciones armadas ilegales como un instrumento de chantaje político: 124 funcionarios públicos y dirigentes políticos fueron secuestrados en el año 2002 (82 por las FARC, 30 por el ELN y 6 por las AUC), entre ellos una candidata presidencial, 19 alcaldes, 25 concejales, un gobernador, 19 diputados y 3 miembros del Congreso de la República ^[23].[volver a P:38]

54. El secuestro y la extorsión ahuyentan la inversión y tienen un grave impacto psicológico: los individuos, las familias y la sociedad viven con una sensación de permanente vulnerabilidad. El temor y la experiencia del secuestro fragmentan la sociedad. Una parte importante de estos secuestros (cerca de 700, de los más de 3.000 que ocurrieron anualmente en promedio entre 1998 y 2002 ^[24] ) son de autoría indeterminada; las organizaciones armadas ilegales "subcontratan" secuestros y extorsiones con bandas de delincuencia organizada que actúan bajo la protección presunta o real de estas organizaciones. Por otra parte, a medida que dichos grupos y redes evolucionan, van dejando a su paso estructuras, conocimientos y tecnologías de fácil escalamiento, replicación e innovación. Terrorismo y delincuencia común confluyen en una industria inhumana que, como el asesinato de civiles, no tiene justificación alguna y pone en peligro la estabilidad de la Nación.  [volver a P:106]

El homicidio

55. En la última década, más de 25.000 colombianos fueron asesinados anualmente en las zonas urbanas y rurales del país ^[25]. La incidencia del homicidio en estas proporciones no es sólo una amenaza a la seguridad de los ciudadanos, sino también al buen funcionamiento de la democracia. Pero Colombia no ha padecido siempre estos índices de violencia: entre 1970 y 1991, la tasa de homicidios se cuadruplicó, pasando de 22 homicidios por 100.000 habitantes a 86, en un período de poco más de veinte años . Desde entonces, si bien la tasa ha descendido, el total de homicidios se mantiene en los niveles mencionados. Sin embargo, ni la distribución ni la tendencia del homicidio es homogénea sobre el territorio nacional: 50 municipios que tienen menos de un cuarto de la población sufren más de la mitad de los homicidios; en contraste, Bogotá ha logrado reducir el número de homicidios en un 50% en una década ^[26], alcanzando así una tasa tres veces menor que la de varias de las grandes ciudades del continente. Con frecuencia, los municipios con los más altos índices de homicidio son aquellos que se disputan las organizaciones armadas ilegales o que tienen fuentes de riqueza como la coca, el oro o el petróleo, codiciadas por estas organizaciones.

56. El desbordamiento epidémico en dos décadas de la tasa de homicidios, que ha llegado a ser una de las más altas del mundo, no se debe a una inclinación particular de los colombianos por la violencia: es el resultado del debilitamiento institucional y del clima de impunidad que han ocasionado las organizaciones armadas ilegales y el narcotráfico. Más que sus mismas acciones, es el impacto indirecto de éstas lo que crea las condiciones que favorecen el homicidio. En la medida en que amenazan y atrofian el sistema judicial, que difunden sus técnicas de lavado de activos, de tráfico de armas y, sobre todo, de matar, en esa medida construyen los espacios de impunidad en los que ocurren los homicidios y germina la criminalidad común, con la cual están estrechamente ligados.