Seguridad y defensa nacional en el nuevo siglo
En la actualidad es necesario avanzar hacia una renovada visión estratégica de la defensa nacional, fundamental para la formulación de una política de defensa que dé cuenta del interés nacional en su relación con los contextos internacionales cambiantes, sujetos a la acción de nuevos actores, estatales y no estatales, así como con las estructuras y las organizaciones en las que estos se desarrollan.
En una visión integral y global de la seguridad, los objetivos del Estado se inscriben en una amplia percepción de escenarios globales, regionales y vecinales, relacionados e interdependientes. La política de defensa, como política de Estado, por su propia naturaleza se configura en relación con escenarios externos y factores de poder y equilibrios de fuerza que no dependen de la sola voluntad del Estado y que se establecen en una estructura de relaciones y regiones que involucra a países de distinto grado relativo de desarrollo, afectando los intereses nacionales, la seguridad colectiva, la cooperación interestatal, las alianzas y los agrupamientos regionales.
En la definición de la jerarquía y las prioridades para las funciones, misiones y tareas de la seguridad y defensa, es indispensable partir de la relación de los factores nacionales e internacionales en las estrategias del Estado, estableciendo sus objetivos y precisando los riesgos y amenazas potenciales. Las funciones estatales de seguridad y defensa nacional enfrentan las exigencias de apertura a la transnacionalización de la economía y la coincidencia en el sistema internacional de procesos de integración económica y política, que trascienden los espacios económicos, políticos y territoriales de los Estados, creando condiciones globales que presionan sobre los fundamentos estratégicos de la seguridad y condicionan las políticas de defensa.
Tanto a nivel mundial como regional se configuran equilibrios inestables que comprometen diversos ámbitos, cada vez más interdependientes y multidimensionales de la seguridad: políticos, jurídicos, económicos, sociales, militares, medioambientales, etc., en torno a los cuales es necesario identificar los actuales factores de riesgo que inciden en la orientación y el destino de la cooperación internacional.
En la actualidad la política de defensa debe atender a problemas de seguridad en campos tan sensibles para el interés común de los Estados como el equilibrio medioambiental, el desarrollo sustentable, las tendencias y movimientos demográficos, la energía y los recursos no renovables, la extensión de los conflictos regionales y la dimensión internacional de la guerra, así como el uso equitativo del conocimiento, la información y las comunicaciones. Esta amplia gama de aspectos de seguridad abarca un conjunto de temas no exclusivamente bélicos, en la definición de las agendas de seguridad y defensa.
Los actuales factores de riesgo, conflicto o confrontación, en diversos niveles de seguridad -mundial, regional y vecinal- en relación con el tipo de conflictos que inciden sobre los fundamentos estratégicos, operacionales y tácticos de la defensa, exigen tecnología, organización y estructura institucional adecuadas y una fuerte cohesión social en torno a la política y las tareas de la defensa.
La política de defensa, en su componente militar, en la actualidad incorpora aspectos tales como la prevención de conflictos, la gestión de crisis, el control del comercio de armamentos, el establecimiento de regímenes más estrictos de seguridad y controles frente a riesgos de regionalización de conflictos.
En lo político y social las consecuencias de la inseguridad social y económica sobre los sistemas de gobierno son un factor de alto riesgo que tiene relación con los efectos de una economía mundial integrada sobre un Estado debilitado, enfrentado a los índices deficitarios de desempeño de la economía y los desequilibrios estructurales que afectan el tejido social, generan situaciones de violencia, confrontación y crisis de representación política y, adicionalmente, cuestionan la representatividad y legitimidad de muchos gobiernos, desestabilizando sus estructuras institucionales y su proyección exterior.
La seguridad hemisférica, afectada por las transformaciones internacionales, se encuentra en una etapa de transición, que exige una redefinición de los objetivos de defensa para los Estados del área, con distintos grados de desarrollo, matrices sociales diversas y sistemas políticos de distinta evolución institucional. Los problemas comunes se inscriben en contextos sociales y estatales distintos, con diferentes configuraciones nacionales, culturales y étnicas, siendo necesario establecer los componentes de una política de defensa común, que dé cuenta de intereses compartidos.
La distribución desigual del poder en el hemisferio pone en evidencia sus asimetrías económicas, políticas y sociales, que no dejan de afectar sus acuerdos económicos y políticos en el marco de sus alianzas militares, más propicio a una articulación regional múlticéntrica, por subregiones continentales, que a un esquema general de seguridad hemisférica, dada la heterogeneidad de procesos, intereses y escenarios de seguridad y defensa presentes.
Las instituciones de seguridad hemisférica, configuradas en el marco de la guerra fría, no han podido consolidar los vínculos regionales en materia de seguridad y defensa desde una proyección estratégica renovada; así han motivado el surgimiento de nuevas orientaciones y tendencias en las acciones y políticas de seguridad de los distintos países de la región, que demandan una reformulación y transformación del sistema de seguridad hemisférico actual, con una mayor participación y aporte democrático de nuestros Estados.
La seguridad hemisférica debe partir de un concepto de seguridad mutua en el nuevo escenario mundial, que tenga como un referente básico la relación entre el establecimiento de sistemas de seguridad cooperativa y la implementación de políticas de defensa nacionales coherentemente coincidentes, desde el supuesto fundamental de que la seguridad de cada uno de los Estados está directamente vinculada con la seguridad regional y del hemisferio en su conjunto.
El riesgo de regionalización de conflictos que se mantuvieron localizados dentro de fronteras estatales, entre ellos, el de la expansión del fenómeno del narcotráfico y las crisis de seguridad que de esto se derivan, demanda soluciones políticas concordadas y asistencia entre los países afectados y su entorno regional.
Para el logro de un mayor y más equitativo equilibrio de seguridad regional, vecinal y hemisférica es fundamental la relación entre la política de defensa y la política exterior de nuestros Estados, bajo principios de transparencia, equidad e integridad como constitutivos de la proyección estratégica de cada país. Sus concepciones, objetivos y acciones deberán orientarse hacia un sistema de cooperación y seguridad que permita superar la actual debilidad de los instrumentos políticos y jurídicos de la seguridad regional y elevar sus niveles de institucionalización y funcionamiento efectivo.
Favorecen una mayor aproximación en las concepciones y sistemas de seguridad regional la transparencia en las acciones militares, el intercambio de información y las medidas de confianza mutua en materia de defensa, que posibiliten una adecuado y proporcionado manejo de los sistemas de armamento y tecnología con aplicaciones militares, dentro de un balance estratégico fundado en la reciprocidad y en niveles disuasivos adecuados.
La consolidación institucional de las Fuerzas Armadas, su desarrollo tecnológico y profesional y la modernización de su organización, métodos, sistemas e infraestructura son componentes fundamentales de una administración superior de la defensa nacional. Además, es indispensable consolidar la relación entre seguridad y desarrollo, en la que se afirma la soberanía nacional, mediante una política de defensa sustentable, que establezca una orientación rigurosa de las funciones, roles, misiones y tareas de las Fuerzas Armadas y su proporcionada relación con los componentes económicos de la Defensa Nacional, como un recurso de naturaleza estratégica para la sociedad y el Estado.
La participación de la sociedad y el Estado en los asuntos de seguridad y defensa ante los nuevos contextos globales es la base de una "cultura de la defensa", que la identifique como un bien público, de responsabilidad no exclusiva del sector militar, sino de la sociedad en su conjunto. La responsabilidad social e institucional para con los contenidos, orientaciones, métodos y acciones correspondientes a una política de defensa creativa, dinámica y proyectiva se fundamenta en una relación civil - militar transparente y solidaria, generadora de valores éticos y cívicos compartidos, que permita la integración concurrente de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana.
Los intereses y objetivos nacionales
Los intereses nacionales encuentran su esencia en valores de naturaleza interna o externa de nuestro país y son sentimientos, anhelos, inquietudes, creencias, convicciones, decisiones, manifestaciones voluntarias, cuyas formas superiores se convierten en ideales que constituyen los valores de la convivencia social.
Con los intereses se identifican las aspiraciones nacionales, como una dimensión integradora que emana de la conciencia nacional; unas y otras pueden estar revestidas de un significado tal que se confunden con el propio destino de la nacionalidad, en razón de que se unen para la sobrevivencia, identidad y evolución de la nación como tal. Estos intereses deben expresarse en objetivos capaces de sustentar grandes acuerdos estratégicos entre los diversos componentes de la nación, los que en una dimensión política se vinculan con la democracia, el combate a la corrupción, el desarrollo nacional y un tratamiento de los problemas de gobernabilidad.
En una dimensión social, los intereses nacionales consideran el problema de la pobreza y los desniveles en el desarrollo comunitario, con su impacto sobre la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades básicas de salud, educación, empleo, bienestar social y distribución de la riqueza. En el ámbito del desarrollo, los intereses nacionales enfrentan las exigencias de integración de la economía nacional a los grandes ciclos de la economía mundial, en función del crecimiento de una economía productiva, el tratamiento estratégico del problema de la deuda externa y la proyección de la producción e infraestructura petrolera, como principal recurso nacional, así como el desarrollo sostenible, que incluye la preservación y defensa del medio ambiente y la biodiversidad.
La realización de esos valores, intereses y aspiraciones es lo que se denomina el bien común de la nación. El concepto de bien común se traduce en los objetivos nacionales que son la expresión de la voluntad de los intereses y aspiraciones del pueblo que, en una determinada fase de su evolución histórica como nación, trata de satisfacer para lograr la seguridad y bienestar de la comunidad.
Los objetivos nacionales se identifican con los elementos básicos de la nacionalidad y comprenden las variables que actúan en forma efectiva a lo largo de la evolución histórica y cultural de la comunidad nacional, plasmando su propia identidad en base de los siguientes condicionantes: calidad de vida, desarrollo integral y sostenible, democracia y gobernabilidad, justicia social y redistribución de la riqueza, seguridad jurídica, manejo adecuado de los recursos naturales, fortalecimiento de la defensa nacional.
Los objetivos nacionales son intereses y aspiraciones vitales de un pueblo que subsisten por largo tiempo y constituyen el ideal superior que guía la vida de la comunidad. Actualmente se persiguen los siguientes objetivos:
- Integridad territorial: preservar y defender el territorio nacional, que es inalienable e irreductible y que comprende el suelo, subsuelo, las islas adyacentes, el Archipiélago de Galápagos, el mar territorial y el espacio suprayacente, determinados por los tratados internacionalmente válidos ratificados por el Estado.
- Soberanía nacional: alcanzar la máxima independencia y capacidad de decisión autónoma; ejercer el poder supremo del Estado sobre su jurisdicción y ejercer los derechos jurídicos ante la comunidad mundial respetando los principios y normas del derecho internacional.
- Integración nacional: reconocer las heterogeneidades regionales étnicas, culturales y de género para construir una nación que consolide la diversidad, alcanzando una identidad nacional propia y fortaleciendo la unidad nacional en la diversidad.
- Democracia: construir un sistema político fundamentado en la libertad de expresión y asociación, legitimidad y vigencia del estado de derecho, participación efectiva de todos los sectores sociales en las decisiones del Estado, representación, respeto a los derechos individuales y colectivos y rendición de cuentas.
- Desarrollo integral sustentable: construir un sistema económico sustentado en el desarrollo humano y el progreso científico y tecnológico, conservando los recursos naturales para las futuras generaciones, mejorando la calidad de vida de la población y asegurando una existencia saludable, segura y humana.
- Justicia social: construir un orden social más justo, humano y solidario, que satisfaga las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación de las grandes mayorías ecuatorianas, fundamentado en una más equitativa distribución de la riqueza.
- Seguridad: alcanzar un alto grado de protección individual y colectiva de la población y sus recursos; preservar el patrimonio nacional; mantener el orden legal y la paz social.
La seguridad nacional
La seguridad nacional enfrenta significativos cambios que inciden en su concepción y aplicación, debido al nuevo orden internacional, a los nuevos imperativos y demandas estratégicas, así como por el surgimiento de nuevas amenazas. Hoy la seguridad está centrada en el ser humano, abandonando su exclusividad militar para pasar a ser multidisciplinaria, abarcante de todos los campos y áreas del convivir nacional e internacional.
La seguridad cooperativa constituye una alternativa que se adecua a los procesos de integración actuales y consiste en la actuación anticipada sobre los conflictos, a través del establecimiento de mecanismos diplomáticos y militares multilaterales, tendiente a limitar o neutralizar las causas que generan conflictos, privilegiando la prevención de los mismos. Esta seguridad se fundamenta en la diplomacia preventiva, la interdependencia y el fortalecimiento de medidas de confianza mutua, sin afectar el desarrollo de los legítimos intereses de seguridad y defensa nacional.
Para alcanzar la seguridad, que constituye un bien público y un derecho ciudadano, el Estado, con la participación de los principales actores políticos, sociales, económicos y militares de la sociedad, diseña políticas que toda la población está obligada a cumplir, para preservar el ordenamiento jurídico, soberanía, integridad territorial, libre ejercicio de los derechos constitucionales, paz, tranquilidad y bienestar ciudadano, a fin de alcanzar y mantener el bien común.
Las nuevas concepciones de seguridad humana tienen como meta la protección del ser humano y se fundamentan en la gobernabilidad y el desarrollo; la aplicación correcta e integral de sus preceptos y contenidos asegura la estabilidad y la paz interna y externa.
La seguridad nacional es una condición en la cual el Estado considera la inexistencia de cualquier forma de agresión externa, presión política y coerción, de modo que se creen las condiciones necesarias para que la nación encuentre un ambiente de paz, bienestar y desarrollo.
La defensa nacional
La defensa nacional se fundamenta en el ordenamiento constitucional y vincula a toda la sociedad en la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales; es responsabilidad del Estado e involucra la defensa militar y la disposición permanente de todos los recursos humanos y materiales no propiamente militares, al servicio de la defensa nacional.
La defensa nacional constituye todas las acciones coordinadas por una nación para desarrollar una capacidad de protección efectiva de su población, recursos, patrimonio cultural e intereses, que le permita enfrentar cualquier tipo de amenaza o agresión actual o potencial, con el propósito de garantizar un estado de convivencia pacífica de la sociedad.
La defensa militar es un componente esencial de la defensa nacional, consistente en la organización, preparación y empleo del instrumento militar del Estado, que son las Fuerzas Armadas nacionales, para cumplir con los objetivos de la defensa nacional.
Objetivos de la defensa nacional
El Estado ecuatoriano mantiene los siguientes objetivos de defensa:
- Ejercer un control efectivo del espacio territorial de la nación, para salvaguardar la integridad y soberanía del Estado.
- Proteger la vida de la población y los recursos del país.
- Garantizar el ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano a través de la preservación del estado de derecho y las instituciones democráticas.
- Fortalecer a las Fuerzas Armadas para el eficaz cumplimiento de sus misiones constitucionales.
- Fortalecer la unidad y conciencia nacional en torno a los temas de seguridad y defensa, así como la participación ciudadana para las tareas de la defensa.
- Participar efectivamente en operaciones de mantenimiento de la paz, para contribuir a preservar la paz regional y mundial, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.
Amenazas al Estado
El escenario global está caracterizado actualmente por la presencia de nuevas amenazas a la seguridad de los Estados. En el caso ecuatoriano, la Defensa Nacional enfrenta las siguientes amenazas reales o potenciales:
Externas
- Amenazas convencionales externas. Sin embargo de que se han reducido al mínimo los conflictos entre Estados, no se descarta la probabilidad de ocurrencia de estos hechos, que podrían generarse por tensiones y escalamientos de conflictos. Cada Estado es soberano para mantener un instrumento militar de acuerdo a sus prioridades y necesidades de defensa; sin embargo, el desarrollo asimétrico del poder militar en la subregión no está acorde con las actuales tendencias de fomento de la confianza y seguridad, porque los desbalances resultan preocupantes y tienden a convertirse en situaciones de recelo y tensión entre los países.
- Efectos del conflicto interno en Colombia. El Ecuador comparte la frontera norte con Colombia. El conflicto interno de este país, desafortunadamente, se ha incrementado y su seguridad fronteriza ha disminuido, con lo cual el Estado vecino ha visto afectada su capacidad de control. Las principales secuelas para nuestro país se relacionan con el incremento de desplazados y refugiados, altos índices de violencia urbana y rural y acciones delictivas relacionadas con la presencia de grupos ilegales armados y el crimen organizado en el área.
- Narcotráfico y crimen organizado. Estos dos fenómenos son considerados como "amenazas en red"; esto determina que para su accionar movilizan una serie sistematizada de elementos que tornan a la seguridad y defensa cada vez más vulnerables. Implican el tráfico de precursores y armas, ingreso de dinero ilícito, violencia social y otros delitos conexos. Estos males han socavado la función del Estado, generando estructuras paralelas que desgastan la legitimidad constitucional.
- Terrorismo internacional. Las operaciones que protagoniza esta amenaza no son actos de carácter militar, sino acciones que usan artificios y técnicas para causar daño a sus objetivos. Su finalidad no es obtener una victoria estratégica sino aterrorizar a la población civil inocente con fines políticos, puesto que el factor más poderoso de los ataques es psicológico. Actos terroristas pueden darse en cualquier lugar; por lo tanto, ningún país puede considerarse exento de sus efectos, en diferentes dimensiones.
- Inequidad en el comercio internacional. Las grandes potencias aseguran sus intereses económicos, generando un deterioro en los términos de intercambio comercial, el cual difícilmente resulta compensatorio para los países pobres. Los resultados negativos se orientan a los mercados poco competitivos evidenciándose desigualdad en las relaciones comerciales.
- Proliferación de armas de destrucción masiva. La fabricación y uso de estas armas implica graves riesgos para la vida y el medio ambiente. El ser humano está destinado a ser protegido y no eliminado. El Ecuador se acoge a los organismos multilaterales que no admiten la propagación de este armamento.
- Deterioro del medio ambiente. El progresivo deterioro del ambiente está generando crisis ambientales cuyos efectos ya se perciben en el planeta. Los países pobres son los más vulnerables a los efectos de estos fenómenos. La no intervención oportuna de las instancias llamadas a controlar el tema podrían ocasionar catástrofes que superarían las capacidades estatales para enfrentarlas.
Internas
- Pobreza y deterioro del nivel de vida. Los niveles significativos de extrema pobreza debilitan los fundamentos sociales del desarrollo, lesionan a la principal fuerza productiva del país, la capacidad laboral de sus pobladores, generando factores de inestabilidad social para el país.
- Corrupción. Constituye la manifestación evidente de la crisis de representación política, que lesiona gravemente el fundamento institucional del Estado, sacrifica los recursos de la nación a los intereses de sectores particulares y debilita la moral social y la confianza ciudadana en las instituciones y sus representantes.
- Migración descontrolada. Tiene como causa principal la inseguridad social y económica imperante en el país. Constituye un factor de riesgo contra la integridad nacional y el potencial productivo y cultural de la generaciones venideras. Es un factor que debilita al país en lo económico, genera confrontación social y, en lo cultural, disgrega el grupo familiar, a la vez que permite el surgimiento de actividades ilícitas de tráfico humano.
- Conflictos de gobernabilidad. La debilidad de las instituciones democráticas, los problemas de control de la gestión pública y privada, la gestión mal dirigida en el sector público, la escasa información y transparencia de procedimientos, la no observancia de la ley, la limitada participación ciudadana y la relativa violencia políticas, generan conflictos que pueden derivar en crisis de gobernabilidad, que inciden negativamente en la estabilidad democrática.
- Deterioro del ambiente. Constituye una grave amenaza al desarrollo sostenible y los equilibrios ecológicos necesarios para la preservación de los recursos naturales y las condiciones de vida de las generaciones futuras.
- Efectos de las catástrofes naturales. Las características geográficas del Ecuador determinan su susceptibilidad a la acción periódica de estos fenómenos que afectan a la infraestructura del país, destruyen vidas humanas y obligan a destinar recursos valiosos para su prevención y mitigación.
- Conflictos étnicos, culturales y tendencias autonomistas exacerbadas. Las confrontaciones originadas por estas causas son negativas para el desarrollo del país y los imperativos de integridad e integración nacional; se convierten en potencial fuente de confrontación que bloquea consensos elementales. Constituyen expresiones potenciales de las limitaciones para una real integración económica y política del país, afectando a la unidad e integridad nacional.
Oportunidades del Estado
Las condiciones que configuran el escenario regional, determinan que en Sudamérica prevalece una estabilidad estratégica que genera un ambiente de paz, disminuyendo significativamente las posibilidades de conflictos convencionales entre Estados.
La ubicación geográfica del Ecuador, beneficiada por su proximidad al canal de Panamá; la solución al conflicto fronterizo con el Perú y los diferentes convenios de cooperación amazónica que afirman la proyección bioceánica del país; la biodiversidad existente en el territorio, así como la disponibilidad de recursos hídricos, hidrocarburíferos, agropecuarios y marinos, entre otros, aseguran una posibilidad de crecimiento y desarrollo integral del Estado.
Política y estrategia de defensa nacional
Política de defensa nacional
Es una política pública, fundamentada en un amplio consenso civil-militar. Parte de los intereses comunes que permitan establecer una orientación estratégica para el desempeño efectivo de la gestión estatal y la proyección de potencialidades nacionales para la cohesión interna y la trascendencia del país en el exterior.
Puede definirse como el conjunto de normas y principios que establecen las orientaciones generales para alcanzar los objetivos de la defensa nacional, tendientes a lograr la conservación de la soberanía, la integridad del Estado, el mantenimiento del orden jurídico y la paz y seguridad ciudadana. Está relacionada estrechamente con la política externa y constituye una de las bases fundamentales sobre las que descansa la seguridad del Estado y su capacidad de enfrentar las diferentes amenazas; es una política estatal que puede ser actualizada de acuerdo a las circunstancias; por su naturaleza, la defensa nacional es integradora de todos los esfuerzos y capacidades nacionales.
El Estado ecuatoriano posee una política de defensa nacional, de carácter defensivo, basada en el derecho soberano de emplear el poder para la preservación de sus intereses. Privilegia la adopción de estrategias de previsión, prevención y provisión de recursos a fin de evitar o neutralizar el surgimiento y expansión de conflictos.
La estrategia de defensa
La estrategia de defensa se deriva de la política y estrategia de seguridad nacional y se vincula a otras estrategias y políticas nacionales. La estrategia de defensa nacional del Ecuador es de naturaleza defensiva y se traduce en acciones orientadas a proteger efectivamente a su población, recursos, patrimonio cultural e intereses, contribuyendo además al mantenimiento de la estabilidad regional, a través del cumplimiento de mecanismos de confianza que sean asumidos integralmente y permitan consolidar los procesos de paz, respetando las capacidades y prioridades estratégicas nacionales.
El empleo de las fuerzas militares se fundamenta en la flexibilidad y movilidad estratégica, manteniendo reservas organizadas, entrenadas y equipadas desde tiempo de paz. Actuarán bajo fundamentos de interoperabilidad conjunta, aplicando la máxima economía de medios y una eficaz capacidad de reacción inmediata. La estructura organizacional y la capacidad operativa de las fuerzas militares garantizarán su repuesta inmediata ante situaciones de conflicto y crisis.
La estrategia de Defensa Nacional se desarrolla bajo los siguientes lineamientos:
- En el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. La Fuerzas Armadas continuarán con su proceso de modernización y reorganización, tendiente a lograr la máxima eficacia en el empleo de sus medios, actualizar la normatividad legal y ajustar sus planes estratégicos de acuerdo a los nuevos escenarios.
- En la seguridad ciudadana. El Estado ecuatoriano, con el propósito de mantener y asegurar la paz interna y el orden; preservar la integridad, los derechos y bienes de la ciudadanía, y para promover un ambiente que garantice el desarrollo y la tranquilidad social, ha establecido un sistema de seguridad ciudadana y Defensa Civil, del cual la Fuerza Pública forma parte en los niveles cantonal, provincial y nacional, integrándose a través del Consejo de Seguridad Nacional y de acuerdo a la planificación respectiva.
- En la seguridad pública. El mantenimiento de la seguridad y orden público es responsabilidad de la Policía Nacional; sin embargo, ante situaciones de grave conmoción interna y previa la expedición de un decreto de emergencia, las Fuerzas Armadas participarán en el restablecimiento de la seguridad interna, en forma excepcional, de acuerdo a sus planes y en concordancia con lo que el referido instrumento constitucional determine. El empleo de la Fuerza Pública se desarrolla sobre la base del respeto al ámbito de competencia y misiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respectivamente. Por consiguiente, las Fuerzas Armadas se emplearán como fuerza militar y no como fuerza policial.
- En la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En el marco de los compromisos internacionales suscritos por el Ecuador, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, entendidas como amenazas que socavan la democracia, alteran la economía, deterioran los valores humanos y generan delitos conexos en su entorno, el Estado, a través de sus instituciones, previene, neutraliza, reprime y sanciona estos factores de riesgo. La Fuerza Pública contribuye a estas acciones, siendo esta una de las tareas específicas de la Policía Nacional; las Fuerzas Armadas apoyan estas misiones de acuerdo a lo que determina la normatividad vigente.
- En la lucha contra el terrorismo. Considerado internacionalmente como un delito contra la paz y seguridad humana, cometido generalmente contra personas inocentes y objetivos civiles para provocar tensión y hostilidades internacionales o desestabilizar la situación interna de un Estado, constituye una amenaza para este. En aplicación de los compromisos internacionales suscritos por el Ecuador en la lucha contra este factor de desequilibrio, se lo combatirá en todas sus manifestaciones, empleando a la Fuerza Pública, de acuerdo a las capacidades y prioridades nacionales. Las Fuerzas Armadas cooperarán con otras instituciones y organismos gubernamentales para neutralizar los focos y ambientes donde se desarrollan estas actividades; apoyarán a la Policía Nacional en las acciones contra terroristas, de acuerdo a la normativa existente para el efecto y aplicarán todo el poder militar cuando los objetivos vitales y áreas estratégicas del Estado hayan sido afectadas o cuando la amenaza hubiere sobrepasado la capacidad operativa policial.
- En la participación de la sociedad. En armonía con el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, la defensa es concebida como un bien público cuya responsabilidad es de la sociedad en su conjunto; por lo tanto, la inversión en defensa es una necesidad vital para la seguridad del Estado.
El fortalecimiento de una cultura de defensa es una prioridad de todos los componentes de la sociedad, que integra en todo el territorio nacional a los principales actores políticos, económicos, sociales y militares en la discusión y análisis de la temática de la defensa nacional, cuyo conocimiento se deberá fomentar para lograr una participación democrática activa de la sociedad ecuatoriana.
- En la conducta militar. Se perfeccionará la capacidad de mando y control y el proceso de toma de decisiones para situaciones de paz, conflicto o crisis; en estas condiciones las disposiciones y actitudes en el empleo de las unidades militares y en el comportamiento individual, están sujetas a la observancia irrestricta de la ley, la ética y el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La legislación militar, concordante con la Constitución Política del Estado, garantiza los derechos fundamentales de los miembros de la institución y pone especial atención en el fortalecimientos de los mecanismos que garanticen el control y la transparencia de los procedimientos militares.
La actuación de las Fuerzas Armadas está enmarcada en el irrestricto respeto y observancia de los principios constitucionales y democráticos; el respeto al poder político legalmente constituido y el fortalecimiento de la identidad y cultura nacional. Por lo tanto, acatan la autoridad civil legítima, fiel expresión de la voluntad popular.
- En la educación militar. La educación militar, en todos sus niveles, obedece a una filosofía humanística e integral; las Fuerzas Armadas orientan sus esfuerzos hacia la integración de los organismos y centros de entrenamiento, buscando optimizar los medios disponibles y adoptando una conducta de operatividad y empleo conjunto. Se armonizará la organización y entrenamiento, con los recursos humanos, tecnológicos y las condiciones de operatividad. Se propenderá a la conformación de un centro educativo superior que oriente la investigación y asesoramiento en temas político estratégicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, optimizando la infraestructura y recursos de los centros existentes, los cuales se agruparán en un solo sistema, con respeto a su independencia administrativa y académica.
- En la comunicación social. La información relativa a asuntos de defensa nacional se desarrollará a través de un sistema de comunicación social ágil, oportuno y transparente, que genere confianza y credibilidad; que conozca las demandas sociales y responda a ellas a través de medios públicos y privados, trabajando con la mira de la consecución de los objetivos de la defensa nacional.
- En el apoyo al desarrollo. Las Fuerzas Armadas continuarán ejecutando programas de apoyo al desarrollo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, en especial de la población más vulnerable de las áreas fronterizas, para fortalecer la institucionalidad, la presencia y alcance de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional, sin menoscabo de las funciones específicas militares. Las actividades de apoyo al desarrollo se realizan a través de presupuestos destinados por el Estado para este efecto y se orientan hacia actividades educativas, de salud pública e infraestructura básica, entre otras.
- En la economía de defensa. El ministro de Defensa Nacional, en calidad de director del Frente Militar, coordina con los otros frentes y el gobierno central, a fin de elaborar y ejecutar el presupuesto de la defensa, acorde con sus necesidades básicas, la realidad económica del país y los imperativos de la defensa nacional.
La administración de los recursos para la defensa se fundamenta en la optimización y estricta disciplina del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas.
- En la industria militar. En aplicación a lo prescrito en la Constitución Política del Estado, se propenderá al desarrollo de las industrias militares destinadas a actividades inherentes a la defensa nacional que se orientan a fortalecer la capacidad logística y administrativa de la institución y el bienestar del personal, en correspondencia con las demandas operativas y de desarrollo de cada fuerza.
- En la seguridad regional. La política de defensa se ejecuta en coherencia con la política exterior de fiel cumplimiento de los tratados, solución pacífica de las controversias, no intervención en asuntos internos de otras naciones, respeto a la soberanía de los Estados y la prohibición del uso o amenaza del empleo de la fuerza en la resolución de los conflictos.
Con el propósito de contribuir a la paz y la seguridad internacionales, el Ecuador participará activamente en las misiones de mantenimiento de la paz, prescritas en el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas.
El Ecuador es partidario de un enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica, que incluya aspectos sociales, políticos, económicos, ambientales, de salud y que debe sustentarse en un modelo de seguridad regional cooperativa, entendida como un instrumento para la construcción y mantenimiento de la paz en beneficio de la seguridad regional, a la vez que requisito indispensable para lograr el desarrollo de los países, sin afectar a sus respectivas capacidades y derecho de autodefensa.
La seguridad cooperativa debe entenderse como un sistema para prevenir y contener conflictos, impulsando la cooperación con organismos internacionales, fortaleciendo la cooperación interinstitucional, las medidas de fomento de la confianza mutua y las relaciones entre civiles y militares; respetando el derecho soberano de cada Estado para administrar su propio sistema de defensa nacional, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad hemisférica. En este marco, se debe configurar un renovado sistema de seguridad continental, que se oriente a una participación democrática y solidaria de todos los Estados, centrado en la seguridad humana y su prosperidad.
Con relación al conflicto interno colombiano y en observancia de la política exterior del Estado ecuatoriano, se apoyarán todos los esfuerzos diplomáticos para la consolidación de la paz, manteniendo una actitud de no intervención militar y adoptando todas las medidas necesarias y soberanas para impedir la presencia y el accionar de los actores generadores de violencia, en territorio nacional.
Se contribuirá a la consolidación de los instrumentos de paz firmados con el Perú en 1998, impulsando los acuerdos y convenios suscritos y ratificados por el Ecuador.
- Ante el contrabando de armas. Impulsando la tendencia a hacer de Sudamérica una región de paz, el Estado ecuatoriano mantendrá las medidas conducentes a reprimir el contrabando de armas, municiones, explosivos y pertrechos militares, en el contexto de los acuerdos y convenios internacionales existentes.
- Ante el deterioro ambiental. Las Fuerzas Armadas, sin afectar a sus misiones fundamentales, seguirán contribuyendo a la protección del ecosistema, en coordinación con los organismos correspondientes. En la medida de sus capacidades, participarán en programas de forestación, reforestación, resguardo de áreas protegidas y descontaminación del medio marino costero, así como en actividades de educación ambiental.
- Ante los desastres naturales. Las Fuerzas Armadas, como organismo de apoyo al Sistema de Defensa Civil, participarán en las actividades de prevención, mitigación y reconstrucción en las zonas afectadas por inundaciones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos marítimos adversos. Para este efecto, entrenarán a las unidades militares para estas misiones.
Estructura de la defensa nacional
La defensa nacional está regida por un proceso de toma de decisiones que incluye los siguientes niveles de decisión y participación:
- El Presidente de la República es la máxima autoridad de la Fuerza Pública, ejerce la conducción política de la seguridad y defensa nacional y protocoliza los decretos y políticas en este campo.
- El Congreso Nacional tiene la facultad para expedir, reformar, derogar e interpretar las leyes con carácter generalmente obligatorio; conoce y aprueba los proyectos de ley referentes a la defensa nacional, y aprueba o desaprueba los tratados y convenios internacionales relacionados con el tema. Además de su tarea de fiscalización, el Congreso aprueba el presupuesto destinado a la defensa nacional.
- El Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) es el organismo superior responsable de la defensa nacional, encargado de emitir el concepto estratégico de seguridad nacional, que constituye el instrumento imprescindible para iniciar el proceso de planificación y toma de decisiones de la defensa. Adicionalmente emite documentos de carácter ejecutivo, para orientar, condicionar y regular las tareas y responsabilidades en materia de seguridad y defensa nacional. El COSENA constituye el más alto organismo de control y gestión de crisis.
- El ministro de Defensa Nacional ejecuta las políticas de defensa nacional en el ámbito militar y conduce administrativamente a las Fuerzas Armadas nacionales, armonizando las acciones entre las funciones del Estado y la institución militar. Emite la directiva de defensa nacional, en la cual determina la política militar que orientará la planificación militar. Además, aprueba la planificación estratégica institucional, que posiciona a la institución prospectivamente, afirmando y delegando áreas de competencia referidas a la institución militar.
- El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el responsable de la conducción estratégica militar y emite los planes militares, así como los documentos tendientes a cumplir con la normativa de la defensa nacional; tiene como organismos operativos a la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea y a la Policía Nacional -como fuerza auxiliar-, de acuerdo a las leyes, reglamentos y planificación respectivos.
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