Este proyecto, conocido como "Libro Blanco de la Defensa Nacional", en el cual se define la Política de la Defensa Nacional, es una iniciativa congruente con las aspiraciones de la sociedad ecuatoriana y con la responsabilidad de las instituciones del Estado.
Las profundas transformaciones de la sociedad y del ambiente geoestratégico, a las cuales el Ecuador no puede ser indiferente, exigen una redefinición de la relación sociedad-defensa, para, con un renovado concepto de seguridad, plena conciencia y firme voluntad, hacer de nuestro presente un entorno protegido, alentador y dignificante, en el que todo ciudadano pueda realizarse plenamente.
El Ministerio de Defensa Nacional, como ente director del Frente Militar, para entregar la presente publicación, inició un proceso de gran amplitud y contenido social, político y militar.
Con una actitud proactiva y democrática, ha generado canales de participación ciudadana, ha fomentado la cohesión social alrededor de temas de trascendencia para un destino común y ha sentado bases firmes de interactividad entre representantes gubernamentales y representados, como un aporte complementario a una gobernabilidad más eficiente y cercana.
Motivada la conciencia de los ciudadanos sobre la importancia de su participación en este debate nacional, en conjunto con todas las instituciones y organizaciones sociales, a través de varios seminarios internacionales, se delineó en forma inédita una política pública sobre defensa nacional de carácter permanente, con elevada representatividad y marcado consenso; una política de Estado, con la cual, por efecto de pensar juntos en las necesidades de la defensa del país, se han fusionado aun más los tradicionales lazos de la sociedad con la institución militar.
Equivalente y recíprocamente a la apreciación político estratégica, realizada en la planificación de la seguridad nacional, se recoge en el primer capítulo del Libro Blanco un análisis de los escenarios prospectivos mundial, regional y nacional, a partir de los principales referentes mundiales, como son la globalización, el liderazgo hegemónico militar y el derecho humanitario, que han influido singularizadamente en la proyección política, económica y social, en la nueva dimensión de los conflictos y en la importancia geoestratégica subregional norandina, objetivamente percibidas como oportunidades y amenazas, que en conjunto constituyen los retos del futuro.
La amenazas a la seguridad tradicionales, que se vislumbran como menos probables, se complementan con las emergentes, que ponen en riesgo a la población, la integridad territorial y la soberanía nacional. No son de carácter estatal, pero son transfronterizas, difusas, impredecibles y de afectación regional a la estabilidad, la democracia y la paz.
Frente a este panorama de transformación estratégica y de mayor inseguridad, se acogen en el segundo capítulo las ideas que han orientado al mundo en la construcción de un nuevo concepto de seguridad, para extrapolarlas con la Constitución Política del Estado ecuatoriano.
El Ecuador es un país con vocación pacífica y con derecho a defender sus intereses; entiende la seguridad como una condición en la que el Estado se encuentra libre de agresión y de presiones. Se diferencia así, claramente, la seguridad de los conceptos de defensa; defensa es más bien la previsión, prevención y provisión de recursos necesarios para la protección de la población, patrimonio e intereses nacionales, que garanticen una convivencia pacífica y el libre ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos.
Con la base conceptual consensuada, es factible determinar los resultados esperados, a los cuales en el mismo capítulo se les denomina objetivos estratégicos de la defensa nacional. Cuatro de ellos se relacionan con los elementos esenciales del Estado, a los cuales se agregan dos de carácter instrumental, que tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, y su participación activa en operaciones de paz.
Las trayectorias que se deben seguir hacia los objetivos planteados, a las que se les denomina directrices, son descritas a partir de un claro señalamiento de la actitud estratégica defensiva, enfocando los aspectos más sobresalientes y de interés nacional relacionados con la defensa nacional.
Se delimitan responsabilidades y formas de cooperación para combatir al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo; así como las formas de cooperación en la seguridad ciudadana y en la seguridad pública.
En el orden social, se determinan lineamientos para orientar la participación de las instituciones y de la sociedad en las tareas y responsabilidades de defensa; así como para la conducta y educación militar y para la comunicación social.
En el campo económico se trazan direcciones a la industria militar, al apoyo al desarrollo y a la economía de defensa.
Se destaca en forma especial la política de defensa a seguirse en el ámbito de la seguridad regional, complementándola con la participación en la protección del ambiente y la asistencia en situaciones de desastre.
El capítulo termina realizando una explicación del proceso de toma de decisiones en materia de seguridad, desde el más alto nivel gubernamental, el Presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional, hasta llegar al nivel de conducción estratégica militar, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y sus respectivos órganos operativos, como son las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Los componentes de la defensa nacional son abordados en los tres capítulos subsiguientes, en los cuales, a partir de la descripción del concepto estratégico militar y la misión de las Fuerzas Armadas para la defensa, se describe en forma analítica la estructura del Comando Conjunto y de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas; para finalmente exponer el presupuesto de la defensa, desde su forma de elaboración, obtención, uso y control de los recursos asignados.
Capítulo especial ha merecido el apoyo al desarrollo, interpretado más bien como apoyo a la comunidad por parte de las Fuerzas Armadas, coherente con la esencial vocación social de servicio de la institución militar, como mecanismo de cooperación interinstitucional acompañado de un sentimiento de confraternidad, al mismo tiempo que manifestación de la presencia de la autoridad estatal en todo el territorio nacional.
Cierra la publicación un capítulo vinculado con la seguridad regional, en el que, mediante enunciados precisos de la política exterior, estrechamente relacionada con la de defensa, se garantiza un compromiso compartido para el mantenimiento de la paz y para el cumplimiento de los tratados y convenios que en forma multilateral permitirán afrontar las amenazas emergentes, reservándose, como se manifiesta, la independencia de la organización y empleo de su sistema defensivo.
Podría decirse que las políticas de defensa que tradicional y doctrinariamente nacen de la apreciación político estratégica en el ámbito nacional han confluido en la presente oportunidad desde varias vertientes.
Desde los compromisos internacionales adquiridos como respuesta a aspiraciones colectivas, en el seno de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; de una de sus comisiones, la de Seguridad Hemisférica; de las conferencias de ministros de Defensa, en las cuales en forma invariable se propone el establecimiento en los países americanos de nuevos conceptos de seguridad, se ratifica la misión de las instituciones militares y se diseñan formas de cooperación para preservar la paz y mantener el sistema democrático.
Según se menciona en este último capítulo, varias han sido las convenciones en las cuales se recomiendan medidas de confianza mutua, como un mecanismo ideal para la cooperación interinstitucional e internacional en la meta común de reducir las tensiones que puedan interferir en los procesos de cooperación e interacción, verdaderas oportunidades que deben impulsarse para lograr un común desarrollo sostenido, que tenga como meta mejorar la calidad de vida y el bienestar general.
La Política de Defensa Nacional del Ecuador o "Libro Blanco de la Defensa" es uno de estos mecanismos que ha surgido de un proceso de diálogo nacional, con transparencia y participación democrática, requisitos esenciales para que el país posea un sistema de defensa más flexible y más acorde con las aspiraciones sociales y con la armonía, interacción y complementariedad de la estabilidad y prosperidad.
La decidida participación de las instituciones y organizaciones de la sociedad en su conjunto en el procesamiento de esta política pública, así como la puesta a consideración del señor Presidente de la República por parte del Ministro de Defensa Nacional, como director del Frente Militar, a más de ser una manifestación de la subordinación militar al poder político, amerita el ser considerada como una política de Estado básica, suprema y de permanente asociación con los intereses y aspiraciones de la nación ecuatoriana.
General de División Oswaldo Jarrín R.
Subsecretario de Defensa Nacional
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