Este trabajo debe leerse conjuntamente con el también publicado por el CEEN y el NDI titulado Los Escenarios Institucionales de la Defensa Nacional en Nicaragua igualmente hecho por Javier Meléndez, constituyendo los dos una unidad que permite reflexionar sobre la situación de la organización militar del país y su relación con la autoridad civil al comienzo del siglo XXI.
Meléndez parte de constatar que un presupuesto debe ser la traducción financiera de los recursos disponibles por una organización de acuerdo a una política o doctrina que busca determinado resultado. Sin embargo, el autor constata que ello no ocurre así en Nicaragua, que el presupuesto es la previsión de fondos que gastará la fuerza militar para atender sus cuadros y necesidades, sin que tenga una referencia específica a un programa de actividades definido previamente por los representantes de la sociedad nicaragüense, reunidos en su Asamblea parlamentaria.
Tras ello hay razones históricas expuestas en el otro trabajo citado, en el proceso de acomodación posterior a la elección de 1990. El presupuesto del Ejército resultó un instrumento de pacificación, de desarme y reducción de la cuota de poder de la institución militar sandinista y de un acuerdo político entre ella y las nuevas autoridades.
De un presupuesto de 177 millones de dólares, que representaban el 16,1% del PBI, se bajó drásticamente a unos de 51 millones en 1991, tras la elección que perdió el sandinismo, pasándose en 1999 a un presupuesto de 24,8 millones de dólares, representando un 1.20% del PBI. Este esfuerzo se hizo mediante el acuerdo los mandos militares con los dos gobiernos que se sucedieron desde 1990. Este proceso de acomodación plasmado en el presupuesto permitía al gobierno contar con la lealtad de una organización militar que originariamente fue creada para otro propósito y cuya ideología le era ajena, a cambio de que esa fuerza militar conservase sus cuadros de mando, de acuerdo a una selección realizada internamente por la organización armada.
Este proceso determinaba que el proceso de aprobación del presupuesto que se supone debe seguirse: la definición primaria de la tarea de defensa nacional y de acuerdo a ello la asignación de recursos, fuese dejado de lado. Por la misma razón la intervención del Ministerio de Defensa y de otras organizaciones civiles en el proceso fue mínima. El Ministerio fue un mero "pasamanos" formal del documento elaborado internamente por la fuerza militar hacia el Presidente. Por supuesto había un acuerdo previo en cuanto a montos disponibles de acuerdo con lo discutido con el equipo económico de gobierno, para determinar cual era el máximo posible a darle a la fuerza militar en cada oportunidad.
La Asamblea parlamentaria no tenía más que un papel refrendador y tampoco podría haber hecho mucho más, vista la falta de asesoría técnica adecuada en tan delicado proceso.
No se trata sólo de Nicaragua. Este tipo de acuerdos entre la cúpula militar y el poder civil es una pauta común en muchas organizaciones militares fuera de los países avanzados. Con fuerzas armadas cada vez más diferenciadas entre sí, que abarcan desde "la fuerza", la única que tiene toda la capacidad tecnológica y financiera que hace que no sea posible enfrentarla y a las fuerzas convencionales, profesionalizadas de países de alto desarrollo como las alemanas o las que no tienen estatus jurídico militar, pero son tales, como las japonesas a las pequeñas organizaciones, muchas veces de baja profesionalidad, escasos recursos y capacidad tecnológica, el presupuesto es el arma sustancial de la organización interna y en los países avanzados tiene un papel importante en la economía nacional. En los países avanzadas los mandos militares deben entenderse primero con sus ministerios de defensa. En los periféricos tratan de negociar directamente, especialmente si saben que tienen cierta capacidad de manejo político autónomo, como forma de tener un parte importante del poder.
En ese marco debe inscribirse el proceso de cambio hacia tomas de decisiones que deben involucrar cada vez a la clase política. A nivel del poder Ejecutivo los miembros de equipos económicos deben ir más allá del manejo aritmético, de las sumas y restas y saber la relevancia del tema. En el parlamento se necesita que haya una asesoría constante que permita tratar el tema en un pie de igualdad con los mandos militares. Para éstos, finalmente, importa saber que sin un respaldo legítimo de una política de defensa nacional genuina, la defensa puramente burocrática de asignaciones presupuestales no basta para mantener a la institución.
Juan Rial
Septiembre del 2000
Juan Rial es un académico y consultor internacional uruguayo. Ha investigado intensamente el tema de las relaciones entre civiles y militares y participado activamente en la promoción de un entendimiento entre las elites castrenses y la clase política civil en la región y otros países del tercer mundo.
 |
 |