DERECHOS HUMANOS Y DEFENSA EN ARGENTINA

Jaime Garreta*
Abril 2007

La reflexión sobre la problemática de los derechos humanos, dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, era una asignatura largamente pendiente por todos los gobiernos constitucionales argentinos, desde la recuperación de la democracia en 1983. Más allá de los juicios a las juntas militares llevados adelante durante la administración de Raúl Alfonsín, generar una política de derechos humanos aplicada a la defensa nunca había surgido como idea.

Desde el inicio del gobierno de Kirchner, por primera vez en la historia argentina, el tema de los derechos humanos y la memoria cobró vigor e importancia, atravesando también las políticas públicas vinculadas al ámbito socio-económico, a la educación, a la justicia y a la seguridad pública.

Si bien la responsabilidad primaria en la temática, dentro de las jurisdicciones del Estado, corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (dependiente del Ministerio de Justicia), se vió la necesidad y la importancia de crear un espacio propio, dentro del Ministerio de Defensa, que se ocupara del tema, en su aplicación específica a los problemas concretos de las fuerzas armadas.

Así, a través del decreto presidencial 825, del 13 de julio del 2005, se habilitó a la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa a:

Las actuaciones de la Secretaría referidas a Derechos Humanos se realizan en forma coordinada con las facultades que en esta materia corresponden a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En concurrencia a la creación de este nuevo ámbito dentro del Ministerio, se comenzó a realizar la reformulación del sistema de justicia militar, con la intención de derogar el viejo Código de Justicia Militar de 1951, considerado incompatible con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales incorporados en la reforma de la misma en 1994.

En Abril de 2007, el Gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma del Código. El debate se centra en incorporar nuevas figuras penales como acoso sexual, discriminación, y en eliminar, por obsoletas, el calabozo y el confinamiento. Se plantea asimismo que los militares sometidos a proceso por delitos militares tengan las mismas garantías judiciales que cualquier ciudadano ante la Justicia civil.

En el año 2005, el Estado argentino había asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el compromiso de derogar el viejo Código de Justicia Militar. Hubo varios proyectos de ley para poder sancionar la nueva normativa y actualmente, el Poder Ejecutivo ha propuesto un proyecto de ley, que plantea, entre otras cuestiones, el tratamiento de los delitos militares en el fuero federal, la eliminación de la pena de muerte, el rediseño del sistema disciplinario y la creación de un servicio de justicia común a todas las fuerzas, para permitir la vigencia de idénticos derechos y garantías para todos los ciudadanos, en este caso militares, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Se avanza en la idea de reafirmar la condición de ciudadanos plenos para los integrantes de las fuerzas armadas, quienes actualmente no cuentan con esos derechos elementales por su condición de militares.

Las fuerzas armadas, comprendiendo la importancia del abordaje del tema de los derechos humanos en su oficialidad y cuadros intermedios, comenzaron a organizar cursos y seminarios para empezar a reflexionar sobre el tema.

Ejemplo de ello es el curso que la Armada argentina organizó recientemente (Primer Curso de Especialización en Derechos Humanos), destinado a oficiales jefes de las Fuerzas Armadas sudamericanas. La finalidad del mismo fue contribuir a la formación de líderes con capacidad de decisión, que transmitan la importancia de la formación en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, la responsabilidad del Estado en materia de Derechos Humanos y en el ámbito de las Fuerzas Armadas. También la Fuerza Aérea, con la participación del Ministerio, organizó un seminario permanente sobre Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos, dirigido a oficiales y suboficiales de esa fuerza.

Todas estas iniciativas, que promueven y apoyan la conducción civil de la defensa, favorecen a un cambio de mentalidad en las fuerzas armadas, que permita su mejor inserción en el sistema democrático de nuestro país. Otra cuestión de especial importancia es la inclusión del tema de los derechos humanos en los planes de estudio de los institutos de formación militar, proceso que ha comenzado en los últimos años. El Ministerio de Defensa ha comenzado una revisión profunda de los planes de estudio de las tres fuerzas, a fin de aplicar los cambios curriculares acordes a las nuevas temáticas.

El Estado argentino, entre otras obligaciones, tiene la responsabilidad de generar políticas que busquen la eliminación de todas las formas de discriminación dentro de la sociedad. En el caso de la mujer, ha sido una constante la discriminación que ha sufrido dentro de las fuerzas armadas y estuvo fuera de la agenda del ministerio de Defensa hasta hace pocos años.

Esta situación ha comenzado a evolucionar favorablemente, al incorporarse nuevas políticas en Defensa que permitieran un mejor acceso de la mujer a distintas áreas de las fuerzas armadas. En esta línea, en el proyecto de ley del sistema de justicia militar, se ha incorporado la figura de acoso sexual como falta disciplinaria grave y gravísima, de acuerdo a la situación jerárquica del que ejerce el acoso.

También se han modificado las condiciones de ingreso y permanencia en los institutos educativos militares, permitiendo el acceso de mujeres embarazadas. Actualmente, se está promoviendo modificar el decreto reglamentario del Servicio Militar Voluntario, que impide el acceso a quienes tuvieran personas a cargo, para que puedan acceder a dicho servicio.

Finalmente, otra área que ha tomado interés en la conducción civil de la defensa es la promoción de la capacitación de las fuerzas armadas en el derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

Esta capacitación es de especial importancia para el accionar responsable de los oficiales y soldados en las misiones de paz, como por ejemplo en el ámbito de la MINUSTAH (misión de paz en Haití), en la cual Argentina participa activamente desde hace varios años.

* Presidente de SER en el 2000