LAS FUERZAS ARMADAS EN BOLIVIA: EL DESAFÍO DEL CAMBIO
Loreta Tellería*
Abril 2007
El período de democratización de la mayoría de los países de América Latina desarrollado hace un par de décadas, tuvo como una de sus características el relegamiento de las instituciones de seguridad y defensa. Tanto es así, que sólo hace algunos años se viene trabajando en adecuar a estas instituciones, llámese Policía o Fuerzas Armadas, a los cambios institucionales propios de gobiernos democráticos. El respeto a los derechos humanos, la transparencia en la gestión y sobre todo el control político, son los principales principios alrededor de los cuales giran todos los modelos de modernización institucional.
En el caso boliviano, las Fuerzas Armadas no han estado ajenas a estos desafíos, sin embargo, su pasado autoritario y su estructura tradicional, han sido presa fácil de la manipulación de gobiernos democráticos, que utilizaron a la institución de manera coyuntural y pragmática. Todo esto, incrementó la crisis institucional de las Fuerzas Armadas, haciendo más difícil cumplir el desafío del cambio.
Durante la década de los noventa, varios gobiernos de la región dieron muestras claras de iniciar un periodo de modernización y profesionalización de sus instituciones castrenses. El respeto y valoración de los derechos humanos, a través del juzgamiento de varios militares implicados en gobiernos dictatoriales, fue el paso principal para iniciar toda una serie de reformas que tenían como principal objetivo recuperar, si alguna vez se tuvo, el control político sobre las Fuerzas Armadas.
Este control político, debía expresarse en una serie de cambios institucionales, tales como la apertura de la institución a la sociedad civil -mediante políticas de rendición de cuentas, transparencia y participación social-, el reemplazo de estructuras burocráticas por estructuras más profesionales, y la apertura de la institución a mecanismos de relación con el exterior, que reflejen la transición de políticas de seguridad tradicionales a aquellas que fomenten la cooperación y la confianza mutua.
Todos estos objetivos, fueron trabajados en varios países en mayor y menor medida. El largo pasado autoritario que tuvo como resultado la conformación de instituciones autónomas, mostró la resistencia militar a cambios trascendentales, tales como su plena subordinación al poder político, lo que implicaba el inicio de un proceso, en algunos casos traumático, de modernización y profesionalización militar. Pese a todos los obstáculos, en la actualidad existen avances notables en los procesos de democratización de las instituciones militares.
El hecho de que existan un mayor número de ministros de defensa civiles en comparación a militares en la región, y que de éstos, varias mujeres se encuentren en ejercicio del cargo, es una clara señal del cambio. Si a esto se suma el intento de varios gobiernos para elaborar Libros Blancos de Defensa, que incluyan principios de transparencia y participación social; y la creación de un modelo de transparencia presupuestaria llevada a cabo entre Argentina y Chile, se puede observar que las reformas están en proceso de ejecución.
En el caso de Bolivia, la institución militar no ha sido objeto de ningún proceso de reforma institucional en todo el periodo democrático. Esto hace que en la actualidad se tenga una institución militar que no cuenta con una agenda democrática de seguridad que incorpore temas urgentes, como ser políticas de modernización y profesionalización militar, efectivo control civil a través de un Ministerio de Defensa desburocratizado, manejo eficaz del presupuesto, cambio de la normativa militar, y finalmente, roles definidos de actuación de las Fuerzas Armadas, acorde con los nuevos conceptos de seguridad y las nuevas amenazas
tanto externas como internas.
La indefinición estratégica a la que se ha llevado a la institución militar en Bolivia, ha hecho que la institución desempeñe roles que no incumben a su naturaleza militar. Esta opción, ha sido producto de los intereses gubernamentales nacionales (e internacionales), en su intento por solucionar problemas coyunturales que amenazaban la estabilidad política, económica y social del país. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas como la lucha contra el narcotráfico 1, el orden público y la seguridad ciudadana, han contribuido a desdibujar la verdadera función de los militares y a incrementar la crisis de legitimidad de la institución.
En resumen, el proceso democrático boliviano ha dejado pendiente la problemática militar actuando más como un catalizador de su indefinición estratégica, que como un orientador hacía una política democrática de seguridad que abarque aspectos nacionales e internacionales.
Bajo un gobierno indígena
El nuevo sello político que le da a Bolivia el contar con un presidente indígena como Evo Morales a partir de enero de 2006, sin duda fue el inicio de una nueva etapa para todas las instituciones democráticas en el país. Un presidente que ganó con el 54% de la votación y obtuvo una mayoría parlamentaria, y que en su primer año de gobierno nacionalizó los hidrocarburos, sin efectos traumáticos, en contra de todas las predicciones, representa el inicio de un gobierno de corte popular dispuesto a dar un giro sustancial en la tradicional
forma de manejo de las instituciones estatales. Si se analiza el proceso que siguieron las Fuerzas Armadas durante este primer año de gobierno, se encuentran elementos importantes para afirmar y predecir un cambio de timón en la institución.
En diciembre del año 2006, la aprobación de las Fuerzas Armadas en todas las ciudades de Bolivia alcanzaba al 68% 2, nivel histórico en todo el proceso democrático.
Varias pueden ser las respuestas para este nivel de aprobación. Sin embargo, ninguna puede dejar de lado el cronograma de acciones militares durante todo el 2006:
• En enero, el nuevo Presidente Evo Morales, marginó a dos promociones militares por el caso misiles 3 y designó al Alto Mando militar.
• En mayo 3.139 militares custodiaron 56 instalaciones petroleras producto del decreto de nacionalización de los hidrocarburos.
• Se dio mayor impulso al programa "Igualdad de oportunidades" para postulantes originarios que quieren acceder a la carrera militar.
• Durante todo el año, los militares participaron del plan de alfabetización "Yo sí puedo" en comunidades rurales del país.
• El Ministerio de Defensa inició una activa política de relación internacional con los Ministros de Defensa de varios países, tales como Argentina, Chile, Venezuela, República Popular de China y Perú. Ello se tradujo en la ampliación e implementación de medidas de confianza mutua con dichos gobiernos, y una amplia ayuda en equipamiento y capacitación.
• Defensa Civil trabajó todo el año en campañas móviles de salud en varios departamentos, y planes de contingencia para frenar los efectos de los desastres naturales producidos por el fenómeno del Niño.
• Se elaboró un programa para el fortalecimiento de fronteras, a través de la mejora de las condiciones de vida de las unidades militares fronterizas, y la construcción de Módulos de desarrollo en la frontera, con el objetivo de precautelar la soberanía y defender los recursos naturales.
• En diciembre, las Fuerzas colaboraron de manera operativa en el pago del bono "Juancito Pinto" a niños que cursan los primeros cinco años de las escuelas públicas 4.
• Finalmente, se concluyó el proyecto de construcción de 25 institutos tecnológicos a lo largo del país, en los cuales se brindará a los soldados que estén cumpliendo su servicio militar, capacitación técnica en más de cuarenta especialidades, para que obtengan, además de instrucción militar, una formación técnica capaz de brindarle oportunidades más calificadas de trabajo.
Como se puede ver, durante el año 2006, las Fuerzas Armadas actuaron en temas de carácter social, de inclusión, humanitarias, resguardo de la soberanía, y en apoyo a las políticas estatales. La prioridad que en años pasados tuvo la lucha contra el narcotráfico y los conflictos sociales, dio paso a una serie de actividades que reflejan una tendencia a la reconfiguración de sus roles. Los datos muestras que las Fuerzas Armadas han descomprimido su tradicional rol represivo y han dado paso a un rol activo de acercamiento a la sociedad. La
revalorización de su rol de guardianes de la soberanía nacional, a través de su papel protagónico en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y una fuerte campaña de resguardo de las fronteras, junto con la reforma del tradicional servicio militar obligatorio por uno que se adapta a las necesidades de capacitación y formación de los jóvenes bolivianos, ha hecho que la institución se abra a la sociedad, lo que le ha valido un mayor grado de aprobación.
Si bien esto no es producto de un proceso amplio de reforma institucional, refleja su tendencia a una nueva configuración funcional. Todo esto, en su justa dimensión, representa señales de cambio que sólo pueden ser consolidadas a través del diseño de un plan estratégico de reforma institucional, que contemple el cambio de una forma tradicional de organización, por una institución moderna, que se adapte a los nuevos roles de seguridad internacional y se prepare para hacer frente a las nuevas amenazas nacionales e internacionales.
Temas como el respeto a los derechos humanos, la transparencia y el ejercicio de un verdadero control político deben ser los ejes fundamentales de toda reforma, lo que en el caso boliviano implica repensar el rol de las Fuerzas Armadas, cambiar su marco normativo, reformar su estructura educativa, adecuar su accionar a las nuevas amenazas y abrirse plenamente a la sociedad.
No se pueden obviar las debilidades que tiene la institución militar para proyectar un nuevo horizonte estratégico. La falta de recursos es sin duda un impedimento importante para este objetivo. Sin embargo, está en manos del poder político y en la voluntad de los propios militares el diseñar la "ruta crítica" del cambio, más aún si se esta en puertas de un nuevo marco constitucional, como producto de la Asamblea Constituyente.
En la actualidad, el poder de las Fuerzas Armadas ya no debiera cifrarse en el poderío de su arsenal militar, sino en su capacidad para adaptarse de la mejor manera a un contexto democrático. Su fuerza en países como Bolivia, debe estar en el desarrollo de habilidades para adecuarse plenamente a los cambios de su sociedad, y de su entorno regional de manera profesional. La acción de las Fuerzas Armadas en Bolivia durante este último año, refleja que este cambio puede ser posible.