LAS FUERZAS ARMADAS EN BOLIVIA: EL DESAFÍO DEL CAMBIO
Loreta Tellería*
Agosto 2008
El periodo de democratización de la mayoría de los países de América Latina
desarrollado hace un par de décadas, tuvo como una de sus características el
relegamiento de las instituciones de seguridad y defensa. Tanto es así, que sólo
hace algunos años se viene trabajando en adecuar a estas instituciones, llámese
Policía o Fuerzas Armadas, a los cambios institucionales propios de gobiernos
democráticos. El respeto a los derechos humanos, la transparencia en la
gestión y sobre todo el control político, son los principales principios alrededor
de los cuales giran todos los modelos de modernización institucional.
En el caso boliviano, las Fuerzas Armadas no han estado ajenas a estos desafíos.
Sin embargo, su pasado autoritario y su estructura tradicional, han sido
presa fácil de la manipulación de gobiernos democráticos que utilizaron la institución
de manera coyuntural y pragmática, incrementando así su crisis institucional
y haciendo más difícil cumplir el desafío del cambio.
Durante la década de los noventa, varios gobiernos de la región dieron
muestras claras de iniciar un periodo de modernización y profesionalización de
sus instituciones castrenses. El respeto y valoración de los derechos humanos,
a través del juzgamiento de varios militares implicados en gobiernos dictatoriales,
fue el paso principal para iniciar toda una serie de reformas que tenían
como principal objetivo recuperar, si alguna vez se tuvo, el control político
sobre las Fuerzas Armadas.
Este control político, debía expresarse en una serie de cambios institucionales, tales como la apertura de la institución a la sociedad civil -mediante políticas
de rendición de cuentas, transparencia y participación social-, el reemplazo
de estructuras burocráticas por estructuras mas profesionales, y la apertura de
la institución a mecanismos de relacionamiento externo, que reflejen la transición
de políticas de seguridad tradicionales a aquellas que fomenten la cooperación
y la confianza mutua.
El largo pasado autoritario que tuvo como resultado la conformación de instituciones
autónomas, mostró la resistencia militar a cambios trascendentales,
tales como su plena subordinación al poder político, lo que implicaba el inicio
de un proceso amplio de modernización y profesionalización militar. Pese a
todos los obstáculos, en la actualidad existen avances notables en los procesos
de democratización de las instituciones militares. La presencia de un mayor
número de ministros de defensa civiles en comparación a militares en la región,
y que de éstos, varias mujeres se encuentren en ejercicio del cargo, es una clara
señal del cambio. Si a esto se suma el intento de varios gobiernos para elaborar
Libros Blancos de Defensa, que incluyan principios de transparencia y participación
social; y la creación de un modelo de transparencia presupuestaria
llevada a cabo entre Argentina y Chile, se puede observar que las reformas
están en proceso de ejecución.
En el caso de Bolivia, la institución militar no ha sido objeto de ningún proceso
de reforma institucional en todo el periodo democrático. Esto hace que en
la actualidad se tenga una institución militar que no cuenta con una agenda
democrática de seguridad que incorpore temas urgentes, como ser políticas de
modernización y profesionalización militar, efectivo control civil a través de un
Ministerio de Defensa desburocratizado, manejo eficaz del presupuesto, cambio
de la normativa militar, y finalmente, roles definidos de actuación de las Fuerzas
Armadas, acorde con los nuevos conceptos de seguridad y las nuevas amenazas
tanto externas como internas.
La indefinición estratégica a la que se ha llevado a la institución militar en
Bolivia, ha hecho que la institución desempeñe roles que no incumben a su
naturaleza militar. Esta opción, ha sido producto de los intereses gubernamentales
nacionales (e internacionales), en su intento por solucionar problemas
coyunturales que amenazaban la estabilidad política, económica y social del
país. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas como la lucha contra el
narcotráfico1,el orden público y la seguridad ciudadana, han contribuido a desdibujar
la verdadera función de los militares y a incrementar la crisis de legitimidad
de la institución.
En resumen, el proceso democrático boliviano ha dejado pendiente la problemática
militar, actuando mas como un catalizador de su indefinición estratégica,
que como un orientador hacía una política democrática de seguridad que
abarque aspectos nacionales e internacionales.
Bajo un gobierno indígena
El nuevo sello político que le da a Bolivia el contar con un presidente indígena
como Evo Morales a partir de enero de 2006, sin duda fue el inicio de una
nueva etapa para todas las instituciones democráticas en el país. Un presidente
que ganó con el 54% de la votación obteniendo una mayoría parlamentaria,
y que en su primer año de gobierno nacionalizó los hidrocarburos, sin efectos
traumáticos, en contra de todas las predicciones, representa el inició de un
gobierno de corte popular dispuesto a dar un giro sustancial en la tradicional
forma de manejo de las instituciones estatales.
Si se analiza el proceso que siguieron las Fuerzas Armadas durante el primer
año de gobierno, se encuentran elementos importantes para afirmar y predecir
un cambio de timón en la institución. El Plan Nacional de Desarrollo presentado
al inicio del gobierno, por primera vez incluye un apartado dirigido a
la institución militar, que la habilita para actuar en temas de seguridad y defensa
nacional, defensa civil, y apoyo al desarrollo.
En diciembre del año 2006, la aprobación de las Fuerzas Armadas en todas
las ciudades de Bolivia alcanzaba al 68%2, nivel histórico en todo el proceso
democrático, que mostraba, una mejor percepción de la sociedad sobre la institución.
Varias pueden ser las respuestas para este nivel de aprobación. Sin
embargo, ninguna puede dejar de lado acciones militares desarrolladas desde
2006:
• En enero de ese año, el nuevo Presidente Evo Morales, marginó a dos promociones militares por el caso misiles3 y designó al Alto Mando militar.
• En mayo, 3.139 militares custodiaron 56 instalaciones petroleras producto del decreto de nacionalización de los hidrocarburos.
• En toda la gestión, se dio mayor impulso al programa “Igualdad de oportunidades” para postulantes originarios que quieren acceder a la carrera militar.
• Las Fuerzas Armadas ha participado del plan de alfabetización “Yo si puedo” en comunidades rurales del país.
• El Ministerio de Defensa inició una activa política de relacionamiento internacional con los ministros de defensa de varios países, tales como Argentina, Chile, Venezuela, República Popular de China y Perú. Gracias a esta política se pudo conseguir la ampliación e implementación de medidas de confianza mutua con éstos gobiernos y una amplia ayuda en equipamiento y capacitación.
• Defensa Civil trabajó en campañas móviles de salud en varios departamentos, así como en planes de contingencia para frenar los efectos de los desastres naturales producto del fenómeno del niño y la niña.
• Se elaboró un programa para el fortalecimiento de fronteras, a través de la mejora de las condiciones de vida de las unidades militares fronterizas y la construcción de Módulos de desarrollo en la frontera, con el objetivo de precautelar la soberanía y defender los recursos naturales.
• Las Fuerzas Armadas han colaborado de manera operativa en el pago del bono “Juancito Pinto” a niños que cursan los primeros cinco años de las escuelas públicas4.
• Finalmente, se concluyó el proyecto de construcción de 25 institutos tecnológicos a lo largo del país, en los cuáles se brindará a los soldados que estén cumpliendo su servicio militar, capacitación técnica en mas de 40 especialidades, para que puedan encontrar en las Fuerzas Armadas además de instrucción militar, una formación técnica capaz de brindarle oportunidades mas calificadas de trabajo.
Como se puede ver, desde el primer año de el nuevo gobierno, las Fuerzas
Armadas actuaron en temas de carácter social, de inclusión, humanitarias, resguardo
de la soberanía, y en apoyo al desarrollo. La prioridad que en años
pasados tuvo la lucha contra el narcotráfico y los conflictos sociales, dio paso
a una serie de actividades que reflejan una tendencia a la reconfiguración de
sus roles. Los datos muestran que las Fuerzas Armadas han descomprimido su
tradicional rol represivo, y han dado paso a un rol activo de acercamiento a la
sociedad. La revalorización de su rol de guardianes de la soberanía nacional a
través de su papel protagónico en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos,
y una fuerte campaña de resguardo de las fronteras (junto con la
reforma del tradicional servicio militar obligatorio por uno que se adapta a las
necesidades de capacitación y formación de los jóvenes bolivianos), ha hecho
que la institución se abra a la sociedad, lo que le ha valido un mayor grado de
aprobación.
Si bien esto no es producto de un proceso amplio de reforma institucional,
refleja la tendencia a una nueva configuración funcional. Todo esto, en su justa
dimensión, representa señales de cambio que sólo pueden ser consolidadas a
través del diseño de un plan estratégico de reforma institucional, que contemple
el cambio de una forma tradicional de organización, por una institución
moderna, que se adapte a los nuevos roles de seguridad internacional y se prepare
para hacer frente a las nuevas amenazas nacionales e internacionales.
Temas como el respeto a los derechos humanos, la transparencia y el ejercicio
de un verdadero control político deben ser los ejes fundamentales de toda
reforma, lo que en el caso boliviano implica repensar el rol de las Fuerzas
Armadas, cambiar su marco normativo, reformar su estructura educativa, adecuar
su accionar a las nuevas amenazas y abrirse plenamente a la sociedad.
No se puede obviar las debilidades que tiene la institución militar para proyectar un nuevo horizonte estratégico. La falta de recursos es sin duda un
impedimento importante para este objetivo. Sin embargo, esta en manos del
poder político y en la voluntad de los propios militares el diseñar la “ruta critica”
del cambio, más aún si se esta en puertas de un posible nuevo marco
constitucional producto de la Asamblea Constituyente.
En la actualidad, el poder de las Fuerzas Armadas ya no debiera cifrarse en
el poderío de su arsenal militar, sino en su capacidad para adaptarse de la
mejor manera a un contexto democrático. Su fuerza en países como Bolivia,
debe estar en el desarrollo de habilidades para adecuarse plenamente a los
cambios de su sociedad y de su entorno regional de manera profesional.