BREVE PANORAMA DE LAS RELACIONES CIVILES MILITARES EN VENEZUELA
Inés Guardia Rolando y Leonardo Salas
Enero 2006
Entre 1958 y 1962, la dirigencia política venezolana había logrado consolidar un frente civil y militar capaz de enfrentar al mismo tiempo la amenaza guerrillera y combatir las tendencias pretorianas al interior de la institución castrense1, para lo cual se apoyó en un sector de la oficialidad profesional. Sin embargo, durante este proceso a la Fuerza Armada se le cedió tácitamente influencia en la política nacional, tanto es así que el sector civil de la sociedad no controló los presupuestos, ni el crecimiento del sector, tampoco se preocupo por definir una política de seguridad nacional, dejando que los militares definieran sus funciones, sus presupuestos, las necesidades de adquisición, sin un efectivo control por parte del legislativo. Recordemos que, en ocasiones, los "supuestos" requerimientos del sector sirvieron para ocultar graves hechos de corrupción por parte del sector político gubernamental.
Con respecto a este primer período histórico de las relaciones civiles militares en Venezuela es posible afirmar que los dirigentes políticos no comprendieron que el papel y significado de la Fuerza Armada en la democracia debía estar sujeto al control de los civiles, y tampoco los ciudadanos percibieron la influencia del sector militar como una amenaza latente para la democracia.
Si bien es cierto que los militares cedieron a la dirigencia civil la conducción política de la nación y sólo se reservaron las áreas relacionadas con defensa y seguridad interna de la nación, subterráneamente se estaba formando una exitosa y clandestina logia que entraría en escena durante 1992. Aunque la inteligencia interna del sector militar identificó y desmontó la actividad de dos células conspirativas en fechas anteriores, no deja de sorprender que una organización clandestina como la que resultó no fuera descubierta (Irwin, 2005; Blanco Muñoz, 1998; y Garrido, 1999, 2000).
Así pues durante la década de 1980 existían fuertes tensiones entre el sector castrense y la dirigencia política civil, sobre todo entre la alta oficialidad y las autoridades políticas. Esta situación condujo a que, poco a poco, se fuera perfilando una tendencia entre los militares que buscaba una mayor participación política. En pocas palabras, desde finales de la década de 1970 e inicios de los 1980, se advertía la existencia de una orientación pretoriana que tenía la intención de competir con el sector civil por la dirección política de la sociedad.
A partir de la campaña electoral de 1973 aparecieron candidaturas presidenciales de oficiales retirados -tal fue el caso del general de división García Villasmil- además se observó que pequeñas organizaciones políticas le dieron su apoyo a este tipo de candidaturas electorales. Sin embargo, ante el peso electoral de los partidos políticos AD y COPEI, poco podían aspirar los candidatos de origen castrense quienes no lograron siquiera actuar como representantes corporativos en el parlamento nacional. Asimismo, se manifestó un interés por el "voto militar"; este fue publicitado por José Vicente Rangel, candidato presidencial por el Movimiento al socialismo (MAS).
Al mismo tiempo, como se menciono con anterioridad, en el interior de la institución armada se fue formando una organización clandestina, que originalmente se auto-proclamó como Ejército Bolivariano Revolucionario (EBR), y luego, se transformó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200). Fue entonces cuando surgieron los llamados «COMACATES», es decir comandantes, mayores, capitanes y tenientes. Esta nueva agrupación pareció haber tenido una orientación más "gremialista" que política, pero en la práctica era una manifestación del malestar que se estaba produciendo en la oficialidad joven y que favoreció el proyecto político del MBR-200.
En general, los miembros de esta organización clandestina eran destacados oficiales del Ejército, de gradación media, no se permitía expresamente oficiales de alta gradación, por lo que el movimiento también se conocía por los siglas de COMACATE, haciendo alusión a los grados de comandantes, mayores, capitanes y tenientes y tenientes coroneles. La mayoría de sus participantes tenía una formación universitaria además de militar y ejercían una gran influencia sobre las tropas bajo su mando. Buena parte de los integrantes pertenecían a la promoción Simón Bolívar, egresada de la Escuela Militar en 1975. Su idea era cambiar el rumbo del país a través de un golpe de Estado que se había estado incubando desde hace algunos años dentro del grupo.
En general es posible señalar que sus fuentes de inspiración doctrinal eran el pensamiento bolivariano, las ideas de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora que formarían el árbol de las tres raíces que conformaba a su vez la unidad del nuevo pensamiento corporativo de los que participaban en este grupo, con una orientación ideológica nacionalista y revolucionaria asociada a las ideas que debatían con miembros de los partidos de izquierda en nuestro país.
Durante 1992 cuando se produjeron dos intentos de golpe de estado (el 4 de febrero y el 27 de noviembre) con el fin de derrocar a Carlos Andrés Pérez (1989-1993) es posible ubicar el resurgimiento del protagonismo político del sector militar. Los argumentos manejados por los golpistas fueron: la pérdida de credibilidad del sistema de partidos, el malestar social a causa de la adopción de medidas económicas -tales como: el aumento del pasaje, incremento en los precios de los productos alimenticios y servicios básicos-, la corrupción en el sector público y privado, la injusticia, la inseguridad, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias que repercutió en la baja de los niveles de vida; factores que trascendieron a las Fuerzas Armadas y las fracturaron2.
A partir de esta fecha se notó, cada día, su influencia en la vida política del país y se le concedieron prerrogativas especiales a fin de evitar nuevos alzamientos. Como se sabe, los principales jefes de estas insurrecciones fueron juzgados y condenados. Posteriormente, indultados durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998). Algunos incursionaron en la política conformando un nuevo liderazgo, que en un principio (1992-1997) concordaba con la percepción de los ciudadanos de que la corrupción y la ineficiencia gubernamental eran las causas de la crisis. No obstante, en 1997 durante la campaña electoral, sus líderes sostuvieron que la crisis político institucional era una consecuencia del origen del sistema democrático y plantearon refundar la República mediante una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual significaba cambiar radicalmente el modelo político-económico originado en Punto Fijo (1958). Finalmente, en las elecciones de 1998 resultó triunfador Hugo Chávez Frías, quien una vez en el poder convocó la Constituyente y posteriormente se produjo lo que conocemos, los venezolanos, como "el proceso de relegitimación de los poderes".
En 1999 con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establecieron nuevas reglas que permitieron el ejercicio político de los militares a nivel estructural, al hacerlos deliberantes y suprimir la prohibición del voto castrense. A partir de este momento se manifestó, cada vez con más fuerza, la influencia de este sector en la vida política nacional3. Así observamos que efectivos activos, dados de baja y retirados formaron parte del gabinete del nuevo presidente desde un principio pero, poco a poco, fueron ocupando distintos cargos en la administración pública que favorece al sector pretoriano de la sociedad4, nos referimos a militares y civiles que colaboran, se benefician y por lo tanto apoyan el proyecto revolucionario.
Por su parte, el politólogo Alberto Garrido sostiene que en Venezuela existe un régimen militarista "que se basa en el criterio de Doctrina de Seguridad Nacional y que va buscando ocupar todos los sectores de la vida nacional con militares" (El Universal 28 de abril de 2003). Según Garrido, esta doctrina maneja constantemente la hipótesis de guerra por lo que se justifica la intervención constante y sistemática de la Fuerza Armada Nacional en la vida política, a fin de neutralizar a los enemigos de la revolución, es decir, los contrarios a la Patria (El Universal 31 de marzo de 2004). Pareciera que esta misma línea teórica es sostenida por el historiador Luis Buttó quien utiliza el modelo teórico de Alfred Stepan (1978) para explicar la intervención de la institución castrense el desarrollo nacional5.
Otra fuente que explica la intervención de los militares en la política nacional se nutre del planteamiento de Norberto Ceresole quien sostiene que el pueblo venezolano mediante los votos delegó su poder en Chávez -quien encarna al caudillo de origen militar- que debe garantizar su poder a través del partido cívico-militar, que integra la unión Ejército-Caudillo-Pueblo y expresa de esta forma la voluntad del caudillo y la masa6 (El Universal, 31 de marzo de 2004).
En nuestro caso en particular, consideramos que el triunfo electoral del Teniente coronel Hugo Chávez Frías (1998) ha sido la expresión visible de un proyecto corporativo que se propone la modernización del país a partir del impulso y conducción de los militares en la gerencia política de la sociedad; en ningún caso el liderazgo personalista que ejerce el presidente de la República puede entenderse como una reedición del caudillo decinomónico.
Otra interpretación posible es considerar "el fenómeno Chávez" como un "signo de los tiempos" que ni políticos tradicionales, ni académicos, ni sociedad civil organizada, supo interpretar y que nos hablaba precisamente de la debilidad institucional de Estado venezolano, y que además era portador de nuevos deseos por parte la mayoría de los venezolanos cada vez más excluidos de los beneficios de la democracia representativa instaurada en 1958. Las expresiones visibles de estos nuevos tiempos serían precisamente el Caracazo (1989), el triunfo electoral de Rafael Caldera (1993) sin COPEI y representando precisamente lo que se conoció como "el chiripero" a través del nuevo partido político Convergencia, las dos intentonas golpistas de 1992 y el triunfo por la vía democrática de Hugo Rafael Chávez Frías (1998) pero con un partido "no tradicional".
Desde nuestro punto de vista consideramos que en la cotidianidad del ejercicio del poder estas dos concepciones -la de los militares por un lado y la de los militantes de izquierda por el otro-acerca del desarrollo nacional se encuentran enfrentadas manifestándose posiciones contradictorias por ejemplo en la ley de tierras o en el tratamiento de la guerrilla. Sin embargo, pareciera imponerse la tendencia pretoriana7.
Por otra parte, se debe recordar el proceso de cambios que ha sufrido la composición de la institución militar durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. En efecto, tendríamos una purga de la institución militar producida en parte por los mismos oficiales que se declararon en desobediencia a la vez que promovida desde adentro hacia aquellos oficiales que se mostraban en desacuerdo y no se adecuaban a las necesidades del proyecto político conducido por el Presidente de la República. Por otra parte, tendríamos denuncias en la prensa nacional sobre el proceso de ascensos militares por ejercicio político, también han aparecido acusaciones sobre nexos con grupos guerrilleros del exterior.
En otro orden de ideas y fiel a la unión cívico-militar se ha producido un irrespeto a la institución militar y sus miembros cuando se les comisiona para encargarse de los mercados populares, jornadas de cortes de cabello y ventas de alimentos. Además de revuelo que, en un principio, causo el uso del uniforme militar por parte de un oficial dado de bajo como es el Presidente de la República en actos oficiales y más recientemente la obligación del uso del uniforme verde para todas las fuerzas eliminando la tradicional vestimenta de la Marina y la Aviación. Tampoco se deben olvidar los procesos irregulares que se han seguido a miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales y el uso y apoyo logístico que la institución militar ha prestado en ocasiones de proselitismo político a favor de la revolución.
Finalmente, parece importante recordar que en Venezuela el Ejecutivo es quien tradicionalmente ha manejado las relaciones con los militares ante la inexistencia de facultades parlamentarias de control civil y a pesar de la aprobación de la nueva Constitución en 1999 en esta materia no se evolucionó lo suficiente ni se introdujeron las reformas necesarias para cumplir una efectiva función. En consecuencia, para el período 1998-2005 se ha privilegiado el carisma y liderazgo de Hugo Rafael Chávez Frías.
La problemática de las relaciones civiles militares en la sociedad venezolana nos insta a reflexionar acerca de las causas de la propensión al pretorianismo en nuestro país. Aunque la respuesta a esta interrogante yace en diversos y complejos factores, nos atrevemos a adelantar algunas hipótesis de trabajo: persisten algunos elementos en la cultura política del venezolano que favorecen el ejercicio político del hombre fuerte y carismático, al mismo tiempo, existe debilidad en los mecanismos de control civil por parte de la sociedad.
EL NEOCORPORATIVISMO: UNA PROPUESTA TEÓRICA PARA ABORDAR EL CASO VENEZOLANO A PARTIR DE 1989
Inés Guardia Rolando
Por neocorporativismo se entiende el proceso por medio del cual los militares venezolanos -efectivos activos, dados de baja y retirados- fueron ocupando distintos cargos en la administración pública a partir de 1989 y que ha favorecido al sector pretoriano de la sociedad1, es decir, militares y civiles que colaboran, se benefician y por lo tanto apoyan el proyecto revolucionario.
Se considera que esta nueva forma de representación política constituye una amenaza para el ejercicio democrático de la ciudadanía puesto que a la larga, los militares controlan los espacios públicos y eventualmente los liderazgos civiles surgidos de la organización popular pueden ser cooptados por alternativas que proceden del ámbito castrense. Además, cabe la posibilidad que ante cualquier intento de movilización y protesta popular, ésta sea considerada como potencialmente desestabilizadora para la seguridad interna de la nación.
Básicamente se propone la aplicación del neocorporativismo como categoría teórica que permita comprender cómo se ha producido la participación de los militares en las estructuras de poder en Venezuela. En este punto, hay que aclarar que no se refiere exclusivamente al proceso de agregación y articulación de demandas del estado venezolano sino también a los diferentes programas sociales que lleva a cabo el gobierno del Presidente Chávez que, en la mayoría de los casos, han sido diseñados, organizados y dirigidos por representantes de las Fuerzas Armadas con un procedimiento distinto del que se lleva a cabo durante la elaboración de políticas públicas que, a su vez ha conducido de alguna manera a la desinstitucionalización del Estado venezolano2.
Esta forma de representación es entendida como una forma de conducción política donde los militares se arrojan el derecho y el deber de conducir el país hacia la modernización y por lo tanto hacia el desarrollo; se tiende a favorecer a los grupos de interés que apoyan su gestión.
Para la implementación de este modelo corporativo a partir de 1989, los militares usaron sectores y consignas de la vieja izquierda latinoamericana y, en la práctica -militares y militantes de izquierda- han competido por la conquista de espacios políticos y se han producido conflictos en la conducción política del estado. Así pues, mientras el liderazgo militar ha reeditado prácticas populistas para la solución de los problemas sociales que aquejan el país -tales como la pobreza, el desempleo y la falta de vivienda- los sectores de la izquierda se plantean un cambio del modelo de producción.
El proyecto neo corporativo que encabeza el presidente de la república se ha expresado en la tendencia de los militares a ocupar cargos de administración pública, también cabe destacar que, como resultado de las elecciones de agosto de 2004, nueve de los gobernadores electos son de procedencia castrense. Así tenemos que el sector castrense conforma un nuevo grupo social al que se le premia asignándole cargos o embajadas además de las funciones de elaborar y ejecutar las políticas sociales del gobierno como parte de la unión cívico-militar en donde los efectivos se vuelven proveedores de los bienes y servicios sociales de las grandes mayorías de la población al tiempo que son premiados con los votos3.
Hay que advertir que, estos mecanismos implementados desde el gobierno para conducir los planes sociales no son el resultado de la participación de los ciudadanos en la toma de decisión, más bien se debe entender como una concesión que es otorgada de arriba hacia abajo en un proceso en donde el estado se apropia de la ciudadanía a través de un ejercicio pretoriano. Por el contrario no son activados los mecanismos que involucran los reclamos por derechos de la sociedad civil entendida como una sociedad nacional donde la construcción de civilidad no puede entenderse por separado de la construcción democrática de una nación (Mires, 2001: 107).
Aunque se conocen los argumentos de quienes elaboran su explicación a partir de los elementos teóricos de la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual, a la larga justifica, un régimen de tutela militar donde los uniformados forman parte del poder económico, social, político y cultural e imponen una ideología oficial con sus mecanismos de represión encaminados a moldear la psicología social4. Se considera que estudiar el fenómeno desde el corporativismo ayuda a comprender el proceso por medio del cual la actividad política de los militares ha llegado a ocupar espacios importantes y estratégicos en la administración pública gubernamental y se desempeña como un cuerpo cohesionado que obtiene los beneficios de la renta petrolera y los reparte a sus allegados al tiempo de que está contribuyendo al ocaso de la institución militar nacida del castrismo (1902) y consolidada durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935).
El interés por analizar esta nueva forma de representación, no es precisamente una preocupación porque se esté avanzando hacia un régimen dictatorial tipo los nacional populistas que se sucedieron en América latina en la década de los ochenta, radica más bien en que el aprendizaje del cuerpo militar durante el período de gobierno de Chávez responde más a medidas de control social que a defender una soberanía. Visto así, se da un proceso de escalada militar que controla a la sociedad y vigila el proceso a fin de que no se salga de los derroteros que le marca el presidente, dejando a la sociedad civil en segundo plano como agente subordinado y no como sujeto de cambio.
Notas
1. Concebimos por pretorianismo la influencia abusiva y política que ejerce el sector militar sobre el sector civil en una sociedad dada (Perlmutter y Plave, 1998 y Perlmutter, 1978).
2. A partir de la década de los ochenta, en la mayoría de los países latinoamericanos, se han evidenciado desiguales crisis políticas, institucionales y económicas que se han manifestado en la poca capacidad de los gobiernos para mantener la estabilidad y la conducción política, en la proliferación de grupos armados y en propuestas populistas asociadas a consignas de izquierda como modo de acceder al poder por vía electoral. Estos conceptos hacen referencia a las condiciones que favorecen o no, la gobernabilidad democrática entendida como el conjunto de factores políticos, económicos y sociales que permiten la inclusión social, pero que al mismo tiempo rinden tributo social de mayor calidad al ciudadano; la forma de enfrentar y superar la mayoría de estos problemas, en un sistema democrático liberal, es precisamente a través de las políticas públicas llevadas a cabo por los distintos órganos de gobierno. Sin embargo, esta región se encuentra inmersa en una grave crisis social, que se expresa en un descontento hacia formulas democráticas de ejercicio del poder. Según el informe regional que presentó FLACSO en el 2004, los temas de gobernabilidad y seguridad han estado presentes con fuerza en las dos últimas décadas (FLACSO, 2004).
3. Ver: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) título VII de la Seguridad de la Nación.
4. Como ejemplos señalaríamos cargos en la industria petrolera, ministerios, Policía Técnica Judicial, DISIP, SENIAT, aduanas, INCE, geriátricos, hipódromo, Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), puertos, aeropuertos y otros organismos del sector público (Bencomo, 2001: 2).
5. Parece pertinente aclarar que los autores que explican el proceso a partir de las proposiciones teóricas de la Doctrina de Seguridad Nacional establecen una especie de tutelaje militar que implica el logro de la modernización nacional a través del ejercicio político de los efectivos militares (Stepan, 1978).
6. Según Fernando Mires la presencia y aceptación del líder carismático constituyen una amenaza para la democracia (Mires, 2001).
7. Al respecto resulta interesante indagar sobre las sanciones que el partido MVR ha impuesto a sus integrantes pues pareciera que la tendencia militar cobra fuerza ante la postura de los activistas de izquierda civiles. Al respecto consultar la prensa venezolana a partir del 8 de mayo de 2005.
Notas
1. Como ejemplos señalaríamos cargos en la industria petrolera, ministerios, Policía Técnica Judicial, DISIP, SENIAT, aduanas, INCE, geriátricos, hipódromo, Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), puertos, aeropuertos y otros organismos del sector público (Bencomo, 2001: 2).
2. El proceso de elaboración de políticas públicas es el resultado del proceso de agregación, negociación e integración de demandas que se produce en el sistema político entendido como la caja negra tal como lo explican los politólogos norteamericanos que iniciaron el estudio de la cultura política (Almond y Verba, 1963 y 1980).
3. Recuérdese que las diferentes misiones abarcan desde la atención primaria hasta la generación de empleos, pasando por tramitar los documentos de identificación. Las principales misiones son: Simoncito (educación Preescolar), Robinson I y II (alfabetización y educación Primaria), Sucre (eduación Secundaria), Ribas (Universitaria), Avispa (construcción de vivienda, Vuelvan caras (generación de empleos), Mercal (alimentación), Identidad (documentos de identidad), Barrio Adentro I y II (atención primaria). Por otra parte, el neo corporativismo en Venezuela ha llegado a ocultar casos de corrupción -véase el plan Bolívar 2000 y el Fondo Único Social- además de que pareciera imperar la impunidad cuando efectivos militares se ven envueltos en escándalos ante la opinión pública.
4. Al Lector interesado en conocer los factores imbricados en modelar la psicología social recomendamos la lectura de (Montero, 1978: 140-142).