GOBERNABILIDAD, FUERZAS ARMADAS Y SERVICIOS SECRETOS EN PERÚ: RETOS PARA LA DEMOCRACIA EN EL NUEVO ENTORNO DE SEGURIDAD Orlando L. Paredes Octubre 2004 Introducción En 1990 los problemas de gobernabilidad en el Perú estaban vinculados a temas económicos, terrorismo e insatisfacción de demandas ciudadanas. Catorce años después, en el 2004, los problemas de gobernabilidad se vinculaban a una caída en la confianza en las instituciones del Estado y en el liderazgo político como consecuencia de los desaciertos de la clase política, que a lo largo de la historia republicana peruana no han logrado ponerse de acuerdo en un asunto tan esencial, como que la democracia es el único terreno apropiado para dirimir discrepancias, por lo que siempre ha sido difícil pedir a los militares respeto por la misma. Este desencuentro entre civiles, más que entre civiles y militares, siempre ha sido la justificación para que los militares se presenten como salvadores ante las constantes situaciones de desgobierno y asuman el poder a través de un golpe de Estado y traigan consigo la quiebra de los incipientes intentos de consolidación del sistema democrático, sistema que por cierto en los últimos años viene siendo percibida como insatisfactoria por la población peruana. En efecto, según Latinobarómetro,(1) en el 2003 sólo el 11% de peruanos dijo estar satisfecho con el régimen democrático, frente al 43% reportado hace ocho años, en 1995. Cifras que nos revelarían que un elevado porcentaje de peruanos están en desacuerdo con el modo cómo la democracia ésta siendo practicada, especialmente al percibir que dicho sistema no está ayudando a superar la situación económica del país que cada vez se va incrementando. Situación que en algunos casos sirvió de pretexto para los golpes de Estado, tal como el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, en momentos en que la crisis económica era agobiante, la violencia terrorista era incontrolable y la oposición política era mayoritaria en el Congreso de la Republica, hecho que en la mayoría de veces se presentaba como un obstáculo para las acciones de su gobierno. Por tanto, para entender la magnitud de los procesos que implican los cambios en el nuevo entorno, es preciso analizar las cíclicas fluctuaciones entre las dictaduras militares y los gobiernos civiles en el Perú, por lo que primero debemos realizar un análisis minucioso de las formulas tradicionales de gobierno que evidenciaron y vienen evidenciando los gobiernos civiles frente al pueblo. Formulas que en la mayoría de veces se caracterizan por la carencia de un discurso pragmático que preconice la eficacia para resolver los problemas inmediatos y cotidianos que se está viviendo en estos años. Frente a lo cual lo único que se encuentran son discursos ideológicos trasnochados, ambiguos, repetitivos y en la mayoría de veces contradictorios que lo único que encuentran son el rechazo unánime por parte de los grandes colectivos desilusionados, (2) tal como lo evidencian los índices de aprobación de los poderes que a los que representan; (3) segundo, el accionar de los militares en los más altos niveles de toma de decisiones, influencia que en los últimos años se han caracterizado por la participación de militares en situación de retiro (4) en la gestión de determinadas organizaciones del Estado, participación propia de un neomilitarismo como paradigma emergente en el Perú. En tal sentido, en el presente trabajo centro mi análisis en los cambios referidos a la percepción de la democracia y el rol de la clase política para el debilitamiento de éste sistema; y, en el accionar de los militares en el ámbito político así como su influencia en la toma de decisiones políticas. Percepción civil a los límites de la democracia Ante las incertidumbres de la reforma del Estado y con ella la reestructuración del sector de la seguridad y defensa, es pertinente analizar la gestión del presidente Alejandro Toledo, gestión que en este último año está caracterizándose por las constantes denuncias de corrupción, entre las que destaca los actos relacionados con los familiares del presidente y de personas de su entorno; denuncias que aunados a las constantes contradicciones y promesas incumplidas del presidente, en el mes de febrero y junio del presente año propiciaron un índice de aprobación del 7% a la gestión del jefe de Estado, índice más bajo que un presidente elegido por voto popular haya obtenido en la historia republicana peruana. Lo que llama la atención de esta situación no es la mala imagen del presidente Alejandro Toledo, sino la percepción civil y militar del sistema democrático, modelo que esta siendo percibiendo como un sistema desordenado, permisivo, corrupto y consecuentemente en donde prima la falta de autoridad. Aún más, en momentos en que la pobreza viene agobiando a más peruanos, por lo que la corriente de opinión a favor de un golpe de Estado ejercida por las fuerzas armadas, según la empresa encuestadora Datum Internacional asciende a un 11% de aprobación. (5) Cifra que nos evidencia que en el Perú, pese a las malas experiencias con gobiernos defactos, todavía hay un elevado índice de personas que creen que los militares son una alternativa para la solución de los problemas sociales y económicos. Si bien es cierto que en la actualidad no existen las condiciones ni la predisposición de los militares para el ejercicio de un golpe de Estado, lo que si prima al interior de los cuarteles es la idea generalizada que los “políticos civiles lo están malogrando”, por lo que en algún momento va ser necesario que “los militares vamos a ser los llamados para poner en orden al país” (6) Aún más, en momentos que el 8% de la opinión pública esta dispuesta a generar un levantamiento popular y a la toma de calles con la finalidad de acabar con el mandato del presidente Toledo. Levantamiento popular que se estarían poniendo de manifiesto en las aisladas manifestaciones de los campesinos cocaleros y el levantamientos de la población en determinadas localidades, tal como sucedió en el presente año en la provincia de Ilave, departamento de Puno, movilización que tuvo como consecuencia el linchamiento del alcalde de dicha localidad y que en determinado momento se transformó en incontrolable para el gobierno, por lo que resurgió, en un sector de políticos, la idea de participación de las fuerzas armadas en la solución de estas situaciones conflictivas generadas por el propio gobierno y por la falta de información. Ante el impulso de la idea de partición de las fuerzas armadas en la solución de conflictos internos, (7) lo que se notó es una “negativa” de las militares para la participación directa en la solución de dichos conflictos, “negativa” que se debió a la falta de respaldo legal para la participación de las fuerzas armadas en este tipo de acciones, pues aún esta latente las consecuencias de su participación en la movilización de Arequipa en el año 2002 y las más reciente de Puno en el año 2003, participación última que trajo como resultado la muerte de un estudiante universitario a causa del disparo ejecutado por un soldado, incidente a partir de la cual en la actualidad están siendo procesados los oficiales y subalternos, quienes están siendo acusados por violación a los derechos humanos. Reestructurando la Seguridad y Defensa Luego de la elección de Alejandro Toledo como Presidente Constitucional, lo que viene caracterizando al Perú no es un sistema democrático estable, sino el ingreso a un nuevo ciclo de sus crónicos problemas, esta vez caracterizado por una crisis en el liderazgo político y por la inoperancia de la clase política, en momentos cuando el terrorismo ya no tiene presencia en muchos lugares del país y cuando las instituciones vinculadas a la seguridad y defensa necesitaba una urgente reforma luego de la politización de sus miembros, tal como sucedió con las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional. Por tanto, el punto de inicio de la reestructuración de estas instituciones estuvo orientada a ser parte de la reforma del Estado, reforma que debió considerar: primero, la cooptación y politización de los principales mando militares durante las dos últimas décadas del siglo que paso; segundo, el cambio en la percepción de las “nuevas amenazas”; y, tercero, primordialmente la adecuación de la institución armada a las exigencias globales propias de la reconfiguración del nuevo orden mundial como consecuencia del atentado del 11S y la consecuente formación de nuevas periferias. La despolitización debería poner especial énfasis en las acciones de cooptación iniciado durante el gobierno aprista de Alan García en el segundo quinquenio de la década del 80, partido político que a lo largo de su historia se ha caracterizado por hacer valida todas las tácticas en su intención de saciar sus apetitos; evidenciando según la coyuntura política una aparente rectificación de filosofías y métodos, cambios que no los incomoda si ese es el camino más fácil para alcanzar sus objetivos, tal como lo hicieron en los cuarteles militares durante su gobierno. Otro punto en donde debía haber puesto mayor énfasis la reforma, estaba ligada al accionar de Alberto Fujimori quien con el apoyo de las Fuerzas Armadas clausura el Congreso de la República el día 5 de abril de 1992, rompiendo el orden democrático y el consecuente fortaleciendo el accionar de los militares, quienes desde entonces verían reforzada su situación de privilegio frente a las instituciones políticas y de la sociedad civil al contar con el apoyo ilimitado del Presidente de la República para la lucha contra el terrorismo y al asumir la dirección de los Comandos políticos-militares (8) en reemplazo de las representaciones civiles. El cambio en la percepción de las “nuevas amenazas”, debió tener su punto de partida en la serie de discrepancias entre civiles y militares para hacer frente a un fenómeno que estaba acabando con un Estado débil y corrupto, como lo son las organizaciones terroristas Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), discrepancias que se centraban en la estrategia más fácil para hacer frente a este fenómeno, es decir en el accionar militar de la lucha contra este fenómeno, más no así en la lucha ideológica; ya que Sendero Luminoso había puesto en evidencia la entraña reaccionaria, meramente ficticia y lírica de la llamada democracia en el Perú, por que si uno analiza la institucionalidad burguesa del Perú. Podremos apreciar que, por ejemplo el Poder Ejecutivo en el Perú ha actuado y actúa despóticamente ¿por qué? Porque en el Perú hay una tradición dictatorial, porque hay una tradición militarista que no ha comenzado el 28 de julio de 1980. Se remonta más atrás y esa tradición militarista y policíaca goza de impunidad, por que jamás la democracia castigó; hay una educación en los jueces, en los policías y en los militares, totalmente antidemocrática”. (9) La configuración de nuevo orden (o desorden) global como consecuencia del atentado del 11S y del accionar de los Estados Unidos de Norteamérica como única superpotencia. Se constituiría como uno de los puntos a considerar en la reforma y modernización de las instituciones como son las Fuerzas Armadas y los servicios secretos. Neomilitarismo: Control militar disfrazado En la actualidad, el Perú se encuentra bajo el mando de un presidente civil elegido por comicios libres, al igual que los miembros del poder Legislativo cuyos miembros fueron elegidos por el voto popular. Sin embargo, durante estos años los sentimientos militares de descontento sobre la actuación del gobierno civil están dando pase a acciones ya no de los acostumbrados cuartelazos y golpes de Estado, sino al surgimiento de organizaciones como es el caso del Movimiento Etnocentrista, (10) con discursos que evocan recuerdos a los gobiernos militares revolucionarios de tinte nacionalista-izquierdista del general Juan Velasco de los años setenta o el copamiento de instituciones claves de aparato estatal por militares en situación de retiro al vislumbrar que los estamentos militares no desean retornar a las dictaduras institucionales de los años setenta y ochenta, pese al descontento encubierto al interior de los cuarteles por las políticas del actual gobierno. (11) El accionar de determinados militares en situación de retiro sería parte del nuevo modelo de influencia militar, en algunos casos como parte de aquellas dictaduras institucionales creadas en el país como parte del aparato del control sistemático y de dominación, para lo cual están dejando que las instituciones armadas en la actualidad se encuentran enclaustradas en sus proyectos militares de auto transformación y en la búsqueda de sus roles y misiones. Este accionar sería una respuesta estratégica de los militares al ver limitada su capacidad de negocian en el nuevo escenario de transición democrática y ante las propuestas de reestructuración de los mismos. En tal sentido, algunos de los vicios militares pertenecientes a las dictaduras institucionales siguen vigentes. El control disimulado sobre las actividades políticas dentro del territorio nacional sigue siendo ejercido o por lo menos co-ejercido de manera velada. Aquí abajo menciono dos mecanismos de control: Control del Ministerio de Defensa: el proceso de reestructuración de las fuerzas armadas, desde sus inicios evidenció una serie de vacíos, especialmente aquellas vinculadas a la falta de civiles capacitados en dichos temas y a la falta de instituciones que impulsen dicha especialización. Sin embargo, desde mi punto de vista no es este vacío lo que prima en el tema de la reforma de estas instituciones, sino la ineficacia de los civiles que fueron nombrados para dirigir dichas reformas en el Ministerio de Defensa, en donde resalta el nombramiento de David Waisman como el primer civil en asumir dicha cartera, quien es recordado más por el desconocimiento de la temática y por sus desaciertos. Quien lo reemplazó fue otro civil, Aurelio Loret de Mola, en cuya gestión se vislumbró los primeros avances de la reforma del sector defensa con la promulgación de la Ley del Ministerio de Defensa, la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa y la conformación de un grupo de trabajo para la sistematización y recopilación de información para la elaboración del Libro Blanco de la Defensa Nacional. (12) Dicho ministro hizo efectiva su renuncia ante la negativa del gobierno de otorgar mayor presupuesto a dicho sector y ante la negativa de compra de las fragatas Lupo. Sin embargo, los incipientes avances que se habían realizado en la reforma de este sector se vieron empañadas con el nombramiento del general (r) Roberto Chiabra León, militar que solicita su pase a la situación de retiro para asumir dicha cartera, y quien desde su cargo de Ministro de Defensa intentaría obstaculizar los esfuerzos de moralización del Comandante General del Ejercito, general José Graham Ayllon, uno de los militares de accionar más transparente e institucionalista que a asumido el liderazgo del Ejercito y cuya gestión se viene caracterizando por su implacable lucha contra la corrupción al interior de su institución y la consecuente separación de militares acusados de malos manejos, entre los que destacan los altos mandos nombrados por el ministro Roberto Chiabra. Del general (r) Roberto Chiabra, y de otros tantos militares y civiles que lo apoyan, no sólo resalta su limitada cultura democrática, sino su obsesiva actitud anti-civil, (13) quienes convencidos de que “conocen más que los civiles dicho sector”, son los indicados para llevar adelante la reforma de las fuerzas armas y de los servicios secretos en el Perú, porque los civiles han evidenciado incapacidad para hacerlo. Posición que no hace más que evidenciar una nueva forma de intervención militar, conocida por algunos académicos como neomilitarismo, paradigma emergente en el hemisferio, especialmente en el Perú y que viene caracterizándose por sus nuevas formas de influencia militar, tan o mas peligrosas que un golpe de Estado. Formas que van desde la elección de oficiales retirados al Congreso y el control sobre importantes áreas de política publica, (14) como lo es el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional de Inteligencia y la comisión de elaboración del Libro Blanco, entre otras. En tal sentido, estos acontecimientos no hacen más que confirmar un retroceso en el proceso de reestructuración del sector defensa y de las Fuerzas Armadas; así como también el fracaso de algunas organizaciones que extranjeras que vienen promoviendo una corriente pro civil al frente de dicha cartera. Este retroceso es más evidente en: La profesionalización de la tropa no se esta dando como consecuencia de la ausencia de voluntarios pese a haberse incrementado el pago a 120 nuevos soles mensuales. Los cuarteles continúan siendo el refugio de jóvenes marginados (15) que están dispuestos a servir a su patria, pese a las aisladas denuncias de maltrato. En definitiva los batallones no tiene el número requerido de reclutas. El cambio en la educación de las fuerzas armadas tampoco esta funcionando, las escuelas carecen de un adecuado nivel de formación, peor aun, la unificación de las escuelas con miras a formarla en centros de capacitación en operaciones conjuntas ni siquiera se han diseñado. En el peor de los casos se han creado más centros de capacitación, como es el caso del “Curso de Alto Mando del Ejecito”, la cual sería un equivalente de un proyecto que fracasó hace una década en la Marina de Guerra de Perú y cuya misión sería la capacitación de sus participantes para su “futuro accionar en la vida civil”. El tema de austeridad no esta funcionando, ya que el Ministerio de Defensa estaba gastando –a través del Ejercito, la Marina y la Fuerza Aérea- elevadas sumas de dinero en la compra de automóviles de lujo para sus oficiales generales, en momentos en que los cuarteles no tienen dinero para pagar la luz, agua y teléfono. El nombramiento de un militar como ministro de Defensa, nombramiento que esta trayendo como consecuencia el retorno del militarismo a este sector y consecuentemente la búsqueda de participación política de estos sectores. En tal sentido, el Perú, poco o nada se esta haciendo para el cambio de mentalidad de los militares, ya que pese a los esfuerzos de un limitado grupo de la Sociedad Civil -liderado por el Instituto de Defensa Legal (IDL)-, por implementar un control democrático y por hacer entender a muchos de ellos que las fuerzas armadas están sujetas a la Constitución y las leyes, aún persiste el pensamiento de que los militares deben tener un estatus diferente al de los civiles, es decir que los militares están por encima de los civiles y que por tanto deberían tener prerrogativas como un acto de “justicia.”.(16) Comportamiento que se refuerza con la influencia de un sector de militares y la predisposición de civiles a emplear las fuerzas armadas para los intereses particulares, siendo una de ellas el uso de instituciones como el Ministerio de Defensa para su influencia en la toma de decisiones política relativas a dicho sector, cuando no son ellos mismos los que toman dichas decisiones en su intentos de suplantar al gobierno. El Consejo Nacional de Inteligencia (CNI): (17) Los constantes cambios en la presidencia del CNI, siete en lapso de cuatro años, cada una de ellas con características peculiares, como son los actos de seguimiento a periodistas de investigación y el complot contra miembros del propio gobierno, tal como lo evidenciaron los escandalosos actos que propiciaron el alejamiento del almirante (r) Alfonso Panizo y del general (r) Daniel Mora, actos que pusieron en evidencia la desviación de la labor de inteligencia para asuntos particulares del gobierno del presiente Toledo. En reemplazo del general (r) Daniel Mora, fue nombrado el almirante (r) Ricardo Arboccó, quien antes de asumir el cargo se vio forzado a presentar su carta de renuncia, ante las denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de la Caja de Pensiones Militar Policial en donde habría beneficiado a testaferros de Vladimiro Montesinos. Frente a este desacierto de su gobierno, el 25 de marzo del 2004, mediante el DS 026-2004-PCM, el presidente Alejandro Toledo declara en reestructuración, una vez más, el Consejo Nacional de Inteligencia, para cuyo fin nombró una Comisión Especial, a cuyos miembros se les delegó la responsabilidad de elaborar una serie de recomendaciones para la reestructuración de dicha organización. Asimismo, en dicha fecha se nombró un “Administrador Temporal”, responsabilidad que recayó en el almirante (r) Julio Raygada, con cuyo nombramiento en un principio se entendió que dicha institución iba a quedar en suspenso y sin funciones hasta que la comisión especial termine su trabajo; sin embargo, en su afán de ganar protagonismo y consolidar su presencia en esta organización, dicha administración no hizo más que continuar con actividades de inteligencia operativa y con el incremento del numero de personal militar en retiro, proveniente de la Marina de Guerra, en reemplazo de personal del Ejército. Estos acontecimientos no llamarían la atención si es que con este tipo de acciones, las diversas cúpulas militares que dirigieron y dirigen la inteligencia peruana, no buscarían el dominio de la inteligencia militar sobre la inteligencia civil y policial como consecuencia de la primacía de conceptos propios de la doctrina de la guerra fría, paradigma inmerso en los modelos mentales de los militares en retiro que jefaturan determinadas direcciones y la presidencia del CNI, en donde las actividades de inteligencia en los últimos años se están caracterizado por estar orientadas directamente hacia los adversarios políticos y periodistas considerados como “enemigos internos”. Asimismo, los celos profesionales de los componentes de esta organización, quienes al considerar la inteligencia como una actividad secreta en contraposición a considerarlo como una actividad con secretos, no están haciendo más que confundir el tema del compartimentaje, confusión que lo único que han hecho es generar una competencia ínter agencias en prejuicio de la seguridad del Estado; tal como lo evidencia lo sucedido el 17 de diciembre del 2003, fecha que fracasó la captura del líder terrorista camarada “Artemio” como consecuencia de la intervención policial en operativos que estaban siendo desarrollados por la Dirección de Contrainteligencia del CNI. (18) Otro factor preponderante que viene obstaculizando el proceso de reestructuración del CNI y específicamente dificultando la labor de inteligencia estratégica en dicha organización, esta ligada a la ausencia de una doctrina de inteligencia que oriente y dirija el quehacer de sus miembros, limitación que no esta siendo abordada acertadamente por la Escuela Nacional de Inteligencia Estratégica, como centro de formación y capacitación de los elementos que componen el CNI, ya que dicha organización académica en la actualidad no se caracteriza precisamente por la innovación y producción de investigaciones académicas y adaptación de metodologías dirigidas a la formación de profesionales en la labor de inteligencia, sino por una labor repetitiva de cursillos propias de actividades operativas, que no hacen más dificultar la generación de su propia cultura organizacional y reforzar la cultura de los “topos involucionistas” heredada de la cultura militarista de la guerra fría. En tal sentido, con la finalidad de frenar que dicha organización sea un campo de batalla de determinados intereses particulares y su reforma esté orientada a la adecuación a los nuevos retos que el entorno global nos impone, la jefatura del nuevo organismo de inteligencia debería recaer en un civil, cuya designación debe recaer en el Presidente de la Republica y su ratificación en el Congreso de la República, con la intención de dar mayor estabilidad para el enfrentamiento de situaciones críticas de desarrollo. Situaciones que en la mayoría de veces no hace mas que distraer al personal en acciones de “supervivencia laboral” al dirigir su atención en actividades extra funcionales. A modo de conclusión No debo dejar de citar algunas reflexiones a las cuales arribó Daniel Masterson luego de haber investigado este tema por un gran lapso. Sostiene:“Por muy idealista que pueda sonar, los militares deben ganarse una reputación de respeto a la vida humana de todos los peruanos y un lugar apropiado para iniciar este proceso son las escuelas formativas, en cuyos programas deberían reforzarse la enseñanza de la ética” y del rol de las fuerzas armadas en una democracia, ya que “las fuerzas armadas peruanas siempre han contado con oficiales de gran visión; sin embargo la política, el personalismo, las rivalidades internas y la complejidad multicultural nacional han limitado el impacto positivo de estos personajes”. (19) Fuente: Ponencia presentada en el IUS Seminar “Transformation and Convergence: Armed Forces and Society in the New Security Environment”, 1-3 de octubre de 2004, Toronto, Canadá 1 Ver Latinobarometro en: http://www.latinobarometro.org 2 Paredes, Orlando. “Profesionalismo Militar en Democracia: Dilema del Liderazgo Militar en el Perú. Conferencia presentada en la 5ta Conferencia sobre Liderazgo Ético, 5-7 Noviembre del 2003, RMC, Kingston, ON. CANADA 3 En la encuesta realizada a nivel nacional por la empresa APOYO OPINION Y MERCADO, sobre una muestra de 1,590 personas de ambos sexos, los días 15 y 16 de abril del 2004, se evidencian que las figuras constitutivas de una democracia tienen una aprobación tan baja. Así el Gobierno tiene una aprobación de 10%, el Congreso 10% y el Poder Judicial 11%, cifras que evidencian baja simpatía, más no así falta de legitimidad. Ver “Se amplia la distancia entre políticos y autoridades de la sociedad civil”. En: diario El Comercio del 18 de abril del 2004.http://www.elcomercioperu.com.pe 4 La delimitación conceptual del término militar en el presente trabajo implica el uso de este concepto a los militares en situación de retiro, ya que para el autor la cultura organizacional y los modelos mentales de la profesión militar no cambian con la adopción de derechos ciudadanos. 5 Sondeo realizado por la empresa Datum Internacional, en la ciudad de Lima Metropolitana, entre el 11 y 14 de junio, en un universo de 1,118 personas. Ver “34% pide elecciones, 31% vacancia y 11% golpe militar”. En: diario Correo del 18 de junio del 2004.http://www.correoperu.com.pe 6 Reflexión obtenida a partir de la conversación con un oficial del Ejército. 7 Nótese que los políticos al no poder solucionar determinados conflictos sociales, frecuentemente recurren a echar mano de las Fuerzas Armadas como recurso de represión. Comportamiento que estaría atribuyendo nuevos roles y funciones a las Fuerzas Armadas peruanas. Así como también estaría reforzando indirectamente la idea de que los militares son los llamados a solucionar los problemas nacionales. 8 Los “comandos políticos-militares” fueron reforzados en el gobierno de Alberto Fujimori en su intención de hacer frente a la ausencia de autoridades civiles y primordialmente del Estado en diversas regiones del país como consecuencia del avance terrorista. Estos comandos perdieron su sentido administrativo al estar implicados en una serie de violaciones a los derechos humanos y por el enriquecimiento ilícito de quienes lo comandaron. 9 Valleriestra, Javier. En: Revista “Cultura Popular” Nº 13-14. Lima. 1984. Pág. 43 10 Este movimiento surge en los cuartes militares en 1988, e ingresa al plano político en el año 2000, luego del levantamiento en armas del Teniente Coronel Ollanta Humala, en contra del gobierno de Alberto Fujimori en octubre del 2000. Este movimiento se inspira en las hazañas de su héroe Andrés Avelino Cáceres y su posición es contra los Estados Unidos, a favor del sombrío de la hoja de coca y al no pago de impuestos con la finalidad de quebrar el actual Estado y fundar otra con la participación de los excluidos. 11 Al interior de los cuarteles en los últimos años se viene percibiendo malestar e incomodidad con las acciones del presidente, incomodidad que se puso de manifiesto el 22 de febrero presente año, en una playa al sur de Lima, cuando un grupo de militares en compañía de sus familiares abuchearon y le gritaron “mentiroso” al presidente de la republica, cuando en compañía de su comitiva transitaron por un club exclusivo para militares y sus familiares. Ver “Militares abuchearon al presidente Toledo en exclusiva playa La Tiza”. En diario La Republica del 11 de marzo del 2004. http://www.larepublica.com.pe 12 Otra muestra del neomilitarismo, en este caso ineficiente e ineficaz, estaría ligado al accionar del grupo de “especialistas” que conforman la Comisión de Elaboración del Libro Blanco, que hasta la fecha no han presentado ninguna avance consistente de su labor encomendada, a tal extremo que se vieron obligados a sacar su ejemplar de la pagina web del Ministerio de Defensa, como consecuencia de las criticas a la forma y fondo de dicho documento. Criticas provenientes tanto de organizaciones y académicos ligados al tema, que se caracterizaron por resaltar las inconsistencias lógicas y las reiteradas copias de citas de otros libros, lo en el fondo reflejaban la ausencia de un paradigma que oriente el contenido de dicho documento. 13 Declaraciones del ex Viceministro de Asuntos Administrativos, Luis Otarola, y del ex Director de Política y Estrategia, Enrique Obando, ambos separados del Ministerio de Defensa por el titular de dicho sector general (r) Roberto Chiabra León, por haber opinado a favor del nombramiento de un “civil” al frente de dicha cartera. Ver “Para ser ministro hay que dejar de ser general”. En: diario Perú 21 del 28 de junio del 2004 y “Chiabra no permite que la reforma de las Fuerzas Armadas se concrete”. En: diario El Comercio del 12 de julio del 2004. 14 Pérez, Orlando. “Neomilitarismo latinoamericano y su desafío a la democracia liberal”. En: Hernán Castillo y otros, Militares y Civiles, Balance y perspectivas de las relaciones civiles-militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX. Universidad Simón Bolívar. Caracas, 2001. Pág.15 15 Paredes, Orlando. “Democracia y Fuerza Armada en el Perú: Problemas y Avances”. Conferencia presentada en REDES 2003. 28-30 de octubre del 2003, Santiago de Chile, Chile. 16 Declaraciones del Ministro de Defensa, general (r) Roberto Chiabra, en su intento de justificar la compra de vehículos lujosos para uso privado de oficiales de las fuerzas armadas. En: “Hablemos de justicia y no de prioridades”. Diario Perú 21 del 4 de marzo del 2004.http://www.peru21.com 17 El Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), servicio secreto peruano creado en reemplazo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), de acuerdo a las declaraciones de los representantes de la Comisión de reestructuración pasará a llamarse Agencia Nacional de Inteligencia Estratégica (ANIE). 18 Declaraciones del ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, general (r) Daniel Mora. “Mora culpa a Rospigliosi de sabotear captura de Artemio”. En: Diario Correo del 08 Junio del 2004, Lima - Perú.http://www.correoperu.com.pe 19 Masterson, Daniel. “Fuerza Armada y Sociedad en el Perú Moderno”. IDEPE. Lima 2001. Pág. 450 -453