El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, debe entender y facilitar las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Magistratura en sus requerimientos de asesoramiento legal a través de la Procuración del Tesoro, como así también, entender en la organización del régimen de representación y defensa del Estado a través de dicha Procuración. Asimismo, debe entender en la formalización de actos notariales en que el Estado Nacional sea parte directa o indirecta, intervenir en los pedidos de extradición, entender en la aplicación de los Convenios de Asistencia y Cooperación Jurídicas Nacionales e intervenir en la de los Convenios Internacionales de similar naturaleza.

Además, en materia de Derechos Humanos y no discriminación de las personas, se encarga de la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento y en la representación del Estado Nacional, en la determinación de la política y en la elaboración de planes y programas ante los Organismos Internacionales de Crédito.

En materia relativa al Servicio de Justicia, debe intervenir en la organización del Poder Judicial y el Ministerio Público y en el nombramiento de magistrados; impulsar reformas tendientes a mejorar las posibilidades de acceso ciudadano a la justicia; entender en casos de indulto y conmutación de pena; e impulsar, organizar y fiscalizar los métodos alternativos de resolución de controversias.

En materia relativa a la Legislación Nacional, le compete intervenir en la reforma y actualización de la legislación general así como en la adecuación de Códigos; entender en la compilación, sistematización y ordenamiento de la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional, provincial y extranjera.

En materia de política criminal y penitenciaria debe entender en la determinación de la política criminal y de prevención del delito; entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y de sus servicios de asistencia tendientes a la readaptación del condenado y su adecuado tratamiento; ejecutar proyectos de construcción y refacción de unidades penitenciarias.

En materia de controles y autorizaciones, se encarga de la conformación de contratos constitutivos de las sociedades, la autorización del funcionamiento de asociaciones y fundaciones y sus fiscalizaciones, organizar, dirigir y fiscalizar registros de bienes y derechos de las personas, así como de antecedentes judiciales de las personas procesadas y de protección de datos personales, entender en el intercambio de información respectiva en el territorio nacional y en la registración de menores extraviados y sustraídos.

Asimismo, debe entender en materia de lucha contra la corrupción del Sector Público Nacional e intervenir como parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional, investigar y denunciar hechos de corrupción que involucren agentes y/o fondos del Estado Nacional, ejecutar e impulsar políticas de prevención, representar al Estado en foros y organizaciones internacionales dedicadas a la lucha contra la corrupción y organizar sistemas de protección a testigos e imputados.

En materia de la Unidad de Información Financiera, debe entender en el análisis, el tratamiento y la transmisión de información, a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la Ley Nº 25.246, con las competencias, facultades y obligaciones establecidas en el citado cuerpo legal y su Decreto reglamentario Nº 169/01.

En materia de control y seguridad en la actividad deportiva, debe entender en la formulación de planes y programas para asegurar la seguridad en el deporte, con especial énfasis en el fútbol.

Con relación a la Seguridad Interior debe coordinar los recursos humanos y materiales de los organismos pertenecientes a las fuerzas policiales y de seguridad, cumpliendo con la acción del Estado denominada "Esfuerzo Nacional de Policía", según lo dispuesto en el Dto. Nº 1273/92 reglamentario de la Ley Nº 24.059 de Seguridad Nacional.

En este sentido, tiene la misión de asistir al Poder Ejecutivo Nacional en todo lo concerniente a la seguridad interior y la protección civil, preservando la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

Los principales objetivos de política presupuestaria que se prevé desarrollar durante el año 2004 son los siguientes:

• Asumir la defensa y representación jurídica y notarial del Estado, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Escribanía General del Gobierno de la Nación.

• Impulsar la formación de profesionales para la inserción en los servicios jurídicos de la Administración Pública Nacional, a través de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

• Integrar e impulsar la Unidad Fiscal Tributaria, a efectos de identificar evasores fiscales y contrabando.

• Fortalecer el Programa de Federalización de Derechos Humanos.

• Fortalecer el Banco Federal de Datos de Derechos Humanos.

• Reparar a personas desaparecidas y/o familiares de fallecidos por el accionar de las fuerzas de seguridad.

• Actualizar y digitalizar archivos de la ex CONADEP, a efectos de preservar la memoria histórica.

• Desarrollar reformas políticas tendientes a promover y facilitar el acceso ciudadano a la Justicia e impulsar el Programa Social de Asistencia Jurídica a la Comunidad y la creación del Centro de Orientación Jurídica al Ciudadano.

• Impulsar reformas tendientes a aumentar la eficacia y transparencia del Poder Judicial; conformar y poner en marcha juzgados penales de menor cuantía y autor desconocido, Secretarías de Juicios Ejecutivos, Oficina de Ejecución Penal y Unidad de Respuesta Rápida; evaluar Juzgados de Primera Instancia.

• Impulsar reformas administrativas y mejoramiento de sistemas informáticos del Poder Judicial, a efectos de agilizar la gestión.

• Continuar y mejorar los servicios ofrecidos por el Sistema Argentino de Informática Jurídica, a efectos de garantizar el acceso a las normas nacionales con celeridad y certeza, contribuyendo así a la seguridad jurídica y al conocimiento del marco que regula las inversiones.

• Promover el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, impulsando el planeamiento y la organización de la Conciliación, Negociación y Arbitraje.

• Continuar con las tareas de apoyo e indagación relativas a la investigación que se lleva adelante con motivo del atentado cometido contra la sede de la AMIA.

• Impulsar reformas en los Códigos penal, civil, comercial, internacional privado y aduanero.

• Continuar con las tareas de conformación de un Digesto Jurídico Argentino único, a fin de compilar y ordenar las normas.

• Impulsar acuerdos y desarrollar una legislación común para el ámbito del MERCOSUR.

• Impulsar el estudio y elaboración de normas relativas al ordenamiento del derecho público, privado y comunitario, así como lo referente a la actividad registral que lleva a cabo el Ministerio.

• Proseguir con el impulso dado a los programas que permiten consolidar la planificación y desarrollo de la política criminal, penitenciaria y penal.

• Planificar y ejecutar la Política Penitenciaria Nacional, enmarcándola en un conjunto de principios fundamentales, que conformarán un marco referencial ético–jurídico, penalógico y social.

• Profundizar el Programa de Formación y Capacitación del Servicio Penitenciario Nacional.

• Continuar la política de infraestructura establecida, con la construcción de nuevas cárceles y la remodelación y mantenimiento de unidades penitenciarias en todo el territorio nacional.

• Desarrollar una encuesta nacional de victimización, a efectos de mapear y actualizar el conocimiento existente sobre la delincuencia en el país.

• Organizar y perfeccionar el Sistema de protección a testigos e imputados.

• Impulsar reformas tendientes a mejorar la actividad registral ofrecida por el Ministerio.

• Poner en funcionamiento efectivo la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales), encargada de asegurar la protección integral de los datos personales, garantizando así el derecho al honor y a la intimidad de las personas.

• Llevar a cabo la puesta en funcionamiento del registro de menores extraviados y sustraídos.

• Continuar las tareas de investigación y denuncia ante el Poder Judicial de hechos de corrupción que involucran a funcionarios de la Administración Pública Nacional (APN), a efectos de promover la sanción de estos ilícitos; e impulsar la recompensación del daño económico sufrido por el Estado con motivo de hechos de corrupción.

• Promover la adopción de políticas de transparencia y prevención de la corrupción en las distintas dependencias de la APN.

• Continuar y reforzar la representación del Estado Argentino en los diversos foros y grupos de trabajo internacionales a efectos de garantizar su participación en las discusiones y tomas de decisión, cumpliendo así con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país.

• Proseguir con la implementación de las actividades relacionadas con el Memorando de Entendimiento sobre Eficacia y Transparencia en la Gestión del Gobierno, suscripto entre el Estado Argentino y el de los Estados Unidos de América.

• Recibir, solicitar y archivar información sobre operaciones sospechosas de lavado de activos, que deben remitirle obligatoriamente los sujetos identificados en la Ley Nº 25.246 (organismos públicos específicos de control, regulación, supervisión y/o superintendencia: Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, Superintendencia de Seguros de la Nación, Comisión Nacional de Valores e Inspección General de Justicia; registros públicos; entidades financieras en general, cambiarias y bursátiles; empresas aseguradoras, transportadoras de caudales, prestatarias de servicios postales y giros; escribanos públicos, profesionales de las ciencias económicas, personas físicas o jurídicas que exploten habitualmente juegos de azar y demás sujetos indicados en el artículo referido).

• Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados, mencionados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y disponer el análisis y tratamiento de la información recibida por los mismos.

• Comunicar al Ministerio Público lo actuado y analizado, cuando a su juicio existan elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido alguno de los delitos previstos en la Ley Nº 25.246.

• Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público, en la persecución penal de los delitos reprimidos por la Ley Nº 25.246.

• Instruir sumarios y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en la Ley Nº 25.246.

• Conformar el Registro Unico de Información, con las bases de datos de los organismos obligados a suministrar la misma y con la que reciba por su actividad.

• Celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales e internacionales, para integrar a la Unidad de Información Financiera en redes informativas de similar carácter y objetivos, a condición de reciprocidad.

• Organizar e implementar planes y programas para asegurar la seguridad en el deporte con especial énfasis en el fútbol.

• Planificar, supervisar y coordinar las acciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina).

• Brindar apoyo logístico y coordinar el empleo operacional de elementos y medios de las Fuerzas Federales, en respuesta a situaciones no previstas, catástrofes naturales o causadas por el hombre, como también asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en la elaboración de doctrina política, organización, despliegue, formación y capacitación, equipamiento y legislación de las Fuerzas de Seguridad y Policiales.

• Convocar al Consejo de Seguridad Interior, presidirlo, realizar el planeamiento estratégico y operativo de las acciones conjuntas de seguridad cuando se encuentren amenazados a nivel nacional, regional o provincial, los medios y vías de comunicación y transportes públicos, las fuentes de producción, abastecimientos o trabajo, la provisión de servicios públicos, la disposición de deshechos industriales, la salud pública y genéricamente todo aquello que pudiera afectar a la paz social, las estructuras institucionales estatales y las necesidades esenciales de la población (art.9 de la Ley Nº 24.059, Dto.1193/94).

• Intervenir en el Sistema de Inteligencia Nacional en virtud de las disposiciones del art. 6º de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 asumiendo las responsabilidades de producción de Inteligencia Criminal.

• Presidir el Consejo Nacional de Seguridad para la prevención de la Violencia y la Seguridad en el Deporte, en aquellos aspectos que no sean competencia del Programa de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos.

• Coordinar y administrar las actividades del Centro de Fronteras Paso de Los Libres, controlar la recaudación del Complejo Terminal de Cargas, administrar las concesiones así como todos los pasos de frontera del país, organizar y controlar el Registro de Propiedad Inmueble, ejercer la Policía de Radicaciones en Zonas de Seguridad e intervenir en la normativa relativa a la seguridad regional en el ámbito del MERCOSUR.

• Entender y promover las acciones de protección civil tendientes a prevenir, evitar o mitigar los efectos de los desastres naturales o causados por el hombre, e intervenir y fiscalizar la distribución de subsidios a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en los términos fijados por la Ley de Bomberos Voluntarios Nº 25.054.

• Articular el Programa referido al Sistema Federal de Emergencias en el marco dispuesto por el Decreto Nº 159/03, a fin de complementar las acciones sustantivas de prevención y asistir desde el Estado Nacional a los damnificados por las emergencias, optimizando la asignación de los recursos disponibles para tales efectos.

El Servicio Penitenciario Federal tiene como misión primaria la custodia, guarda, trato y tratamiento de los privados y privadas de la libertad; ello en pos de la finalidad de la pena privativa de libertad que es procurar que el condenado adquiera capacidad para comprender y respetar la ley; resultando así el resguardo satisfactorio de la seguridad y el mantenimiento del orden público, enmarcado en el desarrollo armónico de leyes e instituciones que posibiliten garantir la dignidad del interno y su derecho a nuevas oportunidades de integración comunitaria.

En cumplimiento de la misión primordial del organismo, encuadrada en el resguardo de los derechos de los internos, de la ética y desempeño profesional del personal penitenciario, en la exposición de una gestión transparente, conjunta de todas las acciones descentralizadas, obteniendo así una mayor confianza social resultante de la eficacia de la labor institucional, el Servicio Penitenciario prevé desarrollar en el año 2004 las siguientes acciones:

• Poner en marcha y financiamiento operativo el Hospital Penitenciario Central, acción relevante en cuanto a la asistencia sanitaria a los internos y la seguridad que ella requiere.

• Procurar disminuir los factores de riesgo al que se expone a los privados de la libertad, al personal penitenciario y al orden público en razón del traslado de internos ante los requerimientos judiciales y por razones de seguridad penitenciaria para lo cual se requerirá la renovación del parque automotor.

• Asistir a la Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal en lo referido a lo normado en la Ley Nº 20.416 (Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal), continuando con el aporte análogo con lo fijado en la Ley Nº 19.032 de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, e incorporar transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes de forma tal de atender las necesidades planteadas por las mismas referentes al personal retirado y pensionado.

• Desarrollar sistemas de prevención, supervisión y control del ejercicio profesional en resguardo de la ética del personal penitenciario.

• Implantar un sistema de gestión basado en la programación y en la evaluación del desempeño, sustentado en principios de transparencia en el ejercicio de la función pública, con el objeto de obtener mayor confianza social y eficacia institucional.

• Incentivar, coordinar y subsidiar, en lo posible, las acciones de promoción y desarrollo de la actividad de los patronatos de liberados públicos y no gubernamentales, en apoyo a las tareas de reinserción social, fundamentales para reafirmar los esfuerzos de tratamiento concentrados en el programa de readaptación social para los internos.

• Integrar políticas en materia de administración gubernamental, seguridad penitenciaria y tratamiento correccional en el ámbito provincial, nacional y supranacional.

La misión primaria del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal, consiste en cumplir con todas las actividades que tengan por finalidad la laborterapia de los internos alojados en las cárceles federales.

En este marco, se pretende modernizar los talleres productivos para contar con procesos de elaboración eficientes y llegar al mercado consumidor con productos de primera calidad y precios competitivos, proveyendo al personal del Servicio Penitenciario Federal y terceros de productos primarios de la canasta familiar, muebles y servicios no personales- técnicos, reparación y/o comercial- a valores más bajos que el mercado, como así también abastecer al Servicio Penitenciario Federal de los alimentos para los internos alojados en las unidades carcelarias dependientes de éste.

En cuanto al financiamiento del Ente, la venta de lo producido en dichos talleres permite financiar los gastos de los mismos, mientras que los aportes, contribuciones y ART de los mismos, se financian con aportes del Tesoro Nacional.

Los principales objetivos de política presupuestaria que se prevé desarrollar durante el año 2004 son los siguientes:

• Seguir equipando los talleres de laborterapia con modernas maquinarias de producción e incorporar equipos e instalaciones acordes para la total confección, fabricación y elaboración de productos.

• Instruir mediante cursos de capacitación a maestros en las distintas áreas productivas, quienes se van renovando año tras año, e incorporar agentes penitenciarios con alguna especialidad.

• Optimizar la compra de los insumos que requieren los distintos procesos de elaboración, a fin de alcanzar de esta manera la mayor cantidad de internos procesados y penados alojados por el Servicio Penitenciario, ofreciendo asimismo mano de obra y enseñanza de distintos oficios para poder continuar con la tarea resocializadora.

La Policía Federal Argentina cumple funciones de Policía de Seguridad y Judicial y Policía de Estado en toda la República Argentina, dentro de la jurisdicción del Gobierno Nacional, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina Nº 333/58 y la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nº 18.711.

Como Policía de Seguridad y Judicial en el ámbito local, tiende a mantener y preservar el orden, la tranquilidad y seguridad pública, previniendo delitos, actuando como Auxiliar de la Justicia Nacional en la investigación y represión de delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires.

En el espectro de Policía de Seguridad y Judicial Federal, previene los delitos Federales, en salvaguarda de las personas y bienes del Estado Nacional, en todo el país preservando y manteniendo el Orden Público Federal, actuando asimismo como auxiliar de la Justicia Federal.

Como Policía de Seguridad de Estado, custodia y protege a los funcionarios y bienes del Estado Nacional, respetando el sistema democrático y las instituciones emanadas de la Constitución Nacional.

Asimismo, forma parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. - INTERPOL), integrando el Comité Ejecutivo como Central Cabecera para las comunicaciones en Sudamérica y está a cargo de la sede de la Oficina Subregional de América Latina.

Por último, la institución expide los pasaportes argentinos, cédulas de identidad, certificados de viajes y de antecedentes conforme las normas, convenios y reglamentos vigentes relacionados con la Ley Nº 16.761 y el Decreto Nº 2015/66.

La Institución cuenta con 822 dependencias, un cuadro orgánico de 35.630 hombres, equipamiento y apoyo logístico y administrativo, que se sustentan sobre el financiamiento del Estado y de recursos con afectación específica.

Los principales objetivos de política presupuestaria que prevé llevar a cabo la Policía Federal durante el año 2004 son lo siguientes:

• Priorizar los gastos en insumos y servicios que participen o se relacionen con la prevención y seguridad de la sociedad, y en segunda instancia a los que se destinen a los bienes muebles e inmuebles de la Institución.

• Mantener un estricto control de las erogaciones, reajustando o compensando los recursos económicos, a efectos de que los mismos financien la máxima prevención y seguridad del Estado.

• Continuar capacitando a los cuadros de personal Superior y Subalternos y a aquellos que ingresan a las filas policiales para que cuenten con los conocimientos específicos y así desenvolverse dentro de lo que prescriben las leyes vigentes.

• Promover un incremento en la participación del personal en academias y seminarios de actualización como requisito excluyente para consideración de ascenso a grados mayores, a través de materias relacionadas con los Derechos Humanos ya incorporadas a los planes de estudios, lo cual involucra a profesores de alto nivel académico.

• Continuar trabajando en torno a los esquemas de funciones de la estructura orgánica de la Policía Federal, así como un permanente control y seguimiento de las acciones emprendidas.

• Implementar directivas que abarquen todo el cúmulo de actividades que legalmente tiene atribuida por Ley la Policía Federal y los cambios orgánicos y de personal que se instrumenten a futuro, respondiendo a políticas integrales juntamente con la instrumentación de un plan de inversión como apoyo a tales medidas.

• Procurar que las acciones del Organismo sean debidamente acompañadas de la tecnología, componentes de comunicación, equipamiento de seguridad y defensa eficaces, que coloquen al hombre-policía a la altura de los acontecimientos, a fin de hallarse correctamente equipado ante cualquier circunstancia.

La Gendarmería Nacional Argentina es una Fuerza de Seguridad de naturaleza militar y características de Fuerza Intermedia, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

La Gendarmería mantiene vinculaciones funcionales con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos dado que integra el Sistema de Seguridad Interior, con el Ministerio de Defensa ya que en virtud de lo previsto por la Ley Nº 23.554 de Defensa forma parte del Sistema de Defensa Nacional, con el Ministerio del Interior, en lo que se refiere a la Policía de Migraciones, con el Ministerio de Economía en lo referente a la Policía Aduanera, y con la Secretaria de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Sustentables.

Sus funciones pueden resumirse en tres ejes funcionales que son la Seguridad Interior, realizando actividades de Policía de Seguridad y Judicial y Policía Administrativa, el de la contribución a la Política Exterior de la Nación y el correspondiente a la Defensa Nacional. Estos tres ejes funcionales, caracterizan el accionar de la fuerza en un marco de responsabilidades polifuncionales.

Como Policía de Seguridad y Judicial le compete apoyar a la Justicia Federal en sus investigaciones, a fin de neutralizar migraciones clandestinas, contrabandos, acciones terroristas, narcotráfico, narcoterrorismo, infracciones interjurisdiccionales del transporte de carga y pasajeros, acciones contra el medio ambiente, acciones de alteración del orden público, delitos económicos, infracciones de tránsito en corredores internacionales y la evasión fiscal.

En lo atinente a la Política Exterior, participa en las misiones de paz de las Naciones Unidas, realiza acciones de cooperación transfronteriza, protección y seguridad de Embajadas Argentinas en el exterior y otras afines a sus capacidades en los lugares que determine el Poder Ejecutivo Nacional.

En lo que respecta a la Defensa Nacional sus acciones están dirigidas al permanente control y vigilancia de fronteras y custodio de los objetivos estratégicos.

Los objetivos de política presupuestaria para el año 2004 son los siguientes:

• Continuar con los procesos de modernización institucional tendientes a satisfacer plenamente las demandas de la sociedad en materia de seguridad, así como continuar con las modificaciones de estructura del escalón superior de conducción, con el fin de lograr una simplificación organizacional y de funcionamiento y promover una dinámica moderna de gerenciamiento con acentuada descentralización en la toma de decisiones.

• Optimizar los recursos para el cumplimiento de las responsabilidades inherentes a las misiones en el exterior del país, acuerdos de integración y cooperación, completando las dotaciones de personal y medios.

• Mejorar la calidad de los controles fronterizos, sin desmedro del proceso de integración regional de la cual la Argentina es parte, especialmente en los lugares más sensibles del límite internacional, destinados a favorecer la seguridad, detectar ilícitos y facilitar los trámites del público usuario de los Pasos Internacionales.

• Priorizar la presencia de los efectivos de la Institución en todo el ámbito de su zona de responsabilidad, a fin de neutralizar la sensación de inseguridad de la comunidad.

• Preservar la zona de frontera nacional, poniéndola a resguardo de amenazas externas, brindando un adecuado marco de seguridad, acompañando el desarrollo económico de la región mediante la presencia permanente y comprometida del gendarme.

• Contribuir al esfuerzo nacional de policía, en la forma y oportunidad que fije el Poder Ejecutivo Nacional, conforme a los parámetros establecidos en la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 y sus normas reglamentarias.

• Perfeccionar los sistemas de alerta, prevención y represión contra el terrorismo y el narcoterrorismo.

• Afianzar las medidas de control en el ingreso y egreso de personas por los pasos internacionales, potenciando los sistemas de registración, actualización del material informático y la integración de la propia red informática con la de otros organismos del Estado Nacional.

• Incrementar las acciones destinadas a la lucha contra el tráfico de estupefacientes y aquellas sustancias que intervengan en la elaboración de los mismos, el lavado de dinero y las organizaciones criminales transnacionales, asociadas a las que operan en nuestro país que extienden su accionar delictivo a través de las fronteras, incrementando la comisión de los ilícitos interjurisdiccionales.

• Contribuir a la ejecución de los controles fitozoosanitarios en los pasos de frontera, zonas de frontera y corredores internacionales en coordinación con los organismos estatales correspondientes.

• Contribuir a la ejecución de controles que desarrolle la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y el Registro Nacional del Automotor (RENAR), para posibilitar un mejor cumplimiento de la misión y funciones impuestas.

• Mejorar el nivel de equipamiento de los Destacamentos Móviles y de las Fuerzas Especiales para optimizar su empleo ante situaciones de emergencia o como refuerzo transitorio para intensificar el cumplimiento de actividades propias de la Seguridad Interior y de la Defensa Nacional conformando Fuerzas de Despliegue Rápido.

• Incrementar nuevas tecnologías que propicien más avances en lo referido a la protección del medio ambiente y protección civil.

• Potenciar los Elementos de Seguridad Vial para el control del tránsito y las acciones referidas al control del transporte interjurisdiccional de cargas y de pasajeros.

• Incrementar el nivel técnico y científico de las pericias de todo tipo, aplicando nuevas tecnologías, actualizando y completando el equipamiento e instrumental específico de los Gabinetes Regionales, ya que ello contribuirá al éxito de las investigaciones que se realicen.

• Acompañar las políticas y decisiones del Estado Nacional sobre el fortalecimiento de los procesos de integración regional con los estados miembros del MERCOSUR y estados asociados (Chile y Bolivia).

• Apoyar la política exterior de la Nación a través de los contingentes o Monitores de Policía Civil entrenados para actuar en el marco de las operaciones de la Organización de las Naciones Unidas u otras Organizaciones Internacionales con aquellos contingentes o Unidades Especiales, que eventualmente pudieran crearse, además de continuar brindando la seguridad de las Embajadas Argentinas en el exterior, conforme requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

• Mejorar y perfeccionar la calidad educativa del personal de Oficiales, Suboficiales y Gendarmes, complementando con una formación superior (terciaria-universitaria) que le permita alcanzar un perfil de liderazgo preparado para afrontar las constantes exigencias de la sociedad y la capacitación específica que se deriva de las misiones que se cumplen en el exterior.

• Adherir el sistema educativo de Gendarmería Nacional a la Ley Federal de Educación y Ley de Educación Superior.

• Mantener e incrementar la acción preventiva y educativa de los Servicios de Sanidad para mantener la salud física y psicológica del personal de los elementos empeñados en los mismos.

La Prefectura Naval Argentina es la Fuerza de Seguridad que ejerce el Servicio de Policía de Seguridad de la Navegación, Protección Ambiental y Seguridad Pública.

Como Policía de Seguridad de la Navegación, le compete evitar las causas que puedan producir riesgos a las personas embarcadas y daños a los buques y bienes relacionados con la navegación mercante, pesca comercial y embarcaciones de recreación, facilitar el transporte por agua, evitar las interrupciones e impedimentos que puedan afectar al comercio y al traslado de personas y elevar al máximo el acceso deportivo y de esparcimiento en las aguas.

Como Policía de Protección Ambiental, debe evitar los daños ambientales, la degradación y depredación de los recursos naturales en puertos y aguas de jurisdicción nacional relacionados con el transporte, la pesca y la navegación recreativa, preservando el patrimonio nacional.

Como Policía de Seguridad Pública, se encarga de proteger las fronteras marítimas fluviales y lacustres para impedir el tráfico de drogas ilícitas, el tránsito ilegal de personas y el contrabando.

Por último, otra de sus funciones es evitar las incursiones ilícitas en la zona económica exclusiva e impedir la violación de las normas legales en los puertos y aguas de la jurisdicción nacional, en resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes.

Los principales objetivos que se proponen llevar a cabo en el año 2004 son los siguientes:

- Mantener el máximo nivel de actividad de policía de seguridad de la navegación, en salvaguarda de vidas y daños a los buques y bienes relacionados con la navegación mercante, pesca comercial y embarcaciones de recreación, puertos y vías navegables, concentrando sus esfuerzos en asegurar tales actividades, contribuyendo a la reducción de los costos de transporte y al aumento de las condiciones de competitividad de los productos nacionales, en la seguridad de considerar al transporte por agua como la estructura de base del comercio mundial.

- Continuar con las tareas de patrullaje y control de las rutas navegables, el estudio y análisis de la documentación, las inspecciones técnicas de navegabilidad y aptitud del buque, el otorgamiento de certificado nacional e internacional de seguridad, el registro de la propiedad naval, la idoneidad de las tripulaciones, la regulación del tráfico de buques y el contacto radioeléctrico de las estaciones costeras del sistema de comunicaciones a lo largo del litoral marítimo, fluvial y lacustre, a fin de reducir el índice de accidentología.

- Continuar con la asistencia y salvamento de personas y bienes comprometidos en una emergencia.

- Continuar con la extracción, remoción y demolición de buques, artefactos navales o aéreos y obstáculos o peligros generales para la navegación, a fin de contribuir a la recuperación de muelles y vías navegables en beneficio de la eficaz operatoria de las terminales portuarias.

- Mantener o generar óptimas condiciones para el medio ambiente acuático como factor esencial para mejorar la calidad de vida del ser humano, actuando en prevención de los daños ambientales y la degradación y depredación de los recursos naturales en puertos y aguas de jurisdicción nacional, de acuerdo a los compromisos internacionales e institucionales derivados de la legislación y contraídos con autoridades y sector privado.

- Continuar con las tareas de manipulación y estiba de mercancías peligrosas y explosivos, la seguridad de carga y descarga, de personas, vehículos, contenedores en, desde y hacia los buques y la lucha contra la contaminación portuaria, contra incendios y control de averías.

- Incrementar las actividades preventivas y represivas de delitos en general, obteniendo mayor seguridad, menores demoras y la agilización de la operatoria, con la consiguiente reducción de costos para el buque, la carga y los fletes.

- Continuar brindando apoyo a la Policía Federal y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en actividades de prevención y represión de delitos (control de disturbios, control vehicular y de personas en puentes, verificación de documentación en estaciones de ferrocarril, operaciones preventivas de detección de piratas del asfalto, etc).

- Procurar el eficaz cumplimiento de las responsabilidades inherentes a la policía naval, en su carácter de policía de seguridad pública en la lucha contra el narcotráfico, en el marco del sistema de seguridad interior y las leyes especiales.

- Reducir el contrabando reforzando la frontera fluvial norte con modernos medios materiales y recursos humanos aptos que permitan desarrollar una firme actividad de prevención de los ilícitos de importación y exportación.

- Continuar implementando mecanismos de mayor control e inteligencia criminal, priorizando la seguridad en los puertos y terminales de pasajes y redesplegando a las áreas de frontera fuerzas especiales que posibiliten sostener el adecuado marco de seguridad. a fin de preservar al país de posibles atentados terroristas.

- Actuar como Autoridad Marítima Argentina, desarrollando tareas de elaboración y presentación de documentos en el seno del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, referidos a la prevención y represión de los actos de terrorismo perpetrados contra los buques.

- Ejercer el control, la vigilancia y la presencia policial en el mar argentino, a través de buques guardacostas y aeronaves, constituyendo el único y auténtico ejercicio del poder de policía del estado para la preservación del recurso pesquero.