Como vimos, hasta 1989 los principios doctrinarios de la defensa nacional tenían que ver con la organización y disposición de las fuerzas armadas para preservar y defender contra la agresión y amenazas externas el proceso político revolucionario. Esto suponía el empleo efectivo del poder militar.
Lograda la pacificación en Nicaragua y la región, los esfuerzos se orientaron a redefinir (en unos países más que en otros) la agenda de seguridad y de allí los desafíos para la defensa nacional en un marco de distensión y paulatinos procesos de democratización. La desaparición de la bipolaridad geopolítica permitió que surgieran enfoques políticos más plurales, más pragmáticos y desideologizados y es así como el tema de la defensa nacional se ubica a un nivel mucho más disuasivo y preventivo.
En marzo de 1998, tras varios años de reorganización de las fuerzas armadas, el entonces general de Ejército Joaquín Cuadra Lacayo definía la defensa nacional como "el conjunto de medidas preventivas de disuasión, defensa, control de armamentos, y distensión que adopta un gobierno, con la finalidad de garantizar los objetivos e intereses nacionales contra todo riesgo potencial, amenaza o agresión. Su consecución constituye el fin que debe orientar los criterios de organización, preparación y ejecución de la defensa nacional. Característica esencial: tiene carácter claramente preventivo contra cualquier riesgo o amenaza, tanto real como potencial, que ponga en peligro la independencia o la paz social".53
Se entiende de esta definición que es a las fuerzas armadas, según las misiones establecidas en la ley, a las que corresponde en este caso velar ante las amenazas de origen externo. Y aunque dentro del marco jurídico que ordena la organización militar del país y la normativa que ubica el rol de los demás agentes del Estado y la sociedad en la esfera de la defensa es poco probable encontrar principios doctrinarios sobre la defensa nacional, ésta es definida desde las fuerzas armadas como las medidas que se adoptan contra cualquier agresión externa. "La seguridad y la defensa nacional comprenden las previsiones y actividades que el país debe desarrollar encaminadas a resolver los conflictos que puedan requerir del empleo del poder militar contra un agresor externo, agotando de previo la disuasión, el diálogo y el recurso diplomático".54
Esta concepción, más las definidas constitucionalmente y aquellas establecidas en las demás leyes sobre la organización militar y el Ministerio de Defensa suponen un ejército organizado para enfrentar todo tipo de amenazas que pudieran atentar contra la integridad territorial y la soberanía nacional y aquellas otras que establece la ley, sin obviar desde luego que la misión principal de las fuerzas amadas en la defensa nacional su lucha contra el agresor externo. De allí que por la estructura operativa fundamental del ejército es previsible esperar que tenga la organización y capacidad de despliegue para enfrentar ese tipo de tareas.
En enero del año 2000 el Ejército de Nicaragua en un foro promovido por el Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, exponía por primera vez ante la sociedad civil y otras instituciones del Estado las principales misiones que hasta entonces este cuerpo armado venía desarrollando, estructuradas en el "Plan de Empleo Operacional" definido éste como el conjunto de planes fundamentales tácticos, operativos y estratégicos que contienen la idea de las acciones a ejecutar por el Ejército de Nicaragua a fin de cumplir con las misiones constitucionales.55
El Plan está estructurado en tres áreas fundamentales. Estas son el Plan de Protección, el Plan de Seguridad y el Plan de Defensa.
El Plan de Protección tiene que ver con la atención a los desastres naturales, la protección a los recursos naturales, el programa nacional de desminado y los planes especiales relacionados con la cobertura a las elecciones municipales, autonómicas o nacionales.
Dentro de los Planes de Seguridad se encuentra el plan permanente de seguridad en el campo, el de protección a la cosecha cafetalera, el de protección de objetivos militares, el plan de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y el plan de vigilancia pesquera.
En el área de defensa están el plan de defensa estratégica del país y el plan de vigilancia y de protección de las fronteras nacionales que tienen como objetivo disponer y emplear todos los recursos militares del ejército en función de enfrentar conflictos de origen externo y/o fronterizos limitados o generalizados; ya sea por aire, mar o tierra. Esta área se constituye en el plan central de la defensa como misión principal del ejército. El Estado Mayor General es el órgano de planificación, organización, coordinación y control, y las unidades militares son las estructuras ejecutoras de los planes según su designación y ubicación territorial, canalizada a través de la "Orden 001".
11.1. Fuerzas y composición del Ejército de Nicaragua
Escribir sobre la composición actual del Ejército de Nicaragua nos obliga a referirnos aunque sea muy sucintamente al drástico proceso de reducción presupuestario y de efectivos a que fue sometida esta institución entre 1990 y 1996. La reducción presupuestaria del gasto militar y la reducción de efectivos militares fue un binomio fundamental en la transición democrática nicaragüense. De 86,810 efectivos en 1990 El Ejército pasó a 21,710 en 1992 y a poco más de 12,000 en 1996. En el año 2,000 la cantidad de efectivos estaba 12,709. El recorte del presupuesto evolucionó de más de 170 millones de dólares en 1990, a menos de 25 millones en 1999. No existe en América Latina referencia alguna de un proceso de reducción tan fuerte y vertiginoso de la fuerza militar, y es tomando como referencia este proceso que puede comprenderse buena parte, si no lo fundamental, de la cuestión militar en Nicaragua. De allí que en cualquier análisis sobre la actual composición de las fuerzas armadas nicaragüenses sea válido retomar estas consideraciones para ayudar a poner en perspectiva cualquier tipo de reflexión.
En la actualidad para cumplir con las funciones arriba descritas el Ejército de Nicaragua se estructura en tres tipos de fuerzas que son la Terrestre, la Naval y la Aérea. Cuenta con 1916 oficiales, 289 sub oficiales, 780 clases, 9724 soldados y 1374 civiles, para un total de 12, 709 efectivos, más 1,374 civiles.
Según la información disponible56, para cumplir con sus funciones el Ejército de Nicaragua planifica, organiza, adiestra, capacita y moviliza sus fuerzas y administra los recursos y medios sobre la base de líneas de trabajo definidas por el Alto Mando y que están contenidas en la documentación rectora No. 001 del Comandante en Jefe del Ejército para el año correspondiente, Indicaciones No. 001 del Jefe del Estado Mayor General que están referidos con el proceso de instrucción que a continuación enumero: Planes y Documentos, Organización Política, Aseguramientos Técnicos, Médicos y Financieros, Actividades de Instrucción y Gestión Administrativa.
La jerarquía de la organización militar57 está compuesta por la Jefatura Suprema que le corresponde al Presidente de la República, el Alto Mando que le concierne a la Comandancia General compuesta por el Comandante en Jefe a quien se subordinan todas las fuerzas del ejército, el jefe del Estado Mayor General, y el Inspector General; el Mando Superior, que en materia militar corresponde al Estado Mayor General, conformado por el Jefe de éste y los Jefes de Direcciones, y el Mando de Unidades ejercido por los jefes de cada tipo de fuerza armada, los jefes de las grandes unidades subordinadas al Alto Mando, los jefes de órganos comunes y los jefes de otras unidades.
El seguimiento a los planes se hace a través de la evaluación continua de las actividades programadas mensual, trimestral y semestralmente; visitas en el terreno a las unidades donde se comprueba el cumplimiento de las órdenes e indicaciones del alto mando en aspectos relacionados con la disposición de combate, los planes operativos y administrativos específicos de cada unidad y otras evaluaciones que tienen que ver con el seguimiento sistemático de la situación operativa a través del Puesto General de Mando del Ejército, el Puesto Central de Mando de la Fuerza Aérea y el Puesto de Mando de la Fuerza Naval, y de todas las unidades que le dan seguimiento continuo a la situación del país en todas las áreas de planeamiento del ejército.
La ejecución de los planes está a cargo de los órganos especializados para cada una de las áreas de acción prevista y planificada, y con reuniones de coordinación entre estas áreas y la cooperación y coordinación de las unidades militares con otras instituciones del Estado a nivel central y territorial.
El planeamiento militar descrito acarrea en sí varias particularidades que en un contexto de mayor institucionalidad en el manejo de los asuntos de defensa bien podrían ser motivo de acalorados debates. Primero porque los escenarios de acción que cada vez con más regularidad vienen asumiendo las fuerzas armadas incumben en buena medida a otras instituciones58 que bien las podrían realizar después de un sereno análisis sobre sus capacidades y limitaciones y mejor focalización presupuestaria; y segundo porque en la planeación operativa e inclusive estratégica que desarrolla el ejército la participación y el peso de las decisiones civiles es hasta cierto punto irrelevante.
Es menester reconocer en este punto sin embargo, que a pesar de los mecanismos que permiten la formulación de una concepción estratégica de la defensa con una aceptable participación civil, el involucramiento por parte de éstos ha estado marcado por un desinterés extremo. En consecuencia nos encontramos en un nivel donde la ausencia de los órganos políticos y sociales de la nación en el ámbito de la planificación estratégica de la defensa es producto de la inercia institucional lo que provoca que las fuerzas armadas ahora se deban autoimponer la elaboración por sí mismos de los conceptos y doctrinas sobre la defensa, y autoimponerse también en consecuencia los planeamientos operativos y tácticos.
Lo desarrollado hasta ahora hace difícil evaluar con precisión desde el nivel de la conducción civil y política del Estado si las fuerzas armadas en su organización, despliegue y equipamiento están capacitadas efectivamente, o si les son dispuestos los recursos para que hagan lo que se espera de ellas como es la defensa de la nación frente a agresiones externas, más allá de la validez o no de las tesis sobre la ausencia de amenazas que ameriten una respuesta militar, y de las formalidades jurídicas que norman la organización de las fuerzas armadas y las demás instituciones encargadas de su conducción en una sociedad democrática. Los indicadores para evaluar estas capacidades en manos de los civiles son precarios, por no decir inexistentes.
Por ello la definición y explicitación de los marcos de acción de las fuerzas armadas en una política pública para la defensa, que ubica los niveles de decisión y gestión, y que orienta estratégicamente sus acciones, es una necesidad impostergable para poder evaluar con precisión la calidad y coherencia de sus misiones. Esto permite insertar a la institución armada en la dinámica de la racionalidad que subyace en la conducción del Estado, con sus reorganizaciones y readecuaciones a los nuevos tiempos.
(53) Joaquín Cuadra, "Lección inaugural del primer curso de diplomado de Estado Mayor", Nicaragua, marzo de 1998.
(54) Memoria del Ejército de Nicaragua 1999, Defensa Nacional, pág. 54, Managua, 2000.
(55) Estas misiones fueron expuestas por el Coronel César Delgadillo, Jefe de Planes y Operaciones del Ejército de Nicaragua en el Foro La Formulación de Políticas de Defensa y Seguridad, enero 25, 2000, CEEN-NDI.
(56) En Memoria del Ejército de Nicaragua 1995-1997, Managua, 1998.
(57) Idem, pág. 17.
(58) Nos referimos más particularmente al papel cada vez más relevante que viene jugando el Ejército de Nicaragua en la lucha contra las bandas armadas que acechan vastas zonas del interior del país, y el beligerante papel que viene jugando esta institución en la lucha contra el narcotráfico en las zonas fronterizas; y aunque no hay una visión concluyente sobre la viabilidad o no del involucramiento del ejército en estas áreas, sí es concluyente la falta de debate y análisis que se arrastra sobre la pertinencia de involucrar al ejército en estas misiones, que por su regularidad y magnitud sobrepasan lo estipulado en el espíritu de la ley.
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