Los objetivos fundamentales de la Defensa Nacional, que le corresponden a la Fuerza Armada del El Salvador, están contenidos de manera explícita en la Constitución de la República, y otros, se infieren de los tratados y convenios internacionales que orientan a la Política de Defensa, sintetizándose en los enunciados siguientes:
- La defensa de la soberanía del Estado;
- La defensa de la integridad del territorio;
- La contribución en el marco de la excepcionalidad para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad ciudadana, la seguridad política y el restablecimiento del orden;
- El auxilio a la población en caso de desastres nacionales;
- La colaboración en obras de beneficio público que le encomiende el Órgano Ejecutivo;
- La contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad regionales e internacionales.
Es en el marco de esos objetivos, que en El Salvador se observan una política defensiva, fundamentada en los principios de solución pacífica a las controversias y en el fortalecimiento de la paz, la democracia, la seguridad internacional y el derecho inmanente de legítima defensa.
Por esa razón, es importante destacar que la formulación e implantación de una Política de Defensa, debe ser sistemática y racional, para que sea acorde con el modelo de desarrollo establecido y que fortalezca la capacidad del país para hacer valer los intereses nacionales, ya que el gran objetivo del Estado Salvadoreño, es alcanzar el desarrollo sostenible y proveer seguridad a la Nación.
Es así como, la Política de Defensa Nacional que actualmente se desarrolla, esta orientada a una diplomacia de integración regional, al fortalecimiento de la paz y la democracia de la región de Centroamérica, la que con el apoyo de una estrategia disuasiva, es complementada desde la perspectiva de la Fuerza Armada, mediante el compromiso de mantener un proceso continúo y permanente de modernización institucional.
La concepción anterior se fundamenta, entro otras, en las premisas del adecuado cumplimiento al mandato constitucional; en el fortalecimiento de la democracia y la subordinación de la Fuerza Armada a las autoridades civiles constitucionalmente electas como elementos esenciales del Estado de Derecho; y en colaborar activamente al desarrollo sostenible del país.
Asimismo, en el plano internacional, al respeto del cumplimiento de tratados y convenios sobre seguridad regional y al diálogo flexible y permanente de las Fuerzas Armadas y Ejércitos de otros países, dentro del marco de las medidas de fomento de la confianza mutua y la seguridad colectiva.
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