2.1. Cuantificación del gasto
Hacia 1988 Nicaragua puso en marcha un esfuerzo de estabilización económica que, en lo general, apuntaba al realineamiento de los precios relativos, para ello, entre otras medidas, modificó el tipo de cambio y corrigió precios, salarios y tasas de interés.
Este proceso de estabilización significó una reducción en la asignación para defensa (2). Del 16.1% del PIB en 1987, al 15.6% del PIB en 1988. Este porcentaje era aproximadamente dos veces superior a los presupuestos de salud y educación para ese año.
La finalización del conflicto armado, los compromisos políticos contraídos, la voluntad expresa de las partes contendientes de crear un ambiente de distensión nacional y regional, y la necesidad de impulsar y profundizar el saneamiento del aparato económico del país aceleraron el proceso de reducción del gasto de defensa(3) que alcanzó para 1992 el 3.3% del PIB, es decir, unos 36. 4 millones de dólares.
La reducción presupuestaria del gasto de defensa fue de la mano con una drástica reducción de efectivos militares(4) que llevó al ejército de 86,810 efectivos en 1990 a 21,710 en 1992 y 14,084 efectivos para 1996. En sus distintas fases significó que, entre 1990 y 1996, las fuerzas armadas redujeran sus efectivos en un 83%. Este recorte del número de efectivos fue el elemento vital en la reducción en más de un 66% del gasto de defensa como % del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 1996, fecha en que se dieron las reducciones más significativas en efectivos y presupuesto. Reducciones que a su vez se enmarcaban en el proceso de pacificación y que en este punto derivaban como un resultado natural del proceso político generado por estos fenómenos. Institucionalmente, las fuerzas armadas asumían como un pre-requisito fundamental para su sobrevivencia institucional.
Existe consenso con relación a que la evolución presupuestaria del sector defensa a partir de 1990, principalmente en los primeros años del gobierno de la UNO, se caracterizó por la ausencia de civiles en su debate, y que este estuvo guiado por las pasiones políticas de la época que promovían la desaparición del ejército.
Desde 1996 hasta la Ley General de Presupuesto 2000, la asignación presupuestaria de la defensa se mantiene con niveles mínimos de variación principalmente desde 1997. Mínimos continúan siendo también los niveles de incidencia de las instancias civiles en dicho proceso de asignación.
2.2. La magnitud del gasto: 1989 - 1999
El cuestionamiento fundamental al gasto de defensa se relacionó (amén de las distorsiones macroeconómicas que acarreó su sobre dimensionamiento) a su magnitud respecto a otros sectores del Estado. Y fue en esta dimensión que nació el interés -muy tardíamente quizás- por elevar su discusión como un tema económico, a razón de que los recursos asignados a la defensa bien pudieron haber sido utilizados en otras áreas de la economía y sus posibles implicaciones en las finanzas públicas.
Históricamente los asuntos de defensa han sido considerados más de orden político que económico, la secretividad característica de la información sobre el tema y la calificación de "extremadamente sospechoso" por parte de los economistas de corte neoliberal, han llevado a un desinterés hacia todo lo que tenga que ver con gasto público referido a defensa (Serrano, 1997: 159).
Aquí radica uno de sus principales problemas, pues resulta difícil evaluar, cuantitativa y cualitativamente, si los recursos a la defensa están siendo asignados de manera efectiva. Al menos está claro que el país debe disponer de las políticas pertinentes en materia de defensa que ubique indicadores de gestión que permitan medir la efectividad y eficiencia de los procesos y resultados de este bien.
En la mayoría de los casos es extremadamente engorroso cuantificar y evaluar la pertinencia de la asignación presupuestaria de la defensa pues a los factores descritos se suman la diversidad de funciones que, válidas o no, desarrollan las fuerzas armadas. Esta diversidad de misiones que se plantean los Ejércitos en América Latina hace cada vez menos perceptible la ubicación exacta de lo que debería ser la asignación para la defensa, o la definición explícita de las actividades que esta asignación debería cubrir. Por eso la recurrencia que surge en los debates sobre la necesidad de "inventariar" o hacer un análisis de las amenazas o las nuevas amenazas como las suelen denominar, y más genéricamente la conceptualización de la seguridad para ubicar donde les toca estar a las Fuerzas Armadas por ley, "no solo en función de su efectividad para la protección de los valores fundamentales, sino también del costo correspondiente"(5).
(2) Para fines de este trabajo se utiliza el término "defensa" para designar el componente militar de esta área de conducción del Estado.
(3) Los analistas coinciden sobre el imperativo categórico que representaba la necesidad de reducir el gasto en defensa para poder estabilizar la economía, pues éste era la fuente fundamental del déficit público. Situación que en la transición de 1990 era asumida como inevitable por las fuerzas militares. En la práctica la reducción presupuestaria y de personal del Ejército fue elaborada y conducida desde sus propias esferas de influencia y poder.
(4) Para una detallada información sobre el proceso de reducción de efectivos en las fuerzas armadas ver Roberto Cajina, Transición política y reconversión militar en Nicaragua, 1990 - 1995, Managua, CRIES, 1996.
(5) Citado en Mónica Serrano, Economía y seguridad: regulación del gasto en seguridad en América Latina en los noventa. La cuestión cívico-militar en las nuevas democracias de América Latina, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, 1997, pág. 164.
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