RESDAL contribuye a difundir el rol del Servicio de Conducta
y Disciplina de la ONU en el marco de las operaciones de paz
Con el apoyo de la Iniciativa Elsie del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, el 20 de noviembre RESDAL
realizó el seminario web “Operaciones de Paz: El Rol del Servicio de
Conducta y Disciplina de las Naciones Unidas”. Moderado por la especialista
Cecilia Mazzotta, el evento formó parte de la serie “Conversaciones
interregionales desde el Sur Global”, un ciclo impulsado por RESDAL en el
marco del proyecto Mujeres en Operaciones de Paz: apoyo a entornos inclusivos a
través de la colaboración interregional y el compromiso nacional.
Impulsado y organizado por RESDAL desde
2024, este ciclo ha contribuido a fortalecer la cooperación Sur–Sur y
Sur–Norte, y ha demostrado la importancia de sostener espacios de intercambio
sobre la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. La actividad reunió a más de 400
participantes de 53 países provenientes de fuerzas armadas, instituciones
judiciales, organismos gubernamentales, agencias de la ONU, organizaciones de
la sociedad civil, academia y expertos independientes, lo que evidenció un
interés creciente por comprender y mejorar los estándares de conducta en las
misiones de paz.
El encuentro, moderado por la experta
argentina Cecilia Mazzotta, buscó profundizar en los desafíos que atraviesan la
prevención y la respuesta a la explotación, el abuso y el acoso sexual en
contextos operacionales, especialmente desde la perspectiva del Sur Global.
Las especialistas del Servicio de
Conducta y Disciplina de la ONU, Beth Asher y Magdalena Wos, ofrecieron un
panorama preciso sobre los marcos normativos y operativos que rigen la conducta
del personal en las misiones de paz. Recordaron que la Carta de las Naciones
Unidas exige estándares particularmente estrictos para todas las categorías
—civiles, militares, policías y contratistas—. Explicaron, además, cómo la
organización estructura su respuesta frente a la explotación y el abuso sexual
a partir de tres ejes.
El primero es la prevención, que se apoya
en una formación sistemática y en herramientas de gestión de riesgos. El
segundo es la rendición de cuentas, que requiere la intervención directa de los
países contribuyentes para llevar adelante las investigaciones
correspondientes. El tercero es la asistencia a las víctimas, un componente que
ambas especialistas describieron como el más difícil de implementar. La
diversidad de contextos, las necesidades específicas de cada caso y las
barreras legales que aún persisten hacen que este pilar se mantenga como el más
frágil del sistema.
Asher y Wos subrayaron, además, la
complejidad de abordar los casos de paternidad que involucran múltiples
jurisdicciones. Señalaron también la persistencia de vacíos estructurales en
los servicios sociales, sanitarios y jurídicos disponibles en muchos entornos
operacionales. Estos factores, afirmaron, continúan obstaculizando la
posibilidad de brindar respuestas rápidas, adecuadas y sostenibles para las
víctimas.
El diálogo final permitió profundizar en
dimensiones operativas clave para los países contribuyentes. Las expertas del
Servicio de Conducta y Disciplina de la ONU informaron que alrededor de USD
935.000 han sido retenidos desde la creación del Fondo Fiduciario para
Víctimas, monto que proviene de casos comprobados y que no depende del estatus
de repatriación del perpetrador. Reiteraron que, aunque los tres pilares de la
estrategia presentan desafíos, la asistencia a víctimas sigue siendo el
componente más frágil y el que requiere mayor inversión institucional, política
y humana. También recordaron que los actos de explotación y abuso sexual
constituyen tanto conducta indebida como delito, y que la acción penal recae
necesariamente en los Estados, dado que la ONU no posee competencias soberanas
para llevar adelante procesos judiciales.
Miradas desde Camerún y Egipto
El seminario ofreció también una mirada comparada
desde dos países contribuyentes de tropas: Camerún y Egipto. La Cmdte. Alice
Etondy Songue expuso el enfoque de Camerún en misiones como MINUSCA y MONUSCO,
donde se aplica una política firme de tolerancia cero respaldada por
capacitación obligatoria en todas las escuelas militares y por la figura del
Oficial Nacional Superior de Investigación, encargado de actuar inmediatamente
ante reportes de posible SEA.
Songue subrayó que las sanciones pueden
implicar medidas disciplinarias y penales, e incluso la retención salarial
cuando se confirma la paternidad. Sin embargo, reconoció obstáculos
persistentes: el subregistro debido al miedo o la desconfianza en los canales
institucionales y las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a
mecanismos de reparación. En ese marco, Camerún evalúa nuevas vías de denuncia
y acompañamiento, como la implementación de líneas telefónicas anónimas.
Por su parte, la Tte. Cnel. El-Amira
Randa Awd A. Mansour presentó la experiencia de Egipto, donde los estándares de
conducta de la ONU están profundamente integrados en la doctrina militar
nacional. Describió un enfoque centrado en la víctima, con ejercicios basados
en escenarios reales, sensibilización cultural y perspectiva de género. Explicó
que Egipto mantiene mecanismos de rendición de cuentas a través de su justicia
militar y trabaja en estrecha coordinación con la ONU para agilizar reportes e
investigaciones. También destacó la importancia de establecer vínculos
tempranos con las comunidades locales y del despliegue de intérpretes mujeres,
cuya presencia —según señaló— contribuye significativamente a la prevención del
abuso y al fortalecimiento de la confianza.
Con impacto global
La amplitud geográfica de la
participación reforzó el carácter verdaderamente interregional del seminario.
Por América Latina y el Caribe, hubo participación de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela. Desde el continente africano se sumaron Camerún, Egipto,
Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra
Leona, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Zambia. La
región asiática estuvo representada por India, Indonesia, Nepal, Pakistán,
Filipinas y Sri Lanka. A su vez, Europa y Norteamérica aportaron participantes
desde Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y
Reino Unido. También participaron Turquía, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que
sumaron la perspectiva de la región MENA.
A lo largo del webinario se hizo evidente
que, más allá de los marcos normativos, los desafíos asociados al SEA continúan
teniendo una fuerte dimensión humana: el miedo a denunciar, las barreras
culturales, la falta de información y la complejidad de las responsabilidades
legales entre jurisdicciones. Tanto las experiencias nacionales como las
reflexiones del CDS coincidieron en que la confianza comunitaria, el liderazgo
institucional, la formación rigurosa y la cooperación internacional son piezas
indispensables para avanzar hacia entornos más seguros y responsables en las
operaciones de paz.
Hubo consenso, además, respecto a la importancia de
sostener espacios interregionales de diálogo y aprendizaje mutuo, como los
promovidos por RESDAL. La convergencia de voces provenientes de organismos
multilaterales, instituciones estatales y sociedad civil permitió proyectar
prioridades compartidas orientadas a la transparencia, la profesionalización y
la protección de quienes integran y acompañan las misiones de paz.
